Convocados por el Instituto y el Departamento de Geografía de la UBA, seis científicos argentinos y uruguayos participaron ayer del foro de debate "El conflicto de las plantas de celulosa del río Uruguay: una aproximación científica al tema" que se realizó en la Facultad de Filosofía y Letras. La actividad a la que concurrieron aproximadamente 250 personas tuvo como misión aportar al debate público desde la universidad pública buscando arribar a lo que se vislumbra últimamente como la "solución técnica" del asunto.
Entre los especialistas se encontraban ecólogos, geógrafos, químicos y biólogos que dieron sus reflexiones y precisiones acerca de diferentes aspectos de la problemática de las plantas de celulosa de Fray Bentos a días de haberse producido el levantamiento del corte que mantenía la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y entreverse entonces una vía de superación de la controversia. Esto fue lo principal de cada una de las exposiciones:
Claudia Natenzon (Instituto/Departamento de Geografía - UBA).
La moderadora del foro dio una introducción a la problemática mencionando los hechos históricos que se produjeron según un estudio de la revista "Realidad Económica". Así pudo observarse ya cómo el 24 de septiembre de 2003 se reunieron 2.500 habitantes para firmar lo que se conoce como la "Declaración de Gualeguaychú" mostrándose preocupados por los emprendimientos pasteros. Esto nos permite entender que el corte de ruta no es una medida irracional sino el resultado de años de sordera a nivel nacional.
Raquel Alvarado (Departamento de Geografía de la Universidad de la República, Uruguay)
Alvarado centró su exposición en la actividad forestal que se desarrolló fuertemente entre las décadas '80-'90 en Uruguay con financiamiento del Estado hacia empresas extranjeras: no se contempló para qué se debía forestar por lo que dejó en manos privadas la decisión de qué hacer.
Las plantaciones de eucaliptos hicieron preveer entonces un futuro de fábricas de pasta celulosa, ya que las plantaciones solo tenían ese aprovechamiento económico. A su vez, el tema en sí fue conflictivo por el impacto ambiental en el balance hídrico y la pérdida de biodiversidad, y el impacto económico en la transferencia de recursos del Estado hacia las empresas. Por ejemplo, se benefició a las mismas con una reincorporación del 50% del costo de plantación.
Claudio Daniele (ecólogo, Insitituto y Departamento de Geografía - UBA)
"El anuncio del proyecto ya genera un impacto ambiental", así de contundente fue Daniele al mencionar que "la calidad de vida ya fue perjudicada". Esto es así porque no se consideró el ciclo del proyecto, se perdieron instancias y la insuficiente respuesta técnico-política se tradujo en malestar, temor y enfrentamiento entre las poblaciones afectadas.
Para él, la protesta debería evolucionar de un "no a las papeleras" a un "no a la contaminación" y se debería diferenciar además entre impactos "potenciales" (depende de los cuidados que se tengan) y "probables" (hay más posibilidades de que suceda por la contaminación generada) para poder resolver el asunto. Además, enfantizó que no hubo una difusión adecuada en la población.
Irene Wais de Bagen (bióloga y ecóloga, Departamento de Geografía - UBA)
Ratificó la necesidad de que la información sea bajada a un nivel comprensible y que a veces es una estrategia de los gobiernos poner los estudios a disposición en lenguaje técnico. Expuso sobre el ciclo de los ríos y los procesos naturales de degradación de materia orgánica gruesa. Abogó porque hay que exigir la BAT, una sigla que en inglés se refiere a la "mejor tecnología disponible" aunque siempre se crean subproductos no deseados.
Jorge Etcharrán (químico, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina)
Para el especialista, el problema de las pasteras, actividad de alto impacto, es ya un problema "cuantitativo y no cualitativo". Es decir, importa y mucho el volumen de producción que se pretende realizar, que alcanza aproximadamente la capacidad de todas las pasteras argentinas juntas. Diferenció el proceso químico de la obtención de pulpa y del blanqueo.
Aquí es donde se da la controversia por cuál tecnología es mejor, la EFC (libre de cloro elemental) o la TCF (totalmente libre de cloro), aclarando antes que no hay un proceso que sea totalmente eficiente y no emite contaminantes. La EFC libera más dioxinas, un contaminante orgánico persistente (COP) que es un compuesto cancerígeno mientras que la TCF necesita la utilización de otras sustancias potencialmente nocivas como metales pesados.
Destacó como un dato preocupante que en el estudio de impacto ambiental se menciona que se va a hacer separación de sólidos pero no se dice que se hará con los residuos peligrosos. Señaló además que los países industrializados desde el 2001 están movilizando la tecnología porque quieren ir desplazándose de los problemas del cloro, según un estudio de la Universidad de Estocolmo. Concluyó diciendo que seguramente se va a producir un impacto económico por verse afectada la actividad turística.
David González (químico, Universidad de la República. Uruguay)
Comenzó agradeciendo a las organizaciones ambientales por poner el tema sobre la mesa y realizando consideraciones sobre la química, el impacto de las tecnologías y que debería desarrollarse una "química verde" que tenga menor impacto con los mismos beneficios para llegar a una "civilización sustentable".
Respecto al debate entre cuál debía ser el elemento de blanqueo, el ECF o el TCF, adujo que la segunda tecnología si bien, en teoría, no libera toxinas hay que saber que la celulosa que produce es de menor calidad por lo que se requieren más árboles para hacer la misma cantidad de papel.
Adolfo Koutoudjián (Instituto y Departamento de Geografía- UBA)
Adujo que el problema fundamental es jurídico, y que se trata no de un "conflicto" sino de una "controversia". Realizando un análisis geopolítico, indicó que "los dos países tienen razón". Uruguay tiene derecho a construir las pasteras y Argentina tiene derecho a reclamar que no se afecte su medio. Lo que sucedió fue que no funcionaron los mecanismos políticos-institucionales existentes entre los países, como la Comisión Binacional que falló en realizar un informe conjunto. El especialista consideró además que era muy importante logar un acuerdo para el futuro del Mercosur.
En cuanto a lo técnico, explicó que no se trataba principalmente de una cuestión de la tecnología a aplicar, porque el ECF se utiliza en el 75% de los emprendimientos mundiales, sino en el "problema de la cantidad". Sostuvo que tiene que haber un estudio de impacto ambiental objetivo y transparente y articularse además mecanismos de monitoreo y control de contaminación. Repitió también que la empresa debe utilizar siempre la mejor tecnología disponible, aclarando que esto siempre implica mayores costos. Por último, que es posible que Argentina pida un canon por las consecuencias de la actividad en su medio.
Consideraciones finales:
Luego de un panel de preguntas y respuestas, los especialistas realizaron una serie de propuestas. Hicieron hincapié en que debería haber un monitereo diario por parte del estado uruguayo en asociación con el argentino para asegurar que los niveles de contaminación sean los previstos. Para ello hay que comprar un medidor de dioxinas que en el momento no existe en toda Sudamérica de cuyo costo tendría que hacerse cargo la empresa pero con el manejo de un equipo técnico independiente.
Poniendo reparos sobre el rol de los científicos, muchos explicaron que en estas cuestiones no es posible el 100% de objetividad, por lo que los estudios de impacto ambiental dependen de quienes los hacen y de quienes los interpretan. Además, advirtieron que existirá un impacto social, por las distintas modificaciones en la economía y el ambiente de la zona del emprendimiento. Estas son cuestiones que deben atenderse y que van más allá de la solución técnica.
Sección: Agua/Papeleras
VEA FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
Vea artículo relacionado: El "Efecto Papeleras" ya produce impacto ambiental
Nota: Se permite la reproducción parcial citando la fuente (http://comambiental.blogspot.com). Los organizadores anunciaron que la desgrabación completa de la jornada se publicará en las próximas semanas en la dirección www.filo.uba.ar/institutos/inst.geografia
Entre los especialistas se encontraban ecólogos, geógrafos, químicos y biólogos que dieron sus reflexiones y precisiones acerca de diferentes aspectos de la problemática de las plantas de celulosa de Fray Bentos a días de haberse producido el levantamiento del corte que mantenía la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú y entreverse entonces una vía de superación de la controversia. Esto fue lo principal de cada una de las exposiciones:
Claudia Natenzon (Instituto/Departamento de Geografía - UBA).
La moderadora del foro dio una introducción a la problemática mencionando los hechos históricos que se produjeron según un estudio de la revista "Realidad Económica". Así pudo observarse ya cómo el 24 de septiembre de 2003 se reunieron 2.500 habitantes para firmar lo que se conoce como la "Declaración de Gualeguaychú" mostrándose preocupados por los emprendimientos pasteros. Esto nos permite entender que el corte de ruta no es una medida irracional sino el resultado de años de sordera a nivel nacional.
Raquel Alvarado (Departamento de Geografía de la Universidad de la República, Uruguay)
Alvarado centró su exposición en la actividad forestal que se desarrolló fuertemente entre las décadas '80-'90 en Uruguay con financiamiento del Estado hacia empresas extranjeras: no se contempló para qué se debía forestar por lo que dejó en manos privadas la decisión de qué hacer.
Las plantaciones de eucaliptos hicieron preveer entonces un futuro de fábricas de pasta celulosa, ya que las plantaciones solo tenían ese aprovechamiento económico. A su vez, el tema en sí fue conflictivo por el impacto ambiental en el balance hídrico y la pérdida de biodiversidad, y el impacto económico en la transferencia de recursos del Estado hacia las empresas. Por ejemplo, se benefició a las mismas con una reincorporación del 50% del costo de plantación.
Claudio Daniele (ecólogo, Insitituto y Departamento de Geografía - UBA)
"El anuncio del proyecto ya genera un impacto ambiental", así de contundente fue Daniele al mencionar que "la calidad de vida ya fue perjudicada". Esto es así porque no se consideró el ciclo del proyecto, se perdieron instancias y la insuficiente respuesta técnico-política se tradujo en malestar, temor y enfrentamiento entre las poblaciones afectadas.
Para él, la protesta debería evolucionar de un "no a las papeleras" a un "no a la contaminación" y se debería diferenciar además entre impactos "potenciales" (depende de los cuidados que se tengan) y "probables" (hay más posibilidades de que suceda por la contaminación generada) para poder resolver el asunto. Además, enfantizó que no hubo una difusión adecuada en la población.
Irene Wais de Bagen (bióloga y ecóloga, Departamento de Geografía - UBA)
Ratificó la necesidad de que la información sea bajada a un nivel comprensible y que a veces es una estrategia de los gobiernos poner los estudios a disposición en lenguaje técnico. Expuso sobre el ciclo de los ríos y los procesos naturales de degradación de materia orgánica gruesa. Abogó porque hay que exigir la BAT, una sigla que en inglés se refiere a la "mejor tecnología disponible" aunque siempre se crean subproductos no deseados.
Jorge Etcharrán (químico, Universidad Tecnológica Nacional, Argentina)
Para el especialista, el problema de las pasteras, actividad de alto impacto, es ya un problema "cuantitativo y no cualitativo". Es decir, importa y mucho el volumen de producción que se pretende realizar, que alcanza aproximadamente la capacidad de todas las pasteras argentinas juntas. Diferenció el proceso químico de la obtención de pulpa y del blanqueo.
Aquí es donde se da la controversia por cuál tecnología es mejor, la EFC (libre de cloro elemental) o la TCF (totalmente libre de cloro), aclarando antes que no hay un proceso que sea totalmente eficiente y no emite contaminantes. La EFC libera más dioxinas, un contaminante orgánico persistente (COP) que es un compuesto cancerígeno mientras que la TCF necesita la utilización de otras sustancias potencialmente nocivas como metales pesados.
Destacó como un dato preocupante que en el estudio de impacto ambiental se menciona que se va a hacer separación de sólidos pero no se dice que se hará con los residuos peligrosos. Señaló además que los países industrializados desde el 2001 están movilizando la tecnología porque quieren ir desplazándose de los problemas del cloro, según un estudio de la Universidad de Estocolmo. Concluyó diciendo que seguramente se va a producir un impacto económico por verse afectada la actividad turística.
David González (químico, Universidad de la República. Uruguay)
Comenzó agradeciendo a las organizaciones ambientales por poner el tema sobre la mesa y realizando consideraciones sobre la química, el impacto de las tecnologías y que debería desarrollarse una "química verde" que tenga menor impacto con los mismos beneficios para llegar a una "civilización sustentable".
Respecto al debate entre cuál debía ser el elemento de blanqueo, el ECF o el TCF, adujo que la segunda tecnología si bien, en teoría, no libera toxinas hay que saber que la celulosa que produce es de menor calidad por lo que se requieren más árboles para hacer la misma cantidad de papel.
Adolfo Koutoudjián (Instituto y Departamento de Geografía- UBA)
Adujo que el problema fundamental es jurídico, y que se trata no de un "conflicto" sino de una "controversia". Realizando un análisis geopolítico, indicó que "los dos países tienen razón". Uruguay tiene derecho a construir las pasteras y Argentina tiene derecho a reclamar que no se afecte su medio. Lo que sucedió fue que no funcionaron los mecanismos políticos-institucionales existentes entre los países, como la Comisión Binacional que falló en realizar un informe conjunto. El especialista consideró además que era muy importante logar un acuerdo para el futuro del Mercosur.
En cuanto a lo técnico, explicó que no se trataba principalmente de una cuestión de la tecnología a aplicar, porque el ECF se utiliza en el 75% de los emprendimientos mundiales, sino en el "problema de la cantidad". Sostuvo que tiene que haber un estudio de impacto ambiental objetivo y transparente y articularse además mecanismos de monitoreo y control de contaminación. Repitió también que la empresa debe utilizar siempre la mejor tecnología disponible, aclarando que esto siempre implica mayores costos. Por último, que es posible que Argentina pida un canon por las consecuencias de la actividad en su medio.
Consideraciones finales:
Luego de un panel de preguntas y respuestas, los especialistas realizaron una serie de propuestas. Hicieron hincapié en que debería haber un monitereo diario por parte del estado uruguayo en asociación con el argentino para asegurar que los niveles de contaminación sean los previstos. Para ello hay que comprar un medidor de dioxinas que en el momento no existe en toda Sudamérica de cuyo costo tendría que hacerse cargo la empresa pero con el manejo de un equipo técnico independiente.
Poniendo reparos sobre el rol de los científicos, muchos explicaron que en estas cuestiones no es posible el 100% de objetividad, por lo que los estudios de impacto ambiental dependen de quienes los hacen y de quienes los interpretan. Además, advirtieron que existirá un impacto social, por las distintas modificaciones en la economía y el ambiente de la zona del emprendimiento. Estas son cuestiones que deben atenderse y que van más allá de la solución técnica.
Sección: Agua/Papeleras
VEA FOTOGRAFÍA DE LA ACTIVIDAD
Vea artículo relacionado: El "Efecto Papeleras" ya produce impacto ambiental
Nota: Se permite la reproducción parcial citando la fuente (http://comambiental.blogspot.com). Los organizadores anunciaron que la desgrabación completa de la jornada se publicará en las próximas semanas en la dirección www.filo.uba.ar/institutos/inst.geografia
Comentarios
Con todo el respeto que merece su investidura, Señor Presidente, ¿contamos la verdad de los hechos? Aunque sea sólo por esta vez. Para evitar males mayores entre hermanos rioplatenses. Vale la pena, aunque duela.Por Malú Kikuchi-TNA
Hechos. La República Oriental del Uruguay habilita a las empresas ENCE (2004) y BOTNIA (2005) -plantas de celulosa-, a establecerse en Fray Bentos a orillas del compartido Río Uruguay. Argentina, al no haber sido consultada, reclama por la violación del Tratado del Río Uruguay de 1975.
Hechos. El 2 de marzo 2004, la CARU, Comisión Administradora del Río Uruguay, acepta, del lado Argentino, la instalación de la planta (ENCE). Son Cancilleres, Rafael Bielsa por Argentina y Didier Opperti por el Uruguay. El Presidente de la CARU en ese momento era el actual Vicecanciller Roberto García Moritán. Ese “acuerdo”, aparentemente, ha desaparecido del Ministerio de Relaciones Exteriores Argentino.
Hechos. Lo que no ha desaparecido es la Memoria del Estado de la Nación Argentina del año 2004. Página 107. “En el mismo mes (junio) ambos países firmaron un acuerdo bilateral poniendo fin a la controvertida instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos. Este acuerdo respeta, por un lado el carácter nacional uruguayo de la obra, que nunca estuvo en entredicho y, por otro lado la normativa vigente que regula las aguas del Río Uruguay a través de la CARU. Asimismo supone una metodología de trabajo para las 3 etapas de la construcción: el proyecto, la construcción y la operación.”
Hechos. Página 127 de la Memoria 2004. “Planta de celulosa M´Bopicuá (ENCE). De acuerdo a las coincidencias específicas de ambas delegaciones ante la CARU con referencia a la posible instalación de fábricas de pasta de celulosa a la vera del Río Uruguay, fue diseñado un Plan de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Río Uruguay en áreas de plantas celulósicas que junto con el Plan de Protección Ambiental del Río Uruguay, contribuye a mantener la calidad del recurso hídrico. Asimismo fueron revisados y actualizados los estándares de calidad de Agua, restando su incorporación al Digesto de Usos del Río Uruguay.”
Hechos. A partir de finales del 2005, aterrorizados habitantes de Gualeguaychú, convencidos que las pasteras van a contaminar, reunidos en Asamblea, deciden cortar la ruta 136 que comunica con Fray Bentos, Uruguay. Esta medida que se mantiene todo el verano 2006 es aprobada, incentivada y aplaudida por los gobiernos Provincial y Nacional. Sin tener en cuenta que cortar una ruta es un delito, y que cortar una ruta internacional es un delito internacional. Permitirlo, es un delito.
Hechos. Todos los informes, y son varios y todos de empresas intachables, aseguran que BOTNIA no va a contaminar. La metodología que va a usar está probada y es “saludable”.
Hechos. A pedido de las asambleístas, la Argentina recurre a la Corte Internacional de la Haya, pidiendo una medida cautelar que pare las obras. Por 14 votos a 1 (argentino), La Haya falla a favor del Uruguay.
Hechos. El Uruguay recurre al Tribunal del MERCOSUR por los cortes de ruta y las pérdidas económicas que estos representan. El Tribunal se declara incompetente pero amonesta a la Argentina por los cortes.
Hechos. Para encontrarle una solución al conflicto, la Argentina le pide ayuda al Rey Juan Carlos. Al mismo tiempo, la Secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, varios asambleístas y antes que ellos el diputado oficialista Jorge Argüello, van a Washington a pedirle al Banco Mundial que no financie a BOTNIA. El Banco Mundial le otorga a la empresa un préstamo de U$S 170 millones por 23 votos a favor y uno en contra, (argentino).
Hechos. El conflicto va en aumento. El miércoles 29/11/06, el Presidente Tabaré Vázquez, firma un decreto mediante el cual ordena al Ejército Uruguayo custodiar la planta de BOTNIA.
Disculpe Señor Presidente, esto es sólo para refrescarle la memoria.
Hechos. El 25 de agosto de 1825, la República Oriental del Uruguay declaró su independencia. Dejó de ser la Banda Oriental de las Provincias Unidas y dejó de ser la Provincia Cisplatina lusitana.. En octubre de 1828, las Provincias Unidas y el Imperio del Brasil reconocieron su independencia. Desde entonces, son OTRO país.
El 18 de julio de 1830, la República Oriental del Uruguay sancionó su Constitución. Es pertinente notar que a los hermanos uruguayos les llevó sólo 5 años darse una Constitución, a los argentinos (1816/1853), ¡37 años!
Hechos. Dentro de las fronteras de la ROU, los hermanos uruguayos tienen el derecho de hacer lo que mejor les parezca de acuerdo a las políticas internas y externas que adopten, siempre y cuando no “invadan” ni contaminen territorios que les son ajenos.
El artículo 168 de la Constitución Uruguaya dice que: “Al Presidente de la República corresponde la conservación del orden y la tranquilidad en lo interior.” El inciso 17 del mismo artículo dicta que: “Las FFAA pueden ser llamadas a actuar en cumplimiento de su cometido fundamental de defender la paz de la República, su Constitución y sus leyes.” Porque hay países, Señor Presidente, donde la Constitución, se cumple.
Hechos. Si algunos de los asambleístas de Gualeguaychú dicen a través de medios masivos de comunicación que: “ si ponen en marcha la planta de BOTNIA, cruzaremos el puente” (Hora Clave, domingo 29/11/06); si otro asambleísta dice que: “con las manos si es necesario destruiremos ese símbolo del capitalismo salvaje que es la chimenea de BOTNIA” (América, noticiero del mediodía, 3/11/06); si se vuelve a cortar la ruta de Gualeguaychú y ahora también la de Colón; si se amenaza con un nuevo Bin Laden, es lógico que el Uruguay tome precauciones.
Hechos. El tema de la “abuela de 88 años que se ofrece como suicida” para destruir la fábrica de BOTNIA, merece un párrafo aparte. El disparate aparece en el diario The Washington Post el 24/11/06, firmado por la periodista Marcela Sánchez. Periodista que reconoce ante un medio radial que el informante de tamaño despropósito es Daniel Taillant, Director Ejecutivo del Centro de Defensa de los Derechos Humanos y el Ambiente, que además y ¡oh! casualidad, es el marido de la Secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti.
Taillant es también el que aconseja a los asambleístas que corten las rutas, sosteniendo que los cortes no perjudican la posición Argentina ante la Corte Internacional de La Haya. Se habla asimismo de compras y alquiler de gomones para un eventual desembarco por parte de los asambleístas en Fray Bentos. Razonablemente, el Uruguay prefiere prevenir a tener que lamentar algún hecho descolocado. El Presidente Kirchner dijo que “no nos merecemos esta afrenta.” Señor Presidente, no es una afrenta, es una respuesta a tanta locura. Y nos la merecemos.
Hechos. El Señor Presidente habló de “contaminación visual”. Ya sabe que BOTNIA no va a contaminar. Finlandia y el Uruguay son países serios. No necesitan publicitarlo como eslogan electoral. Son serios en serio. La Argentina pierde ante todos los organismos que reclama. La República Oriental del Uruguay es un país independiente de la Argentina, y su Presidente no es “intransigente” ni debe ser retado como si fuera un escolar.
Señor Presidente, con el enorme respeto que merece su investidura, ¿no sería un buen momento, antes que el problema se vuelva absolutamente inmanejable, contar la verdad? Sería un gesto de sincera grandeza si, desde el atril, Usted fuera capaz de decirle a sus conciudadanos que la Argentina, en este tema, no tiene razón.
Señor Presidente, “con cariño” como a Usted le gusta decir, ¿y si aunque sea por esta única vez, probamos con la verdad?
Usted, con todo respeto, me merece el mas profundo rechazo, al avalar capitales extranjeros con el propósito de menospreciar economías del 3er Mundo, aprovechandose de la necesidad imperiosa de generar riqueza por parte de estos últimos, con el desmedro de la calidad de vida de sus habitantes. Los gobernantes pasarán, pero el MedioAmbiente quedará, y con él, la contaminación se hará realidad y tanto Usted como sus descendientes lo SUFRIRÁ. No así los países del 1er Mundo, que rechazan este tipo de emprendimiento.
Atte Leonel Peña
El Gobierno uruguayo es una verguenza para la región, se fija mucho en la supuesta violación del Tratado de Asunción pero SI viola indiscriminadamente el Tratado del Río Uruguay.