La secretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti presentó ayer el plan oficial para el saneamiento del Riachuelo ante la Corte de Justicia, que le pidió más detalles. También se escucharon las primeras críticas: la Defensoría del Pueblo de la Nación exigió medidas concretas para atender a los enfermos por la contaminación y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió vacíos en los diagnósticos ambiental y sanitario de la cuenca.
El plan oficial
Entre las idas y venidas de un sinuoso camino, el país sigue la causa con escepticismo justificado en la historia de la cuenca y una dosis necesaria de optimismo. Si es un hito en la historia o una promesa más, dependerá del cumplimiento de la propuesta acordada entre la Nación, la Provincia y la Ciudad.
La posible Autoridad de Cuenca pretende utilizar unos 5.672 millones de pesos para sanear el Matanza-Riachuelo en 15 años. Mediante obras hidráulicas, extensión de redes de agua potable y cloacas, construcción de plantas depuradoras, eliminación de basurales a cielo abierto, utilización de biotecnología, controles estrictos sobre las industrias y la promoción de la reconversión tecnológica y la relocalización de las empresas se estima que la cuenca recuperará su salud. Aunque recién en 2011 se verían los primeros resultados.
Según publicaron Página 12 y Clarín, los miembros de la Corte fueron exhaustivos. Pidieron aclarar el plan en términos de plazos, preguntaron qué pasó con los fondos del préstamo original del BID, quién controlará a la Autoridad de Cuenca y cómo atenderán de inmediato la salud en las zonas más vulnerables por la polución. Este último aspecto fue considerado como prioritario por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que además es LA preocupación que derivó en la demanda ante la Corte Suprema de Justicia.
Las críticas del ambientalismo
La FARN es una de las ONGs que están más involucradas en la problemática del Riachuelo. Es, junto a Greenpeace, la representante del ambientalismo como tercera involucrada en la causa y por su perfil institucional abocado al derecho ambiental es una voz clave para criticar el proceso.
El abogado Andrés Nápoli, director del Área de Participación Ciudadana de FARN, informó su opinión en un artículo publicado en su página web. Si bien destacó "la creación de un Comité de Cuenca integrado por los representantes de las distintas jurisdicciones" (tal y como pedía hace tiempo el director Daniel Sabsay) realizó algunas críticas importantes, que aquí se resumen:
1-"Carece de un diagnóstico preciso y actualizado de la situación socio-ambiental de la cuenca, que permita evaluar si las propuestas presentadas, fundamentalmente las que se relacionan con las obras de saneamiento, resultan las más adecuadas y prioritarias para desarrollar".
2-"Carece de un diagnóstico actualizado de la situación sanitaria de la cuenca, ya que los datos utilizados para proponer medidas en la materia no se fundan en estudios epidemiológicos sino en encuestas, que además se encuentran desactualizadas"
3-"Tampoco contempla la adopción de medidas urgentes destinadas a brindar asistencia sanitaria y provisión de agua potable a la población en situación de riesgo por los efectos de la contaminación, en especial a los niños y las personas de menores recursos que habitan en las orillas de la Cuenca"
4-"Si bien el plan dispone la creación de un Fondo de Recomposición Ambiental, no se prevé que el mismo vaya a ser integrado con fondos provenientes de las empresas que han tenido responsabilidad en la producción de la contaminación"
5-"No se evidencia la existencia de mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía en el control del cumplimiento de los planes enunciados (...) También llama la atención la ausencia de un Plan destinado a brindar y permitir el acceso a la información a la ciudadanía".
6-"Ausencia de representación de los municipios corribereños en el Comité Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca, atento a que serán ellos quienes deberán aplicar en territorio las decisiones que dicha autoridad adopte".
El próximo martes 12 de septiembre será el turno para que tomen la palabra las empresas pero también las organizaciones ambientales que lograron formar parte de la Audiencia.
SECCIÓN: Ver artículos sobre el Riachuelo , Contaminación hídrica
El plan oficial
Entre las idas y venidas de un sinuoso camino, el país sigue la causa con escepticismo justificado en la historia de la cuenca y una dosis necesaria de optimismo. Si es un hito en la historia o una promesa más, dependerá del cumplimiento de la propuesta acordada entre la Nación, la Provincia y la Ciudad.
La posible Autoridad de Cuenca pretende utilizar unos 5.672 millones de pesos para sanear el Matanza-Riachuelo en 15 años. Mediante obras hidráulicas, extensión de redes de agua potable y cloacas, construcción de plantas depuradoras, eliminación de basurales a cielo abierto, utilización de biotecnología, controles estrictos sobre las industrias y la promoción de la reconversión tecnológica y la relocalización de las empresas se estima que la cuenca recuperará su salud. Aunque recién en 2011 se verían los primeros resultados.
Según publicaron Página 12 y Clarín, los miembros de la Corte fueron exhaustivos. Pidieron aclarar el plan en términos de plazos, preguntaron qué pasó con los fondos del préstamo original del BID, quién controlará a la Autoridad de Cuenca y cómo atenderán de inmediato la salud en las zonas más vulnerables por la polución. Este último aspecto fue considerado como prioritario por la Defensoría del Pueblo de la Nación, que además es LA preocupación que derivó en la demanda ante la Corte Suprema de Justicia.
Las críticas del ambientalismo
La FARN es una de las ONGs que están más involucradas en la problemática del Riachuelo. Es, junto a Greenpeace, la representante del ambientalismo como tercera involucrada en la causa y por su perfil institucional abocado al derecho ambiental es una voz clave para criticar el proceso.
El abogado Andrés Nápoli, director del Área de Participación Ciudadana de FARN, informó su opinión en un artículo publicado en su página web. Si bien destacó "la creación de un Comité de Cuenca integrado por los representantes de las distintas jurisdicciones" (tal y como pedía hace tiempo el director Daniel Sabsay) realizó algunas críticas importantes, que aquí se resumen:
1-"Carece de un diagnóstico preciso y actualizado de la situación socio-ambiental de la cuenca, que permita evaluar si las propuestas presentadas, fundamentalmente las que se relacionan con las obras de saneamiento, resultan las más adecuadas y prioritarias para desarrollar".
2-"Carece de un diagnóstico actualizado de la situación sanitaria de la cuenca, ya que los datos utilizados para proponer medidas en la materia no se fundan en estudios epidemiológicos sino en encuestas, que además se encuentran desactualizadas"
3-"Tampoco contempla la adopción de medidas urgentes destinadas a brindar asistencia sanitaria y provisión de agua potable a la población en situación de riesgo por los efectos de la contaminación, en especial a los niños y las personas de menores recursos que habitan en las orillas de la Cuenca"
4-"Si bien el plan dispone la creación de un Fondo de Recomposición Ambiental, no se prevé que el mismo vaya a ser integrado con fondos provenientes de las empresas que han tenido responsabilidad en la producción de la contaminación"
5-"No se evidencia la existencia de mecanismos que permitan la participación de la ciudadanía en el control del cumplimiento de los planes enunciados (...) También llama la atención la ausencia de un Plan destinado a brindar y permitir el acceso a la información a la ciudadanía".
6-"Ausencia de representación de los municipios corribereños en el Comité Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca, atento a que serán ellos quienes deberán aplicar en territorio las decisiones que dicha autoridad adopte".
El próximo martes 12 de septiembre será el turno para que tomen la palabra las empresas pero también las organizaciones ambientales que lograron formar parte de la Audiencia.
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