Todavía no hay noticias favorables sobre un avance de la Ley de Bosques, que permitiría poner en debates problemáticas graves como la deforestación y la desertificación que afectan al ambiente natural y humano. ComAmbiental se contactó con el ingeniero Ulises Martinez Ortiz, responsable del Proyecto Agro y Medio Ambiente de la Fundación Vida Silvestre, quien aseguró que la norma "necesita ser aprobada por la Cámara de Senadores sin más postergaciones" puesto que "permitirá que en cada región y en cada provincia se decida, en forma autónoma y amplia, cuál es el uso del suelo que mejor satisface las expectativas de desarrollo sustentable".
Por su parte, Clarín escribió ayer la editorial Los riesgos de la deforestación pero lo que sería un hecho elogiable se convierte en algo insólito cuando en ningún párrafo se menciona siquiera el proyecto legislativo. "Según datos oficiales, se está registrando una fuerte disminución de bosques nativos, lo cual tiene diversos efectos negativos sobre el medio ambiente. Es necesario tener una política forestal sustentable", termina el artículo, sin insinuar de ninguna manera la postura del medio ante el conflicto de intereses que la ley plantea, y los efectos que tiene también sobre la sociedad.
Los nuevos datos. El mismo diario había publicado la semana pasada la nueva información oficial sobre este drama ambiental que afecta a ecosistemas nativos, el más impactante: "Entre 2002 y 2006, la deforestación creció casi un 42% respecto del período que va de 1998 a 2002". Allí se menciona la ley en el último párrafo junto a un testimonio el director de Bosques Jorge Menéndez que confía en que con esta información "estamos vacunando muy fuertemente a la opinión pública", lo cual será cierto si hay un compromiso tanto de los medios como del Estado para tener el tema en la agenda.
La visión de Vida Silvestre. En el informe de Martínez Ortiz se deja claro que "la expansión de la superficie agropecuaria es la principal causa de desaparición de ecosistemas naturales"A su vez, se afirma que la desertificación tiene la paradoja de que "es el mismo uso agropecuario no sustentable el causante de la pérdida de su principal recurso productivo: El suelo" y que por ello es imprescindible el ordenamiento territorial que propone la ley, como también fue consensuado por la Fundación con instituciones agropecuarias y gubernamentales.
Además, ante los dichos del director de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación de la Secretaría de Ambiente Nacional Octavio Pérez Pardo de que la Argentina podría estar perdiendo dinero con la exportación de soja, el informe facilitado a este medio asegura que un nutriente no renovable como el fósforo solo fue restituido por la fertilización en un 42 por ciento de las 391 mil toneladas que se extrajeron de los suelos en la campaña 2004/2005.
Aquí transcribimos el informe completo del Martínez Ortiz:
La producción agropecuaria se encuentra ante la enorme presión que significa proveer de alimentos, fibras, y últimamente energía (en forma de biocombustibles) a una población mundial que ya sobrepasa los 6 mil millones y que se duplicará en los próximos 50 años. Esta demanda debe cubrirse con tierras cultivables cuya disponibilidad no sólo es limitada, sino que disminuye cada año por la desertificación, el crecimiento urbano y el cambio climático. En cuanto a los procesos de desertificación, nos enfrentamos a la paradoja de que es el mismo uso agropecuario no sustentable el causante de la pérdida de su principal recurso productivo: El suelo.
La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación define al la desertificación como la degradación de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de la interacción entre las actividades humanas y las variaciones climáticas. La producción agropecuaria insostenible genera degradación de las tierras a través de diferentes mecanismos relacionados:
A esto debe sumarse la deforestación y degradación de bosques en la Selva Paranaense, el Espinal y el Monte, y la transformación de otros ecosistemas como pastizales, sabanas y humedales. Al transformar estos ambientes se alteran funciones ecológicas críticas como la circulación de nutrientes, el control de inundaciones, la regulación del clima, la protección del suelo, la purificación del agua y el reciclado de desechos. La disminución de estos ambientes naturales constituye además la principal causa de extinción de especies. Se estima que para el 2015 la superficie agrícola argentina aumentará en 8 millones de hectáreas más en respuesta a un escenario que tiene como protagonista a la demanda de cultivos energéticos (2).
La erosión hídrica y eólica afecta en Argentina a unas 60 millones de hectáreas. La expansión de la práctica de siembra directa ha permitido controlar la erosión en algunas regiones, pero el panorama a escala nacional sigue siendo deficitario. La superficie erosionada alcanza entre el 45 y el 50% de las provincias de Cuyo, el 45% de Formosa, el 41% de San Luis, el 30% de Entre Ríos, el 28% de Buenos Aires y Santa Cruz, y el 25% de Río Negro y Chubut (3). En algunas regiones como la Estepa Patagónica, los procesos de desertificación debidos al sobrepastoreo son prácticamente irreversibles.
La producción agrícola extrae del suelo cantidades importantes de nutrientes que sólo en parte son repuestos a través de la fertilización. En la campaña 2004/2005 las cosechas de los cuatro principales cultivos argentinos se llevaron 1.836.000 tn. de nitrógeno y 391.000 tn de fósforo de los suelos. De ellos se repusieron vía fertilización solamente el 28% y el 42% respectivamente. El tema es particularmente grave en el caso del fósforo ya que se trata de un recurso no renovable.
Todas estas tendencias nos obligan a plantearnos de que manera va a enfrentar la Argentina el desafío de abastecer la demanda mundial de productos agropecuarios, manteniendo los servicios ecológicos esenciales, protegiendo la biodiversidad y el patrimonio natural del país y sin poner en riesgo la salud y el bienestar de la población. El abordaje de estos problemas requiere de un enfoque multisectorial, de una búsqueda de consensos entre los diferentes sectores para identificar caminos compartidos hacia el desarrollo sustentable.
Vida Silvestre tiene por estilo construir soluciones con todos los sectores de la sociedad y prueba de ello es el reciente acuerdo entre un importante grupo de instituciones del ámbito agropecuario, del ambientalismo y del gobierno. Allí se expresa una visión común sobre el desarrollo agropecuario y forestal sustentable, que incluye al ordenamiento territorial como uno de los puntos más destacados. Los resultados de esta experiencia interinstitucional han sido publicados junto con el INTA en el documento “Producción agropecuaria y medio ambiente. Propuestas compartidas para su sustentabilidad”.
El ordenamiento territorial es por otra parte el instrumento principal propuesto en la Ley de Protección de Bosque Nativo, que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados el pasado marzo. Este proyecto estuvo fuertemente cuestionado por el sector productivo y por los gobiernos de las provincias forestales que ven en él un obstáculo para su desarrollo. Sin embargo, el acuerdo mencionado anteriormente, evidencia que la necesidad de establecer pautas para el uso ordenado de las tierras es compartida por las instituciones más importantes del sector rural. Por eso esta Ley necesita ser aprobada por la Cámara de Senadores sin más postergaciones. Su sanción permitirá que en cada región y en cada provincia se decida, en forma autónoma y amplia, cuál es el uso del suelo que mejor satisface las expectativas de desarrollo sustentable.
Referencias.
1. Monitoreo de Bosque Nativo. Periodo 2002-2006. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
2. La Agricultura Argentina al 2015. Fundación Producir Conservando.
3. La Situación Ambiental Argentina 2005. Fundación Vida Silvestre Argentina.
Por su parte, Clarín escribió ayer la editorial Los riesgos de la deforestación pero lo que sería un hecho elogiable se convierte en algo insólito cuando en ningún párrafo se menciona siquiera el proyecto legislativo. "Según datos oficiales, se está registrando una fuerte disminución de bosques nativos, lo cual tiene diversos efectos negativos sobre el medio ambiente. Es necesario tener una política forestal sustentable", termina el artículo, sin insinuar de ninguna manera la postura del medio ante el conflicto de intereses que la ley plantea, y los efectos que tiene también sobre la sociedad.
Los nuevos datos. El mismo diario había publicado la semana pasada la nueva información oficial sobre este drama ambiental que afecta a ecosistemas nativos, el más impactante: "Entre 2002 y 2006, la deforestación creció casi un 42% respecto del período que va de 1998 a 2002". Allí se menciona la ley en el último párrafo junto a un testimonio el director de Bosques Jorge Menéndez que confía en que con esta información "estamos vacunando muy fuertemente a la opinión pública", lo cual será cierto si hay un compromiso tanto de los medios como del Estado para tener el tema en la agenda.
La visión de Vida Silvestre. En el informe de Martínez Ortiz se deja claro que "la expansión de la superficie agropecuaria es la principal causa de desaparición de ecosistemas naturales"A su vez, se afirma que la desertificación tiene la paradoja de que "es el mismo uso agropecuario no sustentable el causante de la pérdida de su principal recurso productivo: El suelo" y que por ello es imprescindible el ordenamiento territorial que propone la ley, como también fue consensuado por la Fundación con instituciones agropecuarias y gubernamentales.
Además, ante los dichos del director de Conservación del Suelo y Lucha contra la Desertificación de la Secretaría de Ambiente Nacional Octavio Pérez Pardo de que la Argentina podría estar perdiendo dinero con la exportación de soja, el informe facilitado a este medio asegura que un nutriente no renovable como el fósforo solo fue restituido por la fertilización en un 42 por ciento de las 391 mil toneladas que se extrajeron de los suelos en la campaña 2004/2005.
Aquí transcribimos el informe completo del Martínez Ortiz:
Expansión agropecuaria, deforestación y desertificación
La producción agropecuaria se encuentra ante la enorme presión que significa proveer de alimentos, fibras, y últimamente energía (en forma de biocombustibles) a una población mundial que ya sobrepasa los 6 mil millones y que se duplicará en los próximos 50 años. Esta demanda debe cubrirse con tierras cultivables cuya disponibilidad no sólo es limitada, sino que disminuye cada año por la desertificación, el crecimiento urbano y el cambio climático. En cuanto a los procesos de desertificación, nos enfrentamos a la paradoja de que es el mismo uso agropecuario no sustentable el causante de la pérdida de su principal recurso productivo: El suelo.
La Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación define al la desertificación como la degradación de las tierras áridas, semiáridas y subhúmedas secas, resultante de la interacción entre las actividades humanas y las variaciones climáticas. La producción agropecuaria insostenible genera degradación de las tierras a través de diferentes mecanismos relacionados:
a) pérdida de diversidad biológica y de funciones ecológicas por la transformación de ecosistemas naturales en monocultivos,En los últimos 15 años la Argentina ha duplicado su producción de granos incorporando más de 8,5 millones de hectáreas a la agricultura. La expansión de la superficie agropecuaria es la principal causa de desaparición de ecosistemas naturales. En nuestro país se pierden anualmente casi 300 mil ha de bosques nativos, solamente considerando a la Región Chaqueña, y a las Yungas (1).
b) erosión hídrica y eólica por eliminación de la cobertura vegetal (deforestación, sobrepastoreo, labranzas inadecuadas),
c) pérdida de fertilidad del suelo por extracción masiva de nutrientes (nitrógeno y fósforo principalmente) y por oxidación de la materia orgánica,
e) sequías e inundaciones debidas a cambios en la circulación del agua, y
d) salinización por el mal uso del riego.
A esto debe sumarse la deforestación y degradación de bosques en la Selva Paranaense, el Espinal y el Monte, y la transformación de otros ecosistemas como pastizales, sabanas y humedales. Al transformar estos ambientes se alteran funciones ecológicas críticas como la circulación de nutrientes, el control de inundaciones, la regulación del clima, la protección del suelo, la purificación del agua y el reciclado de desechos. La disminución de estos ambientes naturales constituye además la principal causa de extinción de especies. Se estima que para el 2015 la superficie agrícola argentina aumentará en 8 millones de hectáreas más en respuesta a un escenario que tiene como protagonista a la demanda de cultivos energéticos (2).
La erosión hídrica y eólica afecta en Argentina a unas 60 millones de hectáreas. La expansión de la práctica de siembra directa ha permitido controlar la erosión en algunas regiones, pero el panorama a escala nacional sigue siendo deficitario. La superficie erosionada alcanza entre el 45 y el 50% de las provincias de Cuyo, el 45% de Formosa, el 41% de San Luis, el 30% de Entre Ríos, el 28% de Buenos Aires y Santa Cruz, y el 25% de Río Negro y Chubut (3). En algunas regiones como la Estepa Patagónica, los procesos de desertificación debidos al sobrepastoreo son prácticamente irreversibles.
La producción agrícola extrae del suelo cantidades importantes de nutrientes que sólo en parte son repuestos a través de la fertilización. En la campaña 2004/2005 las cosechas de los cuatro principales cultivos argentinos se llevaron 1.836.000 tn. de nitrógeno y 391.000 tn de fósforo de los suelos. De ellos se repusieron vía fertilización solamente el 28% y el 42% respectivamente. El tema es particularmente grave en el caso del fósforo ya que se trata de un recurso no renovable.
Todas estas tendencias nos obligan a plantearnos de que manera va a enfrentar la Argentina el desafío de abastecer la demanda mundial de productos agropecuarios, manteniendo los servicios ecológicos esenciales, protegiendo la biodiversidad y el patrimonio natural del país y sin poner en riesgo la salud y el bienestar de la población. El abordaje de estos problemas requiere de un enfoque multisectorial, de una búsqueda de consensos entre los diferentes sectores para identificar caminos compartidos hacia el desarrollo sustentable.
Vida Silvestre tiene por estilo construir soluciones con todos los sectores de la sociedad y prueba de ello es el reciente acuerdo entre un importante grupo de instituciones del ámbito agropecuario, del ambientalismo y del gobierno. Allí se expresa una visión común sobre el desarrollo agropecuario y forestal sustentable, que incluye al ordenamiento territorial como uno de los puntos más destacados. Los resultados de esta experiencia interinstitucional han sido publicados junto con el INTA en el documento “Producción agropecuaria y medio ambiente. Propuestas compartidas para su sustentabilidad”.
El ordenamiento territorial es por otra parte el instrumento principal propuesto en la Ley de Protección de Bosque Nativo, que obtuvo media sanción en la cámara de Diputados el pasado marzo. Este proyecto estuvo fuertemente cuestionado por el sector productivo y por los gobiernos de las provincias forestales que ven en él un obstáculo para su desarrollo. Sin embargo, el acuerdo mencionado anteriormente, evidencia que la necesidad de establecer pautas para el uso ordenado de las tierras es compartida por las instituciones más importantes del sector rural. Por eso esta Ley necesita ser aprobada por la Cámara de Senadores sin más postergaciones. Su sanción permitirá que en cada región y en cada provincia se decida, en forma autónoma y amplia, cuál es el uso del suelo que mejor satisface las expectativas de desarrollo sustentable.
Referencias.
1. Monitoreo de Bosque Nativo. Periodo 2002-2006. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
2. La Agricultura Argentina al 2015. Fundación Producir Conservando.
3. La Situación Ambiental Argentina 2005. Fundación Vida Silvestre Argentina.
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