"No es objetivo de esta Comisión el debate", esto fue lo que expresó con claridad la nueva gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el organismo de seguimiento de la Ley 1854 de Basura Cero. "No es la función del plenario dar explicaciones", se dijo para justificar que tampoco hubo información acerca de puntos importantes como los planes para la contenerización, las campañas de comunicación, la licitación de la recolección de residuos y una negativa clara a la posibilidad de incinerar los residuos.
Fabián Rodríguez Simón, jefe de gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacios públicos, se apuró a leer la resolución 756 que lo declaró como el flamante presidente de la Comisión y creó su reglamento interno. La norma, sobre la que ningún integrante de las organizaciones civiles tenía conocimiento ni fue consultado, viene a "poner orden" sobre lo hecho hasta ahora, volviendo a pedir incluso el registro de asociaciones, con su personería jurídica, para poder participar.
Según explicó Rodríguez Simón, quien asesoró legalmente al ministro de Espacios Públicos Juan Pablo Piccardo durante su gestión en Isenbeck, sus funciones son la de monitorear, "que significa seguir la información a través de una pantalla", y asesorar "a requerimiento de la autoridad". Esto contrasta con la forma en que la Comisión venía trabajando, formulando propuestas y discusiones que señalaban un verdadero rol activo para ayudar a implementar la ley.
Participación Cero. Para Carina Quispe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el cambio en las reglas de juego corre el riesgo de vaciar de contenido a la Comisión, a la vez que parece desconocer el principio 10 de la declaración de Río acerca de los mecanismos de participación ciudadana. En palabras de Rodríguez Simón, este no es el espíritu de la ley y para la discusión política "la gente puede votar cada tanto".
En la primera reunión plenaria de la gestión PRO celebrada hace un mes se había asegurado, según reconoce la misma página de la Agencia de Protección Ambiental, que "se retomará el trabajo realizado durante el año pasado". Sin embargo, hoy Rodríguez Simón manifestó que la comisión "no contribuyó en absoluto" a la implementación de la ley sino que "cada uno cuidaba su gallinero".
Esto provocó la indignación de una integrante de las cooperativas de cartoneros, ya que consideró que se desaprovecha así un espacio propicio para que el poder ejecutivo se forme una idea sobre la opinión de la sociedad civil. Según otra participante, se trata de una interpretación errónea de la ley y defendió que en la anterior gestión se trataba de un ámbito "un poco más democrático".
La representante de la Fundación Espacios Verdes, Norma Raspeño, llegó a preguntarse si lo que se buscaba era hacer desaparecer la comisión. Rodríguez Simón negó este argumento pero repitió en varias oportunidades que cada organización debía decidir si quería continuar participando y recordó las obligaciones que esto representa. Es el mismo funcionario que firmó el decreto para desalojar a los cartoneros de Pampa y la vía.
Comentarios Cero. Mantenerse informado, obligación de los participantes según el nuevo reglamento, será sin embargo cada vez más difícil, porque la gestión no brindó ninguna certeza. Aunque, como bien recordó Consuelo Bilbao de Greenpeace, Graciela Gerola, presidenta de la Agencia Ambiental, se había comprometido a dar respuestas sobre seis puntos importantes, ante la ausencia de esta funcionaria la respuesta más escuchada hoy fue "no tenemos comentarios".
"La función no es dar explicaciones", explicó por última vez Rodríguez Simón, quien solo dio "por cortesía" datos acerca de los trámites de instalación de los servicios de luz, gas y agua a los tres centros verdes existentes de las cooperativas. Sobre la construcción de los tres restantes no hubo nada que comentar, aunque según un artículo de Perfil "no se contemplará en la próxima licitación la construcción de nuevos espacios de reciclaje".
También queda por saber qué porcentaje de la ciudad de Buenos Aires se propone equipar con contenedores dobles para que se pueda realizar con mayor facilidad la separación en origen. Pero más importante aún es que no se desmintió ni aclaró la versión que circula acerca del cambio de sistema de recolección de residuos, ya que reemplazar el de "zona limpia" por el de pago por tonelaje va en contra del espíritu de Basura Cero, puesto que para las empresas sería un negocio que cada vez haya más basura en las calles.
¿Basura cero? Pero el punto de los aspectos formales de la Comisión no parece el único en el que se vuelve atrás, ya que Rodríguez Simón sorprendió con sus dos pedidos de asesoramiento. A pesar de que Gerola había asegurado que "no hay ninguna intención de incinerar en la Ciudad de Buenos Aires", en ausencia de la funcionaria hoy se convocó a Gaia a que brinde un informe sobre "las desventajas de la incineración con o sin aprovechamiento de energía".
Cecilia Allen, representante de esta red de ONGs, recordó que esta metodología está prohibida por ley por lo que es una pérdida de tiempo volver a plantear este tema. La situación es aún más desopilante, si se tiene en cuenta que Gaia publicó ayer un documento donde llama al Gobierno a "tomar la ley vigente en la Ciudad como una política de estado, en lugar de seguir buscando vericuetos para abrir la puerta a la incineración".
Para cerrar el paquete la autoridad pidió también otro informe a Greenpeace sobre el enterramiento de residuos en rellenos sanitarios. Rodíguez Simón se defendió mencionando que se necesitan argumentos para actuar, y por ello pedía el asesoramiento, pero es preocupante que no sea justamente el Estado el que esté convencido de la política de reciclaje para difundirlo en toda la sociedad.
¿Vanguardia o vergüenza? El documento de GAIA que acompañó Greenpace menciona que es posible que Buenos Aires reduzca en un 80 por ciento sus residuos, convirtiéndose en una vanguardia mundial sobre gestión de residuos sólidos urbanos. Pero también puede ser una vergüenza, si desaprovecha esta oportunidad histórica llevándonos a una "situación agónica que favorezca la imposición de nuevos rellenos sanitarios y abra la puerta a la incineración".
Rodríguez Simón expresó que darán el informe correspondiente a la legislatura pedido por la oposición cuando se cumpla un año de su gestión y se quejó de que no se había requerido lo mismo a los gobiernos anteriores. Sin embargo, la predisposición al diálogo mostrada antes en las reuniones de la Comisión no hacían necesarios pedidos y es el mismo funcionario quien considera ahora a la Legislatura como "el canal institucional" propicio para salvaguardar la "seguridad jurídica" de la ley.
Por otra parte, en estos seis meses de gestión la renuncia de dos funcionarios del ministerio involucrados en las negociaciones por los contratos de la recolección de residuos ponen mayores dudas a la voluntad del gobierno de aplicar la ley. Hoy las perspectivas parecen estar más cerca de la vergüenza que de la vanguardia, pero por el bien de la ciudad y del medio ambiente, siempre se puede estar equivocado: ¿O será la hora de crear una comisión paralela donde sí se pueda discutir?
Vínculos: Para información sobre la ley: "Basura Cero"... ¿Medio Ambiente uno? (10/2/06)
Fabián Rodríguez Simón, jefe de gabinete del Ministerio de Ambiente y Espacios públicos, se apuró a leer la resolución 756 que lo declaró como el flamante presidente de la Comisión y creó su reglamento interno. La norma, sobre la que ningún integrante de las organizaciones civiles tenía conocimiento ni fue consultado, viene a "poner orden" sobre lo hecho hasta ahora, volviendo a pedir incluso el registro de asociaciones, con su personería jurídica, para poder participar.
Según explicó Rodríguez Simón, quien asesoró legalmente al ministro de Espacios Públicos Juan Pablo Piccardo durante su gestión en Isenbeck, sus funciones son la de monitorear, "que significa seguir la información a través de una pantalla", y asesorar "a requerimiento de la autoridad". Esto contrasta con la forma en que la Comisión venía trabajando, formulando propuestas y discusiones que señalaban un verdadero rol activo para ayudar a implementar la ley.
Participación Cero. Para Carina Quispe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, el cambio en las reglas de juego corre el riesgo de vaciar de contenido a la Comisión, a la vez que parece desconocer el principio 10 de la declaración de Río acerca de los mecanismos de participación ciudadana. En palabras de Rodríguez Simón, este no es el espíritu de la ley y para la discusión política "la gente puede votar cada tanto".
En la primera reunión plenaria de la gestión PRO celebrada hace un mes se había asegurado, según reconoce la misma página de la Agencia de Protección Ambiental, que "se retomará el trabajo realizado durante el año pasado". Sin embargo, hoy Rodríguez Simón manifestó que la comisión "no contribuyó en absoluto" a la implementación de la ley sino que "cada uno cuidaba su gallinero".
Esto provocó la indignación de una integrante de las cooperativas de cartoneros, ya que consideró que se desaprovecha así un espacio propicio para que el poder ejecutivo se forme una idea sobre la opinión de la sociedad civil. Según otra participante, se trata de una interpretación errónea de la ley y defendió que en la anterior gestión se trataba de un ámbito "un poco más democrático".
La representante de la Fundación Espacios Verdes, Norma Raspeño, llegó a preguntarse si lo que se buscaba era hacer desaparecer la comisión. Rodríguez Simón negó este argumento pero repitió en varias oportunidades que cada organización debía decidir si quería continuar participando y recordó las obligaciones que esto representa. Es el mismo funcionario que firmó el decreto para desalojar a los cartoneros de Pampa y la vía.
Comentarios Cero. Mantenerse informado, obligación de los participantes según el nuevo reglamento, será sin embargo cada vez más difícil, porque la gestión no brindó ninguna certeza. Aunque, como bien recordó Consuelo Bilbao de Greenpeace, Graciela Gerola, presidenta de la Agencia Ambiental, se había comprometido a dar respuestas sobre seis puntos importantes, ante la ausencia de esta funcionaria la respuesta más escuchada hoy fue "no tenemos comentarios".
"La función no es dar explicaciones", explicó por última vez Rodríguez Simón, quien solo dio "por cortesía" datos acerca de los trámites de instalación de los servicios de luz, gas y agua a los tres centros verdes existentes de las cooperativas. Sobre la construcción de los tres restantes no hubo nada que comentar, aunque según un artículo de Perfil "no se contemplará en la próxima licitación la construcción de nuevos espacios de reciclaje".
También queda por saber qué porcentaje de la ciudad de Buenos Aires se propone equipar con contenedores dobles para que se pueda realizar con mayor facilidad la separación en origen. Pero más importante aún es que no se desmintió ni aclaró la versión que circula acerca del cambio de sistema de recolección de residuos, ya que reemplazar el de "zona limpia" por el de pago por tonelaje va en contra del espíritu de Basura Cero, puesto que para las empresas sería un negocio que cada vez haya más basura en las calles.
¿Basura cero? Pero el punto de los aspectos formales de la Comisión no parece el único en el que se vuelve atrás, ya que Rodríguez Simón sorprendió con sus dos pedidos de asesoramiento. A pesar de que Gerola había asegurado que "no hay ninguna intención de incinerar en la Ciudad de Buenos Aires", en ausencia de la funcionaria hoy se convocó a Gaia a que brinde un informe sobre "las desventajas de la incineración con o sin aprovechamiento de energía".
Cecilia Allen, representante de esta red de ONGs, recordó que esta metodología está prohibida por ley por lo que es una pérdida de tiempo volver a plantear este tema. La situación es aún más desopilante, si se tiene en cuenta que Gaia publicó ayer un documento donde llama al Gobierno a "tomar la ley vigente en la Ciudad como una política de estado, en lugar de seguir buscando vericuetos para abrir la puerta a la incineración".
Para cerrar el paquete la autoridad pidió también otro informe a Greenpeace sobre el enterramiento de residuos en rellenos sanitarios. Rodíguez Simón se defendió mencionando que se necesitan argumentos para actuar, y por ello pedía el asesoramiento, pero es preocupante que no sea justamente el Estado el que esté convencido de la política de reciclaje para difundirlo en toda la sociedad.
¿Vanguardia o vergüenza? El documento de GAIA que acompañó Greenpace menciona que es posible que Buenos Aires reduzca en un 80 por ciento sus residuos, convirtiéndose en una vanguardia mundial sobre gestión de residuos sólidos urbanos. Pero también puede ser una vergüenza, si desaprovecha esta oportunidad histórica llevándonos a una "situación agónica que favorezca la imposición de nuevos rellenos sanitarios y abra la puerta a la incineración".
Rodríguez Simón expresó que darán el informe correspondiente a la legislatura pedido por la oposición cuando se cumpla un año de su gestión y se quejó de que no se había requerido lo mismo a los gobiernos anteriores. Sin embargo, la predisposición al diálogo mostrada antes en las reuniones de la Comisión no hacían necesarios pedidos y es el mismo funcionario quien considera ahora a la Legislatura como "el canal institucional" propicio para salvaguardar la "seguridad jurídica" de la ley.
Por otra parte, en estos seis meses de gestión la renuncia de dos funcionarios del ministerio involucrados en las negociaciones por los contratos de la recolección de residuos ponen mayores dudas a la voluntad del gobierno de aplicar la ley. Hoy las perspectivas parecen estar más cerca de la vergüenza que de la vanguardia, pero por el bien de la ciudad y del medio ambiente, siempre se puede estar equivocado: ¿O será la hora de crear una comisión paralela donde sí se pueda discutir?
Vínculos: Para información sobre la ley: "Basura Cero"... ¿Medio Ambiente uno? (10/2/06)
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