Ayer la Secretaría de Ambiente de la Nación inauguró “Derecho al Ambiente - Muestra diálogo” en la ex ESMA. El objetivo es promover la discusión soberana sobre los temas ambientales como derecho humano, a través de la proyección de entrevistas grabadas a diferentes expertos. En el acto también quedaron plasmados los lineamientos que seguirá el gobierno nacional para el nuevo periodo por el que fue reelecto.
Punto de partida. El Secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, abrió el panel con la idea de que “la crisis ambiental no es una consecuencia inevitable del crecimiento poblacional”. Segundo, sostuvo que el impacto sobre la naturaleza no es solo ecológico sino fundamentalmente “una injustica de las sociedades capitalistas contemporáneas”. En la misma sintonía Horacio Verbitsky –presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)– agregó que el perjuicio “recae siempre sobre los más débiles” como “los pueblos originarios, los campesinos o los pobres urbanos”.
Frente a este panorama global, Abal Medina elogió que “en la región y en el país se está dando una recuperación de derechos, muchos de los cuales nunca tuvimos” como los referidos a la identidad o al género. En esa política de estado es que “el derecho a un ambiente sano no puede estar visto separado de los otros derechos humanos a la memoria, la verdad y la justicia, al voto, a la educación, a la vivienda, al trabajo”, explicó el Secretario.
También advirtió que “se vienen discusiones complejas que por suerte estamos dando con gran libertad y bullicio, como nos gusta a nosotros, en temas como la minería, los glaciares, los bosques”. Éste sería un cambio notable después del veto presidencial de 2008 a la Ley de Glaciares al que se llamó “veto Barrick”. Abal Medina recalcó que lo importante en este proceso participativo es que se pueda pesar "el impacto y las necesidades" y “trabajar en clave regional”.
Desafíos. Verbitsky señaló que más allá de las virtudes que un gobierno nacional pueda tener, “hay una legalidad supranacional” expresada en tratados internacionales que propician estas injusticias y que “hay que modificar”. Aquí sobresalen los acuerdos mineros que competen también a Chile y que favorecen a las corporaciones de minería a cielo abierto con regalías ínfimas y escasos controles.
Otra limitación “son las relaciones con las provincias” y “la conciencia de proteger el ambiente”, dijo. A diferencia de lo que pasó en Bolivia con la construcción de la carretera por el territorio indígena parque nacional TIPNIS, tomó como ejemplo el caso de la comunidad qom La Primavera donde “el gobierno nacional apoya a los pueblos originarios pero el gobierno de Insfran no cumple y no hay en el resto de la sociedad formoseña una conciencia del impacto de la violación de esos derechos”.
Por su parte, el economista Antonio Brailovsky hizo una disertación más conceptual y recalcó la necesidad de fomentar:
- La educación ambiental para la participación ciudadana
- La gestión sobre la contaminación sonora, electromagnética y residuos (peligrosos, domiciliarios, de la construcción, etc.)
- La protección del patrimonio cultural y natural
- La adaptación al cambio climático y la preparación para la emergencia ambiental.
"Estamos en buen camino". Así le retrucó a Brailovsky, la Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, que agradeció el apoyo de “un equipo técnico excelente”. “Avanzamos a nivel legislativo para implementar políticas públicas concretas y recurrir a la justicia si es necesario”, agregó. Además anunció que próximamente lanzará la primera Estrategia Nacional de Biodiversidad que plantea el ordenamiento territorial consensuado para definir proyectos de desarrollo sustentable.
No obstante, al final resonó el mensaje de Verbitsky: "funciona mientras la sociedad lo exija y se movilice". Por eso, "Derecho al Ambiente-Muestra diálogo" se constituye como "una invitación a reflexionar". La exposición estará disponible en el Centro Cultural Haroldo Conti (ex ESMA) con entrada gratuita hasta el 20 de noviembre y a partir del año que viene recorrerá todo el país.
Además de la voz de los que disertaron en la inauguración, la exposición incluye el testimonio de la máxima autoridad ambiental del país, Juan José Mussi, los filósofos Ricardo Forster y José Pablo Feinmann, la historiadora Claudia Gotta, el legislador Juan Cabandié (FPV), los economistas Héctor Sejenovich e Iván Heyn, el ingeniero agrónomo Walter Pengue y la abogada Eugenia Di Paola.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró "admisible" la denuncia de la comunidad diaguita Huascoaltinos contra el Estado de Chile por el proyecto de mega-minería Pascua Lama, administrado por la corporación canadiense Barrick Gold. Este viernes se realizará una audiencia, donde se analizará la violación al territorio ancestral, en forma inconsulta, contrariamente al convenio 169 de la OIT. Pascua Lama es un proyecto binacional entre Chile y Argentina (San Juan).
Seminario de Ecología y Derechos Humanos. Mañana comienza en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA un espacio de reflexión que funciona hace años, organizado por la Cátedra Libre de Derechos Humanos de esa casa de estudios. Para leer la propuesta, ir al blog de la Cátedra.
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| Disertaron Révora (SAyDS), Verbitsky (CELS), Abal Medina (SCP) y el economista Brailovsky. Fotos: ComAmbiental |
Punto de partida. El Secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, abrió el panel con la idea de que “la crisis ambiental no es una consecuencia inevitable del crecimiento poblacional”. Segundo, sostuvo que el impacto sobre la naturaleza no es solo ecológico sino fundamentalmente “una injustica de las sociedades capitalistas contemporáneas”. En la misma sintonía Horacio Verbitsky –presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)– agregó que el perjuicio “recae siempre sobre los más débiles” como “los pueblos originarios, los campesinos o los pobres urbanos”.
Frente a este panorama global, Abal Medina elogió que “en la región y en el país se está dando una recuperación de derechos, muchos de los cuales nunca tuvimos” como los referidos a la identidad o al género. En esa política de estado es que “el derecho a un ambiente sano no puede estar visto separado de los otros derechos humanos a la memoria, la verdad y la justicia, al voto, a la educación, a la vivienda, al trabajo”, explicó el Secretario.
También advirtió que “se vienen discusiones complejas que por suerte estamos dando con gran libertad y bullicio, como nos gusta a nosotros, en temas como la minería, los glaciares, los bosques”. Éste sería un cambio notable después del veto presidencial de 2008 a la Ley de Glaciares al que se llamó “veto Barrick”. Abal Medina recalcó que lo importante en este proceso participativo es que se pueda pesar "el impacto y las necesidades" y “trabajar en clave regional”.
Desafíos. Verbitsky señaló que más allá de las virtudes que un gobierno nacional pueda tener, “hay una legalidad supranacional” expresada en tratados internacionales que propician estas injusticias y que “hay que modificar”. Aquí sobresalen los acuerdos mineros que competen también a Chile y que favorecen a las corporaciones de minería a cielo abierto con regalías ínfimas y escasos controles.
Otra limitación “son las relaciones con las provincias” y “la conciencia de proteger el ambiente”, dijo. A diferencia de lo que pasó en Bolivia con la construcción de la carretera por el territorio indígena parque nacional TIPNIS, tomó como ejemplo el caso de la comunidad qom La Primavera donde “el gobierno nacional apoya a los pueblos originarios pero el gobierno de Insfran no cumple y no hay en el resto de la sociedad formoseña una conciencia del impacto de la violación de esos derechos”.
Por su parte, el economista Antonio Brailovsky hizo una disertación más conceptual y recalcó la necesidad de fomentar:
- La educación ambiental para la participación ciudadana
- La gestión sobre la contaminación sonora, electromagnética y residuos (peligrosos, domiciliarios, de la construcción, etc.)
- La protección del patrimonio cultural y natural
- La adaptación al cambio climático y la preparación para la emergencia ambiental.
"Estamos en buen camino". Así le retrucó a Brailovsky, la Subsecretaria de Planificación y Política Ambiental, Silvia Révora, que agradeció el apoyo de “un equipo técnico excelente”. “Avanzamos a nivel legislativo para implementar políticas públicas concretas y recurrir a la justicia si es necesario”, agregó. Además anunció que próximamente lanzará la primera Estrategia Nacional de Biodiversidad que plantea el ordenamiento territorial consensuado para definir proyectos de desarrollo sustentable.
Política ambiental, discurso político, derechos humanos
Opinión, por Eduardo Soler
Hace días publicamos en ComAmbiental un artículo que esbozaba una pregunta: ¿las declaraciones de Mussi acerca de "la minería que contamina" significan un cambio de posición en la Secretaría de Ambiente? El acto de ayer tal vez puede reforzar este escenario. En esta perspectiva, la reelección presidencial permite abrir el debate, sin que el mismo se "partidice". Ya que en la visión de los militantes kirchneristas, el ambiente era "una excusa para hacer oposición". Al contrario, la gestión implica "actuar con seriedad".
Desde otro punto de vista, debemos observar dos cosas. En primer lugar, la diferencia entre el discurso político y "la política" en sí. Del dicho al hecho hay largo trecho, recuerda una frase popular. No se trata sólo de eso, sino saber también que el discurso puede estar destinado a justificar una serie de políticas de aval a determinadas actividades. En ese sentido, el discurso (y política) de la Secretaría de Ambiente está hoy subordinado a otros discursos (y políticas) de reparticiones como el Ministerio de Planificación.
En ese sentido, plantear la cuestión ambiental como derecho humano parece ser una elección estratégica asumida desde la Secretaría. Pudo ser planteada también desde los mismos movimientos sociales. Se trata de apuntar al "corazón" de la identidad kirchnerista. Y por eso el lugar elegido para la muestra, la ex ESMA (mucho más en momentos donde se conoce la sentencia por el Juicio a los genocidas) tampoco parece casual. Se trataría así de hacer entender a la máxima autoridad política, que también los conflictos ambientales generan lesiones a los derechos humanos. Si así fuera, la apuesta es interesante de cara a los próximos años.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró "admisible" la denuncia de la comunidad diaguita Huascoaltinos contra el Estado de Chile por el proyecto de mega-minería Pascua Lama, administrado por la corporación canadiense Barrick Gold. Este viernes se realizará una audiencia, donde se analizará la violación al territorio ancestral, en forma inconsulta, contrariamente al convenio 169 de la OIT. Pascua Lama es un proyecto binacional entre Chile y Argentina (San Juan).
Seminario de Ecología y Derechos Humanos. Mañana comienza en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA un espacio de reflexión que funciona hace años, organizado por la Cátedra Libre de Derechos Humanos de esa casa de estudios. Para leer la propuesta, ir al blog de la Cátedra.
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