"Un cambio de paradigma donde la educación ambiental no solo sea integral sino, ante todo, estratégica"

En vísperas del Día mundial de la Educación Ambiental (26 de Enero), la Subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, Cristina Ruiz del Ferrier, contó a ComAmbiental cuál es el grado de avance de dos leyes nacionales fundamentales:

• la Ley 27.592 (conocida como Ley Yolanda) que establece la capacitación obligatoria con perspectiva de desarrollo sostenible, para todo el personal que ejerza la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
• la Ley 27.621 de Educación Ambiental Integral que articula esfuerzos de las carteras ambiental y educativa, tanto nacionales como provinciales, para que la educación ambiental sea una política pública nacional permanente y concertada.

Por Cristina Ruiz del Ferrier

Cristina Ruiz del Ferrier, Subsecretaria Interjurisdiccional e Interinstitucional (MAyDS).

Comencemos por la Ley Yolanda

A partir del 28 de abril de 2021 (fecha en la que el Ministerio de Ambiente de la Nación fue designado autoridad de aplicación de la Ley Yolanda, a través de la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional) se inició el proceso de construcción de los lineamientos generales que orientan las capacitaciones en ambiente que se realicen, conforme establece la mencionada norma.

En ese proceso, participaron 113 organizaciones de la sociedad civil y 131 organismos académico-científicos (es decir, un total de 244 instituciones), con representación de las 24 jurisdicciones nacionales, consolidando un documento que recoge lo expresado en cuanto a fundamentos, objetivos y ejes temáticos de las capacitaciones que vayan a realizar las y los funcionarios y trabajadores del Estado nacional en sus tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial). Cabe resaltar que este resultado fue avalado por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En cuanto a los organismos del Estado nacional, a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Reglamento Operativo y el Protocolo de validación de las capacitaciones, comenzaron a realizarse las consultas correspondientes y las gestiones administrativas, designando a las y los representantes de cada organismo para articular las modalidades de la capacitación.

Por su parte, las jurisdicciones de todo el país iniciaron su proceso de adhesión a la ley. En la actualidad, 14 provincias ya se han adherido y 6 se encuentran en etapas de evaluación y análisis.

¿Y la Ley de Educación Ambiental Integral 27.621?

Hay que resaltar que ya están prácticamente designados los representantes de la coordinación ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI). Dicha coordinación es el ámbito de articulación, de gestión y de administración técnica entre los ministerios nacionales de Ambiente y de Educación, y los representantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y el Consejo Federal de Educación (CFE), para la eficaz concreción de la mencionada estrategia.

Hoy en día se está trabajando en una etapa de acuerdos y de validación de una versión consolidada de la ENEAI, de la que participan todas las jurisdicciones del país, en intercambio con los diferentes sectores sociales que integrarán el Consejo Consultivo de la ENEAI.

Al mismo tiempo, se llevó a cabo un ciclo de conversatorios para la comunidad en donde se trataron fundamentos conceptuales y experiencias de educación ambiental. Además, se creó el Programa “Capacitaciones para la Acción Ambiental”, en el que se han registrado más de 14.000 participantes.

Las claves: conciencia y construcción colectiva

En lo que atañe a la Ley Yolanda no se han identificado obstáculos. Hay una conciencia amplia a nivel social acerca de la necesidad de implementar capacitaciones en temas ambientales que permitan tomar medidas de gestión informadas. Entendemos que transitar estos espacios de formación, conlleva repensar el paradigma lineal en el que fuimos formadas y formados y, por lo tanto, tendrá implicancias en la toma de decisiones sectoriales a la hora de definir las políticas públicas incorporando una mirada desde la complejidad, respetuosa del ambiente y pensando en un horizonte de sustentabilidad.

En cuanto a la Ley de Educación Ambiental Integral cabe recordar que es un derecho gracias a la demanda de los distintos actores sociales y políticos que bregaron desde hace décadas por la sanción de esta norma, que ha recogido antecedentes de distintos proyectos presentados en la última década en nuestro país. Así como la ley fue producto de una construcción colectiva, su implantación requiere del acuerdo de todos los sectores que estén contemplados en ella.

Uno de los puntos clave para implementarla se basa en que los principios y los fundamentos sirven para orientar tanto la política educativa como sus prácticas. Por otro lado, hay que destacar el esfuerzo que ambos ministerios nacionales -el de Ambiente y de Educación- han realizado para pensar una política pública conjunta. Este abordaje articulado entre organismos, jurisdicciones y la participación de organizaciones de la sociedad civil es fundamental para que la implementación de una política nacional de educación ambiental se convierta en política de Estado.

Casos para replicar

La Ley Yolanda aplica a los organismos del Estado nacional. En tal sentido, se ha diseñado desde el Ministerio de Ambiente, junto con el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) a través de su plataforma virtual, el primer curso autogestionado en la materia.

Esta instrucción consta de 29 módulos temáticos. Seis de ellos son obligatorios: saber ambiental, cambio climático, biodiversidad, desarrollo sostenible, economía circular y eficiencia energética, y energías renovables. En relación a los restantes, cada cursante puede seleccionar dos que considere pertinentes, de acuerdo a sus intereses y/o improntas laborales. Contemplan temas como la agroecología, la salud socioambiental, el tráfico de flora y fauna, las especies exóticas invasoras, la legislación ambiental, entre otros.

Vale resaltar el acompañamiento y las validaciones recibidos no solo por parte de las organizaciones de la sociedad civil, sino también del COFEMA, que garantizó el carácter federal de la misma y del CIN, que colaboró con sus aportes técnico-académicos y de investigación.

Respecto a la Ley de Educación Ambiental Integral, durante el 2021 se realizaron diferentes encuentros de intercambio y de capacitación con los integrantes de los referentes jurisdiccionales de educación ambiental. El propósito de estos encuentros fue fortalecer de manera colaborativa las estrategias provinciales de educación ambiental que ya se encuentran en marcha, con el fin de territorializar la educación ambiental creando conciencia mediante acciones en el corto, mediano y largo plazo.

Los próximos pasos

Para 2022 la Subsecretaría Interjurisdiccional e Interinstitucional elaboró una agenda de trabajo multiactoral y una planificación consensuada que permitirá profundizar no solo lo que la Ley Yolanda y la Ley de Educación Ambiental Integral exigen, sino también acompañar los proyectos socioambientales propuestos por organizaciones de la sociedad civil, en el marco del Programa Casa Común - Haciendo Lio por Nuestra Tierra en todo el país.

Esta agenda ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que conduce Juan Cabandié, se orienta a un nuevo paradigma. Para alcanzarlo, necesitamos continuar con el compromiso de actores sociales, políticos, científicos, académicos, culturales, tanto públicos como privados, que vienen bregando por cambios sustantivos en hábitos, costumbres y prácticas más respetuosas/os con el ambiente. Es decir, un cambio de paradigma en materia del desarrollo sostenible donde la educación ambiental no solo sea concebida de manera integral sino, ante todo, estratégica.

Producción:

Pamela Sioya (ComAmbiental)