Transgénicos, la amenaza biotecnológica

El Grupo de Reflexión Rural (GRR) y GRAIN informaron ayer en el Senado de la Nación que participarán como parte de la representación argentina en la Cumbre del Protocolo de Bioseguridad y Convenio de Biodiversidad que se realizará del 13 al 31 de marzo en Curitiba, Brasil. Si bien no es posible comprobar aún las consecuencias de la biotecnología, como en los transgénicos, buscarán difundir los impactos negativos que ya se están produciendo a través del testimonio de una delegación de "Victimas de Agronegocios" que ellos coordinarán.

Los disertantes advirtieron además que la Argentina no cuenta con un marco regulatorio claro para la biotecnología y que, de seguir así, los cultivos transgénicos podrían acabar con los orgánicos, propiciar el uso de agroquímicos más nocivos para el medio ambiente y para la salud humana. A su vez, desde una perspectiva económica, generaría una dependencia absoluta de la producción argentina a los insumos de las grandes corporaciones transnacionales.

Jorge Rulli (GRR) abrió la disertación con serias denuncias:
  1. La Argentina firmó el protocolo de Bioseguridad pero el Congreso no lo aprobó aún, por ende no acatamos sus disposiciones y no contamos con un marco legal claro para controlar la biotecnología
  2. Ante este vacío legal, predomina el discurso de las empresas que manipulan organismos genéticamente modificados (OGM). Tanto funcionarios políticos como ONGs promueven el uso de la biotecnología o al menos no se detienen a evaluar los riesgos
  3. Actualmente, se estima que más de 17 millones de hectáreas del campo argentino tienen cultivos transgénicos (principalmente soja, por su alta competitividad en los mercados internacionales, lo que la hace más atractiva para los inversores)
  4. El Estado no está tomando las debidas precauciones y ante eventuales desastres ecológicos o sanitarios provocados por las empresas, el Estado será el único responsable.
Una posible solución la aportaría el gen "terminator", para controlar la reproducción de transgénicos bajo los mismos mecanismos de la biotecnología y del mercado. Así propuso Brasil en Europa -explicó Adolfo Boy de GRR-: el "terminator" tiene la capacidad de neutralizar las semillas que no fueron sembradas en el año de la compra, por lo cual, la siembra estaría contralada desde el punto de venta. Por otro lado, infertiliza las semillas que surjan por "contaminación" de plantas orgánicas con polen de transgénicos.

No obstante, agregó Boy, esta solución no resulta totalmente satisfactoria ya que, de hecho, los cultivadores estarán obligados a comprar insumos (semillas y los agroquímicos adecuados para ellas) a las mega corporaciones cada año; en segundo lugar, las plantaciones orgánicas quedarán arruinadas por la contaminación de los transgénicos; y para colmo de males, nadie todavía puede asegurar que el "terminator" no pueda transmitirse a otras plantas o animales y generar especies híbridas estériles, lo cual llevaría a la extinción de la biosfera.

Eso no es todo. Javiera Rulli (GRR) aseguró que en muchos casos el afán de dinero de los dueños de los cultivos transgénicos avasalla impunemente los derechos de los pobladores rurales con menores recursos económicos. Fumigaciones ilegales; cultivos orgánicos cercados por transgénicos; violencia contra pequeños agricultores y sus familias para callar demandas a fin de continuar sus negocios.

En este punto, la delegación de "Víctimas de Agronegocios" representará a damnificados reales del uso indiscrimnado de la biotecnología. Petrona Villasboa, de Paraguay, pedirá justicia por el muerte de su hijo de 11 años a causa de las fumigaciones de soja. Álvaro Salgado de México demandará el respeto por la comunidad indígena y la riqueza de su oro vegetal, el maíz, invadido por los transgénicos estadounidenses. De Argentina, el caso más impactante es el de las madres de Ituzaingó, Córdoba (ver artículo aparte).

Por ello, esperan que en Curitiba puedan hacer oír sus reclamos ante la compleja situación que implica aceptar los transgénicos sin una regulación segura. Además reinvindicarán la soberanía alimentaria para que los cultivos vuelvan a destinarse al consumo interno en lugar del comercio, para proteger la biodiversidad y la autodeterminación de los pueblos rurales e indígenas.

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