Esta vez, parece que el que contamina la paga

Una fábrica carbonera de la ciudad bonaerense de Ensenada fue condenada a pagar casi dos millones de pesos por un tribunal de La Plata que la encontró culpable de daños al ambiente y la salud de la población. Cada una de las 17 familias afectadas recibiría unos 20 mil pesos y entre los 47 vecinos se repartirían además entre 29 y 50 mil pesos de acuerdo a cada caso.

La Nación había anticipado ayer el dictamen de los jueces Carlos Pérez Crocco y Juan Manuel Lavié (h) en el que se confirmó un fallo de primera instancia iniciado por una demanda de 1992 de 47 pobladores de Campamento de Ensenada contra la empresa Copetro. Ahora, la sala III de la Cámara de Apelación de La Plata confirmó que la fábrica "emite partículas de carbón de coque a la atmósfera y contamina el medio ambiente".

El coque es un subproducto obtenido de la refinación de petroleo que se utiliza generalmente como combustible en las industrias para la producción de acero y hierro. La fábrica se instaló no en las afueras sino en el mismo pueblo, alambrado mediante, en el año 1983.

La empresa informó que apelará el caso ya que considera que cumple con la legislación vigente y que no se confirmó ningún caso de cáncer en la población, por lo que se estaría actuando ante un "riesgo hipótetico", según informó Clarín ayer por la tarde.

Sin embargo, La Nación publicó hoy un informe más detallado en el que Osvaldo Figoni, presidente de la Asociación Campamento contra la Contaminación afirma que existen más juicios que involucran a 200 personas. Según él, "en 1986 salieron las primeras sentencias y una de las demandantes ya había muerto".

En este caso, que sienta un precendente en materia de derecho ambiental, se consideraron daños tanto físicos como morales, entre los que se incluyó los derechos de uso de las viviendas en un ambiente sano. Se determinó que en estos 23 años la contaminación fue constante y que la misma es intrínseca a la actividad de la empresa.

Entre los daños ocasionados a la salud, el fallo detalló que 33 de 43 personas revisadas sufrían algún tipo de patologías, como derrames en los ojos, problemas en la piel o enfermedades respiratorias. Asimismo, estimó que el hecho de no haberse encontrado cáncer no significa que no haya peligro de que esto sucede así como tampoco le quita gravedad al hecho.

EL CASO COPETRO

En realidad, lo que los medios nacionales hicieron es darle trascendencia a una noticia que ya había sido publicada en las ediciones impresas de los diarios platenses El Día y Hoy. Es a ellos a quienes tenemos que recurrir para entender mejor el caso Copetro, conociendo primero su historia.

Todo empieza en 1992 cuando se realizó la primer denuncia contra la empresa que se había instalado casi una década atrás. Ya en agosto de 1996 la sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil había indicado el cierre de la planta. En esa oportunidad, una vecina le dijo a Hoy que "antes que se instalara COPETRO en el barrio, nadie tenía problemas de piel o respiratorios. Después aparecieron los problemas". Pero la planta apeló y siguió funcionando.

En diciembre de 2002, los vecinos realizaron un antifestejo de sus veinte años de protesta en la puerta de la planta donde soltaron globos negros. "Vamos a seguir con esta pelea hasta que Copetro deje de apelar o deje de contaminar", advirtió Figioli en esa oportunidad según El Día.

En el año 2004 la subsecretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires a cargo de Jorge Etcharrán intervino para clausurar en enero un sector de la planta por denuncias de los vecinos sobre la explosión de un horno. En junio de ese año se cerró completamente la empresa con caracter preventivo. Etcharrán declaró en ese entonces a El Día que "vamos a levantar la clausura recién cuando planteen una acción que consideremos seria".

Pero finalmente a pocos días la empresa reabrió sus puertas con la promesa de implementar las objeciones planteadas por la subsecretaría, que el funcionario relató a El Día: "1.- Cerramiento de las zonas de estibaje; 2.- Confinamiento de los mecanismos de transporte; 3.- Disminución de emanaciones de las chimeneas". El intendente de Ensenada, Mario Secco, declaró que "las autoridades de esta industria entendieron cuál era el problema". La serie de reformas tendientes a "encapsular" el coque se completarían en 12 meses.

En este punto se llegó a la condena que ahora rescatan los grandes medios. Pero la situación es más compleja de lo que parece, porque según el Día el fallo aclara que se trata de "un daño permisible" para la política ambiental del Estado. Es la única forma en que la industria siga funcionando ya que de por sí la actividad es contaminante. Sin embargo, la reparación cabe porque "una cosa es que el daño sea permitido hasta ciertos límites administrativos y otra que ese daño sea tolerable por la sociedad".

En el mismo sentido el Diario Hoy transcribó que “aun cuando el material particulado en suspensión venteado desde la empresa no excediera el mínimo permitido, igual contaminaría por aportar benzo-alfa-pireno en cantidades superiores a las admitidas para áreas urbanas”. La causa tiene un precedente en el Caso Almada donde "se observa que existen estudios internacionales que relacionan al material particulado como el coque de petróleo con una serie de efectos sobre la salud".

En resumen, el fallo deja claro que la empresa contamina pero Copetro todavía tiene instancias para apelerar. Tal vez, si el caso toma mayor repercusión pública, se pueda abrir el debate sobre si todo lo legal es justo y sobre qué políticas ambientales -y qué derecho ambiental- tenemos que hacer para intentar armonizar el estilo de vida industrial con la vida misma.

SECCIÓN: Tierra/ Contaminación
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