Hecha la ley "para" la trampa.
Sector privado y sociedad se enfrentan en tribunales. En medio, el derecho a un ambiente sano y el derecho mismo. ¿La ley se pone al servicio de quién? Analizamos los casos de la minera Meridian Gold versus la Asamblea de Esquel y la constructora Koad S.A. versus organizaciones barriales de Caballito. Una alerta para repensar qué significa para las empresas la responsabilidad social.
La semana pasada dos causas judiciales sobresalieron entre las noticias. El martes 13 asambleístas del No a la Mina de Esquel asistieron, en un tribunal porteño, a una audiencia de conciliación con la corporación multinacional Meridian Gold. No hubo acuerdo. Es que la compañía demandó a seis de los asambleístas (dos de ellos periodistas) por difundir la grabación de una reunión privada en la que pergeniaba una campaña de lobby para revertir el plebiscito del 2003 en que la ciudadanía de Esquel dio un rotundo NO contra la extracción minera a cielo abierto con cianuro.
La Agencia La Vaca relató la lucha que, fundamentalmente desde 2003, lleva la comunidad esquelense contra los emprendimientos mineros potencialmente contaminantes. También dio un perfil detallado de los asesores de comunicación -ligados a las esferas de poder- con quienes se habían reunido responsables de Meridian Gold y publicó fragmentos de dicha reunión que constituyen el meollo de la demanda.
Los delitos en cuestión, según describieron La Vaca y Anred, tienen que ver con la "violación de secreto":
-conducta "contraria a los usos comerciales honestos" (Ley 24.766)
-apoderamiento indebido "de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado" (Art. 153 del Código Penal), que puede ser sancionado con "prisión de 15 días a seis meses".
La misma agencia de noticias también dialogó con Gustavo Macayo, uno de los vecinos demandados que pudo venir a la audiencia:
LV: -Resulta una paradoja que la demanda pretenda penalizar a quienes difundieron un plan secreto para manipular a la Asamblea.
GM: - No sólo a la Asamblea, sino a toda la población de Esquel. Si uno escucha las grabaciones se da cuenta de que no sólo quieren incidir en la gente sino además en todas las figuras políticas relevantes: diputados, senadores, jefes de partidos políticos, algunos funcionarios cercanos al gobernador y al Presidente, a los que son las líneas más cercanas al ejecutivo provincial y nacional.
Según IPS Noticias, Daniel Sabsay, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) justificó a los vecinos: "Se defienden como pueden de una estrategia de compra de voluntades". En 2005, FARN fue tercero en la causa iniciada para detener el proyecto minero y constató incumplimientos de la empresa en materia de evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana. A pesar de eso, al parecer la estrategia de la empresa los incluía en una posible campaña para revertir la situación.
Mientras se desarrollaba la audiencia, en Esquel los vecinos hicieron un escrache a las oficinas de la minera: distribuyeron folletos informativos, colocaron banderas, protestaron creativamente contra la corrupción y transmiteron en radio abierta los audios que motivaron el litigio.
¿Tribunales para acallar las movilizaciones?
Para la socióloga Maristella Svampa, consultada por IPS Noticias, la vía judicial "es una nueva forma de desalentar la protesta y de aleccionar a los que se movilizan". Quizás así pensaron los responsables de la constructora Koad S.A. que demandó a dos vecinos del barrio porteño de Caballito "por daños y perjuicios".
La acción se basa en que las protestas vecinales "contra la construcción de dos torres de 34 pisos en una manzana de casas bajas, que ya sufre el colapso de los servicios públicos, como ya ha reconocido el Jefe de Gobierno de nuestra ciudad" perjudicaron el negocio de la demandante. Como si reclamar la edificación planificada con el correspondiente estudio de impacto ambiental fuese delito contra el progreso.
No obstante, los vecinos de Caballito no se "asustaron" y darán una conferencia de prensa este lunes luego de conocer en detalle la demanda. Por fortuna para ellos, el año electoral suma opiniones políticas en su defensa, como la de la Procuración de la Ciudad y del partido socialista que criticaron " la actitud de criminalizar a los vecinos por las protestas contra las torres".
La comunicación: responsabilidad social de las empresas
La Agencia La Vaca difundió un informe sobre la minera en Esquel realizado por Business for Social Responsibility, "una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a las empresas que la integran a alcanzar resultados exitosos respetando los valores éticos, las personas, comunidades y el medio ambiente".
En síntesis, la minera tuvo graves falencias para comunicar y responder eficientemente a las inquietudes de la comunidad local. Contradicciones, ambigüedades y silencios acrecentaron la incredulidad de la población hasta llegar al rechazo actual.
¿Acaso la situación no resulta familiar? ¿Cuánto de este estudio podría referirse a las constructoras de torres en la Ciudad de Buenos Aires? ¿No comparte similitudes con Botnia y la oposición de los asambleístas de Gualeguaychú? ¿Hasta dónde insistirán las empresas sin contar con la "licencia social"? ¿Acaso Botnia inaugurará su planta sin abrir diálogo con sus vecinos de este lado del río?
El cuidado del medio ambiente es la preocupación que despertó todos estos conflictos. No obstante, el peor de los riesgos que comparten no es la contaminación sino la degradación de la confianza. Sin ella, no existe futuro en común.
Sector privado y sociedad se enfrentan en tribunales. En medio, el derecho a un ambiente sano y el derecho mismo. ¿La ley se pone al servicio de quién? Analizamos los casos de la minera Meridian Gold versus la Asamblea de Esquel y la constructora Koad S.A. versus organizaciones barriales de Caballito. Una alerta para repensar qué significa para las empresas la responsabilidad social.
La semana pasada dos causas judiciales sobresalieron entre las noticias. El martes 13 asambleístas del No a la Mina de Esquel asistieron, en un tribunal porteño, a una audiencia de conciliación con la corporación multinacional Meridian Gold. No hubo acuerdo. Es que la compañía demandó a seis de los asambleístas (dos de ellos periodistas) por difundir la grabación de una reunión privada en la que pergeniaba una campaña de lobby para revertir el plebiscito del 2003 en que la ciudadanía de Esquel dio un rotundo NO contra la extracción minera a cielo abierto con cianuro.
La Agencia La Vaca relató la lucha que, fundamentalmente desde 2003, lleva la comunidad esquelense contra los emprendimientos mineros potencialmente contaminantes. También dio un perfil detallado de los asesores de comunicación -ligados a las esferas de poder- con quienes se habían reunido responsables de Meridian Gold y publicó fragmentos de dicha reunión que constituyen el meollo de la demanda.
Los delitos en cuestión, según describieron La Vaca y Anred, tienen que ver con la "violación de secreto":
-conducta "contraria a los usos comerciales honestos" (Ley 24.766)
-apoderamiento indebido "de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado" (Art. 153 del Código Penal), que puede ser sancionado con "prisión de 15 días a seis meses".
La misma agencia de noticias también dialogó con Gustavo Macayo, uno de los vecinos demandados que pudo venir a la audiencia:
LV: -Resulta una paradoja que la demanda pretenda penalizar a quienes difundieron un plan secreto para manipular a la Asamblea.
GM: - No sólo a la Asamblea, sino a toda la población de Esquel. Si uno escucha las grabaciones se da cuenta de que no sólo quieren incidir en la gente sino además en todas las figuras políticas relevantes: diputados, senadores, jefes de partidos políticos, algunos funcionarios cercanos al gobernador y al Presidente, a los que son las líneas más cercanas al ejecutivo provincial y nacional.
Según IPS Noticias, Daniel Sabsay, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) justificó a los vecinos: "Se defienden como pueden de una estrategia de compra de voluntades". En 2005, FARN fue tercero en la causa iniciada para detener el proyecto minero y constató incumplimientos de la empresa en materia de evaluación de impacto ambiental y participación ciudadana. A pesar de eso, al parecer la estrategia de la empresa los incluía en una posible campaña para revertir la situación.
Mientras se desarrollaba la audiencia, en Esquel los vecinos hicieron un escrache a las oficinas de la minera: distribuyeron folletos informativos, colocaron banderas, protestaron creativamente contra la corrupción y transmiteron en radio abierta los audios que motivaron el litigio.
¿Tribunales para acallar las movilizaciones?
Para la socióloga Maristella Svampa, consultada por IPS Noticias, la vía judicial "es una nueva forma de desalentar la protesta y de aleccionar a los que se movilizan". Quizás así pensaron los responsables de la constructora Koad S.A. que demandó a dos vecinos del barrio porteño de Caballito "por daños y perjuicios".
La acción se basa en que las protestas vecinales "contra la construcción de dos torres de 34 pisos en una manzana de casas bajas, que ya sufre el colapso de los servicios públicos, como ya ha reconocido el Jefe de Gobierno de nuestra ciudad" perjudicaron el negocio de la demandante. Como si reclamar la edificación planificada con el correspondiente estudio de impacto ambiental fuese delito contra el progreso.
No obstante, los vecinos de Caballito no se "asustaron" y darán una conferencia de prensa este lunes luego de conocer en detalle la demanda. Por fortuna para ellos, el año electoral suma opiniones políticas en su defensa, como la de la Procuración de la Ciudad y del partido socialista que criticaron " la actitud de criminalizar a los vecinos por las protestas contra las torres".
La comunicación: responsabilidad social de las empresas
La Agencia La Vaca difundió un informe sobre la minera en Esquel realizado por Business for Social Responsibility, "una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a las empresas que la integran a alcanzar resultados exitosos respetando los valores éticos, las personas, comunidades y el medio ambiente".
En síntesis, la minera tuvo graves falencias para comunicar y responder eficientemente a las inquietudes de la comunidad local. Contradicciones, ambigüedades y silencios acrecentaron la incredulidad de la población hasta llegar al rechazo actual.
¿Acaso la situación no resulta familiar? ¿Cuánto de este estudio podría referirse a las constructoras de torres en la Ciudad de Buenos Aires? ¿No comparte similitudes con Botnia y la oposición de los asambleístas de Gualeguaychú? ¿Hasta dónde insistirán las empresas sin contar con la "licencia social"? ¿Acaso Botnia inaugurará su planta sin abrir diálogo con sus vecinos de este lado del río?
El cuidado del medio ambiente es la preocupación que despertó todos estos conflictos. No obstante, el peor de los riesgos que comparten no es la contaminación sino la degradación de la confianza. Sin ella, no existe futuro en común.
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