La lucha por la ley de Bosques Nativos se desata en el Senado

Las tres organizaciones ambientalistas más importantes con sede en la capital del país siguen unidas con un objetivo en común: lograr que se sancione la Ley de Bosques, que ya tiene media sanción de Diputados y debería ahora ser tratada en el Senado. En medio de un complejo panorama político, donde se discute el marco jurídico de la legislación, se juega la sustentabilidad de los ecosistemas y por ello es necesaria la participación ciudadana.

LA BATALLA POLÍTICA. En el Día del Medio Ambiente pasado, la ONG Greenpeace protestó con un relojazo en diversas legislaturas del país para "despertar a los senadores sonámbulos que durmen la Ley ". Pero ayer su director político Juan Carlos Villalonga aclaró la situación problemática: "En realidad, no es una siesta, es una batalla", una contienda política que incluye un proyecto derivado a seis comisiones de la Cámara alta para difultar su tratamiento, sumada a las presentaciones de tres proyectos "tapones" que legislarían sobre la misma temática.

El 29 de noviembre del año pasado se realizó la aprobación en general en la Cámara de Diputados de la Nación de la Ley de Presupuestos mínimos de Bosques nativos con el objetivo de "garantizar el aprovechamiento sustentable" y obligar a las provincias a realizar un ordenamiento territorial. Esto provocó la reacción de los intereses empresariales que se verían afectados por la norma, que retrasaron hasta el 14 de marzo la sanción en particular para que luego recién el debate se traslade al Senado.

En la actualidad, la iniciativa, que cuenta con el apoyo de diversas organizaciones ambientalistas y sociales, sufre el comportamiento corporativo de las empresas, representados por varios senadores de las provincias del norte argentino, en particular de Salta, Formosa y Misiones, que representarían el sector agrícola, ganadero y forestal. Para Greenpeace, el proyecto contrario más peligroso es el que apoya la FUNDESNOA, una "organización sin fines de lucros" que es, en realidad, una cámara empresaria formada por firmas como Minera del Altiplano, Ingenios Ledesma y Curtiembre Arlei.

"Durmiendo con el enemigo" fue el título de tapa de la edición número 16 de Argentina Año Verde, en la que se observan a los senadores soñando con un patrimonio verde de soja y dólares. En la misma publicación, el diputado Miguel Bonasso, autor del proyecto de ley, manifestó que "hay muchos que confunden federalismo con feudalismo" y aclaró que la normativa solo perjudica a "unos pocos monopólicos que no generan empleo. No puede entenderse una oposición falsa entre desarollo y ambientalismo".

EL MARCO JURÍDICO. Luego de la media sanción de los diputados, los senadores opositores a la ley argumentaron entre otras cosas que la ley invadiría las jurisdicciones provinciales. Por eso, Natalia Machain, coordinadora en Conservación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, explicó que "no es lo mismo el dominio que la competencia". Mientras el dominio marca que las provincias son dueñas de los recursos, la competencia puede corresponder a la autoridad nacional, ya que los presupuestos mínimos para la conservación de los bosques tienen una injerencia sobre todo el país.

Es por eso que la Argentina es una federacion, donde las provincias son autónomas pero no soberanas, principio que se reafirma en el artículo 41 de la Constitución y en la Ley General del Ambiente, que propone la protección uniforme de los bienes y servicios ambientales. Por otra parte, el otro sosten jurídico consiste en el cumplimiento de los compromisos internacionales de Argentina, a la vez que el presidente Néstor Kirchner mencionó la protección de los bosques como una de las medidas para mitigar el cambio climático.

UN PLAN SUSTENTABLE. Pablo Yapura de la Fundación Vida Silvestre Argentina denunció "un enfoque minero de la actividad forestal" que se demuestra en tres procesos que afectan a los bosques. Uno es la fragmentación, que implica la pérdida de continuidad del paisaje; otro la degradación, el debilatambiento por pérdida de biomasa, y el más grave, la deforestación, consistente en eliminar por completo el ecosistema del bosque, perdiendo así un bien que naturalmente es renovable.

Por eso, es necesario un manejo forestal sustentable, que permita gestionar las tierras de forma tal que se obtenga un flujo continuo de productos y servicios. Esto es lo que promovería la herramienta fundamental de la ley, el ordenamiento territorial, que no implica que no se puedan realizar actividades de usufructo del bosques, sino que apela a la racionalidad de las prácticas empresariales permitidas por el gobierno y detiene los desmontes realizados con topadoras.

Se sabe, la Argentina está perdiendo anualmente un valor aproximado a las 250 mil hectáreas anuales, pero lo peor es que el ritmo está creciendo, ya que el ritmo de deforestación aumentó un 1,35 por ciento entre 1998 y el 2002, cuando la tasa mundial solo llega al 0,23 por ciento. Los impactos son muchos y también conocidos, como la modificación de proceso hídrico regional con más peligros de inundaciones, los riesgos de contaminación por agroquímicos y un proceso importante que no es muy mencionado, la desertificación, que significa la inutilidad del suelo para albergar vida.

LA OPINIÓN PÚBLICA. Para que la ley sea sancionada y triunfe el interés general sobre el particular, es necesaria "la movilización popular", tal y como también lo expresó Bonasso. En este contexto, Greenpeace advierte que se está realizando una campaña de engaños a través de los medios provinciales, como lo es el caso ejemplar de El Tribuno de Salta, diario dirigido por Roberto Romero, el hermano del gobernador de la provincia, Juan Carlos Romero, del que la organización tuvo que defenderse de las acusaciones de mal manejo de los fondos en la reserva Pizarro.

Por ello, es también importante que los medios nacionales tomen con responsabilidad el tema, para no sobre exponer los intereses de las empresas que viven del desmonte, a costa muchas veces del desalojo de familias campesinas o indígenas de sus tierras. Como siempre, formar una oponión pública que tenga conciencia de las problemáticas ambientales y de lo que esto implica en problemáticas como las del cambio climático, es un paso fundamental para construir un futuro más justo y sustentable.

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