Los ambientalistas se unen para salvar los últimos bosques de la Argentina. Fundación Vida Silvestre había documentado que en Argentina se desmontan 250 mil hectáreas por año. Esta vez fue el turno de Greenpeace: le puso nombres a los biocidas, cinco importantes empresarios nacionales que estarían involucrados en estos negocios insostenibles, entre ellos Franco Macri y Eduardo Eurnekian. En la presentación estuvo presente el diputado Miguel Bonasso, quien impulsa un proyecto de ley que pretende declarar la emergencia forestal en el país.
"Un tarea casi detectivesca, durante la cual fue necesario recurrir a un amplio abanico de fuentes documentales para lograr esclarecer un crimen", así describió Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace, el trabajo de investigación que desarrolló la organización en el informe "Desmontes S.A." que presentó hoy en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo: "Ponerles nombre y apellido a algunos de los responsables y acusarlos públicamente del homicidio premeditado de los últimos bosques nativos argentinos".
Es que el biocidio ya es casi un genocidio donde corre sangre verde. Según cálculos basados en informes de la Secretaría de Ambiente de la Nación, solo queda el 25% de los bosques y selvas autóctonos. Si la tendencia continúa, el país pronto se quedará sin los bienes y servicios que ellos brindan, además de que la deforestación influye en el calentamiento global y en la regulación del ciclo del agua, lo que influye en gran medida en las inundaciones y sequías anormales que se registran en el norte del país, la región más afectada por la mano voraz de los agronegocios.
Juan Carlos Vilallonga, director político de la ONG, sintetizó la tragedia como "voracidad empresarial y decidia gubernamental". Un mismo modus operandi que se repite en las provincias del norte argentino, donde el monocultivo la soja transgénica de siembra directa y pesticidas asociados avanza sin control alguno, la mayoría de las veces con el visto bueno del las provincias. Si bien coinciden con el diagnóstico de Bonasso, para Greenpeace, "faltan acciones".
Por eso salieron a denunciar a famosos empresarios que cometen un delito, a veces, legal. Una acción fuera de toda ética ambiental y responsable con las futuras generaciones. Es el caso de Franco Macri, quien en la estancia El Yuto, que compró a fines de 1997, al mismo tiempo que obtenía la concesión del Correo Argentino, ya habría desmontado hasta la fecha 4.506 hectáreas. Lo hizo con permiso de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Salta. El Grupo Eurnekian no pudo esperar y realizó desmontes ilegales en el Chaco pero igual sigue operando en la provincia.
Los otros acusados son Víctor Gualtieri y las sociedades anónimas Liag y Madera dura del Norte. "En 10 años, solo cinco empresarios desmontaron una vez y media la superficie de la ciudad de Buenos Aires", informó un comunicado de la organización. Todos los proyectos están vinculados a "actividades orientadas a la siembra de soja y algodón, extracción de madera, ganadería y otras prácticas productivas incompatibles con el desarrollo sustentable y la preservación de los bosques".
También estuvo presente en la presentación Nelly Veliz, presidenta del MO.CA.SE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), quien dejó en claro la gran mentira de la soja que trae crecimiento económico y aumento de la calidad de vida. En su provincia, las familias que por tres generaciones viven en los montes sufren ahora la presión de intereses empresariales, vinculados a sectores del Estado, que ven en sus tierras la oportunidad del negocio. Como ellos dicen, la soja avanza a punta de pistola.
La deforestación fue una de las principales problemáticas que las organizaciones colocaron en la agenda ambiental nacional. Sin embargo, el gobierno nacional, que declaró que el medio ambiente sería un asunto de Estado, no hizo nada hasta la fecha para detener los desmontes. Si la palabra del presidente Néstor Kirchner se cumple, sería de esperar que el proyecto de Bonasso pueda aprobarse en lo que resta del año legislativo. Para que no perdamos los pocos bosques que nos quedan.
TEMAS: Bosques , Agricultura , Cambio climático , Tercer Sector , Encuentros, Congresos, etc.
"Un tarea casi detectivesca, durante la cual fue necesario recurrir a un amplio abanico de fuentes documentales para lograr esclarecer un crimen", así describió Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace, el trabajo de investigación que desarrolló la organización en el informe "Desmontes S.A." que presentó hoy en la ciudad de Buenos Aires. El objetivo: "Ponerles nombre y apellido a algunos de los responsables y acusarlos públicamente del homicidio premeditado de los últimos bosques nativos argentinos".
Es que el biocidio ya es casi un genocidio donde corre sangre verde. Según cálculos basados en informes de la Secretaría de Ambiente de la Nación, solo queda el 25% de los bosques y selvas autóctonos. Si la tendencia continúa, el país pronto se quedará sin los bienes y servicios que ellos brindan, además de que la deforestación influye en el calentamiento global y en la regulación del ciclo del agua, lo que influye en gran medida en las inundaciones y sequías anormales que se registran en el norte del país, la región más afectada por la mano voraz de los agronegocios.
Juan Carlos Vilallonga, director político de la ONG, sintetizó la tragedia como "voracidad empresarial y decidia gubernamental". Un mismo modus operandi que se repite en las provincias del norte argentino, donde el monocultivo la soja transgénica de siembra directa y pesticidas asociados avanza sin control alguno, la mayoría de las veces con el visto bueno del las provincias. Si bien coinciden con el diagnóstico de Bonasso, para Greenpeace, "faltan acciones".
Por eso salieron a denunciar a famosos empresarios que cometen un delito, a veces, legal. Una acción fuera de toda ética ambiental y responsable con las futuras generaciones. Es el caso de Franco Macri, quien en la estancia El Yuto, que compró a fines de 1997, al mismo tiempo que obtenía la concesión del Correo Argentino, ya habría desmontado hasta la fecha 4.506 hectáreas. Lo hizo con permiso de la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Salta. El Grupo Eurnekian no pudo esperar y realizó desmontes ilegales en el Chaco pero igual sigue operando en la provincia.
Los otros acusados son Víctor Gualtieri y las sociedades anónimas Liag y Madera dura del Norte. "En 10 años, solo cinco empresarios desmontaron una vez y media la superficie de la ciudad de Buenos Aires", informó un comunicado de la organización. Todos los proyectos están vinculados a "actividades orientadas a la siembra de soja y algodón, extracción de madera, ganadería y otras prácticas productivas incompatibles con el desarrollo sustentable y la preservación de los bosques".
También estuvo presente en la presentación Nelly Veliz, presidenta del MO.CA.SE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), quien dejó en claro la gran mentira de la soja que trae crecimiento económico y aumento de la calidad de vida. En su provincia, las familias que por tres generaciones viven en los montes sufren ahora la presión de intereses empresariales, vinculados a sectores del Estado, que ven en sus tierras la oportunidad del negocio. Como ellos dicen, la soja avanza a punta de pistola.
La deforestación fue una de las principales problemáticas que las organizaciones colocaron en la agenda ambiental nacional. Sin embargo, el gobierno nacional, que declaró que el medio ambiente sería un asunto de Estado, no hizo nada hasta la fecha para detener los desmontes. Si la palabra del presidente Néstor Kirchner se cumple, sería de esperar que el proyecto de Bonasso pueda aprobarse en lo que resta del año legislativo. Para que no perdamos los pocos bosques que nos quedan.
TEMAS: Bosques , Agricultura , Cambio climático , Tercer Sector , Encuentros, Congresos, etc.
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