El miércoles pasado comenzó una nueva audiencia en la Corte Suprema de Justicia por el Plan de Saneamiento de la cuenca del Matanza - Riachuelo. Pero esa, quizá, no fue la noticia más importante, el mismo día un grupo de ONGs lanzó publicamente el "Espacio Matanza- Riachuelo" (EMR): "Una red de organizaciones no gubernamentales, apartidaria y sin fines de lucro, constituida para articular la participación y el control ciudadano en torno al saneamiento de la Cuenca ", para lograr el consenso que se necesita más allá de los gobiernos.Por otra parte, el martes, en el programa "Otro Tema" de Santo Biasatti en Todo Noticias se transmitió una emisión especial titulada "Más de 2 millones de personas en riesgo". Allí, Alejandro Rossi, director ejecutivo del Plan de Saneamiento dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente, tuvo que defenderse de la inacción, como la lenta implementación de la Autoridad de Cuenca, denunciada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las asociaciones civiles presentes.
Autoridad. "Estamos hablando de un comité que no empezó", se quejó Alfredo Alberti, presidente de la Asociación de Vecinos de la Boca, quien agradeció la difusión del tema a Biasatti y fue el más duro en contra de la Nación. Pero no fue el único, el ministro de Medio Ambiente porteño Manuel Velasco, después de la denuncia de inconstitucionalidad presentada hace una semana por la supuesta verticalidad de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), insistió con que todavía no se convocó ninguna reunión del organismo, aunque luego en Noticias Urbanas desistió de presentarse en forma separada en la presentación ante la Corte.
"Es inminente la firma del decreto", se defendió Rossi, y de hecho ya se designaron los representantes de los ministerios nacionales de Desarrollo Social, Economía y Planificación para que se terminara de constituir la ACUMAR, que había sido sancionada con fuerza de ley el año pasado, con las ratificaciones de Provincia y Ciudad. En el mismo sentido, el 17 de julio, fecha de la primera reunión, avanzaría el diálogo para consensuar una normativa que penalice el vertido de afluentes a la cuenca por parte de las empresas.
Audiencia. Días atrás se conoció una pericia crítica de especialistas de la UBA acerca del plan de saneamiento, y ese fue el motivo principal para que la Corte Suprema convocara a la tercera audiencia pública. En ella la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, defendió la iniciativa oficial e intentó convencer a los jueces de que se está trabajando en minimizar los perjuicios sobre la salud de la población afectada y que se realizaron 1.500 inspecciones a empresas de la zona, reacias a colaborar con el gobierno, para avanzar con los estudios de impacto ambiental y con el proyecto de los seguros ambientales obligatorios.
La funcionaria dijo también que es imposible comprometer un presupuesto por 10 años ya que las partidas estatales se realizan anualmente y deben ser aprobadas por la Legislatura. Estos montos son importantes para la elaboración del sistema de cloacas que lleva años de atraso y que, según el informe de la UBA, es una causa importante de la contaminación, sobre el que Mario Ferdkin, asesor de infraestructura, aseguró que la reciente empresa estatal Aguas y Saneamientos de Argentina se encargará de terminar las obras en seis años.
Información. Andrés Napoli, director de Participación Ciudadana de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) que representa también a Greenpeace y el CELS ante la Corte, insitió en la importancia de que la Autoridad garantice el acceso a la información pública, que hasta ahora se cumple solo en las instancias judiciales. “De las preguntas formuladas por la Corte quedó claramente expuesta la ausencia de mecanismos de participación e información así como claridad respecto del cronograma de obras, saneamiento de la cuenca, presupuesto y pautas para que la sociedad pueda controlar la gestión del saneamiento”, evaluó el especialista.
"Hay un problema de comunicación, nos seguimos enterando tarde y mal", había protestado también Aliberti en Otro Tema, y destacó que tiene mucha prensa la limpieza de las margenes pero que no se habla de las causas como así también que "no creo que pueda ser un plan si no sabemos cuántas son las empresas" que contaminan la cuenca, que estarían entre 3 y 15 mil. Desde el gobierno se defendieron: "Hay plan", aseguró Rossi y aclaró que todo es perfectible, por eso tal vez los 150 inspectores que declaró en televisión se convirtieron en 250 en la presentación de Picolotti en la Corte.
Participación. Parece ser en que existe consenso en que el consenso es lo más importante, y así lo dijo Picolotti en la audiencia, explicando qué puede asegurar el cumplimiento del Plan: "Para que no dependa de cada funcionario de turno, lo esencial es que sea defendido por la sociedad civil". Para ello, Velasco también había pedido por la creación del Consejo Consultivo de ONGs complementario a la ACUMAR, y en esto parece haber tomado la iniciativa la sociedad civil, una vez más, como con el inicio de la causa por los vecinos de Dock Sud que dio origen al interés de la Corte.
Así, el Espacio Matanza- Riachuelo está conformado por la FARN, Asociación de Vecinos de la Boca, CELS, Fundación Ciudad, Fundación Metropolitana, y Poder Ciudadano, de la que su agencia Infocívica informó que "el EMR apunta a constituirse en un ámbito nacional de deliberación y acción pública que, desde la sociedad civil, funcione como un espacio común de debate y de difusión de la problemática ambiental". Ya Nápoli había dicho en Otro Tema: "Tenemos consenso social para que esto sea sostenido en el tiempo", a lo que Biasatti agregó, ácido, que lo único que falta es el consenso político.
Imagen: Espacio Matanza Riachuelo
Comentarios