Hoy se celebra el Día Mundial del Agua con el slogan "El saneamiento importa" impulsado por la UNESCO para tomar conciencia y promover acciones referidas a la recolección y al tratamiento de los desechos urbanos e industriales. En este marco, resulta oportuno resaltar un fallo inédito en la provincia de Buenos Aires que reconoció la contaminación con cromo y plomo del agua de red que abastece a los municipios de San Martín, Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre.
El fallo. La causa se inició tras la aparición de numerosos vecinos enfermos y muertos por cáncer. Los exámenes médicos daban a entender que había cromo en el agua y la fuente de la contaminación, según dictaminó el Tribunal del Trabajo nº 1 de San Isidro, era una industria de cromado de metales en Munro, instalada por encima de un caño principal de AySA.
Ahora, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires debe "realizar un procedimiento inmediato de resanación del daño ambiental encontrado" y "un control exhaustivo a las empresas que se ocupan del control del agua por AySA S.A.". Todo esto "para prevenir la agravación de la contaminación detectada en lo sucesivo", según explicó en un comunicado la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) que trabajó en el caso.
Contaminados. Mariano Aguilar, director ejecutivo de AAdeAA, brindó más detalles a ComAmbiental de este fallo caratulado “Fundación Ecosur c/ municipalidad de Vicente López y otro s/Amparo”. Entre los enfermos y muertos por cáncer "se habla de muchas personas, más de 100, pero solo se sabrá cuando se efectúe un estudio epidemiológico y sanitario". Sin embargo, el riesgo alcanza al millón y medio de habitantes que recibe el suministro de agua potable en esa ala de la red de AySA.
La contaminación se originó por los efluentes de Diacrom S.A.I.C., una industria dedicada al cromado de metales en Munro, que "perforaron y erosionaron caños principales de la red de AySA". Con plazos claros y expeditivos, el fallo obliga a la Provincia a gestionar ante el Estado Nacional la realización inmediata de las obras necesarias y a iniciar acciones ante la Corte Suprema de Justicia si el gobierno federal no responde oportunamente.
Desde la AAdeAA agregaron que si la Provincia se viese imposibilitada de remediar el área contaminada, el gobierno de Scioli "deberá promover una acción judicial en la justicia ordinaria". De este modo, se buscará que la empresa "Diacrom S.A.I.C. sea condenada a indemnizar sustitutivamente al Fondo de Compensación Ambiental de conformidad con los artículos 28 y 34 de la ley nacional Nº 25.675".
Los otros actores. Según Aguilar, "AySA está en conocimiento desde hace mucho tiempo, y no ha logrado remediar aún la cuestión; la propuesta es hacer una nueva cañería en toda esta zona". Por su parte, "los Municipios afectados han sido notificados, pero no tenemos conocimiento de que hayan hecho algo hasta la fecha".
Sin la intención de generar pánico sino promover la acción, Aguilar hizo hincapié en que son los municipios los actores que deberían llevar adelante análisis toxicológicos completos. De esta manera, se podrá determinar con mayor exactitud cuál es el grado de contaminación al que están expuestos sus habitantes y qué medidas se pueden tomar para la prevención y la mitigación.
Ante situaciones como estas, expresó también que la mejor herramienta que tiene la ciudadanía es "reclamar en forma enérgica ya que el agua es parte de un derecho constitucional y, como se ve, ha sido violado insistentemente". Y recordó: "Los medios de control son la Defensoría del Pueblo, y la denuncia ante los Fiscales de Turno".
El fallo. La causa se inició tras la aparición de numerosos vecinos enfermos y muertos por cáncer. Los exámenes médicos daban a entender que había cromo en el agua y la fuente de la contaminación, según dictaminó el Tribunal del Trabajo nº 1 de San Isidro, era una industria de cromado de metales en Munro, instalada por encima de un caño principal de AySA.
Ahora, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires debe "realizar un procedimiento inmediato de resanación del daño ambiental encontrado" y "un control exhaustivo a las empresas que se ocupan del control del agua por AySA S.A.". Todo esto "para prevenir la agravación de la contaminación detectada en lo sucesivo", según explicó en un comunicado la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) que trabajó en el caso.
Contaminados. Mariano Aguilar, director ejecutivo de AAdeAA, brindó más detalles a ComAmbiental de este fallo caratulado “Fundación Ecosur c/ municipalidad de Vicente López y otro s/Amparo”. Entre los enfermos y muertos por cáncer "se habla de muchas personas, más de 100, pero solo se sabrá cuando se efectúe un estudio epidemiológico y sanitario". Sin embargo, el riesgo alcanza al millón y medio de habitantes que recibe el suministro de agua potable en esa ala de la red de AySA.
La contaminación se originó por los efluentes de Diacrom S.A.I.C., una industria dedicada al cromado de metales en Munro, que "perforaron y erosionaron caños principales de la red de AySA". Con plazos claros y expeditivos, el fallo obliga a la Provincia a gestionar ante el Estado Nacional la realización inmediata de las obras necesarias y a iniciar acciones ante la Corte Suprema de Justicia si el gobierno federal no responde oportunamente.
Desde la AAdeAA agregaron que si la Provincia se viese imposibilitada de remediar el área contaminada, el gobierno de Scioli "deberá promover una acción judicial en la justicia ordinaria". De este modo, se buscará que la empresa "Diacrom S.A.I.C. sea condenada a indemnizar sustitutivamente al Fondo de Compensación Ambiental de conformidad con los artículos 28 y 34 de la ley nacional Nº 25.675".
Los otros actores. Según Aguilar, "AySA está en conocimiento desde hace mucho tiempo, y no ha logrado remediar aún la cuestión; la propuesta es hacer una nueva cañería en toda esta zona". Por su parte, "los Municipios afectados han sido notificados, pero no tenemos conocimiento de que hayan hecho algo hasta la fecha".
Sin la intención de generar pánico sino promover la acción, Aguilar hizo hincapié en que son los municipios los actores que deberían llevar adelante análisis toxicológicos completos. De esta manera, se podrá determinar con mayor exactitud cuál es el grado de contaminación al que están expuestos sus habitantes y qué medidas se pueden tomar para la prevención y la mitigación.
Ante situaciones como estas, expresó también que la mejor herramienta que tiene la ciudadanía es "reclamar en forma enérgica ya que el agua es parte de un derecho constitucional y, como se ve, ha sido violado insistentemente". Y recordó: "Los medios de control son la Defensoría del Pueblo, y la denuncia ante los Fiscales de Turno".
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