Muchas veces suele escucharse que la comunicación y la publicidad son cuestiones superficiales que no hacen a lo trascendental de un proyecto. El caso de la implementación de la Ley de Basura Cero en la Ciudad de Buenos Aires demuestra sin lugar a dudas el error de dicha argumentación. Es más, un análisis sobre la política de gobierno de la gestión del PRO nos puede llevar a la conclusión de que la falta de información es una estrategia para no dar cumplimiento a lo que establece la norma que fue aprobada en noviembre de 2005.
Tal y como lo denunciaron hoy organizaciones sociales y ambientalistas, la cartera de Ambiente y Espacios Públicos culpa por el fracaso de la doble contenerización para la separación de residuos en origen a que los vecinos no comprendieron por sí mismos cuál era su función. Cabe entonces preguntarse si el gobierno intentó hacer una campaña seria de comunicación y educación ambientales. O, en el caso de que utilice el justificativo de que asumió hace seis meses, si controló la ejecusión de la reglamentación que compromete parte del presupuesto de las empresas recolectoras de residuos para la difusión de este dispositivo.
La doble contenerización no es un mal sistema, como quiere hacerlo ver el actual gobierno, colocándose de pronto en el lugar de experto en la temática ambiental. Todas las ciudades exitosas en planes de reciclaje están sustentadas en esta metodología que tiene como virtud, además de facilitar el trabajo de las cooperativas, el compromiso de la ciudadanía en la temática como último contralor de la gestión. Excepto que lo que se esté buscando sea justamente lo contrario.
Sostener que el gobierno no puede instumentar en la sociedad la separación en origen es reconocer que una cooperativa de cartoneros puede con su voluntad organizarse y planificar mejor que funcionarios con mayor disposición de recursos. Quizá sea esta consideración el impedimiento para facilitar el camino a que sean ellos mismos quienes puedan, con la transferencia correspondiente del Estado, llevar a cabo la concienciación de los vecinos.
En todo caso, queda comprobado que la comunicación es una herramienta imprescindible para la gestión ambiental de residuos sólidos urbanos. En el mismo sentido, las trabas al acceso a la información pública son un paso atrás para el cumplimiento de la ley y del derecho ambiental. El liderazgo de las ONGs es, en este sentido, fundamental para hacer cumplir la instancia de la participación ciudadana.
Desde el lado de la sociedad civil, quedan al menos dos caminos en este aspecto. El primero es seguir desde las bases realizando el trabajo de hormiga, sumar cada vez más vecinos a la separación en origen y a la defensa del reciclaje. El segundo, que es complementario, es realizar campañas de comunicación que pongan en evidencia el deber hasta ahora incumplido del gobierno. O, tal vez, las cucarachas, moscas y ratas sean las únicas que se manifiesten a favor de las nuevas medidas oficiales.
Quizás así los medios masivos tomen también conciencia de su rol social para poder no solo denunciar a la gestión de la Ciudad cuando corresponda, sino hacerse ellos mismos garantes de que la ciudadanía esté informada. Entonces sí, con una comunicación para la democracia, podrá existir una sociedad sustentable.
Tal y como lo denunciaron hoy organizaciones sociales y ambientalistas, la cartera de Ambiente y Espacios Públicos culpa por el fracaso de la doble contenerización para la separación de residuos en origen a que los vecinos no comprendieron por sí mismos cuál era su función. Cabe entonces preguntarse si el gobierno intentó hacer una campaña seria de comunicación y educación ambientales. O, en el caso de que utilice el justificativo de que asumió hace seis meses, si controló la ejecusión de la reglamentación que compromete parte del presupuesto de las empresas recolectoras de residuos para la difusión de este dispositivo.
La doble contenerización no es un mal sistema, como quiere hacerlo ver el actual gobierno, colocándose de pronto en el lugar de experto en la temática ambiental. Todas las ciudades exitosas en planes de reciclaje están sustentadas en esta metodología que tiene como virtud, además de facilitar el trabajo de las cooperativas, el compromiso de la ciudadanía en la temática como último contralor de la gestión. Excepto que lo que se esté buscando sea justamente lo contrario.
Sostener que el gobierno no puede instumentar en la sociedad la separación en origen es reconocer que una cooperativa de cartoneros puede con su voluntad organizarse y planificar mejor que funcionarios con mayor disposición de recursos. Quizá sea esta consideración el impedimiento para facilitar el camino a que sean ellos mismos quienes puedan, con la transferencia correspondiente del Estado, llevar a cabo la concienciación de los vecinos.
En todo caso, queda comprobado que la comunicación es una herramienta imprescindible para la gestión ambiental de residuos sólidos urbanos. En el mismo sentido, las trabas al acceso a la información pública son un paso atrás para el cumplimiento de la ley y del derecho ambiental. El liderazgo de las ONGs es, en este sentido, fundamental para hacer cumplir la instancia de la participación ciudadana.
Desde el lado de la sociedad civil, quedan al menos dos caminos en este aspecto. El primero es seguir desde las bases realizando el trabajo de hormiga, sumar cada vez más vecinos a la separación en origen y a la defensa del reciclaje. El segundo, que es complementario, es realizar campañas de comunicación que pongan en evidencia el deber hasta ahora incumplido del gobierno. O, tal vez, las cucarachas, moscas y ratas sean las únicas que se manifiesten a favor de las nuevas medidas oficiales.
Quizás así los medios masivos tomen también conciencia de su rol social para poder no solo denunciar a la gestión de la Ciudad cuando corresponda, sino hacerse ellos mismos garantes de que la ciudadanía esté informada. Entonces sí, con una comunicación para la democracia, podrá existir una sociedad sustentable.
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