Alberto Acosta, economista que fue ministro de Energía y Minas y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, estuvo en Buenos Aires participando en un seminario internacional sobre Alternativas latinoamericanas al Desarrollismo.
Contó en primera persona, cómo fue el proceso democrático de elaboración de la nueva Constitución Nacional ecuatoriana que por primera vez, establece y defiende explícitamente los derechos de la naturaleza. Al mismo tiempo se refirió a los desafíos que enfrenta el gobierno actual contra los fuertes intereses mineros y petroleros.
Comenzó con un raconto de la historia de Ecuador que suma 20 constituciones desde 1830, lo que demuestra la búsqueda de dicha nación por organizarse. Sin embargo, solo la última tuvo como novedad una amplia participación con mesas constituyentes en todo el país, la inclusión de las mujeres y también de los ecuatorianos residentes en el extranjero.
"La Constitución es el documento jurídico más político y el documento político más jurídico", defendió Acosta. Por ello, agregó que establecer allí que la naturaleza es sujeto de derechos la transforma en "un documento del buen vivir", siguiendo la cosmovisión de los pueblos originarios andinos.
Según definió otra de las disertantes, Filomena Nina Huarcacho de Bolivia, el buen vivir en la concepción aymara es la forma de vivir bien en un determinado tiempo y lugar, de modo que la vida siempre depende de su contexto. Para graficarlo, mostró un dibujo precolombino que representa a la familia andina donde las estrellas, los animales, la tierra, las semillas, las vertientes y los alimentos son parte del hogar.
"La naturaleza también siente. Todos son seres vivos: las plantas, la lluvia, los ríos. Conversamos con ellos. Y ellos también sienten bronca, sienten hambre y se enojan", recordó Filomena.
Los derechos de la naturaleza. El capítulo séptimo de la constitución ecuatoriana es explícito:
¿Qué pasa en los hechos? Acosta ya no pertenece a la gestión del presidente Rafael Correa y la critica. "Hay recelo gubernamental: el gobierno se asusta de lo que él mismo ayudó a generar y entonces invita a la gran minería, fomenta una ley de soberanía alimentaria muy tímida y Correa está cada vez más distanciado de las comunidades que inicialmente lo apoyaban".
Esta semana, comunidades indígenas se manifestaron contra el proyecto de Ley de Aguas porque encontraron textos "privatizadores" y consideran que sus reclamos son "excluidos del debate", conforme reproducen distintos medios.
Similar es la repercusión de la Ley de Minería -que no se debatió-, por la que desde el año pasado diferentes organizaciones sociales presentaron demandas judiciales para declararla inconstitucional.
Ante este panorama, Acosta insiste en "que el proceso de construcción democrático sea para obtener frutos democráticos". Una prueba en marcha es la decisión del gobierno nacional de conservar en el subsuelo un yacimiento petrolífero que representa el 20% de sus reservas de hidrocarburos. La iniciativa surgió desde la sociedad civil, preocupada porque la explotación destruiría Yasuní, una región de gran biodiversidad que alberga a comunidades indígenas en aislamiento voluntario.
Como contrapartida, el gobierno ecuatoriano impulsa la creación de un fondo de 3.500 millones de dólares provisto por los países ricos en concepto de co-responsabilidad por la biodiversidad preservada y las emisiones de carbono mitigadas. La intención es alcanzar un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 22 de abril en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se celebrará en Cochabamba, Bolivia.
En tanto, hay otros proyectos petroleros que se ubican en zonas aledañas a Yasuní y que aguardan su aprobación oficial. Queda un largo trecho para que la problemática se resuelva pero sienta un importante precedente y la sociedad ecuatoriana está movilizada.
Contó en primera persona, cómo fue el proceso democrático de elaboración de la nueva Constitución Nacional ecuatoriana que por primera vez, establece y defiende explícitamente los derechos de la naturaleza. Al mismo tiempo se refirió a los desafíos que enfrenta el gobierno actual contra los fuertes intereses mineros y petroleros.
Comenzó con un raconto de la historia de Ecuador que suma 20 constituciones desde 1830, lo que demuestra la búsqueda de dicha nación por organizarse. Sin embargo, solo la última tuvo como novedad una amplia participación con mesas constituyentes en todo el país, la inclusión de las mujeres y también de los ecuatorianos residentes en el extranjero.
"La Constitución es el documento jurídico más político y el documento político más jurídico", defendió Acosta. Por ello, agregó que establecer allí que la naturaleza es sujeto de derechos la transforma en "un documento del buen vivir", siguiendo la cosmovisión de los pueblos originarios andinos.
Según definió otra de las disertantes, Filomena Nina Huarcacho de Bolivia, el buen vivir en la concepción aymara es la forma de vivir bien en un determinado tiempo y lugar, de modo que la vida siempre depende de su contexto. Para graficarlo, mostró un dibujo precolombino que representa a la familia andina donde las estrellas, los animales, la tierra, las semillas, las vertientes y los alimentos son parte del hogar.
"La naturaleza también siente. Todos son seres vivos: las plantas, la lluvia, los ríos. Conversamos con ellos. Y ellos también sienten bronca, sienten hambre y se enojan", recordó Filomena.
Los derechos de la naturaleza. El capítulo séptimo de la constitución ecuatoriana es explícito:
- "La naturaleza o Pacha Mama tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales". Esto comprende el poder de exigir a la autoridad pública su cumplimiento y la responsabilidad del Estado de incentivar la educación ambiental.
- El Estado establece los mecanismos más eficaces para alcanzar, por un lado, la restauración ante el daño causado y, por el otro, las medidas de restricción para las actividades perjudiciales al ambiente.
- "Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional".
- "Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado".
¿Qué pasa en los hechos? Acosta ya no pertenece a la gestión del presidente Rafael Correa y la critica. "Hay recelo gubernamental: el gobierno se asusta de lo que él mismo ayudó a generar y entonces invita a la gran minería, fomenta una ley de soberanía alimentaria muy tímida y Correa está cada vez más distanciado de las comunidades que inicialmente lo apoyaban".
Esta semana, comunidades indígenas se manifestaron contra el proyecto de Ley de Aguas porque encontraron textos "privatizadores" y consideran que sus reclamos son "excluidos del debate", conforme reproducen distintos medios.
Similar es la repercusión de la Ley de Minería -que no se debatió-, por la que desde el año pasado diferentes organizaciones sociales presentaron demandas judiciales para declararla inconstitucional.
Ante este panorama, Acosta insiste en "que el proceso de construcción democrático sea para obtener frutos democráticos". Una prueba en marcha es la decisión del gobierno nacional de conservar en el subsuelo un yacimiento petrolífero que representa el 20% de sus reservas de hidrocarburos. La iniciativa surgió desde la sociedad civil, preocupada porque la explotación destruiría Yasuní, una región de gran biodiversidad que alberga a comunidades indígenas en aislamiento voluntario.
Como contrapartida, el gobierno ecuatoriano impulsa la creación de un fondo de 3.500 millones de dólares provisto por los países ricos en concepto de co-responsabilidad por la biodiversidad preservada y las emisiones de carbono mitigadas. La intención es alcanzar un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 22 de abril en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que se celebrará en Cochabamba, Bolivia.
En tanto, hay otros proyectos petroleros que se ubican en zonas aledañas a Yasuní y que aguardan su aprobación oficial. Queda un largo trecho para que la problemática se resuelva pero sienta un importante precedente y la sociedad ecuatoriana está movilizada.
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