El presidente de ACUMAR, Homero Bibiloni, fue multado por el Juez Federal de primera instancia de Quilmes, Luis Arnella, por incumplimiento de cuatro de los objetivos dispuestos por la Corte Suprema de la Nación para el saneamiento de la Cuenca Matanza Riachuelo. Un comunicado emitido hoy por la Secretaría de Ambiente habla de "los avances de la gestión" pero elude torpemente la novedad judicial.
El fallo del 31 de agosto, establece la sanción de 1000 pesos diarios por cada mandato sin cumplir. Por lo que el también secretario de Ambiente deberá pagar una multa por 4000 pesos diarios de su propio patrimonio hasta tanto no cumpla con lo establecido por la Corte. La responsabilidad recae en Bibiloni aunque a partir de la fecha, se les da un plazo de 10 días al resto de las autoridades de ACUMAR: Diego Santilli (Ciudad de Buenos Aires), Alberto Perez, (Provincia de Buenos Aires), Raúl Felipe de Elizalde (presidente del CEAMSE) y los intendentes de los partidos que acabarcan la cuenca.
El por qué de una multa. En el fallo del 8 de julio de 2008 se exponen las metas a las que las autoridades de cuenca debían llegar. Los objetivos incumplidos por los que el presidente de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) fue multado son cuatro: Sistema internacional de medición, información pública, contaminación de origen industrial y saneamiento de basurales.
Repercusiones. Las ONGs se mostraron esperanzadas con la medida. En una entrevista que realizó La Nación en la edición del 1 de septiembre a Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace, éste expresó: "La aplicación de estas multas nos parece un paso decisivo para cortar la desidia que existe en la gestión de esa cuenca; esperamos que esta nueva medida impulse a nuestras máximas autoridades gubernamentales a tomar una real voluntad política para sanear de una vez por todas el Riachuelo".
Hasta el día ayer, Bibiloni no se mostró públicamente ni hizo declaraciones a la prensa sobre su sanción. Sin embargo hoy en la gacetilla oficial de la Secretaría de Ambiente, se informa que el presidente de ACUMAR, los 14 intendentes de los municipios de la cuenca y Daniel Scioli se reunieron en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para destacar los logros realizados por la autoridad de cuenca en el saneamiento del Riachuelo y detallar las tareas pendientes.
De la multa, ni noticias, no se menciona nada. En un artículo reciente, el periodista Sergio Elguezábal explicita lo evidente y notable, aquel "detalle" que "el comunicado de prensa omite con alevosía". Mientras tanto, tampoco desde el Poder Ejecutivo de la Nación salieron a dar mayores aclaraciones de un hecho grave, como que un secretario de Estado sea sancionado por no cumplir con su trabajo.
En el fallo judicial que sanciona al secretario de Ambiente, se expresa claramente el panorama: en materia de derecho ambiental, la buena voluntad no alcanza. Allí donde contaminación a veces se mezcla con corrupción, la judicialización del conflicto tampoco parece alcanzar para consolidar una verdadera política de Estado, como el comunicado de la Secretaría afirma. Son necesarias acciones concretas y por lo tanto es su deber como funcionario público cumplir con los mandatos que se le asignan.
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| Las autoridades se reúnen para discutir "avances" en el saneamiento. Fuente: SAyDS |
El fallo del 31 de agosto, establece la sanción de 1000 pesos diarios por cada mandato sin cumplir. Por lo que el también secretario de Ambiente deberá pagar una multa por 4000 pesos diarios de su propio patrimonio hasta tanto no cumpla con lo establecido por la Corte. La responsabilidad recae en Bibiloni aunque a partir de la fecha, se les da un plazo de 10 días al resto de las autoridades de ACUMAR: Diego Santilli (Ciudad de Buenos Aires), Alberto Perez, (Provincia de Buenos Aires), Raúl Felipe de Elizalde (presidente del CEAMSE) y los intendentes de los partidos que acabarcan la cuenca.
El por qué de una multa. En el fallo del 8 de julio de 2008 se exponen las metas a las que las autoridades de cuenca debían llegar. Los objetivos incumplidos por los que el presidente de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo) fue multado son cuatro: Sistema internacional de medición, información pública, contaminación de origen industrial y saneamiento de basurales.
Sistema internacional de medición. Se instó a la ACUMAR a establecer un sistema de indicadores de medición de cumplimiento de objetivos y la posterior publicación de un informe. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) consideró que las fichas metodológicas de indicadores presentadas no forman un sistema ya que no pueden dar cuenta del cumplimiento de la totalidad de las tareas a desarrolarse. A su vez, la falta de un sistema de medición, indica una escasa planificación de las acciones y una deficiente evaluación de lo hecho.
Información pública. En este punto la DPN observó que si bien el organismo planea mejoras en la información ofrecida en sus publicaciones, la misma es incompleta y desactualizada. Hoy el portal de la Asociación Argentina de Periodistas Ambientales realiza un análisis sobre este punto crucial para la gestión ambiental.
Contaminación de origen industrial. Hasta el momento, se está realizando un reempadronamiento de industrias para tener un nuevo registro de la cantidad existente en la cuenca. Pero a pesar de que hay 36 inspectores trabajando en el mismo y esto es algo positivo para la Defensoría, las irregularidades se advirtieron en las Declaraciones de Agente Contaminante y el posterior análisis de los Planes de Reconversión Industrial que las empresas deben presentar.
Sobre 5263 inspecciones realizadas, los establemientos declarados Agente Contaminante son 137 y se aprobaron 4 Planes de Reconversión. El resto de las empresas no presentaron los planes a término pero—según un informe presentado por ACUMAR el 24 de agosto—, se clausuraron sólo 10 establecimientos por este motivo.
Saneamiento de basurales. El organismo no ha concretado los proyectos para la formación de Centros de Residuos Sólidos Urbanos en toda la cuenca. Se le exige entonces la presentación de planes para el desarrollo de estos centros con detalle de las obras a realizar y datos precisos sobre la finalización de las mismas. Así también, se insta a la autoridad de cuenca a asegurar un efectivo sistema de recolección de residuos y la realización de un informe donde conste una descripción detallada de todos los basurales existentes a lo largo de la cuenca y su posterior fecha de erradicación.
Repercusiones. Las ONGs se mostraron esperanzadas con la medida. En una entrevista que realizó La Nación en la edición del 1 de septiembre a Martín Prieto, director ejecutivo de Greenpeace, éste expresó: "La aplicación de estas multas nos parece un paso decisivo para cortar la desidia que existe en la gestión de esa cuenca; esperamos que esta nueva medida impulse a nuestras máximas autoridades gubernamentales a tomar una real voluntad política para sanear de una vez por todas el Riachuelo".
Hasta el día ayer, Bibiloni no se mostró públicamente ni hizo declaraciones a la prensa sobre su sanción. Sin embargo hoy en la gacetilla oficial de la Secretaría de Ambiente, se informa que el presidente de ACUMAR, los 14 intendentes de los municipios de la cuenca y Daniel Scioli se reunieron en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para destacar los logros realizados por la autoridad de cuenca en el saneamiento del Riachuelo y detallar las tareas pendientes.
De la multa, ni noticias, no se menciona nada. En un artículo reciente, el periodista Sergio Elguezábal explicita lo evidente y notable, aquel "detalle" que "el comunicado de prensa omite con alevosía". Mientras tanto, tampoco desde el Poder Ejecutivo de la Nación salieron a dar mayores aclaraciones de un hecho grave, como que un secretario de Estado sea sancionado por no cumplir con su trabajo.
En el fallo judicial que sanciona al secretario de Ambiente, se expresa claramente el panorama: en materia de derecho ambiental, la buena voluntad no alcanza. Allí donde contaminación a veces se mezcla con corrupción, la judicialización del conflicto tampoco parece alcanzar para consolidar una verdadera política de Estado, como el comunicado de la Secretaría afirma. Son necesarias acciones concretas y por lo tanto es su deber como funcionario público cumplir con los mandatos que se le asignan.
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