El martes, la Jefatura de Gabinete pidió ante la Corte Suprema de Justicia que se suspendan las obras de construcción de la Represa Ayuí hasta que se analice el impacto ambiental que producirá. Se trata del proyecto de las empresas COPRA (de José Aranda, vicepresidente de Clarín) y ADECO (de George Soros) que pretende inundar 8.000 héctareas para regar otras 77.000 que se utilizarán para el cultivo de arroz en Corrientes.
Si bien se enmarca en la pelea del gobierno nacional contra el Grupo Clarín y toma relevancia por este motivo, la creación del Proyecto Productivo Ayuí Grande data del año 2005. Organizaciones como Salvemos al Iberá y Greenpeace, entre otras, vienen denunciando desde entonces que su concreción implicará la destrucción de gran parte de la biodiversidad de la provincia.
El por qué del atraso en la obra radica en un gran impedimento a los ojos de las arroceras: La Ley Nacional de Bosques. Por eso manifestaron la necesidad de un Plan de Reordenamiento de Bosques Nativos (PRBN) del que el gobierno de Corrientes se hizo eco.
Diversas ONGs exigieron que el Plan sea respetuoso de la Ley de Presupuestos mínimos sobre la protección de bosques nativos, sin embargo el PRBN que fue aprobado por decreto en 2009 por el entonces gobernador Arturo Colombi es funcional a la construcción de la represa.
Del decreto a la Ley provincial. En un comunicado de Greenpeace se explica que las arroceras buscan que en el PRBN, los bosques correntinos sean clasificados como de categoría III, es decir, como territorio sin riqueza suficiente para ser conservada. El decreto de Colombi, entonces, otorga permiso para su desmonte. Pero ante el recurso de amparo presentado por la Fundación Reserva del Iberá en los tribunales de Mercedes (localidad más próxima a la construcción de la represa), se declaró inconstitucional.
La nulidad del decreto, no iba a dejar de brazos cruzados a los interesados en el Proyecto Ayuí Grande: solicitaron que el PRBN funcional a sus objetivos se convierta en Ley. Es así que se aprueba en mayo de este año, la Ley Provincial 5974 por lo que la Fundación nuevamente tuvo que recurrir el 20 de agosto al Juzgado de Mercedes para pedir la inconstitucionalidad de la misma por no cumplir con los requisitos de la Ley Nacional de Bosques.
Los atajos hacia la represa. A pesar de los pedidos por parte de ONGs y del gobierno nacional, se inició la construcción de la obra. Fundavida informó a principios de octubre que se dio inicio a las obras de tendido eléctrico para las estaciones de bombeo de la represa.
El Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) otorgó a COPRA el permiso de utilización de aguas públicas argumentando que se cumplen los pasos técnicos, legales y administrativos. Apoyándose en el Código de Aguas de la Provincia, el organismo dictó cinco resoluciones que dan lugar a la construcción de la represa.
El 18 de octubre, el diario Corrientes Hoy publicó un artículo donde se advierte que al no haber aún una orden judicial que impida el inicio de las obras, las resoluciones fueron informadas por el ICAA a las Cámaras Legislativas. En dicha notificación se comunica que "Se autoriza al inicio de la construcción de la presa, previa comunicación de 30 días".
Asimismo, el períodico correntino reportó que el titular de la Asociación de Plantadores de Arroz de Corrientes, Cristian Jetter, calcula que se terminará de construir en un plazo de 12 a 18 meses
La lucha continúa. No sólo la Jefatura de Gobierno pidió la suspensión de las obras. Mientras se espera una respuesta por parte del juzgado de Mercedes y de la Corte Suprema de la Nación, se suman cada vez más actores al pedido de protección del Ayuí. La asamblea del Pueblo Correntino realizó una presentación ante el Defensor del Pueblo. Por su parte, la campaña Salvemos al Iberá organiza una movilización hacia la Casa de Gobierno de la capital correntina en repudio a la destrucción del ambiente de la provincia.
Ver también:
Corrientes en ebullición por el Ayui (11/8/08)
Solidaridad por el Ayui (7/8/08)
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| Sobrevuelo del patrimonio natural en riesgo. Fuente: Salvemos juntos el Ayuí |
Si bien se enmarca en la pelea del gobierno nacional contra el Grupo Clarín y toma relevancia por este motivo, la creación del Proyecto Productivo Ayuí Grande data del año 2005. Organizaciones como Salvemos al Iberá y Greenpeace, entre otras, vienen denunciando desde entonces que su concreción implicará la destrucción de gran parte de la biodiversidad de la provincia.
El por qué del atraso en la obra radica en un gran impedimento a los ojos de las arroceras: La Ley Nacional de Bosques. Por eso manifestaron la necesidad de un Plan de Reordenamiento de Bosques Nativos (PRBN) del que el gobierno de Corrientes se hizo eco.
Diversas ONGs exigieron que el Plan sea respetuoso de la Ley de Presupuestos mínimos sobre la protección de bosques nativos, sin embargo el PRBN que fue aprobado por decreto en 2009 por el entonces gobernador Arturo Colombi es funcional a la construcción de la represa.
Del decreto a la Ley provincial. En un comunicado de Greenpeace se explica que las arroceras buscan que en el PRBN, los bosques correntinos sean clasificados como de categoría III, es decir, como territorio sin riqueza suficiente para ser conservada. El decreto de Colombi, entonces, otorga permiso para su desmonte. Pero ante el recurso de amparo presentado por la Fundación Reserva del Iberá en los tribunales de Mercedes (localidad más próxima a la construcción de la represa), se declaró inconstitucional.
La nulidad del decreto, no iba a dejar de brazos cruzados a los interesados en el Proyecto Ayuí Grande: solicitaron que el PRBN funcional a sus objetivos se convierta en Ley. Es así que se aprueba en mayo de este año, la Ley Provincial 5974 por lo que la Fundación nuevamente tuvo que recurrir el 20 de agosto al Juzgado de Mercedes para pedir la inconstitucionalidad de la misma por no cumplir con los requisitos de la Ley Nacional de Bosques.
Los atajos hacia la represa. A pesar de los pedidos por parte de ONGs y del gobierno nacional, se inició la construcción de la obra. Fundavida informó a principios de octubre que se dio inicio a las obras de tendido eléctrico para las estaciones de bombeo de la represa.
El Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) otorgó a COPRA el permiso de utilización de aguas públicas argumentando que se cumplen los pasos técnicos, legales y administrativos. Apoyándose en el Código de Aguas de la Provincia, el organismo dictó cinco resoluciones que dan lugar a la construcción de la represa.
El 18 de octubre, el diario Corrientes Hoy publicó un artículo donde se advierte que al no haber aún una orden judicial que impida el inicio de las obras, las resoluciones fueron informadas por el ICAA a las Cámaras Legislativas. En dicha notificación se comunica que "Se autoriza al inicio de la construcción de la presa, previa comunicación de 30 días".
Asimismo, el períodico correntino reportó que el titular de la Asociación de Plantadores de Arroz de Corrientes, Cristian Jetter, calcula que se terminará de construir en un plazo de 12 a 18 meses
La lucha continúa. No sólo la Jefatura de Gobierno pidió la suspensión de las obras. Mientras se espera una respuesta por parte del juzgado de Mercedes y de la Corte Suprema de la Nación, se suman cada vez más actores al pedido de protección del Ayuí. La asamblea del Pueblo Correntino realizó una presentación ante el Defensor del Pueblo. Por su parte, la campaña Salvemos al Iberá organiza una movilización hacia la Casa de Gobierno de la capital correntina en repudio a la destrucción del ambiente de la provincia.
Ver también:
Corrientes en ebullición por el Ayui (11/8/08)
Solidaridad por el Ayui (7/8/08)
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