Más de 200 organizaciones ambientalistas y asambleas ciudadanas celebraron la sanción de la Ley de Protección de Glaciares que permite preservar una reserva de agua dulce de vital importancia, en especial para las poblaciones cordilleranas.
A diferencia de 2008, la norma sería promulgada por la Presidente de la Nación y las miradas siguen atentas en cómo se implementará la ley, cuyo primer paso es la reglamentación. Asimismo, legisladores nacionales auguraron que esta discusión abrió las puertas para debatir el modelo que encierra la mega-minería. De este modo, se inician estas dos vías de acción principales, luego de sancionada la Ley.
Los senadores nacionales Miguel Ángel Pichetto y Daniel Filmus anunciaron que la presidente Cristina Fernández de Kirchner promulgará la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares. Mientras Pichetto insistió en que la ley no se opone a la actividad minera sino que “es una protección mínima que el Congreso tiene que dar” para proteger el agua, Página 12 tituló hoy de boca de Filmus que el gobierno “no va a someterse a los intereses de las corporaciones” que intentarán judicializar sus demandas.
Del otro lado, la periodista Laura Rocha dio cuenta de la tranquilidad con que la multinacional Barrick Gold comunicó que puede “continuar normalmente sus actividades”. Incluso en el yacimiento binacional Pascua-Lama en la provincia de San Juan, al que varias organizaciones –entre ellas el Programa Chile Sustentable- le atribuyen la disminución de alrededor del 65% de los glaciares Toro I y Toro II durante la etapa inicial de exploración.
Los aplausos por la noticia no desviaron el foco de lo que Greenpeace y Conciencia Solidaria denominaron respectivamente “los mezquinos intereses mineros” o “el fuerte lobby minero”. En ese sentido, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) advirtió que “esta ley se halla sola y desamparada” y que “la lucha continuará” a través de la concientización y movilización social “para que nadie se olvide de aplicarla correctamente”.
En tanto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lamentó la eliminación del artículo 17 “que prohibía la autorización de nuevas actividades en áreas potencialmente protegidas por la ley hasta tanto se contara con el inventario finalizado y definidos los sistemas a proteger”. De todas formas entiende que la Ley General del Ambiente y los principios preventivo y precautorio del Derecho Ambiental cubren la falencia.
Las dos vías. En cuanto a la reglamentación, la misma deberá ser instrumentada por el Poder Ejecutivo, seguramente a través de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Funcionarios de este organismo estaban preocupados puesto que, según su visión, el problema del debate técnico sobre el concepto de "ambiente periglaciar" se trasladaría a su interior, amén de que deberán coordinar esta función con el IANIGLA (ver recuadro en esta nota).
Por otra parte, no son pocos los senadores, incluso oficialistas, que señalaron en la noche del debate que la Ley de Glaciares no era anti-minera, por lo que debería discutirse especificamente este tema. El diputado Pino Solanas fue el primero en recoger el guante vía twitter: "Tras la sanción de la leydeglaciares insistiremos con nuestro proyecto de prohibición de minería a cielo abierto". Hacía referencia a la Audiencia Pública convocada por su fuerza política días atrás (ver nota).
Ver también: "Dictadura mineral"
Glaciares: Ya es Ley, el Agua vale más que el Oro (30/9/2010)
Glaciares: Agua pura en peligro de extinción (30/8/2019)
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| Continua presencia de las organizaciones para proteger los glaciares. Fuente: www.glaciaresnosetocan.com.ar |
Los senadores nacionales Miguel Ángel Pichetto y Daniel Filmus anunciaron que la presidente Cristina Fernández de Kirchner promulgará la ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares. Mientras Pichetto insistió en que la ley no se opone a la actividad minera sino que “es una protección mínima que el Congreso tiene que dar” para proteger el agua, Página 12 tituló hoy de boca de Filmus que el gobierno “no va a someterse a los intereses de las corporaciones” que intentarán judicializar sus demandas.
Del otro lado, la periodista Laura Rocha dio cuenta de la tranquilidad con que la multinacional Barrick Gold comunicó que puede “continuar normalmente sus actividades”. Incluso en el yacimiento binacional Pascua-Lama en la provincia de San Juan, al que varias organizaciones –entre ellas el Programa Chile Sustentable- le atribuyen la disminución de alrededor del 65% de los glaciares Toro I y Toro II durante la etapa inicial de exploración.
Los aplausos por la noticia no desviaron el foco de lo que Greenpeace y Conciencia Solidaria denominaron respectivamente “los mezquinos intereses mineros” o “el fuerte lobby minero”. En ese sentido, la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) advirtió que “esta ley se halla sola y desamparada” y que “la lucha continuará” a través de la concientización y movilización social “para que nadie se olvide de aplicarla correctamente”.
En tanto, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) lamentó la eliminación del artículo 17 “que prohibía la autorización de nuevas actividades en áreas potencialmente protegidas por la ley hasta tanto se contara con el inventario finalizado y definidos los sistemas a proteger”. De todas formas entiende que la Ley General del Ambiente y los principios preventivo y precautorio del Derecho Ambiental cubren la falencia.
Las dos vías. En cuanto a la reglamentación, la misma deberá ser instrumentada por el Poder Ejecutivo, seguramente a través de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Funcionarios de este organismo estaban preocupados puesto que, según su visión, el problema del debate técnico sobre el concepto de "ambiente periglaciar" se trasladaría a su interior, amén de que deberán coordinar esta función con el IANIGLA (ver recuadro en esta nota).
Por otra parte, no son pocos los senadores, incluso oficialistas, que señalaron en la noche del debate que la Ley de Glaciares no era anti-minera, por lo que debería discutirse especificamente este tema. El diputado Pino Solanas fue el primero en recoger el guante vía twitter: "Tras la sanción de la leydeglaciares insistiremos con nuestro proyecto de prohibición de minería a cielo abierto". Hacía referencia a la Audiencia Pública convocada por su fuerza política días atrás (ver nota).
Las limitaciones de la técnica. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) tiene un papel esencial para el cumplimiento de la ley. Su director Ricardo Villalba hizo conocer, sin embargo, que los recursos con que cuenta son limitados para realizar el inventario tal como está estipulado. Semanas atrás sugirió a ComAmbiental “la idea de coordinar con otras instituciones nacionales, fundamentalmente con universidades e instituciones provinciales como las direcciones hidráulicas”.
Por ejemplo, en el caso de San Juan, Villalba explicó: “entiendo que el doctor Milana de la Universidad de San Juan realizó ya un primer inventario de la provincia; seguramente la idea es coordinar con él el desarrollo del inventario y ver si es necesario la participación de IANIGLA allí o si bien la información que ya ha generado el doctor Milana es suficiente para tomar las medidas de protección necesarias que la ley requiere”.
En este punto, hubo quienes criticaron la centralización en el IANIGLA y solicitaron mayor participación de las instituciones provinciales en reconocimiento y defensa del conocimiento autónomo local. Por el contrario, los argumentos opuestos sostuvieron que el IANIGLA puede darle respaldo del CONICET frente a la desconfianza por posible connivencia con los gobernantes locales.
Ver también: "Dictadura mineral"
Glaciares: Ya es Ley, el Agua vale más que el Oro (30/9/2010)
Glaciares: Agua pura en peligro de extinción (30/8/2019)
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