La Corte Suprema de Justicia de La Nación decidió ayer suspender por 3 meses la construcción de la represa sobre el arroyo Ayuí hasta tanto no se evalúe el impacto que producirá en el ecosistema correntino. Fue a pedido del Gobierno Nacional, que lo enmarcó dentro de las acciones de cooperación con Uruguay posteriores al conflicto por las pasteras.
La semana pasada, la agrupación "Salvemos al Iberá" había organizado una marcha en la capital de Corrientes para pedir por la detención del emprendimiento Ayuí Grande, así como la prohibición de otras arroceras ilegales y la demolición del terraplén en los esteros. Por su parte, la Fundación Iberá se mostró satisfecha con la noticia, calificando la decisión judicial como "predecible, prudente y justa".
El 26 de octubre la Jefatura de Gobierno de la Nación presentó un recurso de amparo solicitando la interrupción del Proyecto Ayuí Grande para analizar su viabilidad. Su fundamento fue que cualquier modificación al Río Uruguay violaría su Estatuto, generando una responsabilidad internacional ante el país vecino. La decisión judicial se da en momentos en que se encontrarían trabadas las negociaciones por el monitoreo a la pastera de Fray Bentos.
El análisis de impacto ambiental y posterior informe estará a cargo de la Comisión de Administradora del Río Uruguay (CARU), que es el organismo de cuenca internacional, es decir que tal como el caso de la papelera Botnia, el problema sobrepasa las fronteras del país. Así lo había destacado en su momento el canciller argentino Héctor Timerman.
Pero no sólo el Tratado del Río Uruguay (firmado en 1975) es lo que se violaría en caso de que el Proyecto Ayuí Grande tenga impactos ambientales negativos sino también la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos. En ese sentido, también se había pronunciado en su momento el diputado Miguel Bonasso, autor de la normativa a nivel nacional.
La Corte le exigió también a la Provincia de Corrientes que informe sobre el inicio de las obras, con lo que la provincia contestó que el mismo aún no tiene fecha. La contestación es contradictoria ya que a principios de octubre, circuló en los medios el comienzo del tendido eléctrico para las estaciones de bombeo y que se estimaba que en 1 año y medio la represa estaría terminada.
El fallo de la Corte establece que también se suspenden las autorizaciones para uso de agua pública que emitió el Instituto Correntino de Agua y Ambiente (ICAA) mediante cinco resoluciones. El organismo provincial negó que la represa vaya a alterar el curso del Río Uruguay y sostuvo que el Proyecto no causará problemas ambientales "en aras de un interés privado".
Sin embargo, esto último suena paradójico ya que Ayuí Grande es un proyecto de las empresas privadas COPRA y ADECO por lo que se estaría construyendo una represa no para generar energía hidroeléctrica para el país sino para regar una plantación arrocera. El conflicto se inscribe, además, en la disputa del Gobierno con el Grupo Clarín, ya que COPRA está vinculada con el vicepresidente del multimedios.
Según publicó hoy El Litoral, el coordinador de la campaña “Salvemos al Iberá”, Emilio Spataro, expresó que la resolución de la Corte Suprema de Justicia “va en sintonía con lo que veníamos reclamando desde el ambientalismo; esto significa que la Corte necesita cerciorarse del impacto ambiental que provocaría la represa y que la información presentada por el Gobierno de Corrientes no es rigurosa y profunda”. La situación ambiental de la provincia tiene varios frentes en un ecosistema precioso como el Iberá.
Ver también:
Ayuí, los caminos del conflicto, los atajos hacia la destrucción de bosques. 30/10/2010
Corrientes en ebullición por el Ayuí 11/8/2008
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| Afiche de la campaña "Salvemos al Iberá". |
La semana pasada, la agrupación "Salvemos al Iberá" había organizado una marcha en la capital de Corrientes para pedir por la detención del emprendimiento Ayuí Grande, así como la prohibición de otras arroceras ilegales y la demolición del terraplén en los esteros. Por su parte, la Fundación Iberá se mostró satisfecha con la noticia, calificando la decisión judicial como "predecible, prudente y justa".
El 26 de octubre la Jefatura de Gobierno de la Nación presentó un recurso de amparo solicitando la interrupción del Proyecto Ayuí Grande para analizar su viabilidad. Su fundamento fue que cualquier modificación al Río Uruguay violaría su Estatuto, generando una responsabilidad internacional ante el país vecino. La decisión judicial se da en momentos en que se encontrarían trabadas las negociaciones por el monitoreo a la pastera de Fray Bentos.
El análisis de impacto ambiental y posterior informe estará a cargo de la Comisión de Administradora del Río Uruguay (CARU), que es el organismo de cuenca internacional, es decir que tal como el caso de la papelera Botnia, el problema sobrepasa las fronteras del país. Así lo había destacado en su momento el canciller argentino Héctor Timerman.
Pero no sólo el Tratado del Río Uruguay (firmado en 1975) es lo que se violaría en caso de que el Proyecto Ayuí Grande tenga impactos ambientales negativos sino también la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos. En ese sentido, también se había pronunciado en su momento el diputado Miguel Bonasso, autor de la normativa a nivel nacional.
La Corte le exigió también a la Provincia de Corrientes que informe sobre el inicio de las obras, con lo que la provincia contestó que el mismo aún no tiene fecha. La contestación es contradictoria ya que a principios de octubre, circuló en los medios el comienzo del tendido eléctrico para las estaciones de bombeo y que se estimaba que en 1 año y medio la represa estaría terminada.
El fallo de la Corte establece que también se suspenden las autorizaciones para uso de agua pública que emitió el Instituto Correntino de Agua y Ambiente (ICAA) mediante cinco resoluciones. El organismo provincial negó que la represa vaya a alterar el curso del Río Uruguay y sostuvo que el Proyecto no causará problemas ambientales "en aras de un interés privado".
Sin embargo, esto último suena paradójico ya que Ayuí Grande es un proyecto de las empresas privadas COPRA y ADECO por lo que se estaría construyendo una represa no para generar energía hidroeléctrica para el país sino para regar una plantación arrocera. El conflicto se inscribe, además, en la disputa del Gobierno con el Grupo Clarín, ya que COPRA está vinculada con el vicepresidente del multimedios.
Según publicó hoy El Litoral, el coordinador de la campaña “Salvemos al Iberá”, Emilio Spataro, expresó que la resolución de la Corte Suprema de Justicia “va en sintonía con lo que veníamos reclamando desde el ambientalismo; esto significa que la Corte necesita cerciorarse del impacto ambiental que provocaría la represa y que la información presentada por el Gobierno de Corrientes no es rigurosa y profunda”. La situación ambiental de la provincia tiene varios frentes en un ecosistema precioso como el Iberá.
Ver también:
Ayuí, los caminos del conflicto, los atajos hacia la destrucción de bosques. 30/10/2010
Corrientes en ebullición por el Ayuí 11/8/2008
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