El Juzgado Federal de Quilmes intimó a los funcionarios de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a relocalizar a más de 12.000 familias que conforman unas 38 villas sobre las márgenes del río.
Para ello, las distintas autoridades de la Provincia y de la Ciudad de Buenos Aires tendrán que mancomunar esfuerzo. Si no cumplen con los plazos establecidos serán personalmente multados.
Tal como informamos ayer en La Guirnalda, por FM La Tribu, el juez Luis Armella aceptó el cronograma que presentó la ACUMAR para reubicar las viviendas que están a la vera del río, considerando además las observaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El objetivo es trazar la “línea de sirga” que es un camino público de 35 metros hasta la orilla donde no se puede construir ni deteriorar el terreno. En algunos casos la municipalidad puede modificar ese ancho pero no puede ser menos de 15 metros.
Por el mismo motivo, semanas atras, el Juez Armella ordenó desalojar cuatro empresas que impedían el paso con sus intalaciones sobre el río.
Río compartido. La resolución judicial además exhortó al Gobierno de la Ciudad a que cese sus políticas aisladas y trabaje en forma conjunta, y a los intendentes de la cuenca a que arbitren los medios para que no se construyan nuevos asentamientos en la zona en cuestión. Todas las acciones tendrán que ser debidamente publicadas de fácil acceso para la ciudadanía.
Si las medidas no se concretan dentro de los plazos estipulados, los funcionarios responsables serán personalmente multados. En ese sentido hay un antecedente. El mismo juez, a principios de septiembre multó por cada día de incumplimiento a Homero Bibiloni, Secretario de Ambiente de la Nación y Presidente de ACUMAR. Si bien no se aclara cuánto será la multa esta vez, recordemos que Bibiloni tuvo que pagar 4.000 pesos de su bolsillo.
En tanto, la ministra de Infraestructura de la provincia se comprometió a adquirir tierras donde se construirán las nuevas viviendas y el Ministro de Desarrollo Social está en gestión con los intendentes.
El tema es complejo porque requiere de la implementación de un sistema claro de medición, un mecanismo de información pública y políticas comprometidas para detener y sanear la contaminación de origen industrial y domiciliaria.
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| Fuente: Diario La Ciudad de Avellaneda |
Tal como informamos ayer en La Guirnalda, por FM La Tribu, el juez Luis Armella aceptó el cronograma que presentó la ACUMAR para reubicar las viviendas que están a la vera del río, considerando además las observaciones realizadas por la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El objetivo es trazar la “línea de sirga” que es un camino público de 35 metros hasta la orilla donde no se puede construir ni deteriorar el terreno. En algunos casos la municipalidad puede modificar ese ancho pero no puede ser menos de 15 metros.
Por el mismo motivo, semanas atras, el Juez Armella ordenó desalojar cuatro empresas que impedían el paso con sus intalaciones sobre el río.
Río compartido. La resolución judicial además exhortó al Gobierno de la Ciudad a que cese sus políticas aisladas y trabaje en forma conjunta, y a los intendentes de la cuenca a que arbitren los medios para que no se construyan nuevos asentamientos en la zona en cuestión. Todas las acciones tendrán que ser debidamente publicadas de fácil acceso para la ciudadanía.
Si las medidas no se concretan dentro de los plazos estipulados, los funcionarios responsables serán personalmente multados. En ese sentido hay un antecedente. El mismo juez, a principios de septiembre multó por cada día de incumplimiento a Homero Bibiloni, Secretario de Ambiente de la Nación y Presidente de ACUMAR. Si bien no se aclara cuánto será la multa esta vez, recordemos que Bibiloni tuvo que pagar 4.000 pesos de su bolsillo.
En tanto, la ministra de Infraestructura de la provincia se comprometió a adquirir tierras donde se construirán las nuevas viviendas y el Ministro de Desarrollo Social está en gestión con los intendentes.
El tema es complejo porque requiere de la implementación de un sistema claro de medición, un mecanismo de información pública y políticas comprometidas para detener y sanear la contaminación de origen industrial y domiciliaria.
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