En conmemoración del 3 de Diciembre, día mundial sin plaguicidas, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires realizó ayer una Jornada de Agroecología para debatir sobre los impactos ambientales y sanitarios asociados a las pulverizaciones, y sus posibles soluciones.
"El agroquímico es el eslabón donde más se miente", aquejó Claudio Lowy, quien aboga junto a otras organizaciones sociales a que se reconsidere la toxicidad de dichas sustancias y se restrinja su aplicación cerca de poblaciones o fuentes de agua. Con esa frase también dejó entrever que, como la punta de un iceberg, la discusión tiene aristas más profundas.
En los últimos diez años, el aumento de nacimientos con malformaciones, abortos espontáneos, enfermedades cancerígenas, alergias o afecciones respiratorias o neurológicas crónicas alertaron a comunidades rurales y médicos que sospechan de los agroquímicos como el glisfosato. Uno de los casos más resonantes es el del barrio cordobés Ituzaingó Anexo, difundido en ComAmbiental en 2006.
La preocupación redunda en que la utilización de plaguicidas “creció en 14 años casi un 1.000 por ciento” y que las personas expuestas suman 12 millones de habitantes, según se expresó en el Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados realizado en la Universidad Nacional de Córdoba en agosto.
Al respecto, la diputada Cecilia Merchán (Proyecto Sur) habló del proyecto de ley que impulsa para prohibir la fumigación en “una franja de seguridad de 4.000 metros para la aplicación aérea y 1.000 metros para la terrestre”. Dichas zonas servirían de amortiguación y podrían aprovecharse en propuestas agroecológicas.
En base a una audiencia pública realizada en el Congreso Nacional, el objetivo es proteger las zonas donde hay casas, escuelas, centros de salud, lugares de trabajo y de recreación y también ríos, arroyos y tanques de agua.
Claudio Lowy, ingeniero forestal especialista en desarrollo humano sustentable, explicó que otra parte del problema está en que la clasificación internacional de los agroquímicos es parcial. Para medir su toxicidad se utiliza el criterio DL50: realizan pruebas en animales de laboratorio y se considera peligrosa aquella sustancia que en dosis suficiente puede matar a la mitad de la muestra en 24 horas.
Para que se incluyan los daños "subletales, agudos y crónicos" que pueden causar en la salud humana, sobre todo ante exposiciones repetidas, Lowy inició una campaña y logró que la Defensoría del Pueblo de la Nación recomiende al Ministerio de Agricultura nacional la recategorización de los agroquímicos con estos criterios. “La medida es inédita en el mundo” destacó el ingeniero, porque pone al descubierto las falencias de la propia Organización Mundial de la Salud.
A la espera de una respuesta del Ministerio de Agricultura, Silvia Ferreyra, asesora de la diputada Merchán, indicó la necesidad de que el Ministerio de Salud también se involucre ya que por decreto 21/2009 tiene a su cargo una Comisión Nacional para investigar, prevenir y asistir a los intoxicados con agroquímicos en todo el país.
Alternativas. Recientemente la ONU propuso eliminar paulatinamente el endosulfán, un Contaminante Orgánico Persistente (COP) ampliamente utilizado en los campos argentinos como insecticida. Aunque Brasil, Paraguay y Uruguay ya se expresaron a favor, la agroindustria estaría presionando para que la Argentina vote en contra de su reemplazo.
Medidas como esas atienden a tomar conciencia sobre otra cuestión: ¿cuál es el impacto de la combinación de diferentes agroquímicos que se aplican simultáneamente o se mezclan en el ambiente? En ese sentido, los médicos de pueblos fumigados solicitaron prohibir el uso de todo plaguicida de máxima peligrosidad, “poner en cuestionamiento el actual modelo de producción agroindustrial y transgénico y buscar sistemas que permitan la integración social y cultural y la defensa y reproducción de las condiciones ecológicas de nuestro medio ambiente”.
El investigador Javier Souza Casadinho de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina expuso que la Agroecología en sus diversas corrientes –biodinámica, indígena, permacultura, natural, orgánica- ofrece una solución. Según escribió Eduardo Gudynas es incluso la alternativa “mejor preparada” como mecanismo de adaptación y mitigación al cambio climático.
Sin embargo, Lowy advirtió que aún “la agroecología no es vista como una alternativa productiva”, sino que aparece como una propuesta de pequeña escala, imposible de aplicar a nivel nacional. En efecto, un ingeniero agrónomo rebatió que “prohibir los agroquímicos sería un salto al vacío, frente al desafío de alimentar a una población mundial creciente".
Souza Casadinho aclaró que el cambio debe abarcar políticas públicas integrales en distintos aspectos: fiscales, educativos, tecnológicos, organizacionales y de comercialización. A su vez, en términos agronómicos, propuso una transición que incluya el “manejo integrado de plagas, la sustitución de insumos, una adecuada nutrición del suelo y manejo de la diversidad y el rediseño predial” conforme a las condiciones socioambientales del lugar.
Los disertantes coincidieron en que no hay un modelo nacional que se pueda emular si no que las respuestas están por escribirse y que los movimientos campesinos, indígenas y agroecológicos tendrán un papel clave.
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| Imagen: Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina |
"El agroquímico es el eslabón donde más se miente", aquejó Claudio Lowy, quien aboga junto a otras organizaciones sociales a que se reconsidere la toxicidad de dichas sustancias y se restrinja su aplicación cerca de poblaciones o fuentes de agua. Con esa frase también dejó entrever que, como la punta de un iceberg, la discusión tiene aristas más profundas.
En los últimos diez años, el aumento de nacimientos con malformaciones, abortos espontáneos, enfermedades cancerígenas, alergias o afecciones respiratorias o neurológicas crónicas alertaron a comunidades rurales y médicos que sospechan de los agroquímicos como el glisfosato. Uno de los casos más resonantes es el del barrio cordobés Ituzaingó Anexo, difundido en ComAmbiental en 2006.
La preocupación redunda en que la utilización de plaguicidas “creció en 14 años casi un 1.000 por ciento” y que las personas expuestas suman 12 millones de habitantes, según se expresó en el Primer Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados realizado en la Universidad Nacional de Córdoba en agosto.
Al respecto, la diputada Cecilia Merchán (Proyecto Sur) habló del proyecto de ley que impulsa para prohibir la fumigación en “una franja de seguridad de 4.000 metros para la aplicación aérea y 1.000 metros para la terrestre”. Dichas zonas servirían de amortiguación y podrían aprovecharse en propuestas agroecológicas.
En base a una audiencia pública realizada en el Congreso Nacional, el objetivo es proteger las zonas donde hay casas, escuelas, centros de salud, lugares de trabajo y de recreación y también ríos, arroyos y tanques de agua.
Claudio Lowy, ingeniero forestal especialista en desarrollo humano sustentable, explicó que otra parte del problema está en que la clasificación internacional de los agroquímicos es parcial. Para medir su toxicidad se utiliza el criterio DL50: realizan pruebas en animales de laboratorio y se considera peligrosa aquella sustancia que en dosis suficiente puede matar a la mitad de la muestra en 24 horas.
Para que se incluyan los daños "subletales, agudos y crónicos" que pueden causar en la salud humana, sobre todo ante exposiciones repetidas, Lowy inició una campaña y logró que la Defensoría del Pueblo de la Nación recomiende al Ministerio de Agricultura nacional la recategorización de los agroquímicos con estos criterios. “La medida es inédita en el mundo” destacó el ingeniero, porque pone al descubierto las falencias de la propia Organización Mundial de la Salud.
A la espera de una respuesta del Ministerio de Agricultura, Silvia Ferreyra, asesora de la diputada Merchán, indicó la necesidad de que el Ministerio de Salud también se involucre ya que por decreto 21/2009 tiene a su cargo una Comisión Nacional para investigar, prevenir y asistir a los intoxicados con agroquímicos en todo el país.
Alternativas. Recientemente la ONU propuso eliminar paulatinamente el endosulfán, un Contaminante Orgánico Persistente (COP) ampliamente utilizado en los campos argentinos como insecticida. Aunque Brasil, Paraguay y Uruguay ya se expresaron a favor, la agroindustria estaría presionando para que la Argentina vote en contra de su reemplazo.
Medidas como esas atienden a tomar conciencia sobre otra cuestión: ¿cuál es el impacto de la combinación de diferentes agroquímicos que se aplican simultáneamente o se mezclan en el ambiente? En ese sentido, los médicos de pueblos fumigados solicitaron prohibir el uso de todo plaguicida de máxima peligrosidad, “poner en cuestionamiento el actual modelo de producción agroindustrial y transgénico y buscar sistemas que permitan la integración social y cultural y la defensa y reproducción de las condiciones ecológicas de nuestro medio ambiente”.
El investigador Javier Souza Casadinho de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina expuso que la Agroecología en sus diversas corrientes –biodinámica, indígena, permacultura, natural, orgánica- ofrece una solución. Según escribió Eduardo Gudynas es incluso la alternativa “mejor preparada” como mecanismo de adaptación y mitigación al cambio climático.
Sin embargo, Lowy advirtió que aún “la agroecología no es vista como una alternativa productiva”, sino que aparece como una propuesta de pequeña escala, imposible de aplicar a nivel nacional. En efecto, un ingeniero agrónomo rebatió que “prohibir los agroquímicos sería un salto al vacío, frente al desafío de alimentar a una población mundial creciente".
Souza Casadinho aclaró que el cambio debe abarcar políticas públicas integrales en distintos aspectos: fiscales, educativos, tecnológicos, organizacionales y de comercialización. A su vez, en términos agronómicos, propuso una transición que incluya el “manejo integrado de plagas, la sustitución de insumos, una adecuada nutrición del suelo y manejo de la diversidad y el rediseño predial” conforme a las condiciones socioambientales del lugar.
Los disertantes coincidieron en que no hay un modelo nacional que se pueda emular si no que las respuestas están por escribirse y que los movimientos campesinos, indígenas y agroecológicos tendrán un papel clave.
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