El coordinador de la organización "Salvemos al Iberá", Emilio Spataro, contó en conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de la Nación cuál es el trasfondo de su detención ocurrida a mediados de este mes en Corrientes.
Aseguró que la intención era aleccionar. "El mensaje fue que el gobierno provincial no va a tolerar ningún tipo de protesta” -según explicó- en defensa de un modelo que viola la legislación correntina, contamina, expulsa a los productores pequeños y medianos y hace un uso extractivo del agua. Es decir, el cultivo de arroz transgénico con agrotóxicos, que también se desarrolla en Chaco, según contó (ver Nota del día).
Por un lado, Spataro reconoció el apoyo de Libres del Sur de Corrientes y del intendente de Carlos Pellegrini que pertenece al partido provincial Liberal. También la diputada Maria Inés Mansutti (Justicialista), presidenta de la Comisión de Ecología de la Cámara- solicitó que se sancione a la arrocera Zampedri-Zambón que opera a pesar de estar clausurada desde 2009.
Sin embargo, “tanto desde la Cámara de Diputados como de Senadores, nosotros hemos promovido pedidos de informe al Ejecutivo provincial de por qué no estaba clausurada pero nunca respondió”. La diputada nacional Victoria Donda aclaró que la realidad política correntina es compleja, dado que “el gobernador Colombi [de la Unión Cívica Radical] tiene mayoría en ambas cámaras y es aliado al gobierno nacional".
Asimismo, Emilio expuso las relaciones de poder. “Zampedri y Zambón son socios de COPRA y ADECO en el Ayuí en la comercialización del arroz al exterior; integran la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) que está en contra de la legislación ambiental y el ambientalismo”. Recordamos que COPRA es la empresa vinculada al Grupo Clarín, que salió a la luz en el caso Ayuí.
Una vez más repitió que no están en contra de la actividad arrocera sino, por ejemplo, de las 10 arroceras denunciadas que funcionan dentro de la Reserva del Iberá. Una de ellas –la de mayor conflictividad, según dijo Spataro- pertenece a la senadora nacional Josefina Meabe (Partido Liberal) que paradójicamente integra la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y agregó que el abogado que defendió a varias arroceras ilegales “es el actual Director de Recursos Legales del Ministerio de Producción”.
¿La ganancia? Spataro desarrolló que según ACPA "el sector genera 1.200 millones de pesos pero lo que evidencia es que no es una economía que derrame riqueza en la provincia, porque en los últimos años, las innovaciones tecnológicas introducidas y el ingreso de empresas como COPRA en el Ayuí han generado la desaparición de los pequeños y medianos productores arroceros, históricos de la provincia de Corrientes".
Para graficarlo, dijo que "los mismos datos hablan de que en los ‘80 había 600 productores y la arrocera promedio tenía 200 o 300 hectáreas; hoy hay menos de 90 productores y las arroceras tienen alrededor de 1.500 hectáreas y son arrendatarias".
El abogado Andrés Nápoli de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) recordó que los Esteros del Iberá constituyen un área protegida que está en manos privadas en un 70% aproximadamente, por lo cual "el gobierno de Corrientes tiene que cumplir con la ley a través del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) y su tarea de contralor".
Pero por el contrario, Nápoli denunció la connivencia del gobierno provincial frente al caso de "Forestal Andina -por ejemplo- que construyó el terraplén de casi 30 kilómetros que corta al medio el Iberá" y sigue intacto a pesar de que "16 jueces, incluida la Corte Suprema de Justicia de La Nación, han dicho que hay que demolerlo". Otra muestra está en el visto bueno del ICAA al proyecto Ayuí Grande calificado como "la mayor represa arrocera en Corrientes" y que afectará al corredor verde que comunica los ecosistemas del Iberá y el Río Uruguay.
En ese contexto, la diputada Donda ratificó su compromiso de llevar adelante un proyecto de Ley para que el agua sea declarado un derecho humano. De esta forma, se busca "tratar de impedir no solo la interrupción de un curso de agua dulce por un emprendimiento no autorizado y cuyo impacto ambiental no fue evaluado, sino también limitar la extranjerización de la tierra y por consiguiente la pérdida de agua natural que está debajo de esa tierra".
Lejos del amedrentamiento, Spataro informó que después de la detención volvieron a protestar de manera creativa y pacífica en la Colonia Pellegrini y prometió más movilizaciones, en tanto persistan estas irregularidades, en coordinación con asambleas ambientalistas que están surgiendo en toda la provincia.
Ver también:
ComAmbiental: "Corrientes: Preso por defender el Iberá" (24/4/2011).
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| Habló Spataro junto a la diputada Victoria Donda. Foto: ComAmbiental. |
Por un lado, Spataro reconoció el apoyo de Libres del Sur de Corrientes y del intendente de Carlos Pellegrini que pertenece al partido provincial Liberal. También la diputada Maria Inés Mansutti (Justicialista), presidenta de la Comisión de Ecología de la Cámara- solicitó que se sancione a la arrocera Zampedri-Zambón que opera a pesar de estar clausurada desde 2009.
Sin embargo, “tanto desde la Cámara de Diputados como de Senadores, nosotros hemos promovido pedidos de informe al Ejecutivo provincial de por qué no estaba clausurada pero nunca respondió”. La diputada nacional Victoria Donda aclaró que la realidad política correntina es compleja, dado que “el gobernador Colombi [de la Unión Cívica Radical] tiene mayoría en ambas cámaras y es aliado al gobierno nacional".
Asimismo, Emilio expuso las relaciones de poder. “Zampedri y Zambón son socios de COPRA y ADECO en el Ayuí en la comercialización del arroz al exterior; integran la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (ACPA) que está en contra de la legislación ambiental y el ambientalismo”. Recordamos que COPRA es la empresa vinculada al Grupo Clarín, que salió a la luz en el caso Ayuí.
Una vez más repitió que no están en contra de la actividad arrocera sino, por ejemplo, de las 10 arroceras denunciadas que funcionan dentro de la Reserva del Iberá. Una de ellas –la de mayor conflictividad, según dijo Spataro- pertenece a la senadora nacional Josefina Meabe (Partido Liberal) que paradójicamente integra la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y agregó que el abogado que defendió a varias arroceras ilegales “es el actual Director de Recursos Legales del Ministerio de Producción”.
¿La ganancia? Spataro desarrolló que según ACPA "el sector genera 1.200 millones de pesos pero lo que evidencia es que no es una economía que derrame riqueza en la provincia, porque en los últimos años, las innovaciones tecnológicas introducidas y el ingreso de empresas como COPRA en el Ayuí han generado la desaparición de los pequeños y medianos productores arroceros, históricos de la provincia de Corrientes".
Para graficarlo, dijo que "los mismos datos hablan de que en los ‘80 había 600 productores y la arrocera promedio tenía 200 o 300 hectáreas; hoy hay menos de 90 productores y las arroceras tienen alrededor de 1.500 hectáreas y son arrendatarias".
El abogado Andrés Nápoli de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) recordó que los Esteros del Iberá constituyen un área protegida que está en manos privadas en un 70% aproximadamente, por lo cual "el gobierno de Corrientes tiene que cumplir con la ley a través del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) y su tarea de contralor".
Pero por el contrario, Nápoli denunció la connivencia del gobierno provincial frente al caso de "Forestal Andina -por ejemplo- que construyó el terraplén de casi 30 kilómetros que corta al medio el Iberá" y sigue intacto a pesar de que "16 jueces, incluida la Corte Suprema de Justicia de La Nación, han dicho que hay que demolerlo". Otra muestra está en el visto bueno del ICAA al proyecto Ayuí Grande calificado como "la mayor represa arrocera en Corrientes" y que afectará al corredor verde que comunica los ecosistemas del Iberá y el Río Uruguay.
En ese contexto, la diputada Donda ratificó su compromiso de llevar adelante un proyecto de Ley para que el agua sea declarado un derecho humano. De esta forma, se busca "tratar de impedir no solo la interrupción de un curso de agua dulce por un emprendimiento no autorizado y cuyo impacto ambiental no fue evaluado, sino también limitar la extranjerización de la tierra y por consiguiente la pérdida de agua natural que está debajo de esa tierra".
Lejos del amedrentamiento, Spataro informó que después de la detención volvieron a protestar de manera creativa y pacífica en la Colonia Pellegrini y prometió más movilizaciones, en tanto persistan estas irregularidades, en coordinación con asambleas ambientalistas que están surgiendo en toda la provincia.
Ver también:
ComAmbiental: "Corrientes: Preso por defender el Iberá" (24/4/2011).
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