Emilio Spataro, coordinador de la Campaña "Salvemos al Ibera", estuvo detenido durante tres días por denunciar el accionar de una arrocera ilegal. ComAmbiental habló con él y su abogada sobre la criminalización de las protestas ambientales por parte del gobierno provincial y sus intereses asociados a la actividad agroexportadora.
Con el lema "Debemos proteger el agua en nuestro país, no reprimir a quienes la defienden", mañana se realizará, a las 16hs en la Sala José Luis Cabezas de la Cámara de Diputados, una conferencia convocada por la diputada Victoria Donda en repudio de la detención de 14 activistas de la organización "Salvemos al Iberá", el pasado 13 de abril. Aquí, adelantamos los testimonios para explicar una lucha en donde está en juego el modelo económico y qué se entiende por la "legalidad" en Corrientes.
La "libre circulación". Luego de la detención, el gobernador Ricardo Colombi habló con los medios locales para expresar su argumento: "sostengo que no hay que llevar la protección ecológica al extremo, porque atenta contra la actividad productiva de la provincia", declaró. A su vez, manifestó que se debe garantizar el derecho a la libre circulación.
"La imputación hace una referencia implícita a las protestas, a los cortes de camino. Pero no hubo comisión de delito, primero porque no estaban despiertos y segundo estaban al costado del camino", respondió la abogada, Patricia Mc Cormack, del municipio de Carlos Pellegrini. Y agregó: "Es ilógico lo que hizo el gobernador porque el viernes, empleados de la administración pública del Instituto de Vivienda, cortaron cerca de la Casa de Gobierno y no había ni un policía".
Emilio Spataro también tiene sus sospechas hacia el gobernador: "Todo hace pensar que el gobernador mandó la orden, primero porque no hubo orden judicial de desalojo sino que la policía actua de oficio. Segundo, porque el gobernador salió a hacer declaraciones a favor de nuestra detención, con un posicionamiento muy fuerte".
Para el coordinador de Salvemos al Iberá: "Esto claramente se entiende en una escalada en la cual venimos denunciando irregularidades en el otorgamiento de permisos para la actividad arrocera y el funcionamiento de arroceras ilegales. Nosotros nos movilizamos constantemente por el Ayuí y eso venía generando un nivel de confrontación con el gobierno provincial bastante grande".
La falacia "sistema productivo vs medio ambiente". Como es habitual en los conflictos de este tipo, se apela a la excusa del crecimiento productivo para arrasar con el ecosistema y justificar la represión hacia los ambientalistas. "No será, al menos en breve, una provincia automotriz, ni generadora de energía nuclear, tenemos que defender las actividades que generan recursos y trabajo a los correntinos" fueron las declaraciones de Colombi que reprodujo el diario Momarandu.
Días antes de la detención de los ambientalistas, "Salvemos al Iberá" emitió un comunicado manifestándose en contra de la postura "productivista" de Colombi, quien afirmó en una reunión de productores agropecuarios que el futuro de Corrientes se basa en la actividad arrocera.
"Este año aumentó la superficie sembrada de arroz en 20 mil hectáreas (según datos del ACPA) comparado con el ciclo 2009- 2010, generando una cosecha extraordinaria que colocó a Corrientes nuevamente a la vanguardia de la producción de arroz en la Argentina, pero ¿esto modificó la calidad de vida de los correntinos? ¿Se redujo la pobreza y la desocupación? Los mismos datos oficiales de Entes Gubernamentales demuestran que no", dice el mensaje de la organización.
A los ambientalistas se los acusa de obstaculizar el desarrollo de la actividad arrocera, pero Mc Cormack aclara: "Nos preocupan las arroceras que están en el corazón del Iberá. Porque hay una realidad: esto no es una lucha contra la Asociación de trabajadores de arroz. El 90% de los trabajadores de arroz, trabaja de manera legal y correcta. Tanto que el pequeño como el mediano productor pero hay un sector minoritario que tiene un gran caudal económico, que tiene mucho peso policial y político que son los que están trabajando de manera ilegal y que de alguna manera salpican al resto de la producción."
Los intereses del gobierno provincial hacia la actividad arrocera son claros: su ministro de producción, Jorge Vara, fue el titular de la Asociación de Plantadores de Arroz de Corrientes. Él se mostró ansioso ante la caducidad del plazo establecido por la Corte Suprema para presentar objeciones al proyecto Ayuí. Si bien dijo al programa radial correntino "Otra mañana" que no se autorizará la obra hasta tener el visto bueno, Colombi en la mencionada reunión con productores agropecuarios declaró que "sería un desastre para la provincia que la Corte Suprema Nacional no autorice la construcción de la represa Ayuí".
Zampedri Zambón. La arrocera es una de las 10 que están dentro de los Esteros del Iberá y no cuentan con autorización. El conflicto comenzó en el año 2006: vecinos de la ciudad de Carlos Pellegrini emprendieron averiguaciones al crecer la preocupación sobre el crecimiento de la actividad. El Municipio de Pellegrini es el que empieza a investigar sobre la existencia de fumigaciones aéreas y los productos utilizados.
A su vez, se le solicitó al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) y al Ministerio de Producción información sobre la presentación de estudios de impacto ambiental. Los organismos notificaron que no había estudios hechos y que por lo tanto no tenía ningún tipo de autorización. Es así que el Municipio realizó una acción legal que logró la clausura de Zampedri Zambón pero, con el correr del tiempo, siguió funcionando.
"Logramos documentar que las fumigaciones existían. Esto estaba contaminando el agua, cada vez que pedíamos que se hicieran tomas de agua en las lagunas y ríos, el Instituto venía muchos meses después cuando ya había toda una circulación del producto entonces daba negativo y las pruebas que presentábamos con el positivo no eran aceptadas", aclara Mc Cormack
Y sigue: "Lo importante es que en la causa judicial, al estar clausurada, la justicia dice que ya no hay más nada que clausurar. De una manera formal, declaran abstracta la demanda. Yo presento un recurso porque acredito que la arrocera sigue trabajando". "En este momento estamos esperando que el Máximo Superior Tribunal de Justicia de la provincia responda", expresó.
EDITADO: Domingo 24 de enero.
 |
| Cultivo del arroz en Corrientes. Foto: INTA |
La "libre circulación". Luego de la detención, el gobernador Ricardo Colombi habló con los medios locales para expresar su argumento: "sostengo que no hay que llevar la protección ecológica al extremo, porque atenta contra la actividad productiva de la provincia", declaró. A su vez, manifestó que se debe garantizar el derecho a la libre circulación.
"La imputación hace una referencia implícita a las protestas, a los cortes de camino. Pero no hubo comisión de delito, primero porque no estaban despiertos y segundo estaban al costado del camino", respondió la abogada, Patricia Mc Cormack, del municipio de Carlos Pellegrini. Y agregó: "Es ilógico lo que hizo el gobernador porque el viernes, empleados de la administración pública del Instituto de Vivienda, cortaron cerca de la Casa de Gobierno y no había ni un policía".
Emilio Spataro también tiene sus sospechas hacia el gobernador: "Todo hace pensar que el gobernador mandó la orden, primero porque no hubo orden judicial de desalojo sino que la policía actua de oficio. Segundo, porque el gobernador salió a hacer declaraciones a favor de nuestra detención, con un posicionamiento muy fuerte".
Para el coordinador de Salvemos al Iberá: "Esto claramente se entiende en una escalada en la cual venimos denunciando irregularidades en el otorgamiento de permisos para la actividad arrocera y el funcionamiento de arroceras ilegales. Nosotros nos movilizamos constantemente por el Ayuí y eso venía generando un nivel de confrontación con el gobierno provincial bastante grande".
La falacia "sistema productivo vs medio ambiente". Como es habitual en los conflictos de este tipo, se apela a la excusa del crecimiento productivo para arrasar con el ecosistema y justificar la represión hacia los ambientalistas. "No será, al menos en breve, una provincia automotriz, ni generadora de energía nuclear, tenemos que defender las actividades que generan recursos y trabajo a los correntinos" fueron las declaraciones de Colombi que reprodujo el diario Momarandu.
Días antes de la detención de los ambientalistas, "Salvemos al Iberá" emitió un comunicado manifestándose en contra de la postura "productivista" de Colombi, quien afirmó en una reunión de productores agropecuarios que el futuro de Corrientes se basa en la actividad arrocera.
"Este año aumentó la superficie sembrada de arroz en 20 mil hectáreas (según datos del ACPA) comparado con el ciclo 2009- 2010, generando una cosecha extraordinaria que colocó a Corrientes nuevamente a la vanguardia de la producción de arroz en la Argentina, pero ¿esto modificó la calidad de vida de los correntinos? ¿Se redujo la pobreza y la desocupación? Los mismos datos oficiales de Entes Gubernamentales demuestran que no", dice el mensaje de la organización.
A los ambientalistas se los acusa de obstaculizar el desarrollo de la actividad arrocera, pero Mc Cormack aclara: "Nos preocupan las arroceras que están en el corazón del Iberá. Porque hay una realidad: esto no es una lucha contra la Asociación de trabajadores de arroz. El 90% de los trabajadores de arroz, trabaja de manera legal y correcta. Tanto que el pequeño como el mediano productor pero hay un sector minoritario que tiene un gran caudal económico, que tiene mucho peso policial y político que son los que están trabajando de manera ilegal y que de alguna manera salpican al resto de la producción."
Los intereses del gobierno provincial hacia la actividad arrocera son claros: su ministro de producción, Jorge Vara, fue el titular de la Asociación de Plantadores de Arroz de Corrientes. Él se mostró ansioso ante la caducidad del plazo establecido por la Corte Suprema para presentar objeciones al proyecto Ayuí. Si bien dijo al programa radial correntino "Otra mañana" que no se autorizará la obra hasta tener el visto bueno, Colombi en la mencionada reunión con productores agropecuarios declaró que "sería un desastre para la provincia que la Corte Suprema Nacional no autorice la construcción de la represa Ayuí".
Zampedri Zambón. La arrocera es una de las 10 que están dentro de los Esteros del Iberá y no cuentan con autorización. El conflicto comenzó en el año 2006: vecinos de la ciudad de Carlos Pellegrini emprendieron averiguaciones al crecer la preocupación sobre el crecimiento de la actividad. El Municipio de Pellegrini es el que empieza a investigar sobre la existencia de fumigaciones aéreas y los productos utilizados.
A su vez, se le solicitó al Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) y al Ministerio de Producción información sobre la presentación de estudios de impacto ambiental. Los organismos notificaron que no había estudios hechos y que por lo tanto no tenía ningún tipo de autorización. Es así que el Municipio realizó una acción legal que logró la clausura de Zampedri Zambón pero, con el correr del tiempo, siguió funcionando.
"Logramos documentar que las fumigaciones existían. Esto estaba contaminando el agua, cada vez que pedíamos que se hicieran tomas de agua en las lagunas y ríos, el Instituto venía muchos meses después cuando ya había toda una circulación del producto entonces daba negativo y las pruebas que presentábamos con el positivo no eran aceptadas", aclara Mc Cormack
Y sigue: "Lo importante es que en la causa judicial, al estar clausurada, la justicia dice que ya no hay más nada que clausurar. De una manera formal, declaran abstracta la demanda. Yo presento un recurso porque acredito que la arrocera sigue trabajando". "En este momento estamos esperando que el Máximo Superior Tribunal de Justicia de la provincia responda", expresó.
EDITADO: Domingo 24 de enero.
Comentarios