Ayer el Senado aprobó con 54 votos positivos y 1 negativo, un proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) que estuvo en debate durante tres años. ComAmbiental le preguntó a Yanina Rullo, especialista de Greenpeace, sobre las implicancias de la propuesta.
La norma fue apoyada además por sectores industriales y el INTI, entre otros. Si la Cámara de Diputados la aprueba, por primera vez en el país, se exigirá a los fabricantes que sus procesos y diseños sean más ecológicos, y se implementará un sistema nacional público-privado que acopiará y reaprovechará los aparatos y sus componentes una vez que terminaron su vida útil.
Para ello, la propuesta -impulsada por Daniel Filmus (Frente para la Victoria) y consensuada con Alfredo Martínez (UCR)- extiende la responsabilidad legal y financiera del productor tanto en su fabricación como en su post-consumo, tal como había adelantado Leila Devia del INTI en diálogo con ComAmbiental. A su vez, establece una responsabilidad colectiva para todas las empresas sobre los RAEE existentes.
Gustavo Protomastro de Escrap, una de las pocas recicladoras de RAEE en el país, celebró la noticia y pidió en un comunicado que "el Estado, a través de la nueva Ley, debe impulsar a empresas recicladoras o mineras urbanas (créditos blandos, normas jurídicas claras, transferencia tecnológica) y facilitar la recolección municipal".
Por su parte, Yanina Rullo de Greenpeace recordó que con este sistema “el beneficio económico es real” dado el valor de los materiales que se recuperan y “porque genera empleo”. También brindó las siguientes aclaraciones.
CA: La senadora Sonia Escudero (Peronismo Federal, Salta) advirtió hoy que “no existe tecnología del reciclaje en el país”. ¿De qué manera la ley revertiría esta situación?
GP: Hoy en la Argentina hay cuatro o cinco operadores habilitados que reciclan menos del 2% de RAEE. Una parte se vende en el circuito productivo interno, como el plástico y el vidrio, pero hay otra como las baterías y las plaquetas electrónicas de los celulares y computadoras que tienen materiales valiosos pero que, por falta de tecnología, se exportan a empresas de reciclado en Francia o Alemania, donde justamente tienen leyes similares a esta desde el año 2003 pero más restrictivas.
En este sentido, el proyecto plantea que el Ente Nacional de Gestión de RAEE pueda –por convenio- ofrecer a los municipios donde están los productores, la posibilidad de crear centros de reciclado, es decir, más allá de que el productor tenga sus propios mecanismos de reciclado.
CA: Otro de los temas discutidos fue el reciclaje por subsistemas ¿Cómo se implementaría?
GP: Los subsistemas tienen que ver con las tres líneas que en la jerga del reciclado se llaman: blanca, marrón y gris, por la cual cada productor va a tener la posibilidad de agruparse y establecer las condiciones técnicas en común. Como decían en la sesión, las pilas no tienen el mismo tratamiento que las heladeras, los televisores o las computadoras, no solo por la composición química y los compuestos revalorizables sino también por las tecnologías de reciclaje que son distintas. Justamente esto no estaba contemplado en el proyecto de ley inicial y fue una incorporación positiva por sugerencia de las cámaras empresariales y recicladores.
CA: ¿Bajo el concepto de responsabilidad extendida, la inversión tendría que ser de parte de las empresas?
GP: El aporte que establece el productor en el fondo es ecuánime porque tiene que ver con cuán verde, cuán valorizable o reciclable y cuán durable es el producto electrónico que pone en el mercado. No es igual el aporte que puede hacer una empresa de pilas que el de una de telefonía celular que ya tiene productos completamente verdes en otros países.
Habrá un aporte inicial para la infraestructura inicial hasta que se establezca una metodología de esta tasa, teniendo en cuenta que la ley propone una responsabilidad colectiva de todas las cámaras y empresas de gestionar la basura electrónica histórica que ya existe y que muchas veces no tiene identificación comercial.
CA: Senadores como María Estensoro (CC), Mario Cimadevilla (UCR, Chubut) y Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal) objetaron la centralidad del Ente Nacional. ¿En qué medida el organismo es participativo?
GP: El ente fue uno de los puntos más discutidos en estos tres años de debate y es la figura política consensuada entre las otras que se propusieron y no prosperaron. En la elaboración del texto de la ley participaron los distintos sectores. En el ente en sí están representados los productores y entidades públicas –entre ellas el INTI, el COFEMA y la Secretaría de Comercio e Industria. La posibilidad de que entren otros actores como los recicladores, puede proponerse en el momento en que se debata en Diputados.
CA: ¿Cuál será el próximo paso?
GP: El proyecto tiene que ser girado a la Cámara de Diputados y entiendo que será a través de la Comisión de Recursos Naturales presidida por el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires).
La basura electrónica en la Argentina crece aceleradamente, estamos hablando de 3 kilos por habitante por año, y hay que atacar el problema antes de que sea de mayor envergadura. Se pueden encontrar pilas y scrap electrónicos en basurales, en la calle, donde recuperadores informales están expuestos a compuestos tóxicos sin la protección adecuada. Tiene que haber un marco legal para que estos residuos peligrosos sean tratados correctamente.
Ver también:
ComAmbiental: Basura electrónica: la opinión del INTI (13/9/2010)
ComAmbiental: A sacarnos las pilas (6/2/2010)
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| RAEE: aparatos electrónicos, eléctricos, de iluminación, pilas y baterías. Foto: ComAmbiental |
La norma fue apoyada además por sectores industriales y el INTI, entre otros. Si la Cámara de Diputados la aprueba, por primera vez en el país, se exigirá a los fabricantes que sus procesos y diseños sean más ecológicos, y se implementará un sistema nacional público-privado que acopiará y reaprovechará los aparatos y sus componentes una vez que terminaron su vida útil.
Para ello, la propuesta -impulsada por Daniel Filmus (Frente para la Victoria) y consensuada con Alfredo Martínez (UCR)- extiende la responsabilidad legal y financiera del productor tanto en su fabricación como en su post-consumo, tal como había adelantado Leila Devia del INTI en diálogo con ComAmbiental. A su vez, establece una responsabilidad colectiva para todas las empresas sobre los RAEE existentes.
Gustavo Protomastro de Escrap, una de las pocas recicladoras de RAEE en el país, celebró la noticia y pidió en un comunicado que "el Estado, a través de la nueva Ley, debe impulsar a empresas recicladoras o mineras urbanas (créditos blandos, normas jurídicas claras, transferencia tecnológica) y facilitar la recolección municipal".
Por su parte, Yanina Rullo de Greenpeace recordó que con este sistema “el beneficio económico es real” dado el valor de los materiales que se recuperan y “porque genera empleo”. También brindó las siguientes aclaraciones.
CA: La senadora Sonia Escudero (Peronismo Federal, Salta) advirtió hoy que “no existe tecnología del reciclaje en el país”. ¿De qué manera la ley revertiría esta situación?
GP: Hoy en la Argentina hay cuatro o cinco operadores habilitados que reciclan menos del 2% de RAEE. Una parte se vende en el circuito productivo interno, como el plástico y el vidrio, pero hay otra como las baterías y las plaquetas electrónicas de los celulares y computadoras que tienen materiales valiosos pero que, por falta de tecnología, se exportan a empresas de reciclado en Francia o Alemania, donde justamente tienen leyes similares a esta desde el año 2003 pero más restrictivas.
En este sentido, el proyecto plantea que el Ente Nacional de Gestión de RAEE pueda –por convenio- ofrecer a los municipios donde están los productores, la posibilidad de crear centros de reciclado, es decir, más allá de que el productor tenga sus propios mecanismos de reciclado.
CA: Otro de los temas discutidos fue el reciclaje por subsistemas ¿Cómo se implementaría?
GP: Los subsistemas tienen que ver con las tres líneas que en la jerga del reciclado se llaman: blanca, marrón y gris, por la cual cada productor va a tener la posibilidad de agruparse y establecer las condiciones técnicas en común. Como decían en la sesión, las pilas no tienen el mismo tratamiento que las heladeras, los televisores o las computadoras, no solo por la composición química y los compuestos revalorizables sino también por las tecnologías de reciclaje que son distintas. Justamente esto no estaba contemplado en el proyecto de ley inicial y fue una incorporación positiva por sugerencia de las cámaras empresariales y recicladores.
CA: ¿Bajo el concepto de responsabilidad extendida, la inversión tendría que ser de parte de las empresas?
GP: El aporte que establece el productor en el fondo es ecuánime porque tiene que ver con cuán verde, cuán valorizable o reciclable y cuán durable es el producto electrónico que pone en el mercado. No es igual el aporte que puede hacer una empresa de pilas que el de una de telefonía celular que ya tiene productos completamente verdes en otros países.
Habrá un aporte inicial para la infraestructura inicial hasta que se establezca una metodología de esta tasa, teniendo en cuenta que la ley propone una responsabilidad colectiva de todas las cámaras y empresas de gestionar la basura electrónica histórica que ya existe y que muchas veces no tiene identificación comercial.
CA: Senadores como María Estensoro (CC), Mario Cimadevilla (UCR, Chubut) y Liliana Negre de Alonso (Peronismo Federal) objetaron la centralidad del Ente Nacional. ¿En qué medida el organismo es participativo?
GP: El ente fue uno de los puntos más discutidos en estos tres años de debate y es la figura política consensuada entre las otras que se propusieron y no prosperaron. En la elaboración del texto de la ley participaron los distintos sectores. En el ente en sí están representados los productores y entidades públicas –entre ellas el INTI, el COFEMA y la Secretaría de Comercio e Industria. La posibilidad de que entren otros actores como los recicladores, puede proponerse en el momento en que se debata en Diputados.
CA: ¿Cuál será el próximo paso?
GP: El proyecto tiene que ser girado a la Cámara de Diputados y entiendo que será a través de la Comisión de Recursos Naturales presidida por el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires).
La basura electrónica en la Argentina crece aceleradamente, estamos hablando de 3 kilos por habitante por año, y hay que atacar el problema antes de que sea de mayor envergadura. Se pueden encontrar pilas y scrap electrónicos en basurales, en la calle, donde recuperadores informales están expuestos a compuestos tóxicos sin la protección adecuada. Tiene que haber un marco legal para que estos residuos peligrosos sean tratados correctamente.
Las claves
La Ley es importante para ofrecer un tratamiento correcto a las lámparas de "bajo consumo", muchas de las cuales contienen mercurio, considerando que a fin de mes entra en vigor la Ley que prohibe la venta de lámparas incandescentes (las tradicionales) que también apoyó Greenpeace para fomentar la eficiencia energética.
Esta es la segunda ley de presupuestos mínimos en la que colaboran Greenpeace Argentina y Filmus, quien en su momento presidió la Comisión de Ambiente del Senado. La primera fue la Ley de Glaciares, que contó primero con el aporte crítico de la ONG, y luego el apoyo para la consensuada entre Filmus y Bonasso.
La Ley de RAEE brinda un marco regulatorio también para las pilas y baterias, que son objeto de preocupación para los consumidores por su potencial contaminante si se tiran con la basura común, aunque éste era el procedimiento recomendado hasta ahora por la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Ver también:
ComAmbiental: Basura electrónica: la opinión del INTI (13/9/2010)
ComAmbiental: A sacarnos las pilas (6/2/2010)
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