El informe sobre desmontes ilegales de bosques nativos en Tucumán que involucra a un allegado al gobernador José Alperovich despierta interrogantes sobre la efectiva implementación de la Ley nacional de Bosques.La aplicación corresponde a cada provincia y por ello toda la sociedad debe comprometerse y participar en su territorio. ¿Cómo es el panorama en el país? Aquí, algunos comentarios y reflexiones junto al Banco de Bosques y Greenpeace.
Imagen: Ordenamiento Territorial de Tucumán. En amarillo, rojo y marrón quedan las zonas a proteger.
La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos sancionada en 2007 es innovadora. Por primera vez, cada provincia con bosques nativos empezó a generar mecanismos participativos para su ordenamiento territorial, capacitar para el manejo sustentable del recurso, fomentar la educación ambiental en la comunidad y fortalecer sus instituciones para el seguimiento y control.
No obstante, presenta varios obstáculos. Algunas provincias todavía no completaron su ordenamiento territorial para delimitar las áreas a conservar y "que cada 5 años debe ser revisado según cómo avance la aplicación de la norma", explica Hernán Giardini de Greenpeace a ComAmbiental.
Asimismo, el propio presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y Secretario de Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, reconoce que los fondos asignados por el gobierno nacional no son lo que establece la ley ("al menos el 0.3% del presupuesto nacional" equivalente a unos 1.200 millones de pesos en lugar de 300 millones).
Este dinero es importante para que las autoridades provinciales monitoreen los bosques. Giardini grafica: "Con este presupuesto se está dando unas 40 o 50 veces más de lo que se tenía antes. Esto puede traducirse en camionetas, helicópteros, imágenes satelitales".
El presupuesto también representa la voluntad del gobierno nacional para reconocer a quienes preservan estos reservorios de agua, identidades culturales y biodiversidad, en lugar de desmontarlos para obtener madera a bajo costo, extender la producción agrícola o realizar emprendimientos inmobiliarios.
Si a este panorama se le suma la connivencia de intereses privados con el poder político provincial o local, en detrimento de un patrimonio como los bosques nativos que es de todos, la ley termina siendo letra muerta. Por eso, la ciudadanía y los medios de comunicación tienen un rol fundamental en el seguimiento y control para que la norma sea efectiva.
La Selva Pedemontana de las Yungas que abarca una franja de Salta, Jujuy y Catamarca, está en estado crítico, según fundamenta Emiliano Ezcurra, presidente del Banco de Bosques. Queda prácticamente un 10% de su superficie original y "en Tucumán de hecho varias especies de aves yungueñas se extinguieron y ya no hay yaguaretés". El problema es claro: avanzan “fincas de arándano, limón, caña y soja, cuando es una provincia que debería empezar a recuperar bosques y no seguir perdiendo”.
"Los bosques están a la vista", repite Ezcurra, Las instituciones gubernamentales deben garantizar el acceso a la información ambiental y es deber de todos preguntar, participar activamente y denunciar las irregularidades como sucedió en este caso.
Ver informe especial: Desmontes en Tucumán: ¿con el guiño del poder político?
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