Desmontes: de Tucumán al Congreso Nacional

El diputado nacional Miguel Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, presentó un proyecto de resolución para solicitar informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre los casos de deforestación en Tucumán que involucran al exsecretario de la gobernación Antonio Jalil, difundidos conjuntamente por Primera Fuente y ComAmbiental.

Finca de Jalil en enero. Desmonte en contraste con el bosque nativo. Archivo de Rossana Romero.

Referentes de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fueron consultados por ComAmbiental. ¿La cercanía del responsable del desmonte con el poder político podría flanquear la implementación de la Ley de Bosques Nativos en Tucumán?

El pedido de informe presentado por el Diputado Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), impulsor de la Ley de Bosques, pretende que la Presidencia de la Nación, a través de la Secretaría de Ambiente, aclare los dos casos de deforestación que se produjeron en Los Pizarro en zonas que por el ordenamiento territorial no se pueden talar, en el departamento de La Cocha, provincia de Tucumán, expuestos por Primera Fuente y ComAmbiental.

Recordamos que uno abarca "40 hectáreas ricas en especies arbóreas como lapacho, ceviles, pacarás y palos lanzas" en un predio que perteneció a Antonio Jalil, ex Secretario General de la Gobernación del actual gobernador de Tucumán, José Alperovich, pero que no se pudo determinar aún quién es el responsable del desmonte.

El otro son 60 hectáreas de bosques nativos en una finca propiedad de Jalil. Aquí, la Dirección de Flora y Fauna de la provincia, organismo encargado de controlar el cumplimiento de la Ley de Bosques, indicó que Jalil contaba con un permiso anterior a la Ley para deforestar 40 hectáreas para producción agrícola y por el desmonte de las 20 hectáreas extras se aplicó una multa económica que le permitió continuar con su explotación. Si se hubiese aplicado la Ley, por el desmonte excedente, además del pago tendría que haber reforestado con especies nativas.

Las dudas. ComAmbiental consultó a los abogados Carina Quispe de FARN y Enrique Viale de AAdeAA para dar una primera opinión sobre el caso en que se admitió la responsabilidad de Jalil. Las respuestas fueron diferentes.

Debido a que la promulgación de la Ley de Bosques suspendió el otorgamiento de nuevos permisos de desmonte hasta que la provincia establezca su ordenamiento territorial y la reglamente, esto significa que el permiso que tuvo Jalil para desmontar en una zona que hoy está prohibida fue a más tardar, antes de diciembre de 2007. ¿Tenía derecho a efectivizarlo recién entre diciembre y enero últimos? ¿Qué ley se aplica para las 20 hectáreas que no tenían permiso?

Para Quispe: "En principio, si los permisos fueron dados antes, se deberían respetar porque la Ley no estaba vigente. Pero en contracara podemos mencionar el caso Dino Salas en la provincia de Salta que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que en el marco de una causa concreta, precisamente se suspendió la aplicación de permisos dados de manera 'alocada' justo antes de la sanción de la Ley, hasta que no se realizara una evaluación de impacto ambiental estratégica (acumulativa) para saber si el desmonte no iba a ocasionar un daño grave. Entonces habría que ver ¿en qué condiciones se otorgó el permiso? ¿cuánto tiempo antes de la ley?"

Y agregó: "De todas formas, siempre sostengo que en estos casos tendría que haber presentado una evaluación de impacto ambiental antes de desmontar, tal como lo establece la Ley General del Ambiente vigente desde 2002, aunque nadie se lo exija".

Para Viale: "Nosotros creemos que no hay derecho adquirido en materia ambiental. Es como la empresa Barrick Gold diciendo 'yo tenía derechos antes de la Ley de Glaciares'. El Derecho Ambiental es esencialmente dinámico. Por ejemplo con el DDT y el agente naranja nadie puede decir que tenía derechos adquiridos para utilizar esas sustancias una vez que se conoció su nocividad. En este caso es lo mismo. Si hay una ley que protege el ambiente es un derecho colectivo superior al derecho individual particular de desmontar en su propiedad".

Por otro lado, considerando el alto cargo que ocupó Jalil junto al actual gobernador de Tucumán, José Alperovich, y que los vecinos del lugar no obtienen permisos para desmonte, ¿puede tratarse el caso por tráfico de influencias?

Quispe expresó: "Teniendo en cuenta que en el entorno del terreno desmontado no se otorgan permisos de desmonte por la aplicación de la ley, y si bien la ley es posterior al permiso para las 40 hectáreas no tenía lógica que se otorgara para las 20 hectáreas extras porque se mira en conjunto. Son esos lugares borrosos de la ley".

Viale respondió: "No tengo el caso pero podría ser tráfico de influencias. Habría que investigar. Por ejemplo el Secretario de Minería, Jorge Mayoral, está denunciado por tráfico de influencias por tener relaciones comerciales con la Barrick".

En el documento, Bonasso advirtió sobre su preocupación porque "los desmontes en esta zona se vienen produciendo hace bastante tiempo" y la Ley de Bosques parece que no modificó el panorama. Uno de los efectos notorios de la deforestación indiscriminada es un fuerte desequilibrio hidrológico. En efecto, recordó que el alúd que arrasó Tartagal, Salta, en 2006 fue un motivo para sancionar y reglamentar la demorada Ley.

Ver también:
Desmontes en Tucumán: ¿con el guiño del poder político? (14/6/2011)
Ley de Bosques: la importancia del control social (14/6/2011)