Fue el resultado de la quinta consulta realizada por ComAmbiental a diez de las ONGs más importantes del país, en el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental. Ninguna de las prioridades señaladas está bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente de la Nación.
Siete de las diez organizaciones resaltaron su preocupación por el modelo agrario que según anunció la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se profundizará con el Plan Estratégico Agroalimentario Industrial 2020. Silvana Buján de Bios ONG criticó que “la desmesura en el avance de la frontera agropecuaria arrasó bosque, selva y monte nativo”, expulsó comunidades enteras, al tiempo que “el uso del paquete fitosanitario marcó y marca profundamente la salud de los argentinos” y provoca desertificación. En síntesis, “la producción de monocultivo minó las bases de la soberanía alimentaria nacional”, recalcó la periodista marplatense.
Juan Carlos Villalonga, director de Los Verdes, propuso que la agricultura, “una actividad central en la economía nacional”, “debe encaminarse hacia un sendero de sostenibilidad, abandonando progresivamente el monocultivo de soja por una vuelta a la agricultura diversificada”. En ese sentido, Myrian Genisans de Pro Eco grupo ecologista requirió “programas de subsidios a escala nacional orientados a pequeños productores, comunidades campesinas y urbanas, y comunidades de pueblos originarios, en el paradigma de la agroecología, priorizando el abastecimiento de la población argentina y las poblaciones internacionales que sufren del hambre estructural”.
En referencia a la expansión del territorio a cultivar, los voceros de Alihuen y Greenpeace agregaron que “el Gobierno nacional debe aplicar y financiar la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos”. Desde Vida Silvestre, en tanto, ampliaron la meta y presentaron un plan para “proteger el 17% de la superficie terrestre y el 10% de la marina”, y conservar así una parte representativa de la biodiversidad.
El otro tema destacado fue la energía, fuertemente vinculado al cambio climático global, mencionado por seis de las organizaciones relevadas. El Taller Ecologista coincidió en estos resultados. María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de FARN, exigió que “la actual matriz argentina, absolutamente dependiente de los combustibles fósiles, debe modificarse fomentando el uso de energías renovables y limpias”. Este lineamiento constituye “una solución no sólo para el abastecimiento al creciente consumo energético sino también frente a las emisiones de gases efecto invernadero provocadas por el sector”, indicó la abogada.
Eugenia Testa, directora política de Greenpeace, recordó que los combustibles fósiles “se están agotando aceleradamente” y que “la construcción de la Usina termoeléctrica de Río Turbio alimentada a carbón demuestra la falta de visión del Gobierno Nacional en virtud de adecuar la matriz energética local a la crisis climática”. También descartó la idea que expresó oportunamente el Secretario de Energía de la Nación de compensar dichas emisiones con la energía nuclear, fuente criticada sobre todo tras la catástrofe de Fukushima. Como alternativa, Greenpeace presentó la semana pasada dos posibles escenarios de “Revolución Energética” para la Argentina.
Roque Pedace de Amigos de la Tierra insistió en que “se cumpla con el artículo 10 inciso b de la Ley de Glaciares que exige que la política climática sea definida para proteger los glaciares, por lo tanto tiene que ser mucho más ambiciosa de lo que ha sido hasta ahora”, a nivel nacional como internacional. En sintonía, Villalonga acusó al gobierno nacional de “negacionismo” y que “le hace el juego a los sectores más reaccionarios de la industria de la energía (fósiles y nuclear)”, con “un anacronismo tecnológico muy importante”.
A la par, otra prioridad relevada en la Consulta resultó el suministro de agua potable y su protección como fuente de vida, ante la amenaza de la megaminería en zona glacial o periglacial o de su contaminación provocada por la industria o los residuos urbanos, tal como indicaron Alihuen y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas entre otros.
Greenpeace remarcó la necesidad de inventariar los glaciares y el ambiente periglacial según el artículo 15 de la Ley de Glaciares y realizar “de manera urgente las auditorías ambientales sobre todos los proyectos mineros en ejecución”. Pro Eco fue más radical y exigió la “prohibición del uso del agua para las explotaciones megamineras a cielo abierto y las nucleares en todas sus formas ya que no es posible que se evite la contaminación del agua, la savia, y la sangre”.
En materia de residuos sólidos urbanos, el movimiento Los Verdes subrayó la necesidad de implementar políticas de Basura Cero que trasciendan la mera gestión y abarquen “prácticas de consumo, modelos de producción y un circuito de materiales que constituyen uno de los pilares de una economía verde”. Y en cuanto a los efluentes industriales, el desafío persiste en el control efectivo y la promoción de planes de reconversión tecnológica, como se muestra en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Los temas hasta aquí expuestos sostienen una plataforma de país, sobre la cual Vida Silvestre hizo una clara observación: la máxima autoridad ambiental nacional tiene escasa injerencia en la toma de estas decisiones. Al respecto, la fundación propuso “dotar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de peso político y presupuesto, concentrar allí el control de las actividades productivas con incidencia directa sobre recursos naturales renovables, y perfeccionar y potenciar los espacios y los mecanismos recíprocos de comunicación y coordinación en materia ambiental entre la Nación y las provincias”.
Link relacionado:
Quinta consulta por una agenda de política ambiental nacional
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| Uno de los ordenes posibles. La energía se destaca también dentro del cambio climático. |
Siete de las diez organizaciones resaltaron su preocupación por el modelo agrario que según anunció la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se profundizará con el Plan Estratégico Agroalimentario Industrial 2020. Silvana Buján de Bios ONG criticó que “la desmesura en el avance de la frontera agropecuaria arrasó bosque, selva y monte nativo”, expulsó comunidades enteras, al tiempo que “el uso del paquete fitosanitario marcó y marca profundamente la salud de los argentinos” y provoca desertificación. En síntesis, “la producción de monocultivo minó las bases de la soberanía alimentaria nacional”, recalcó la periodista marplatense.
Juan Carlos Villalonga, director de Los Verdes, propuso que la agricultura, “una actividad central en la economía nacional”, “debe encaminarse hacia un sendero de sostenibilidad, abandonando progresivamente el monocultivo de soja por una vuelta a la agricultura diversificada”. En ese sentido, Myrian Genisans de Pro Eco grupo ecologista requirió “programas de subsidios a escala nacional orientados a pequeños productores, comunidades campesinas y urbanas, y comunidades de pueblos originarios, en el paradigma de la agroecología, priorizando el abastecimiento de la población argentina y las poblaciones internacionales que sufren del hambre estructural”.
En referencia a la expansión del territorio a cultivar, los voceros de Alihuen y Greenpeace agregaron que “el Gobierno nacional debe aplicar y financiar la Ley de Presupuestos Mínimos de Bosques Nativos”. Desde Vida Silvestre, en tanto, ampliaron la meta y presentaron un plan para “proteger el 17% de la superficie terrestre y el 10% de la marina”, y conservar así una parte representativa de la biodiversidad.
El otro tema destacado fue la energía, fuertemente vinculado al cambio climático global, mencionado por seis de las organizaciones relevadas. El Taller Ecologista coincidió en estos resultados. María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de FARN, exigió que “la actual matriz argentina, absolutamente dependiente de los combustibles fósiles, debe modificarse fomentando el uso de energías renovables y limpias”. Este lineamiento constituye “una solución no sólo para el abastecimiento al creciente consumo energético sino también frente a las emisiones de gases efecto invernadero provocadas por el sector”, indicó la abogada.
Eugenia Testa, directora política de Greenpeace, recordó que los combustibles fósiles “se están agotando aceleradamente” y que “la construcción de la Usina termoeléctrica de Río Turbio alimentada a carbón demuestra la falta de visión del Gobierno Nacional en virtud de adecuar la matriz energética local a la crisis climática”. También descartó la idea que expresó oportunamente el Secretario de Energía de la Nación de compensar dichas emisiones con la energía nuclear, fuente criticada sobre todo tras la catástrofe de Fukushima. Como alternativa, Greenpeace presentó la semana pasada dos posibles escenarios de “Revolución Energética” para la Argentina.
Roque Pedace de Amigos de la Tierra insistió en que “se cumpla con el artículo 10 inciso b de la Ley de Glaciares que exige que la política climática sea definida para proteger los glaciares, por lo tanto tiene que ser mucho más ambiciosa de lo que ha sido hasta ahora”, a nivel nacional como internacional. En sintonía, Villalonga acusó al gobierno nacional de “negacionismo” y que “le hace el juego a los sectores más reaccionarios de la industria de la energía (fósiles y nuclear)”, con “un anacronismo tecnológico muy importante”.
A la par, otra prioridad relevada en la Consulta resultó el suministro de agua potable y su protección como fuente de vida, ante la amenaza de la megaminería en zona glacial o periglacial o de su contaminación provocada por la industria o los residuos urbanos, tal como indicaron Alihuen y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas entre otros.
Greenpeace remarcó la necesidad de inventariar los glaciares y el ambiente periglacial según el artículo 15 de la Ley de Glaciares y realizar “de manera urgente las auditorías ambientales sobre todos los proyectos mineros en ejecución”. Pro Eco fue más radical y exigió la “prohibición del uso del agua para las explotaciones megamineras a cielo abierto y las nucleares en todas sus formas ya que no es posible que se evite la contaminación del agua, la savia, y la sangre”.
En materia de residuos sólidos urbanos, el movimiento Los Verdes subrayó la necesidad de implementar políticas de Basura Cero que trasciendan la mera gestión y abarquen “prácticas de consumo, modelos de producción y un circuito de materiales que constituyen uno de los pilares de una economía verde”. Y en cuanto a los efluentes industriales, el desafío persiste en el control efectivo y la promoción de planes de reconversión tecnológica, como se muestra en la cuenca Matanza-Riachuelo.
Los temas hasta aquí expuestos sostienen una plataforma de país, sobre la cual Vida Silvestre hizo una clara observación: la máxima autoridad ambiental nacional tiene escasa injerencia en la toma de estas decisiones. Al respecto, la fundación propuso “dotar a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de peso político y presupuesto, concentrar allí el control de las actividades productivas con incidencia directa sobre recursos naturales renovables, y perfeccionar y potenciar los espacios y los mecanismos recíprocos de comunicación y coordinación en materia ambiental entre la Nación y las provincias”.
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