La semana pasada, la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza sorprendió al rechazar por unanimidad el proyecto minero San Jorge, aprobado por el Poder Ejecutivo provincial y resistido por las asambleas de vecinos autoconvocados que denunciaban serias irregularidades en la evaluación de impacto ambiental.
La empresa interesada, la canadiense Coro Mining, deberá iniciar de cero la gestión si insiste en obtener el permiso de explotación de cobre y oro al norte de la provincia, en Uspallata. La Asamblea Popular por el Agua celebró la medida pero pidió cautela para que los logros no sean meros réditos políticos en un año electoral.
Había mucha expectativa en esa sesión. Numerosas organizaciones políticas, culturales, estudiantes, sindicales y socioambientales convocaron a unas 1.500 personas a un corte vial para exigir que el proyecto tuviese tratamiento y fuese rechazado antes de las elecciones generales de octubre.
Para sorpresa y satisfacción de ambientalistas que escuchaban dentro del recinto, el diputado y candidato a gobernador del Partido Justicialista, Francisco Pérez, dio un giro de 180 grados y anunció que su bloque oficialista votaría en contra, como los opositores, a pesar de que había sido aprobado y apoyado por el gobernador Celso Jaque. Así, el expediente fue rechazado por 44 votos y 4 ausentes.
El periodista Pablo Icardi de MDZ describió una escena demagógica. “Los legisladores se calificaron como ‘sandías’, porque ‘son verdes por fuera y rojos por dentro’, apuntando a que se convirtieron en ecologistas por el contexto electoral. Otros se autobautizaron como ‘verdes completos’".
¿Por qué el rechazo? La Red Nacional de Medios Alternativos publicó que los impactos del proyecto minero incluirían “la desaparición total del Cerro San Jorge, la utilización de 141 litros de agua por segundo” en detrimento de la actividad vitivinícola y agrícola en general en una región semiárida, “la contaminación debido al uso de sustancias tóxicas prohibidas por ley” y escasos puestos de trabajo para los habitantes locales. Con estas características calificó al proyecto como parte del “modelo agro-extractivo exportador que es la base de la política económica del Gobierno Nacional”.
Todo eso se expuso en una audiencia pública el año pasado que mostró un 77% de rechazo social hacia el proyecto, sumado a un recurso de amparo presentado por la ONG Oikos Red Ambiental por considerarlo inconstitucional y continuas movilizaciones vecinales por las calles mendocinas.
Por otro lado, cuando la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) y la Secretaría de Minería aprobaron la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa, señalaron numerosas “deficiencias significativas” y exigieron mayor rigurosidad técnica como la impermeabilización de los diques de cola y más monitoreos de aire, suelo y aguas.
Según Diario Uno, las bancadas opositoras tuvieron en cuenta esas “más de 140 observaciones; la necesidad de mantener las reservas de agua de Mendoza para consumo humano y uso agrícola; y el pequeño porcentaje de regalías que obtiene la provincia en materia de explotación minera, entre otros puntos”.
La Asamblea por el Agua celebró el logro pero desconfió que los legisladores actúen por convicción y expresó en un comunicado: “sólo escuchan cuando tienen miedo de perder elecciones”. Por eso recalcó: “La única garantía es el pueblo movilizado y organizado y no podemos dormir tranquilos, como no puede dormir tranquilo Esquel, como no podrá dormir tranquilo ningún pueblo hasta que la última empresa megaminera se haya retirado de nuestros territorios”.
Links de interés:
En el oeste está el agite: Crece la lucha contra la megaminería (23/2/2011)
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| Asamblea por el Agua. Mendoza. Foto: RNMA |
La empresa interesada, la canadiense Coro Mining, deberá iniciar de cero la gestión si insiste en obtener el permiso de explotación de cobre y oro al norte de la provincia, en Uspallata. La Asamblea Popular por el Agua celebró la medida pero pidió cautela para que los logros no sean meros réditos políticos en un año electoral.
Había mucha expectativa en esa sesión. Numerosas organizaciones políticas, culturales, estudiantes, sindicales y socioambientales convocaron a unas 1.500 personas a un corte vial para exigir que el proyecto tuviese tratamiento y fuese rechazado antes de las elecciones generales de octubre.
Para sorpresa y satisfacción de ambientalistas que escuchaban dentro del recinto, el diputado y candidato a gobernador del Partido Justicialista, Francisco Pérez, dio un giro de 180 grados y anunció que su bloque oficialista votaría en contra, como los opositores, a pesar de que había sido aprobado y apoyado por el gobernador Celso Jaque. Así, el expediente fue rechazado por 44 votos y 4 ausentes.
El periodista Pablo Icardi de MDZ describió una escena demagógica. “Los legisladores se calificaron como ‘sandías’, porque ‘son verdes por fuera y rojos por dentro’, apuntando a que se convirtieron en ecologistas por el contexto electoral. Otros se autobautizaron como ‘verdes completos’".
¿Por qué el rechazo? La Red Nacional de Medios Alternativos publicó que los impactos del proyecto minero incluirían “la desaparición total del Cerro San Jorge, la utilización de 141 litros de agua por segundo” en detrimento de la actividad vitivinícola y agrícola en general en una región semiárida, “la contaminación debido al uso de sustancias tóxicas prohibidas por ley” y escasos puestos de trabajo para los habitantes locales. Con estas características calificó al proyecto como parte del “modelo agro-extractivo exportador que es la base de la política económica del Gobierno Nacional”.
Todo eso se expuso en una audiencia pública el año pasado que mostró un 77% de rechazo social hacia el proyecto, sumado a un recurso de amparo presentado por la ONG Oikos Red Ambiental por considerarlo inconstitucional y continuas movilizaciones vecinales por las calles mendocinas.
Por otro lado, cuando la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera (CEIAM) y la Secretaría de Minería aprobaron la Declaración de Impacto Ambiental presentada por la empresa, señalaron numerosas “deficiencias significativas” y exigieron mayor rigurosidad técnica como la impermeabilización de los diques de cola y más monitoreos de aire, suelo y aguas.
Según Diario Uno, las bancadas opositoras tuvieron en cuenta esas “más de 140 observaciones; la necesidad de mantener las reservas de agua de Mendoza para consumo humano y uso agrícola; y el pequeño porcentaje de regalías que obtiene la provincia en materia de explotación minera, entre otros puntos”.
La Asamblea por el Agua celebró el logro pero desconfió que los legisladores actúen por convicción y expresó en un comunicado: “sólo escuchan cuando tienen miedo de perder elecciones”. Por eso recalcó: “La única garantía es el pueblo movilizado y organizado y no podemos dormir tranquilos, como no puede dormir tranquilo Esquel, como no podrá dormir tranquilo ningún pueblo hasta que la última empresa megaminera se haya retirado de nuestros territorios”.
Links de interés:
En el oeste está el agite: Crece la lucha contra la megaminería (23/2/2011)
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