Ayer la Presidenta de la Nación reasumió después de su licencia médica y criticó que los ambientalistas "no se preocuparon" por la defensa de las Islas Malvinas y sus recursos naturales. Días atrás, ComAmbiental dialogó con una agrupación de excombatientes que se manifestó en solidaridad con la lucha de Famatina. A su vez, partidos políticos y Conciencia Solidaria piden investigar y sancionar los vínculos de petroleras que operan en el Atlántico Sur con corporaciones mineras, incluida la que operaría en Famatina.
Una misma causa. Resistencia Patriótica es una agrupación de exsoldados combatientes de Malvinas. Junto al Foro Ambiental y Social de la Patagonia y organizaciones de trabajadores estatales y estibadores promovieron el proyecto de la Ley Gaucho Rivero. La misma prohíbe el ingreso de las embarcaciones con bandera británica que se relacionen con la exploración o explotación de los recursos naturales dentro de la cuenca de las Islas Malvinas.
Su presidente, Toni López, explicó a ComAmbiental que apoyan la resistencia del pueblo de Famatina porque entienden que “los mismos capitales que explotan el petróleo y la pesca en Malvinas son los que explotan la minería a cielo abierto”. Y citó los principios de la Ley Gaucho Rivero: "el usurpador saquea riquezas y recursos naturales, envenena la tierra y los ríos. Hace unos años esto era difícil de relacionar pero ahora se ve que es un mismo enemigo: Inglaterra, el capital y el sistema de saqueo”.
Una crítica similar habían realizado los militantes contra la mega-minería. "Este gobierno que reclama soberanía en las Malvinas, entrega nuestra cordillera y cerros, reserva mundial de agua dulce", expresó El Algarrobo de Andalgalá (Catamarca), apoyado por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Ayer, la frase cobró más sentido luego del discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "No podemos volver a la época del virreinato donde se llevaban todo el oro y la plata, y no dejaban nada".
Intereses compartidos. El diputado de mandato cumplido, Miguel Bonasso, en la entrevista realizada por ComAmbiental, ya había expresado con claridad: "la Presidenta se manda el gran discurso en el Mercosur `anti-imperialista´ absolutamente mentiroso. Que empiece por castigar donde más les duele, que además estas compañías petroleras [que operan en Malvinas] tienen intereses accionarios en la Barrick, por si fuera poco". Para el autor de El Mal la causa ambiental es la nueva forma que asume la lucha contra el colonialismo.
Desde 2010, el diputado Pino Solanas (Proyecto Sur) promovió una Ley que fue sancionada a principios de 2011. Con el número 26.659, la norma dicta que "todo grupo de empresas, nacional o extranjero, que sea accionista de quienes estén operando en Malvinas pierden su licencia de explotación en la Argentina”, según explicó el dirigente. El "problema" para el gobierno nacional es que si la normativa se aplica a fondo, mineras como la canadiense Barrick Gold deberían dejar de operar en el país.
En la misma línea, los diputados Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, junto a la organización Conciencia Solidaria realizaran hoy una presentación judicial en La Rioja, según informó el bloque de la Unión Cívica Radical. “Resulta indignante que el gobernador Beder Herrera pretenda regalar el agua de los riojanos a Osisko Mining Corporation, una empresa canadiense cuyas acciones son propiedad de fondos de inversión con participaciones importantes en el paquete accionario de las petroleras de Malvinas”, manifestó Martínez. Pide por ello aplicar también la Ley 26.659.
Nacionalizar, Ambientalizar. En su momento, el entonces Presidente Néstor Kirchner expresó que Gualeguaychú constituía una "causa nacional". Años más tarde, luego del fallo de La Haya, la actual Presidenta se enfrentó a los asambleístas y procesó a algunos por el corte de ruta que afectaba a Uruguay. Como en aquella ocasión, en el caso de Malvinas también el vínculo de las causas ambientales con la soberanía nacional es impreciso, sobre todo cuando se mezcla con fuertes intereses políticos.
Por su parte, ComAmbiental en mayo de 2010 fue uno de los primeros que propuso abordar la cuestión de Malvinas desde una óptica ambiental, en relación al derrame que ocasionó la British Petroleum en el Golfo de México. La asociación se estableció porque en las islas del Atlántico Sur también se busca realizar "exploraciones off-shore", es decir, en la plataforma submarina, a tres mil metros de profundidad. Este tipo de explotaciones es más riesgosa, puesto que en esas circunstancias la operación de los pozos petroleros resulta mucho más compleja.
Aquí también hay un punto de comparación con la mega-minería. Se avanza sobre estos yacimientos porque ya se acabaron los que eran más productivos, en forma similar a como la nueva mega-minería a cielo abierto pone su mira en los yacimientos de baja ley, con el mineral esparcido. Las exploraciones en alta mar, sobre las que se apunta en Malvinas, son promovidas por el gobierno nacional en el Mar Argentino, y cabe preguntarse entonces cuál es la preocupación ambiental sobre la que se expresó ayer la Presidente.
Ver también:
ComAmbiental: "Petroleras británicas y desastre submarino" (mayo de 2010).
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| 23 de enero de 2012 en Ushuaia. Foto: Agrupación Resistencia Patriótica. |
Una misma causa. Resistencia Patriótica es una agrupación de exsoldados combatientes de Malvinas. Junto al Foro Ambiental y Social de la Patagonia y organizaciones de trabajadores estatales y estibadores promovieron el proyecto de la Ley Gaucho Rivero. La misma prohíbe el ingreso de las embarcaciones con bandera británica que se relacionen con la exploración o explotación de los recursos naturales dentro de la cuenca de las Islas Malvinas.
Su presidente, Toni López, explicó a ComAmbiental que apoyan la resistencia del pueblo de Famatina porque entienden que “los mismos capitales que explotan el petróleo y la pesca en Malvinas son los que explotan la minería a cielo abierto”. Y citó los principios de la Ley Gaucho Rivero: "el usurpador saquea riquezas y recursos naturales, envenena la tierra y los ríos. Hace unos años esto era difícil de relacionar pero ahora se ve que es un mismo enemigo: Inglaterra, el capital y el sistema de saqueo”.
Una crítica similar habían realizado los militantes contra la mega-minería. "Este gobierno que reclama soberanía en las Malvinas, entrega nuestra cordillera y cerros, reserva mundial de agua dulce", expresó El Algarrobo de Andalgalá (Catamarca), apoyado por la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC). Ayer, la frase cobró más sentido luego del discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "No podemos volver a la época del virreinato donde se llevaban todo el oro y la plata, y no dejaban nada".
Intereses compartidos. El diputado de mandato cumplido, Miguel Bonasso, en la entrevista realizada por ComAmbiental, ya había expresado con claridad: "la Presidenta se manda el gran discurso en el Mercosur `anti-imperialista´ absolutamente mentiroso. Que empiece por castigar donde más les duele, que además estas compañías petroleras [que operan en Malvinas] tienen intereses accionarios en la Barrick, por si fuera poco". Para el autor de El Mal la causa ambiental es la nueva forma que asume la lucha contra el colonialismo.
Desde 2010, el diputado Pino Solanas (Proyecto Sur) promovió una Ley que fue sancionada a principios de 2011. Con el número 26.659, la norma dicta que "todo grupo de empresas, nacional o extranjero, que sea accionista de quienes estén operando en Malvinas pierden su licencia de explotación en la Argentina”, según explicó el dirigente. El "problema" para el gobierno nacional es que si la normativa se aplica a fondo, mineras como la canadiense Barrick Gold deberían dejar de operar en el país.
En la misma línea, los diputados Julio Martínez e Inés Brizuela y Doria, junto a la organización Conciencia Solidaria realizaran hoy una presentación judicial en La Rioja, según informó el bloque de la Unión Cívica Radical. “Resulta indignante que el gobernador Beder Herrera pretenda regalar el agua de los riojanos a Osisko Mining Corporation, una empresa canadiense cuyas acciones son propiedad de fondos de inversión con participaciones importantes en el paquete accionario de las petroleras de Malvinas”, manifestó Martínez. Pide por ello aplicar también la Ley 26.659.
Nacionalizar, Ambientalizar. En su momento, el entonces Presidente Néstor Kirchner expresó que Gualeguaychú constituía una "causa nacional". Años más tarde, luego del fallo de La Haya, la actual Presidenta se enfrentó a los asambleístas y procesó a algunos por el corte de ruta que afectaba a Uruguay. Como en aquella ocasión, en el caso de Malvinas también el vínculo de las causas ambientales con la soberanía nacional es impreciso, sobre todo cuando se mezcla con fuertes intereses políticos.
Por su parte, ComAmbiental en mayo de 2010 fue uno de los primeros que propuso abordar la cuestión de Malvinas desde una óptica ambiental, en relación al derrame que ocasionó la British Petroleum en el Golfo de México. La asociación se estableció porque en las islas del Atlántico Sur también se busca realizar "exploraciones off-shore", es decir, en la plataforma submarina, a tres mil metros de profundidad. Este tipo de explotaciones es más riesgosa, puesto que en esas circunstancias la operación de los pozos petroleros resulta mucho más compleja.
Aquí también hay un punto de comparación con la mega-minería. Se avanza sobre estos yacimientos porque ya se acabaron los que eran más productivos, en forma similar a como la nueva mega-minería a cielo abierto pone su mira en los yacimientos de baja ley, con el mineral esparcido. Las exploraciones en alta mar, sobre las que se apunta en Malvinas, son promovidas por el gobierno nacional en el Mar Argentino, y cabe preguntarse entonces cuál es la preocupación ambiental sobre la que se expresó ayer la Presidente.
ACTUALIZACIÓN. Organizaciones ambientalistas responden a la Presidente. Greenpeace Argentina se refirió a las declaraciones de la Presidenta. "En lo referente a la sobrepesca y explotación de petróleo en aguas profundas, Greenpeace denunció en mayo de 2009 (1), que durante la reunión de la Comisión Pesquera de la FAO sobre control de puertos contra la pesca ilegal, los representantes argentinos `obstaculizaron cualquier medida para erradicar esta práctica no regulada y no reglamentada´". También recordó su denuncia al gobierno británico por transportar armas nucleares durante la guerra de 1982.
También la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) manifestó en un comunicado su pertenencia al Foro de Conservación del Mar Patagónico que trabaja temas como polución, sobrepesca y pesca destructiva. El Foro trabajó en "la identificación de sitios valiosos para la conservación de la biodiversidad a lo largo del Mar Patagónico y las principales amenazas que enfrentan. Uno de estos sitios precisamente se denomina Frente de Islas Malvinas". Del mismo modo, la Fundación Vida Silvestre Argentina se expresó a favor de "incluir la gestión de recursos marinos en la agenda de Malvinas".
Ver también:
ComAmbiental: "Petroleras británicas y desastre submarino" (mayo de 2010).
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