"Mi vida corrió peligro", manifiesta con pesar Nidia Gauthier en un video difundido por la ONG Conciencia Solidaria. Se trata de la misma persona que denunció que un fiscal de Catamarca utilizó la legislación antiterrorista para detener a asambleístas en el departamento de Santa María. En diálogo telefónico con ComAmbiental, la abogada confirma la acusación y advierte que puede haber relación entre el hecho y su denuncia sobre la aplicación del artículo 213bis del Código Penal.
Su testimonio le da más entidad a las denuncias sobre el cerco que sufría la ciudad de Andalgalá, que recién concluyó hace unas horas luego de una semana de ejercer el control sobre las personas que podrían circular por el lugar. Un corte que incluso retuvo por largas horas el ingreso del diputado nacional Jorge Cardelli. "Es un estado de sitio impuesto por las mineras", explica Gautdhier. Su relato da cuenta que este miércoles camionetas con los logos de Minera Alumbrera y de Minera Agua Rica la persiguieron por el monte, luego de que le impidieran su paso. Tuvo que ser escoltada por la policía de regreso a la ciudad de Belén.
Su testimonio le da más entidad a las denuncias sobre el cerco que sufría la ciudad de Andalgalá, que recién concluyó hace unas horas luego de una semana de ejercer el control sobre las personas que podrían circular por el lugar. Un corte que incluso retuvo por largas horas el ingreso del diputado nacional Jorge Cardelli. "Es un estado de sitio impuesto por las mineras", explica Gautdhier. Su relato da cuenta que este miércoles camionetas con los logos de Minera Alumbrera y de Minera Agua Rica la persiguieron por el monte, luego de que le impidieran su paso. Tuvo que ser escoltada por la policía de regreso a la ciudad de Belén.
ComAmbiental: ¿Cree que el episodio que le tocó vivir puede estar relacionado con que usted es la abogada patrocinante de los asambleístas detenidos en Santa María?
Gauthier: Seguro que sí, no hay duda. Como se difundió tanto el intento tan irregular de aplicar la ley antiterrorista inconstitucional para las protestas ambientalistas pacíficas, probablemente la policía tomó mi nombre en el control vehicular que había a la salida de Belén.
La abogada se refiere así a la actuación del fiscal subrogante (suplente) Julio Landívar, quien autorizó un desalojo en Santa María aplicando el artículo 213 bis del Código Penal, retomado por la última Ley Antiterrorista. Y puesto en vigencia porque esta norma derogó los apartados tercero y cuarto de dicho artículo, que ponían restricciones a las organizaciones que pudieran ser consideradas que "utilizan el terror para imponer sus ideas".
C: ¿Ya recibieron la copia de la imputación hecha a los asambleístas de Santa María?
G: No, quedó asentado en las actas de la comisaría de San José y todavía no tengo las copias pero hoy hablé con el fiscal titular en Santa María, Marcelo Rodríguez, que me dijo que estaba en poder del Juez de Garantías y que él tiene el archivo de la causa en la que hay un tremendo abuso de autoridad y una forma inconstitucional de llevar adelante un proceso de detención.
Es decir, mucho más allá de la contaminación ambiental, aquí lo que está en juego es la democracia, la división de poderes, la expresión de las opiniones, la constitucionalidad, el respeto a las leyes. Es un estado de no derecho, de facto, muy autoritario. Las mineras son emporios que quieren aplicar sus propias leyes y el gobierno se lo está facilitando. Eso es lo más peligroso y abarca todo.
C: ¿Es una contradicción con el discurso de la Presidenta de la Nación?
G: Claro, ella defiende los derechos humanos en los foros internacionales pero es “en casa de herrero, cuchillo de palo”, más o menos. Aquí por ser una ciudad muy del interior, del Norte, aplican sin problemas la Ley Anti-terrorismo por medio del artículo 213 bis del Código Penal. Pero creo que Dios ayudó para que se hagan tan mal las cosas que salió a la luz en todo el país, para que la gente entienda cuál es el peligro de ejercer una protesta constitucional.
Marcha contra la Ley Antiterrorista. Este miércoles distintas organizaciones y partidos políticos pidieron la derogación de la polémica ley, que Gauthier y su colega Selene Herrera denuncian que fue aplicada en Santa María (Catamarca). La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) se unió al reclamo de la marcha, con el siguiente argumento:
"En un marco en que los compañeros y compañeras de las asambleas contra la megaminería se encuentran reclamando contra el intento de los gobiernos provinciales y nacional de continuar con la política de instalación y fomento del modelo extractivo de nuestros bienes comunes, que vienen llevando adelante las empresas transnacionales, y sabiendo que estas luchas han sido brutalmente reprimidas y criminalizadas en estas últimas semanas, pedimos la derogación de esta ley que sólo intenta consolidar en un marco legal, una política de Estado que intenta amedrentar a los luchadores sociales, acallar las voces disidentes y apagar cualquier foco de protesta" .
Ver también:
ComAmbiental: Ley AntiTerrorista: La abogada de los asambleístas responde al Ministro Alak
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