Ayer la noticia publicada hace cuatro días por ComAmbiental llegó al Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, quien negó que se haya aplicado la Ley Anti-Terrorista en Catamarca. Las abogadas de los asambleístas vuelven a confirmar que en la indagatoria les mencionaron el artículo 213 bis del Código Penal. Mientras tanto, la fiscalía se niega a entregar una copia de la imputación, en una actitud que llama a la sospecha.
ComAmbiental habló con la abogada Nidia Gauthier que patrocina a los nueve asambleistas de Catamarca. Ella ratificó la denuncia y dijo: "que Alak me pregunte a mí" sobre lo sucedido, dando a entender que no se interiorizó de lo que ocurre en la provincia. Intimidación de la policía, irregularidades flagrantes de la justicia y silencio en los medios locales. Frente a todo ello, hoy se organiza una "Jornada Nacional contra Minera La Alumbrera". En ella denuncian también que fiscal Landivar "violó el estado de derecho" ya que "avasallando jurisprudencias y derechos humanos, intentó aplicar la Ley Aniterrorista aprobada".
En tales circunstancias, pierden valor las declaraciones del Ministro Alak, que expresó en Telam: "Si las autoridades judiciales de la provincia hubieran avanzado en la investigación de hechos susceptibles de ser encuadrados en algunas de las figuras con finalidad terrorista previstas en el artículo 41, hubiesen tenido que declararse incompetentes de inmediato". Por ello pidieron de inmediato la revocación de la imputación. Sin embargo, esto no significa que la actuación del fiscal ya haya producido el desalojo de los asambleístas de la ruta.
213 bis + 194. Alak afirmó que las imputaciones a los asambleístas se realizaron "por presunta violación al artículo 194 del Código Penal". Consultada por ComAmbiental, Gauthier confirmó que se mencionó también dicho delito, "que es por 'entorpecimiento del transporte sin que genere peligro a las personas'. No obstante ello, "acto seguido se imputó el 213 bis con la penalidad que tiene de 3 a 8 años y por el que se entendía que los ambientalistas habían generado peligro a las personas y daños a bienes del estado. Lo cual es mentira".
Además de las irregularidades mencionadas anteriormente por este medio, la abogada denunció que no tienen copia aún de las actuaciones. El escenario, entonces, parece preparado para exponer la palabra de los asambleistas contra la del Ministro de Justicia de la Nación. "Hoy me dijo [Landivar] que sale de su subrogancia y entra el fiscal Marcelo González, y que no me las van a dar hasta el martes o miércoles de la semana que viene", aquejó Gauthier.
Consultado por ComAmbiental, el fiscal federal Gustavo Gómez expresó: "O el Ministro no tiene información y habla en base a suposiciones, o las abogadas y los indagados por el Fiscal Landivar mienten. Me inclino por lo primero". Sin embargo, según trascendió por las redes sociales, el mismo fiscal Landívar habría declarado ante la prensa que utilizó el artículo 213bis, ya que reconoció que la situación no era de un "corte de ruta", sino una interrupción selectiva a los camiones de la empresa minera.
Por su parte, la abogada insistió en que el recorte de los apartados tercero y cuarto del artículo 213 del Código Penal (que es donde se tipificaban los delitos terroristas) "convierte una acción simple de protesta en algo penalizable, delictual" y se contrapone por ejemplo a los artículos 14 y 41 de la Constitución Nacional. Con este fundamento solicitará la inconstitucionalidad de la Ley Antiterrorista en el caso concreto de los nueve imputados "pero eso no deroga la ley". Para ello, pidió el apoyo de los legisladores, aún de los que votaron "semejante barbaridad", expresó.
Advertencia y lucha. En Santa María, las protestas están suspendidas, justamente por el estado de "inestabilidad del sistema jurídico" que se vive en el departamento. En Belén, según denunciaron los vecinos, la policía les saca fotos y los llama a prestarse a la comisaría sin motivo alguno. Gauthier hizo un llamado de atención, más allá del impacto ecológico de la megaminería en la región. "Esto va a traer más cola porque es contaminación jurídica y legislativa que afecta a todo el país. Necesitamos que se difunda porque los medios de comunicación de Catamarca hacen silencio total".
Luego de las detenciones en Santa María, permaneció el bloqueo de Belén, que a partir de hoy corre riesgo porque se produce el regreso del fiscal Flores, que ya ordenó una represión el 25 de mayo de 2011, según denunciaron los asambleístas. Además, se sumó un bloque en Amaicha del Valle y Fuerte Quemado (Tucumán), donde también llega la contaminación de Minera Alumbrera. Y recientemente, el pueblo catamarqueño de Tinogasta (ubicado entre Famatina y Belén), también realiza un corte selectivo. Desde allí, llegaban también señales de alerta, sobre la posible llegada de fuerzas policiales para desalojarlos
El comunicado de asamblea El Algarrobo de Andalgalá (Catamarca) concluye en forma contundente, denunciando: "Que los terroristas son los funcionarios y la justicia corrompida que ponen las estructuras del estado al servicio de las transnacionales (Alumbrera, Osisko Minning Corp., Yamana Gold, Barric Gold, Vale, Billintong, Ledesma, Monsanto, Repsol YPF, entre otras) sancionando leyes a medida de los inversores extranjeros (como la ley anti-terrorista), armando causas, violando jurisprudencia e incurriendo en abuso de autoridad, violando derechos humanos".
ComAmbiental habló con la abogada Nidia Gauthier que patrocina a los nueve asambleistas de Catamarca. Ella ratificó la denuncia y dijo: "que Alak me pregunte a mí" sobre lo sucedido, dando a entender que no se interiorizó de lo que ocurre en la provincia. Intimidación de la policía, irregularidades flagrantes de la justicia y silencio en los medios locales. Frente a todo ello, hoy se organiza una "Jornada Nacional contra Minera La Alumbrera". En ella denuncian también que fiscal Landivar "violó el estado de derecho" ya que "avasallando jurisprudencias y derechos humanos, intentó aplicar la Ley Aniterrorista aprobada".
En tales circunstancias, pierden valor las declaraciones del Ministro Alak, que expresó en Telam: "Si las autoridades judiciales de la provincia hubieran avanzado en la investigación de hechos susceptibles de ser encuadrados en algunas de las figuras con finalidad terrorista previstas en el artículo 41, hubiesen tenido que declararse incompetentes de inmediato". Por ello pidieron de inmediato la revocación de la imputación. Sin embargo, esto no significa que la actuación del fiscal ya haya producido el desalojo de los asambleístas de la ruta.
213 bis + 194. Alak afirmó que las imputaciones a los asambleístas se realizaron "por presunta violación al artículo 194 del Código Penal". Consultada por ComAmbiental, Gauthier confirmó que se mencionó también dicho delito, "que es por 'entorpecimiento del transporte sin que genere peligro a las personas'. No obstante ello, "acto seguido se imputó el 213 bis con la penalidad que tiene de 3 a 8 años y por el que se entendía que los ambientalistas habían generado peligro a las personas y daños a bienes del estado. Lo cual es mentira".
Además de las irregularidades mencionadas anteriormente por este medio, la abogada denunció que no tienen copia aún de las actuaciones. El escenario, entonces, parece preparado para exponer la palabra de los asambleistas contra la del Ministro de Justicia de la Nación. "Hoy me dijo [Landivar] que sale de su subrogancia y entra el fiscal Marcelo González, y que no me las van a dar hasta el martes o miércoles de la semana que viene", aquejó Gauthier.
Consultado por ComAmbiental, el fiscal federal Gustavo Gómez expresó: "O el Ministro no tiene información y habla en base a suposiciones, o las abogadas y los indagados por el Fiscal Landivar mienten. Me inclino por lo primero". Sin embargo, según trascendió por las redes sociales, el mismo fiscal Landívar habría declarado ante la prensa que utilizó el artículo 213bis, ya que reconoció que la situación no era de un "corte de ruta", sino una interrupción selectiva a los camiones de la empresa minera.
Por su parte, la abogada insistió en que el recorte de los apartados tercero y cuarto del artículo 213 del Código Penal (que es donde se tipificaban los delitos terroristas) "convierte una acción simple de protesta en algo penalizable, delictual" y se contrapone por ejemplo a los artículos 14 y 41 de la Constitución Nacional. Con este fundamento solicitará la inconstitucionalidad de la Ley Antiterrorista en el caso concreto de los nueve imputados "pero eso no deroga la ley". Para ello, pidió el apoyo de los legisladores, aún de los que votaron "semejante barbaridad", expresó.
Advertencia y lucha. En Santa María, las protestas están suspendidas, justamente por el estado de "inestabilidad del sistema jurídico" que se vive en el departamento. En Belén, según denunciaron los vecinos, la policía les saca fotos y los llama a prestarse a la comisaría sin motivo alguno. Gauthier hizo un llamado de atención, más allá del impacto ecológico de la megaminería en la región. "Esto va a traer más cola porque es contaminación jurídica y legislativa que afecta a todo el país. Necesitamos que se difunda porque los medios de comunicación de Catamarca hacen silencio total".
Luego de las detenciones en Santa María, permaneció el bloqueo de Belén, que a partir de hoy corre riesgo porque se produce el regreso del fiscal Flores, que ya ordenó una represión el 25 de mayo de 2011, según denunciaron los asambleístas. Además, se sumó un bloque en Amaicha del Valle y Fuerte Quemado (Tucumán), donde también llega la contaminación de Minera Alumbrera. Y recientemente, el pueblo catamarqueño de Tinogasta (ubicado entre Famatina y Belén), también realiza un corte selectivo. Desde allí, llegaban también señales de alerta, sobre la posible llegada de fuerzas policiales para desalojarlos
El comunicado de asamblea El Algarrobo de Andalgalá (Catamarca) concluye en forma contundente, denunciando: "Que los terroristas son los funcionarios y la justicia corrompida que ponen las estructuras del estado al servicio de las transnacionales (Alumbrera, Osisko Minning Corp., Yamana Gold, Barric Gold, Vale, Billintong, Ledesma, Monsanto, Repsol YPF, entre otras) sancionando leyes a medida de los inversores extranjeros (como la ley anti-terrorista), armando causas, violando jurisprudencia e incurriendo en abuso de autoridad, violando derechos humanos".
La convocatoria también es en la Ciudad de Buenos Aires: "Como parte de una jornada nacional que se
realizará en varias provincias del país, desde la Unión de Asambleas
Ciudadanas (UAC), te esperamos el miércoles a las 19hs, frente a la casa
de Catamarca (Córdoba 2080) para expresar nuestro apoyo a los bloqueos
que se vienen desarrollando en distintos territorios del país, para
decirle: `NO a la megaminería ni a otros proyectos contaminantes e
invasivos´,
` NO a la ley antiterrorista´ y un
`SI a la autodeterminación
de los pueblos de cómo quieren vivir´".
Verdad consecuencia. Parte de lo dicho por Alak es cierto, en tanto que el fiscal Landívar actuó en un procedimiento viciado de nulidad. Si es así, debiera entonces acompañar el pedido para que sea destituido por su mal desempeño. Desde ComAmbiental, esperamos que el Ministro Alak no siga la senda del Ministro del Interior Florencio Randazzo, cuando expresó en mayo de 2011 sobre Nora Cortiñas: “Lamento las declaraciones y pienso que son una verdadera canallada. Lamento que se falte a la verdad de esta manera”. Fue en ocasión en que la Madre de Plaza de Mayo denunciara la situación irregular que llevó al levantar anticipadamente el campamento de la comunidad Qom La Primavera en la Ciudad de Buenos Aires.
Comentarios
El aprovechamiento de recursos y la sustentabilidad ambiental, es un discusión en deuda, y bienvenidos todos los aportes.