El miércoles pasado, se realizó una jornada de Desarrollo Urbano Ambiental que convocó a las defensorías del pueblo del Área Metropolitana Buenos Aires. “La cuestión ambiental es el eje central que estructura la sociedad” expresó uno de los organizadores. Su par bonaerense manifestó la necesidad de plantear en todas las normas jurídicas, el derecho a la tierra y a la vivienda como un derecho al proyecto de vida.
El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, recordó que “la urbanización afecta necesariamente al ambiente” y alertó que “el 80% de la población argentina vive en ciudades” pero sin planes estratégicos de crecimiento. Esta falencia “le cuesta más al estado y a la dignidad humana” porque se forman “manchas urbanas que no tienen sentido de pertenencia” y requieren más asistencia gubernamental –dijo- en salud, seguridad, transporte, e infraestructura, por ejemplo.
Entre los causales, Bonicatto indicó que prevalece el valor especulativo de la tierra y por ello propuso “repensar la Constitución nacional (y en su ámbito, la bonaerense) en clave urbana” planteando el derecho a la tierra y a la vivienda como un derecho al proyecto de vida –tal como reclaman las asambleas vecinales que rechazan la megaminería a cielo abierto en sus distritos.
¿Otro ladrillo en la pared? El Defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por el área de Ambiente, Atilio Alimena, lo relacionó con la tragedia anunciada del ferrocarril Sarmiento en la estación Once. “El ambiente no es un problema de tal o cual, sino un tema difuso, interjurisdiccional que debe ser estudiado y atacado de manera conjunta y criteriosa”, expresó.
Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, desarrolló la importancia del tema. “La cuestión ambiental es intrínsecamente un tema de derechos humanos porque afecta al desarrollo humano, la vida y la dignidad. La doctrina partió siempre desde lo individual y los derechos humanos ampliaron la mirada a los derechos sociales extendiéndolos en el espacio a todo el planeta como derechos universales. Ahora los extiende en el tiempo para proteger las generaciones futuras”.
Si bien queda largo camino por recorrer, Pierini parafraseó al cantante Roger Waters: “no queremos ser otro ladrillo en la pared” y convocó a derribar los muros entre el estado y la sociedad civil y entre la Ciudad y el conurbano.
Matanza-Riachuelo: caso testigo. También participaron defensores del pueblo de La Matanza y Avellaneda que contaron los avances y escollos que encuentran en el marco de la ACUMAR como experiencia interjurisdiccional concreta, obligada por un juez federal.
Así mencionaron dos polémicas instaladas en sus municipios. Una es el millonario proyecto CARE en la cuenca alta, que utilizaría tecnología no probada para incinerar residuos sólidos urbanos, pero la defensora Silvia Caprino tranquilizó que a mitad de año solo comenzará a construirse la primera instancia orientada a la separación de la basura.
El otro es la apertura del camino de sirga que en Avellaneda, según denunció el defensor Sebastián Vinagre, avasalla espacios públicos como plazas y centros culturales sin consulta popular previa. En el caso del polo petroquímico Dock Sud, aquejó que a pesar de que el impacto ambiental recae directamente sobre los avellanedenses, es “jurisdicción de nación y provincia” y él no tiene injerencia.
Por su parte, el Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Daniel Chain, destacó que su gestión propone “privilegiar el sur y buscar equidad territorial”. El presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, Javier Corcuera, agregó que hay más mediciones de calidad ambiental con criterios consensuados, y programas de Reconversión Industrial con subsidios de hasta $100.000 no reembolsables. No obstante advirtió que “no es serio decir que el Riachuelo se va a limpiar en pocos años”, contradiciendo la promesa del Secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.
No mirar para otro lado. Bonicatto resaltó que “la participación de los vecinos ha sido clave” para que las defensorías cumplan su función. “Esperamos que siga creciendo con concienca”, agregó, y “se recupere el respeto de la ley”, sumó Corcuera. Por su parte, Alimena convocó a no naturalizar lo que está mal, salir del “para qué meterme, yo qué puedo aportar” y también “sensibilizar al funcionario”. “Todo lleva tiempo pero hay que planificar con criterio”, concluyó.
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| Defensores del Pueblo por el trabajo conjunto. Foto: ComAmbiental. |
El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bonicatto, recordó que “la urbanización afecta necesariamente al ambiente” y alertó que “el 80% de la población argentina vive en ciudades” pero sin planes estratégicos de crecimiento. Esta falencia “le cuesta más al estado y a la dignidad humana” porque se forman “manchas urbanas que no tienen sentido de pertenencia” y requieren más asistencia gubernamental –dijo- en salud, seguridad, transporte, e infraestructura, por ejemplo.
Entre los causales, Bonicatto indicó que prevalece el valor especulativo de la tierra y por ello propuso “repensar la Constitución nacional (y en su ámbito, la bonaerense) en clave urbana” planteando el derecho a la tierra y a la vivienda como un derecho al proyecto de vida –tal como reclaman las asambleas vecinales que rechazan la megaminería a cielo abierto en sus distritos.
¿Otro ladrillo en la pared? El Defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por el área de Ambiente, Atilio Alimena, lo relacionó con la tragedia anunciada del ferrocarril Sarmiento en la estación Once. “El ambiente no es un problema de tal o cual, sino un tema difuso, interjurisdiccional que debe ser estudiado y atacado de manera conjunta y criteriosa”, expresó.
Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, desarrolló la importancia del tema. “La cuestión ambiental es intrínsecamente un tema de derechos humanos porque afecta al desarrollo humano, la vida y la dignidad. La doctrina partió siempre desde lo individual y los derechos humanos ampliaron la mirada a los derechos sociales extendiéndolos en el espacio a todo el planeta como derechos universales. Ahora los extiende en el tiempo para proteger las generaciones futuras”.
Si bien queda largo camino por recorrer, Pierini parafraseó al cantante Roger Waters: “no queremos ser otro ladrillo en la pared” y convocó a derribar los muros entre el estado y la sociedad civil y entre la Ciudad y el conurbano.
Matanza-Riachuelo: caso testigo. También participaron defensores del pueblo de La Matanza y Avellaneda que contaron los avances y escollos que encuentran en el marco de la ACUMAR como experiencia interjurisdiccional concreta, obligada por un juez federal.
Así mencionaron dos polémicas instaladas en sus municipios. Una es el millonario proyecto CARE en la cuenca alta, que utilizaría tecnología no probada para incinerar residuos sólidos urbanos, pero la defensora Silvia Caprino tranquilizó que a mitad de año solo comenzará a construirse la primera instancia orientada a la separación de la basura.
El otro es la apertura del camino de sirga que en Avellaneda, según denunció el defensor Sebastián Vinagre, avasalla espacios públicos como plazas y centros culturales sin consulta popular previa. En el caso del polo petroquímico Dock Sud, aquejó que a pesar de que el impacto ambiental recae directamente sobre los avellanedenses, es “jurisdicción de nación y provincia” y él no tiene injerencia.
Por su parte, el Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad, Daniel Chain, destacó que su gestión propone “privilegiar el sur y buscar equidad territorial”. El presidente de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad, Javier Corcuera, agregó que hay más mediciones de calidad ambiental con criterios consensuados, y programas de Reconversión Industrial con subsidios de hasta $100.000 no reembolsables. No obstante advirtió que “no es serio decir que el Riachuelo se va a limpiar en pocos años”, contradiciendo la promesa del Secretario de Ambiente de la Nación, Juan José Mussi.
No mirar para otro lado. Bonicatto resaltó que “la participación de los vecinos ha sido clave” para que las defensorías cumplan su función. “Esperamos que siga creciendo con concienca”, agregó, y “se recupere el respeto de la ley”, sumó Corcuera. Por su parte, Alimena convocó a no naturalizar lo que está mal, salir del “para qué meterme, yo qué puedo aportar” y también “sensibilizar al funcionario”. “Todo lleva tiempo pero hay que planificar con criterio”, concluyó.
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