La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un Informe Ambiental Anual por cuarta vez consecutiva, que reúne la visión de distintas organizaciones “sobre los principales temas ambientales del país y la región”, según explicaron los compiladores. El objetivo es hacer un seguimiento de manera crítica y constructiva, a las políticas, los conflictos sociales y su tratamiento en los medios con el fin de promover una ciudadanía ambiental.
Guillermo Acuña, abogado de la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL/ONU), participó del Informe con un artículo sobre la próxima Cumbre Río+20. En la presentación señaló que “hay grupos sociales reactivos desinformados que tampoco tienen oportunidades claras de participación”, habiendo “una suerte de judicialización de la gestión ambiental”.
Para disminuir esa conflictividad que está palpable hoy en torno a la megaminería pero latente en el resto del modelo desarrollista, Acuña insistió en la necesidad de mejorar desde el régimen jurídico, el acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones especialmente por parte de las comunidades más afectadas, tal como lo indica el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro adoptada en la llamada Cumbre de la Tierra en 1992.
María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN, calificó que “el modelo de desarrollo actual es insustentable”. Si bien reconoció los avances en la legislación sobre aspectos estratégicos como la protección de los bosques nativos y los glaciares, recordó que no son tales en la implementación. Solo por mencionar, ejemplificó que el presupuesto para los bosques nativos “es una cuarta parte de lo que establece la ley” y en el segundo caso “todavía no se determinó cuáles son las áreas (glaciales) prioritarias”.
En línea con la postura de Acuña, Di Paola agregó que no hay participación ciudadana en el plan energético nacional como tampoco se brinda información acerca de “dónde se van a obtener más hectáreas para aumentar la producción agrícola anunciada en el Plan Estratégico Agroindustrial”. Ni qué decir del Informe Anual que debería realizar la Secretaría de Ambiente de la Nación y que aún es materia pendiente “a pesar de que lo establece la Ley General del Ambiente que cumple 10 años”.
Lo más grave es que este tipo de falencias institucionales significó en el último año al menos cuatro personas asesinadas, de comunidades campesinas e indígenas, según recordó la titular de FARN. Dijo también que “la Ley Antiterrorista es un obstáculo importante que debería sortearse en la práctica”. Y al ser consultada sobre la megaminería, respondió: “habría que analizar caso por caso y revisar seriamente el marco jurídico minero de los ‘90”.
Contenido. El Informe Ambiental presentado por FARN trata desde una perspectiva del derecho ambiental, diversos temas como la energía nuclear en la Argentina, el saneamiento del Riachuelo, la legislación sobre tierras, la gestión de los residuos sólidos urbanos, la huella de carbono y propuestas para un consumo responsable.
Asimismo, profundiza la construcción de indicadores que mensuren “el involucramiento de los formadores de opinión, la repercusión en la prensa y el compromiso político”. Por último, incluye los trabajos ganadores del Premio Adriana Schiffrin 2011 que se centró en la eficiencia energética y las energías renovables.
Si bien la publicación pertenece a FARN, participaron representantes de la Administración de Parques Nacionales, la Defensoría del Pueblo de la Nación, FLACSO, Greenpeace, Los Verdes, M’Bigua, Wetlands International Argentina y personalidades como el escritor Mempo Giardinelli, el abogado José Esain y el periodista Sergio Elguezábal. Se pretende así que el informe sea "una herramienta para los decisores políticos".
“Juntos necesitamos cambiar nuestra realidad para lograr que nuestros recursos naturales no sean una maldición sino una bendición”, expresó Di Paola. Y concluyó: “nos debemos una discusión estratégica sobre qué desarrollo queremos, teniendo en cuenta no solo el hoy sino también el futuro de nuestro ambiente y las próximas generaciones”.
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| Disertaron G. Acuña (CEPAL/ONU) y M. E. Di Paola (FARN) |
Guillermo Acuña, abogado de la Secretaría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL/ONU), participó del Informe con un artículo sobre la próxima Cumbre Río+20. En la presentación señaló que “hay grupos sociales reactivos desinformados que tampoco tienen oportunidades claras de participación”, habiendo “una suerte de judicialización de la gestión ambiental”.
Para disminuir esa conflictividad que está palpable hoy en torno a la megaminería pero latente en el resto del modelo desarrollista, Acuña insistió en la necesidad de mejorar desde el régimen jurídico, el acceso a la información y a la participación en la toma de decisiones especialmente por parte de las comunidades más afectadas, tal como lo indica el Principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro adoptada en la llamada Cumbre de la Tierra en 1992.
María Eugenia Di Paola, Directora Ejecutiva de FARN, calificó que “el modelo de desarrollo actual es insustentable”. Si bien reconoció los avances en la legislación sobre aspectos estratégicos como la protección de los bosques nativos y los glaciares, recordó que no son tales en la implementación. Solo por mencionar, ejemplificó que el presupuesto para los bosques nativos “es una cuarta parte de lo que establece la ley” y en el segundo caso “todavía no se determinó cuáles son las áreas (glaciales) prioritarias”.
En línea con la postura de Acuña, Di Paola agregó que no hay participación ciudadana en el plan energético nacional como tampoco se brinda información acerca de “dónde se van a obtener más hectáreas para aumentar la producción agrícola anunciada en el Plan Estratégico Agroindustrial”. Ni qué decir del Informe Anual que debería realizar la Secretaría de Ambiente de la Nación y que aún es materia pendiente “a pesar de que lo establece la Ley General del Ambiente que cumple 10 años”.
Lo más grave es que este tipo de falencias institucionales significó en el último año al menos cuatro personas asesinadas, de comunidades campesinas e indígenas, según recordó la titular de FARN. Dijo también que “la Ley Antiterrorista es un obstáculo importante que debería sortearse en la práctica”. Y al ser consultada sobre la megaminería, respondió: “habría que analizar caso por caso y revisar seriamente el marco jurídico minero de los ‘90”.
Asimismo, profundiza la construcción de indicadores que mensuren “el involucramiento de los formadores de opinión, la repercusión en la prensa y el compromiso político”. Por último, incluye los trabajos ganadores del Premio Adriana Schiffrin 2011 que se centró en la eficiencia energética y las energías renovables.
Si bien la publicación pertenece a FARN, participaron representantes de la Administración de Parques Nacionales, la Defensoría del Pueblo de la Nación, FLACSO, Greenpeace, Los Verdes, M’Bigua, Wetlands International Argentina y personalidades como el escritor Mempo Giardinelli, el abogado José Esain y el periodista Sergio Elguezábal. Se pretende así que el informe sea "una herramienta para los decisores políticos".
“Juntos necesitamos cambiar nuestra realidad para lograr que nuestros recursos naturales no sean una maldición sino una bendición”, expresó Di Paola. Y concluyó: “nos debemos una discusión estratégica sobre qué desarrollo queremos, teniendo en cuenta no solo el hoy sino también el futuro de nuestro ambiente y las próximas generaciones”.
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