Ayer la Presidente de la Nación, Cristina Fernández, celebró el récord alcanzado por la soja que llegó a 648 dólares la tonelada, frente a los malos augurios de la "cadena nacional del miedo y el desánimo". El hecho ocurre unos días después de cumplirse 4 años del conflicto por la resolución 125 de retenciones agropecuarias. Y luego también de una multitudinaria marcha en Córdoba por pedido de justicia en el juicio por las fumigaciones y contra la instalación de Monsanto en la provincia.
Por Eduardo Soler.
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La "Marcha de los barbijos" convocó a una multitud en Córdoba. Foto: Madres de Ituzaingo. |
En los últimos días, distintos medios se hicieron eco del cuarto aniversario de la noche en que el entonces vicepresidente Julio Cobos dijera "mi voto no es positivo" y cerrara de ese modo un conflicto que marcó un momento bisagra en el movimiento kirchnerista. En aquellos agitados días, mucho se discutía sobre la confrontación entre "el gobierno" y "el campo", poniéndose en el tapete incluso la sojización del país, que Cristina trató como un yuyo, al mismo tiempo que el uso del agroquímico que se hizo famoso desde entonces: el glifosato.
Poco se dice hoy, que el gobierno nacional mantiene una apuesta fuerte por el modelo de los agronegocios. El caso relevante es Córdoba, donde se planea instalar una semillera y una instalación experimental de la corporación Monsanto, sin que el tema haya tenido debate público alguno. Todo ello, en el mísmo momento que se está realizando un juicio histórico por contaminación a través de fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo, tal y como escribió Darío Aranda para ComAmbiental. Un juicio liderado por las valerosas Madres de Ituzaingó.
La instalación de un campo experimental en Córdoba por parte de la corporación norteamericana Monsanto salió a la luz por la misma palabra de la Presidente, cuando el mes pasado fue televisada una conferencia que la mandataria sostenía con los principales empresarios del mundo en el Consejo de las Américas. La noticia fue confirmada también la semana pasada, cuando La Voz del Interior informó que "Monsanto invertirá $1.600 millones en Córdoba y se instalará en Malvinas Argentinas". Es cierto que la corporación ya cuenta con cinco plantas en el país, pero el anuncio aumenta el número a ocho.
"Monsanto invade Malvinas Argentinas", planteó el biólogo Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM). Y explicó: "Resulta ingenuo asumir que una planta procesadora de semillas es solamente una industria. También es un acelerador indirecto de los procesos de monocultivo, contaminación y desmonte, y sobre todo, un factor de consolidación del modelo básicamente depredador instalado en nuestro país". En Córdoba se instalará una fábrica y una planta experimental, mientras que en Tucumán se instalará otra, misteriosa, planta experimental.
El lugar destinado para la fábrica de semillas, Malvinas Argentinas. Se trata de una localidad ubicada 14 kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba y a 10 kilómetros del barrio Ituzaingó Anexo. "Siendo Monsanto una de las empresas líderes en el mantenimiento del modelo extractivo, es inevitable predecir que una mayor presencia de la corporación agravaría regionalmente los efectos indeseados, esto es, expansión de la superficie cultivada, destrucción de ambientes nativos y sobre todo, más enfermedades y muertes por exposición a bajas dosis de plaguicidas", escribe Montenegro.
El referente ambientalista señala una cuestión más, que tiene que ver con la disputa entre democracia y corporaciones, que también se discutió hace cuatro años. Dice Montenegro: "Es inaceptable que una empresa como Monsanto anuncie sus inversiones desde Nueva York, y que anticipe además fechas de puesta en funcionamiento. También es inaceptable que la propia presidencia de la Nación permita ese juego colonial". Por lo tanto, la empresa "debe hacer la propuesta formal, iniciar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en Córdoba y someter su proyecto a debate en Audiencia Pública".
"Estado y Monsanto favorecen el mismo tipo de modelo productivo", señala el presidente de FUNAM entre las causas profundas del acuerdo. La cuestión no es un misterio, sino que basta con revisar el llamado "Plan Estratégico AgroAlimentario", que a pesar del nombre tiene entre sus principales metas aumentar las exportaciones agrarias basadas en la biotecnología. Darío Aranda también se ocupó de retratar el destino de la "Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos", donde tuvo un rol primordial el Ministro de Ciencia, Lino Barañao.
¿Cambió tanto el panorama en cuatro años? No tanto. Como recordó la socióloga rural Norma Giarracca por las redes sociales: "La 125 no era contra el modelo agroexportador que aún está protegido sino contra actores nacionales territorializado subordinados". Y opinó que los que constituían un verdadero peligro "destituyente", como Monsanto, "estaban tranquilos porque se sabían no tocados por la 125 ni otras políticas públicas". Y concluyó: "El poder está en Monsanto, exportadores y pool de siembra". Es decir, los actores trasnacionales del agronegocio global.
Se habla poco, muy poco, de la conjunción del modelo agropecuario y el gobierno nacional, esto que podríamos denominar el "agrobierno". Para la oposición de derecha, no hay razón para oponerse, porque en la mayoría de los casos están relacionados con el empresariado nacional, la vieja oligarquía. Para el kirchnerismo, la cuestión es más compleja, porque el conflicto por la 125 se convirtió en un momento fundante. Es decir, en "el relato" quedó plasmada una disputa con "el campo", "la soja", "el glifosato". Una cuestión que, dirían los teóricos, tiene que ver con la dimensión fantasmagórica de la ideología.
Ver también:
ComAmbiental: La Presidente alabó a Monsanto y Chevrón
ComAmbiental: El modelo agropecuario al banquillo
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ComAmbiental: El modelo agropecuario al banquillo
ComAmbiental: Un plan para los agronegocios (2011)
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