INFORME ESPECIAL. A medio año del intento de aplicación de la Ley Antiterrorista en Santa María, las irregularidades en las que incurren los poderes político y judicial de Catamarca ya no son excepción y se convirtieron en la norma. La asunción de la gobernadora Lucía Corpacci (FpV) en diciembre de 2011 no alteró la política de estado anti-asambleístas. Así, a la represión al pueblo de Andalgalá en febrero de 2010, se le sumó otra en el departamento de Belén en febrero de este año. Hace una semana, la policía provincial y patotas pro-Alumbrera actuaron en conjunto para desalojar un corte selectivo en Cerro Negro. Al margen de toda legalidad, se aplica una suerte de frontera dentro del país, expulsando "personas que no son de la provincia".
"En Catamarca no hay un Estado de Derecho, hay un Estado Minero. No hay división de poderes, todos están al servicio del capital minero", sintetizó Enrique Viale el martes en un diagnóstico que se viene construyendo en los últimos meses. El término "Estado Minero" fue difundido por La Vaca, en una nota después de las represiones en Tinogasta y, sobre todo, en Belén. Días después, el propio gobierno se reconoce como tal, al ingresar a la OFEMI, "Organización Federal de Estados Mineros". Hace tiempo, desde ComAmbiental, publicábamos también una nota titulada "Dictadura Mineral", un término utilizado por el profesor Horacio Machado Aráoz, denunciando que existe un marco legal para garantizar la violencia expropiatoria, que desde lo cultural "el logo de Minera Alumbrera está en todos lados".
Las razones de Estado para las políticas represivas son claras y consisten en no permitir que se genere una mayor movilización contra el modelo extractivista. En febrero, la policía local ya había impedido el acceso de militantes de derechos humanos, de la Fundación SERPAJ, dirigida por el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel. Esa vez, el accionar conjunto entre patota y policía que convirtió a Andalgalá en un pueblo sitiado fue para impedir que se realice una gran movilización el 15 de febrero, justamente recordando la represión y el posterior "Andalgalazo" de 2010. Este mes, el desalojo en Cerro Negro también tuvo como fin evitar la llegada de una caravana nacional al corte selectivo para celebrar allí, el domingo 22, el Día de Acción Mundial contra la Minería a Cielo Abierto.
No es una cuestión exagerada. "Los ambientalistas son gente que está dispuesta a exigir que se cumpla su derecho. Esa gente habrá que sacarla y llevarla a la cárcel", se animó a expresar ante la prensa la propia Presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva. Parece que reclamar por los derechos que garantiza la Constitución es un delito en esa provincia, a la vez que las declaraciones parecían lamentarse de que los tiempos eran largos porque existe también el derecho a la defensa. No obstante, para cumplir con el pedido de la gobernadora de intervenir para que se libere el paso a los camiones de la empresa, las trabas se resolvieron rápido. La última vez, un fiscal provincial sin jurisdicción sobre rutas nacionales ordenó un desalojo, que se resolvió ante la intimidación de las patotas.
Antiterroristas vs Cerroristas. "Es la primera vez que la policía actúa abiertamente en conjunto con las patotas", señaló en diálogo con ComAmbiental Sergio Rojas, asambleísta de El Algarrobo, sobre los hechos de los últimos días. Quien nos habla también es conocido como uno de los eco-terroristas, o cerroristas que fueron detenidos el 27 de enero por realizar un corte selectivo en el departamento de Santa María. Para ejecutar la orden, el fiscal subrrogante Julio Landívar los imputó por el artículo 213 bis del Código Penal, que la nueva Ley Antiterrorista resalta al derogar el artículo 213 ter, donde se tipifica con más claridad qué es un "terrorista". Entre los puntos anteriores, se señalaba que debía disponer de armas, ahora simplemente basta con el criterio del fiscal de turno.
La noticia fue publicada por primera vez por ComAmbiental y causó repercusión en medios masivos, lo cual derivó en la intervención del Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, quien salió a desmentir la información. Al mismo tiempo, desde la Casa Rosada se comunicaron con Catamarca para dar marcha atrás con el asunto, mientras el propio fiscal reconocía a los medios que aplicó el artículo 213 bis. Así lo explicó a este medio Sergio Rojas: "Esta ley se aprobó para cuando el gobierno necesite desmovilizar a la gente. El fiscal la utilizó de forma arbitraria en un corte parcial, queriendo que nosotros paguemos el costo individualmente y fue todo un revuelo. Lo que hizo el ministro Alak fue tratar de lavarle la cara a la institución judicial que no es otra cosa que una sucursal de la empresa minera".
Del mismo modo, los hechos fueron confirmados esta semana por Mariana Katz, abogada del SERPAJ, en diálogo con ComAmbiental: "La imputación de los artículos de la Ley Antiterrorista se cayó hace tres o cuatro meses. Estuve en Santa María, hablé con el juez y esas causas están archivadas, se desestimó la imputación con la firma de un juez". No obstante ello, no debe pasarse por alto que el hecho demuestra la impunidad con la que cree actuar el poder judicial catamarqueño, incluso invocando la Ley Antiterrorista para disolver un corte selectivo, sin pensar en las consecuencias para las propias autoridades a las que sirve. "No se castiga una acción sino la falta de lealtad a un sistema político", opinó en su momento el fiscal federal Gustavo Gómez.
Vigilancia del pensamiento, también en facebook. La aplicación de una política "anti-terrorista" no viene solo por la invocación a una Ley. En los hechos, puede actuar como una política de estado por la forma en que se concibe la protesta social contra la mega-minería. Esto mismo ocurrió hace una semana, cuando el propio intendente de Belén envió una carta documento al asambleísta Mariano Cervantes por los delitos de calumnias e injurias. Seguramente, el funcionario local no conoce que en 2009 se modificó la Ley 26.551, por la cual no se aplica este delito a expresiones referidas a asuntos de interés público. El cambio tuvo que ver con una solución amistosa por la cual el Estado argentino cumplió una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de una demanda iniciada por el periodista Horacio Verbitsky en la década menemista.
La respuesta de Mariano Cervantes fue contundente: "Niego haber efectuado agraviantes imputaciones hacia su persona sino meramente denunciar las políticas que usted está llevando públicamente a favor de la mega minería contaminante". Y continúa: "La realidad de los hechos que, en mi calidad de defensor del medio ambiente y nuestros bienes comunes naturales, y el interés público, contra su saqueo y contaminación, y en oportunidad de los distintos ataques de los cuales hemos sido victimas por parte de `patotas´ y posterior desalojo, se hizo presente en el bloqueo selectivo e informativo un colectivo de una empresa privada de la ciudad de Belén con la leyenda `Nolo Avila Intendente´ de donde bajaron personas vinculadas con la empresa minera y personal pertenecientes a la Municipalidad de la cual Usted es Intendente".
El Estado Mega-Minero de Catamarca aplica control sobre sus fronteras. En el marco del desalojo del corte selectivo y del acampe en Cerro Negro, se produjo un hecho muy preocupante. La policía tenía prácticamente "marcados" a las personas que llegaron a solidarizarse al lugar, entendiendo que se trata de una lucha nacional cuyos efectos incluyen a todos. Así, aplicando una suerte de control jurisdiccional, se obligó a los asambleístas y militantes "extranjeros" de Catamarca a abandonar la Provincia. Se provocó un virtual "secuestro" del micro, en el que colaboró luego la policía de La Rioja. Un hecho similar se produjo días después, cuando llegó otro micro proveniente de Buenos Aires. Patrulleros intentaron impedir que ingrese a Tinogasta, aunque por acción de la asamblea local se pudo revertir esta decisión.
La situación tiene un precedente claro en febrero de este año. Como adelantamos, se negó el ingreso de militantes de Derechos Humanos del SERPAJ al pueblo de Andalgalá, y también al diputado nacional Jorge Cardelli, así como de periodistas, que luego consiguieron ingresar. Pero la situación fue peor para una persona, Nidia Gaudhier, una de las abogadas de los asambleístas acusados de terroristas. Ella sufrió la persecución de camionetas con el logo de Minera Alumbrera, y lo relacionó con la causa que seguía. "Como se difundió tanto el intento tan irregular de aplicar la Ley Antiterrorista inconstitucional para las protestas ambientalistas pacíficas, probablemente la policía tomó mi nombre", expresó en su momento a ComAmbiental. Y denunció: "aquí lo que está en juego es la democracia. Es un estado de no derecho".
Derechos Humanos al Ambiente y a la Expresión. "La megaminería está lejos de ser una problemática ambiental, sino que está convertida en una sistemática violación de los derechos humanos más básicos. La megaminería se impone por la fuerza, a espaldas de la sociedad, y con criminalización de la protesta social", amplió su visión Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Esta asociación, junto a Pérez Esquivel, diputados nacionales y otras organizaciones sociales, habían pedido el mismo viernes en que se realizó el desalojo que se garanticen los derechos humanos de los manifestantes en Catamarca. Tres presentaciones se realizaron a organismos nacionales: la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos.
Podría haber novedades desde la Defensoría. Así lo comunicó Mariela Silverstein, de Conciencia Solidaria: "Le presentamos las represiones sistemáticas que están sufriendo en Catamarca desde 2006 con la misma operatoria: la policía defendiendo a las patotas pro-mineras en lugar de defender el legítimo derecho a la vida". Esta continuidad de 6 años es un elemento clave para afirmar que se trata de una política de estado. Una mucho más poderosa que la política de derechos humanos, en donde el gobierno busca encuadrar también la política ambiental, como expresó el actual Jefe de Gabinete, Juan Abal Medina. Es por ello que muy difícilmente la Secretaría de Derechos Humanos pueda intervenir en este caso, recordando que el gobierno de Catamarca se reconoce como genuinamente "kirchnerista".
Incluso, gobernadora y vicegobernador fueron invitados al programa ultra-oficialista "678" para explicar por qué Minera Alumbrera no contamina. El contexto fue también las represiones de febrero de este año, que el poder político defendió, sea por acción u omisión en su palabra. Para defender el proyecto millonario Agua Rica, mucho más grande que el actual Bajo de la Alumbrera, la mandataria se atrevió a decir que "el agua no está perjudicada por el desarrollo minero", algo que es totalmente falso. A pesar de otra bandera del gobierno, el poder mediático en la provincia avala al Estado Mega-Minero. "Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia", dicen los primeros versos de una canción que resuena al escribir este informe.
ACTUALIZADO: 00:30 horas.
Balance de un año que no terminó. Según escribió el colega Darío Aranda para Plaza de Mayo: "En 2012 hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia". Dejamos a continuación una serie de notas relevantes sobre los hechos en lo que va este año en el noroeste de Catamarca, que se concentraron a principio y a mediado de año. A pesar de todo, el bloqueo selectivo en Tinogasta cumple también medio año.
Enero:
20/1: "El Aconquija no se toca: se refuerza lucha contra mega-minería en Catamarca".
29/1: "Usan la Ley Antiterrorista para impedir la lucha contra la mega-minería".
Febrero:
9/2: Represión en Catamarca a favor de Minera Alumbrera (Belén)
10/2: Tinogasta: otro pueblo que no quiere la megaminería (y reprimido)
15/2: A dos años del Andalgalazo, la gobernadora Corpacci defiende a Minera Alumbrera.
Julio:
17/7: Cerro Negro: El momento de nacionalizar la lucha contra la megaminería
20/7: Desalojo en Cerro Negro: Habían pedido proteger derechos humanos de los asambleístas
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| La frutilla del postre: El intendente de Belén denunció a asambleísta por dichos en facebook. |
"En Catamarca no hay un Estado de Derecho, hay un Estado Minero. No hay división de poderes, todos están al servicio del capital minero", sintetizó Enrique Viale el martes en un diagnóstico que se viene construyendo en los últimos meses. El término "Estado Minero" fue difundido por La Vaca, en una nota después de las represiones en Tinogasta y, sobre todo, en Belén. Días después, el propio gobierno se reconoce como tal, al ingresar a la OFEMI, "Organización Federal de Estados Mineros". Hace tiempo, desde ComAmbiental, publicábamos también una nota titulada "Dictadura Mineral", un término utilizado por el profesor Horacio Machado Aráoz, denunciando que existe un marco legal para garantizar la violencia expropiatoria, que desde lo cultural "el logo de Minera Alumbrera está en todos lados".
Las razones de Estado para las políticas represivas son claras y consisten en no permitir que se genere una mayor movilización contra el modelo extractivista. En febrero, la policía local ya había impedido el acceso de militantes de derechos humanos, de la Fundación SERPAJ, dirigida por el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel. Esa vez, el accionar conjunto entre patota y policía que convirtió a Andalgalá en un pueblo sitiado fue para impedir que se realice una gran movilización el 15 de febrero, justamente recordando la represión y el posterior "Andalgalazo" de 2010. Este mes, el desalojo en Cerro Negro también tuvo como fin evitar la llegada de una caravana nacional al corte selectivo para celebrar allí, el domingo 22, el Día de Acción Mundial contra la Minería a Cielo Abierto.
No es una cuestión exagerada. "Los ambientalistas son gente que está dispuesta a exigir que se cumpla su derecho. Esa gente habrá que sacarla y llevarla a la cárcel", se animó a expresar ante la prensa la propia Presidente de la Corte de Justicia de Catamarca, Amelia Sesto de Leiva. Parece que reclamar por los derechos que garantiza la Constitución es un delito en esa provincia, a la vez que las declaraciones parecían lamentarse de que los tiempos eran largos porque existe también el derecho a la defensa. No obstante, para cumplir con el pedido de la gobernadora de intervenir para que se libere el paso a los camiones de la empresa, las trabas se resolvieron rápido. La última vez, un fiscal provincial sin jurisdicción sobre rutas nacionales ordenó un desalojo, que se resolvió ante la intimidación de las patotas.
Antiterroristas vs Cerroristas. "Es la primera vez que la policía actúa abiertamente en conjunto con las patotas", señaló en diálogo con ComAmbiental Sergio Rojas, asambleísta de El Algarrobo, sobre los hechos de los últimos días. Quien nos habla también es conocido como uno de los eco-terroristas, o cerroristas que fueron detenidos el 27 de enero por realizar un corte selectivo en el departamento de Santa María. Para ejecutar la orden, el fiscal subrrogante Julio Landívar los imputó por el artículo 213 bis del Código Penal, que la nueva Ley Antiterrorista resalta al derogar el artículo 213 ter, donde se tipifica con más claridad qué es un "terrorista". Entre los puntos anteriores, se señalaba que debía disponer de armas, ahora simplemente basta con el criterio del fiscal de turno.
La noticia fue publicada por primera vez por ComAmbiental y causó repercusión en medios masivos, lo cual derivó en la intervención del Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, quien salió a desmentir la información. Al mismo tiempo, desde la Casa Rosada se comunicaron con Catamarca para dar marcha atrás con el asunto, mientras el propio fiscal reconocía a los medios que aplicó el artículo 213 bis. Así lo explicó a este medio Sergio Rojas: "Esta ley se aprobó para cuando el gobierno necesite desmovilizar a la gente. El fiscal la utilizó de forma arbitraria en un corte parcial, queriendo que nosotros paguemos el costo individualmente y fue todo un revuelo. Lo que hizo el ministro Alak fue tratar de lavarle la cara a la institución judicial que no es otra cosa que una sucursal de la empresa minera".
Del mismo modo, los hechos fueron confirmados esta semana por Mariana Katz, abogada del SERPAJ, en diálogo con ComAmbiental: "La imputación de los artículos de la Ley Antiterrorista se cayó hace tres o cuatro meses. Estuve en Santa María, hablé con el juez y esas causas están archivadas, se desestimó la imputación con la firma de un juez". No obstante ello, no debe pasarse por alto que el hecho demuestra la impunidad con la que cree actuar el poder judicial catamarqueño, incluso invocando la Ley Antiterrorista para disolver un corte selectivo, sin pensar en las consecuencias para las propias autoridades a las que sirve. "No se castiga una acción sino la falta de lealtad a un sistema político", opinó en su momento el fiscal federal Gustavo Gómez.
Vigilancia del pensamiento, también en facebook. La aplicación de una política "anti-terrorista" no viene solo por la invocación a una Ley. En los hechos, puede actuar como una política de estado por la forma en que se concibe la protesta social contra la mega-minería. Esto mismo ocurrió hace una semana, cuando el propio intendente de Belén envió una carta documento al asambleísta Mariano Cervantes por los delitos de calumnias e injurias. Seguramente, el funcionario local no conoce que en 2009 se modificó la Ley 26.551, por la cual no se aplica este delito a expresiones referidas a asuntos de interés público. El cambio tuvo que ver con una solución amistosa por la cual el Estado argentino cumplió una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de una demanda iniciada por el periodista Horacio Verbitsky en la década menemista.
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| La fotografía del colectivo "Nolo Intendente" fue difundida por Asamblea Cerro Negro. |
El Estado Mega-Minero de Catamarca aplica control sobre sus fronteras. En el marco del desalojo del corte selectivo y del acampe en Cerro Negro, se produjo un hecho muy preocupante. La policía tenía prácticamente "marcados" a las personas que llegaron a solidarizarse al lugar, entendiendo que se trata de una lucha nacional cuyos efectos incluyen a todos. Así, aplicando una suerte de control jurisdiccional, se obligó a los asambleístas y militantes "extranjeros" de Catamarca a abandonar la Provincia. Se provocó un virtual "secuestro" del micro, en el que colaboró luego la policía de La Rioja. Un hecho similar se produjo días después, cuando llegó otro micro proveniente de Buenos Aires. Patrulleros intentaron impedir que ingrese a Tinogasta, aunque por acción de la asamblea local se pudo revertir esta decisión.
La situación tiene un precedente claro en febrero de este año. Como adelantamos, se negó el ingreso de militantes de Derechos Humanos del SERPAJ al pueblo de Andalgalá, y también al diputado nacional Jorge Cardelli, así como de periodistas, que luego consiguieron ingresar. Pero la situación fue peor para una persona, Nidia Gaudhier, una de las abogadas de los asambleístas acusados de terroristas. Ella sufrió la persecución de camionetas con el logo de Minera Alumbrera, y lo relacionó con la causa que seguía. "Como se difundió tanto el intento tan irregular de aplicar la Ley Antiterrorista inconstitucional para las protestas ambientalistas pacíficas, probablemente la policía tomó mi nombre", expresó en su momento a ComAmbiental. Y denunció: "aquí lo que está en juego es la democracia. Es un estado de no derecho".
Derechos Humanos al Ambiente y a la Expresión. "La megaminería está lejos de ser una problemática ambiental, sino que está convertida en una sistemática violación de los derechos humanos más básicos. La megaminería se impone por la fuerza, a espaldas de la sociedad, y con criminalización de la protesta social", amplió su visión Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Esta asociación, junto a Pérez Esquivel, diputados nacionales y otras organizaciones sociales, habían pedido el mismo viernes en que se realizó el desalojo que se garanticen los derechos humanos de los manifestantes en Catamarca. Tres presentaciones se realizaron a organismos nacionales: la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Derechos Humanos.
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| Conferencia realizada frente a la Casa de Catamarca. Foto: ComAmbiental. |
Podría haber novedades desde la Defensoría. Así lo comunicó Mariela Silverstein, de Conciencia Solidaria: "Le presentamos las represiones sistemáticas que están sufriendo en Catamarca desde 2006 con la misma operatoria: la policía defendiendo a las patotas pro-mineras en lugar de defender el legítimo derecho a la vida". Esta continuidad de 6 años es un elemento clave para afirmar que se trata de una política de estado. Una mucho más poderosa que la política de derechos humanos, en donde el gobierno busca encuadrar también la política ambiental, como expresó el actual Jefe de Gabinete, Juan Abal Medina. Es por ello que muy difícilmente la Secretaría de Derechos Humanos pueda intervenir en este caso, recordando que el gobierno de Catamarca se reconoce como genuinamente "kirchnerista".
Incluso, gobernadora y vicegobernador fueron invitados al programa ultra-oficialista "678" para explicar por qué Minera Alumbrera no contamina. El contexto fue también las represiones de febrero de este año, que el poder político defendió, sea por acción u omisión en su palabra. Para defender el proyecto millonario Agua Rica, mucho más grande que el actual Bajo de la Alumbrera, la mandataria se atrevió a decir que "el agua no está perjudicada por el desarrollo minero", algo que es totalmente falso. A pesar de otra bandera del gobierno, el poder mediático en la provincia avala al Estado Mega-Minero. "Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia", dicen los primeros versos de una canción que resuena al escribir este informe.
Las lumbres del Poder Judicial. Hace unas semanas, medios zonales difundieron un fallo de primera instancia que beneficia a la Minera Alumbrera, en una demanda civil por contaminación iniciada en el año 2003. Por las redes, el fiscal federal Gustavo Gómez mostró su sorpresa, porque el fallo sucede justo con la licencia del Juez Federal de Catamarca y la suplencia del secretario electoral. Sin embargo, lo que no dijeron estos medios es que la demanda fue iniciada por pobladores del lugar que debieron irse de la zona luego de instalación de la minera, porque sus animales morían al tomar el agua. El caso fue difundido en el documental "Acecho a una ilusión", y la denuncia incluye informes sobre contaminación de quien era Inspector en Calidad de Minas, Héctor Nievas.
ACTUALIZADO: 00:30 horas.
Balance de un año que no terminó. Según escribió el colega Darío Aranda para Plaza de Mayo: "En 2012 hubo seis represiones sobre militantes socioambientales de la provincia. 56 activistas fueron obligados a dejar la provincia". Dejamos a continuación una serie de notas relevantes sobre los hechos en lo que va este año en el noroeste de Catamarca, que se concentraron a principio y a mediado de año. A pesar de todo, el bloqueo selectivo en Tinogasta cumple también medio año.
Enero:
20/1: "El Aconquija no se toca: se refuerza lucha contra mega-minería en Catamarca".
29/1: "Usan la Ley Antiterrorista para impedir la lucha contra la mega-minería".
Febrero:
9/2: Represión en Catamarca a favor de Minera Alumbrera (Belén)
10/2: Tinogasta: otro pueblo que no quiere la megaminería (y reprimido)
15/2: A dos años del Andalgalazo, la gobernadora Corpacci defiende a Minera Alumbrera.
Julio:
17/7: Cerro Negro: El momento de nacionalizar la lucha contra la megaminería
20/7: Desalojo en Cerro Negro: Habían pedido proteger derechos humanos de los asambleístas
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