El alerta empezó ayer y se cumplió en las últimas horas. La policía avanzó en una orden de desalojo en la comunidad diaguita "Indio Colalao", en la localidad tucumana de Rearte, fronteriza con Salta. El motivo del conflicto territorial son 19 mil hectáreas de monte nativo, controladas por terratenientes locales luego de un negocio con la familia Prat Gay.
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| La comunidad exige: "Territorio comunitario, fuera terratenientes". Foto: Nación Diaguita. |
Actualización. 21:30 horas. Informaciones periodísticas indican que se realizó el desalojo. No hay heridos graves pero los comuneros no pueden regresar a sus casas.
"Denunciamos que [Freddy] Moreno Nuñez Vela y [Jorge] Posse pretenden apropiarse de 19.000 hectáreas de monte nativo donde se encuentra la Base Riarte Norte, en función de que en el año 2003, en connivencia con la Familia Prat Gay, encubrieron un negociado resultado del vaciamiento del Banco de Crédito Rural", expresa un comunicado difundido en los últimos días.
Y explica, textualmente: "En ese momento el actual Diputado del ARI [Coalición Cívica], Alfonso Prat Gay, presidía el Banco Central de la República Argentina, entidad que tenía como garantía el territorio Colalao por la deuda contraída por Jorge Prat Gay, resultado de sucesivos préstamos solicitados. El uso de nuestro territorio para sus negociados derivo en la entrega por parte del Banco Central de la Nación Argentina de nuestros hermanos que allí habitan como un elemento más del paisaje".
En los últimos tiempos, la comunidad acusa a los terratenientes de efectuar "un plan de expulsión de nuestros hermanos". Entre las actividades para forzar el desarraigo de la comunidad, según denuncia la comunidad, Moreno y Posse "matan animales, impiden a nuestros hermanos sembrar, bloquean el agua de acequia que utilizan para riego y consumo". Además, en septiembre de 2010, clausuraron el único camino vecinal, que se sumó al cierre de la escuela primaria N° 31, ocurrido hace más de cinco años.
Ahora, el hecho que desencadenó la resistencia más activa fue la reciente expulsión de uno de los comuneros, un abuelo no vidente con problemas de salud. "Ante este nuevo e indignante atropello la Base Riarte ha decidido no permitir que se continúe violando sus derechos colectivos, por ello se constituye en asamblea permanente en el territorio en conflicto hasta que toda esta situación se resuelva y los derechos de nuestros hermanos se hagan efectivos", mencionaba el comunicado de hace unos días.
Frente a esta nueva resistencia, los terratenientes accionaron para lograr el desalojo de las tierras comunales. "Utilizando palos y armas de fuego, los más de 200 efectivos de la policía cumplen con la orden emanada por la jueza Ema de Nucci a instancia del requerimiento efectuado por el fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera", informó Primera Fuente. "La policía ingresó al lugar diciendo que iban a labrar un acta pero finalmente forzaron la resistencia en el camino e iniciaron el desalojo. La gente resiste al desalojo", comunicó Prensa Contrapunto.
Y explica, textualmente: "En ese momento el actual Diputado del ARI [Coalición Cívica], Alfonso Prat Gay, presidía el Banco Central de la República Argentina, entidad que tenía como garantía el territorio Colalao por la deuda contraída por Jorge Prat Gay, resultado de sucesivos préstamos solicitados. El uso de nuestro territorio para sus negociados derivo en la entrega por parte del Banco Central de la Nación Argentina de nuestros hermanos que allí habitan como un elemento más del paisaje".
En los últimos tiempos, la comunidad acusa a los terratenientes de efectuar "un plan de expulsión de nuestros hermanos". Entre las actividades para forzar el desarraigo de la comunidad, según denuncia la comunidad, Moreno y Posse "matan animales, impiden a nuestros hermanos sembrar, bloquean el agua de acequia que utilizan para riego y consumo". Además, en septiembre de 2010, clausuraron el único camino vecinal, que se sumó al cierre de la escuela primaria N° 31, ocurrido hace más de cinco años.
Ahora, el hecho que desencadenó la resistencia más activa fue la reciente expulsión de uno de los comuneros, un abuelo no vidente con problemas de salud. "Ante este nuevo e indignante atropello la Base Riarte ha decidido no permitir que se continúe violando sus derechos colectivos, por ello se constituye en asamblea permanente en el territorio en conflicto hasta que toda esta situación se resuelva y los derechos de nuestros hermanos se hagan efectivos", mencionaba el comunicado de hace unos días.
Frente a esta nueva resistencia, los terratenientes accionaron para lograr el desalojo de las tierras comunales. "Utilizando palos y armas de fuego, los más de 200 efectivos de la policía cumplen con la orden emanada por la jueza Ema de Nucci a instancia del requerimiento efectuado por el fiscal de Instrucción de la X Nominación, Guillermo Herrera", informó Primera Fuente. "La policía ingresó al lugar diciendo que iban a labrar un acta pero finalmente forzaron la resistencia en el camino e iniciaron el desalojo. La gente resiste al desalojo", comunicó Prensa Contrapunto.
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