La Coordinadora Latinoamericana de Defensa de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente rechaza el terrorismo de estado en Perú y denuncia al gobierno de Ollanta Humala por la represión, que ya se cobró cinco vidas y numerosos heridos. Es en respuesta al rechazo social del proyecto de megaminería Conga, que implica trasladar lagunas de la región de Cajamarca.
En un comunicado, la Coordinadora expresó "su solidaridad con los hermanos de Cajamarca y rechazo al terrorismo de Estado en Perú". Y agregó "su más enérgica condena y repudio a la represión", responsabilizando a "el gobierno de Ollanta Humala quién, a través del fujimorista empresario minero y Primer Ministro Oscar Valdés y su Ministro del Interior Wilver Calle Girón, han ocasionado este 3 de julio, la muerte de 3 pobladores cajamarquinos". En los últimos días, otras dos personas murieron por este conflicto.
La detención de Marco Arana agregó más tensión. El líder del movimiento Tierra y Libertad es una de las principales voces de los pueblos campesinos e indígenas de la región que ven en peligro sus fuentes de agua que representa "la vida misma; nuestra y de las futuras generaciones", apuntó la Coordinadora. Sucedió después de que diera una reunión de prensa en la plaza a pesar del estado de excepción (toque de queda), pero que de todas formas no justifica los golpes e insultos que recibió por parte de la policía.
Ya son "15 los asesinados durante el presente régimen “progresista” de Ollanta Humala", sigue el comunicado, escrito antes de las últimas dos muertes, lo que demuestra "la orientación dictatorial". Es decir, la criminalización de las protestas sociales, las declaratorias de Estados de Excepción en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca dejando en manos de las Fuerzas Armadas y policiales el control del “orden interno”".
En mayo, la Coordinadora entregó una carta al presidente Ollanta Humala a través de la Embajada de Perú en Buenos Aires, expresando la preocupación por la creciente militarización de la región de Cajamarca. Sin embargo el gobierno peruano no emitió ninguna respuesta y a fines de ese mes empezó una huelga general en las poblaciones afectadas, que aún continúa.
El marco. Salvador Gutiérrez de Tierra y Libertad explicó en diálogo con ComAmbiental que "en el Perú la ley antiterrorista fue sancionada en el gobierno del genocida y ladrón Alberto Fujimori, la prosiguió Alan Garcia y la continúa este gobierno que decretó el Estado de Emergencia para aplicar la represión".
El proyecto Conga de explotación de oro y cobre fue aprobado en octubre de 2010 por el Ministerio de Energía y Minas pero en noviembre del año pasado empezó el conflicto cuando se conoció que la actividad implicaba secar cuatro lagunas. Entonces, la empresa Minera Yanacocha, en alianza con Newmont Mining Corporation, adoptó nuevas exigencias del presidente Humala, como "preservar dos de las cuatro lagunas que iban a ser desecadas, crear reservorios de agua, 10.000 puestos de trabajo directo en la región y un fondo social", según informó El correo.
No obstante, las comunidades de Cajamarca sostienen que el daño ambiental será irreversible. Por eso emplazan al gobierno de Humala a "respetar la decisión del pueblo de Cajamarca de no permitir la ejecución del Megaproyecto Minero Conga y declarar de forma inmediata la INVIABILIDAD del mismo".
La última noticia indica que por pedido del presidente, el obispo católico Miguel Cabrejos oficiará de mediador para "calmar los ánimos" y facilitar "un diálogo racional, saludable y equilibrado", según informó la agencia AFP. En ese sentido, al preguntarle a Gutiérrez sobre qué mecanismos de consulta popular prevé la normativa peruana, dijo que " la Constitución Política del Estado Peruano lo señala de manera general, jamás fue reglamentado, precisamente para favorecer a las transnacionales".
"Llamamos a toda la comunidad internacional a repudiar los hechos de violencia que están ocurriendo en Cajamarca y adherimos a la lucha del pueblo peruano contra la alianza minera-militar que promueve el gobierno de Humala", expresa un comunicado firmado por personalidades como Hugo Blanco y Adolfo Pérez Esquivel.
 |
| Un posible antes y después del proyecto Conga. Imagen: La voz del Anáhuac |
En un comunicado, la Coordinadora expresó "su solidaridad con los hermanos de Cajamarca y rechazo al terrorismo de Estado en Perú". Y agregó "su más enérgica condena y repudio a la represión", responsabilizando a "el gobierno de Ollanta Humala quién, a través del fujimorista empresario minero y Primer Ministro Oscar Valdés y su Ministro del Interior Wilver Calle Girón, han ocasionado este 3 de julio, la muerte de 3 pobladores cajamarquinos". En los últimos días, otras dos personas murieron por este conflicto.
La detención de Marco Arana agregó más tensión. El líder del movimiento Tierra y Libertad es una de las principales voces de los pueblos campesinos e indígenas de la región que ven en peligro sus fuentes de agua que representa "la vida misma; nuestra y de las futuras generaciones", apuntó la Coordinadora. Sucedió después de que diera una reunión de prensa en la plaza a pesar del estado de excepción (toque de queda), pero que de todas formas no justifica los golpes e insultos que recibió por parte de la policía.
Ya son "15 los asesinados durante el presente régimen “progresista” de Ollanta Humala", sigue el comunicado, escrito antes de las últimas dos muertes, lo que demuestra "la orientación dictatorial". Es decir, la criminalización de las protestas sociales, las declaratorias de Estados de Excepción en las provincias de Celendín, Hualgayoc y Cajamarca dejando en manos de las Fuerzas Armadas y policiales el control del “orden interno”".
En mayo, la Coordinadora entregó una carta al presidente Ollanta Humala a través de la Embajada de Perú en Buenos Aires, expresando la preocupación por la creciente militarización de la región de Cajamarca. Sin embargo el gobierno peruano no emitió ninguna respuesta y a fines de ese mes empezó una huelga general en las poblaciones afectadas, que aún continúa.
El marco. Salvador Gutiérrez de Tierra y Libertad explicó en diálogo con ComAmbiental que "en el Perú la ley antiterrorista fue sancionada en el gobierno del genocida y ladrón Alberto Fujimori, la prosiguió Alan Garcia y la continúa este gobierno que decretó el Estado de Emergencia para aplicar la represión".
El proyecto Conga de explotación de oro y cobre fue aprobado en octubre de 2010 por el Ministerio de Energía y Minas pero en noviembre del año pasado empezó el conflicto cuando se conoció que la actividad implicaba secar cuatro lagunas. Entonces, la empresa Minera Yanacocha, en alianza con Newmont Mining Corporation, adoptó nuevas exigencias del presidente Humala, como "preservar dos de las cuatro lagunas que iban a ser desecadas, crear reservorios de agua, 10.000 puestos de trabajo directo en la región y un fondo social", según informó El correo.
No obstante, las comunidades de Cajamarca sostienen que el daño ambiental será irreversible. Por eso emplazan al gobierno de Humala a "respetar la decisión del pueblo de Cajamarca de no permitir la ejecución del Megaproyecto Minero Conga y declarar de forma inmediata la INVIABILIDAD del mismo".
La última noticia indica que por pedido del presidente, el obispo católico Miguel Cabrejos oficiará de mediador para "calmar los ánimos" y facilitar "un diálogo racional, saludable y equilibrado", según informó la agencia AFP. En ese sentido, al preguntarle a Gutiérrez sobre qué mecanismos de consulta popular prevé la normativa peruana, dijo que " la Constitución Política del Estado Peruano lo señala de manera general, jamás fue reglamentado, precisamente para favorecer a las transnacionales".
"Llamamos a toda la comunidad internacional a repudiar los hechos de violencia que están ocurriendo en Cajamarca y adherimos a la lucha del pueblo peruano contra la alianza minera-militar que promueve el gobierno de Humala", expresa un comunicado firmado por personalidades como Hugo Blanco y Adolfo Pérez Esquivel.
Comentarios