No alcanzó con desalojarlos de las tierras, el 4 de julio pasado. A la Comunidad Indio Colalao también le cabe la criminalización por parte de la Provincia de Tucumán. Ayer llegó a 25 el número de personas con orden de detención, entre ellas la Cacique María Lilia Delgado. Se confirmó que hay dos personas presas. La Red Nacional de Acción Ecologista difundió un comunicado donde "repudia estos penosos atropellos del imperio de la soja por sobre las comunidades que vivieron allí desde hace siglos, y sus ejecutores en empresas, poder judicial y gobiernos".
Como escribimos en el artículo anterior, el motivo del conflicto territorial es la tenencia de 19 mil hectáreas de monte nativo en la zona de Rearte, controladas hoy, según denuncia la comunidad, por los terratenientes locales Freddy Moreno Nuñez Vela y Jorge Posse, luego de un negocio realizado en el año 2003 con la familia Prat Gay. A principios de mes, la situación de hostigamiento vivida en los últimos años, que incluyó el cierre de una escuela y de caminos comunales, llegó a una crisis con la expulsión de un abuelo de la comunidad. Esta semana fue el propio empresario que radicó la denuncia, según informó Prensa ContraPunto, con "bastantes sospechas", primero contra 8 y luego contra 17 personas más.
"Se trata de unas 19.600 hectáreas en gran parte de las que se ha sembrado soja y desechado los residuos tóxicos con plaguicidas por doquier. La ONG Pro Eco, oportunamente, había realizado las denuncias, ya que parte de esos residuos peligrosos habían sido arrojados cerca de fuentes de agua. La asociación denunció, además, los desmontes sistemáticos de monte nativo", agrega la RENACE. Y recuerda: "La ley Nacional 26.160 no permite los desalojos y promueve el relevamineto territorial de comunidades indígenas, para su estudio y respeto".
Como escribimos en el artículo anterior, el motivo del conflicto territorial es la tenencia de 19 mil hectáreas de monte nativo en la zona de Rearte, controladas hoy, según denuncia la comunidad, por los terratenientes locales Freddy Moreno Nuñez Vela y Jorge Posse, luego de un negocio realizado en el año 2003 con la familia Prat Gay. A principios de mes, la situación de hostigamiento vivida en los últimos años, que incluyó el cierre de una escuela y de caminos comunales, llegó a una crisis con la expulsión de un abuelo de la comunidad. Esta semana fue el propio empresario que radicó la denuncia, según informó Prensa ContraPunto, con "bastantes sospechas", primero contra 8 y luego contra 17 personas más.
"Se trata de unas 19.600 hectáreas en gran parte de las que se ha sembrado soja y desechado los residuos tóxicos con plaguicidas por doquier. La ONG Pro Eco, oportunamente, había realizado las denuncias, ya que parte de esos residuos peligrosos habían sido arrojados cerca de fuentes de agua. La asociación denunció, además, los desmontes sistemáticos de monte nativo", agrega la RENACE. Y recuerda: "La ley Nacional 26.160 no permite los desalojos y promueve el relevamineto territorial de comunidades indígenas, para su estudio y respeto".
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