Greenpeace colocó un símil de bomba en el Congreso de la Nación y activó la cuenta regresiva. Así alertó que si la Cámara de Diputados no trata el proyecto de Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos en los próximos 90 días, se perderá la oportunidad de que la Argentina empiece a gestionar adecuadamente un recurso de gran valor. Opinan expertos del INTI, del sector empresario y del recuperador.
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la gestión de RAEE sancionado en el Senado en mayo de 2011, está trabado en la Cámara de Diputados. Si no se trata en lo que queda del año, perderá estado parlamentario y volverá a “foja cero”, advirtió Greenpeace.
El mes pasado había intención de dar dictamen conjunto entre las comisiones de Recursos Naturales, Industria y Presupuesto pero un ala del Frente para la Victoria encarnado en el diputado Roberto Feletti parece tener la orden de no dar quórum, según dijo a ComAmbiental su par Juan Casañas (UCR), presidente de la comisión de RRNN.
¿Cuáles son los puntos más cuestionados del proyecto de ley? Las claves de la discusión fueron expuestas en una jornada organizada por el área de Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad Isalud hace quince días.
Un tema es la definición de los RAEE ya que abarca desde grandes artefactos hasta pilas y baterías. Leila Devia, coordinadora de Regulaciones Ambientales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), explicó que algunos están incluidos en la Ley 24.051 de residuos peligrosos, lo que dificulta la posibilidad de su transporte y su reciclado. Por ello sugirió que se los considere “residuos domiciliarios universales con tratamiento especial”. Para la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), en boca de su presidente Norberto Capellán, lo ideal sería que sean clasificados según la normativa internacional RoHS ya que la mayoría de los productos “son diseñados y manufacturados globalmente”.
Otra fuerte disputa se centra en la figura del Ente Nacional de Gestión que -aunque será multisectorial y representará los intereses públicos y privados- administrará un fondo aportado de manera diferenciada por los productores de RAEE, es decir fabricantes, ensambladores y comercializadores de aparatos que funcionen a energía. En ese sentido, Capellán señaló las dudas del sector empresario sobre cómo se instrumentará ese fondo. “No vemos la industria de reciclado suficiente para procesar los volúmenes que el proyecto de ley propone; debe asegurarse que haya competencia abierta, innovación tecnológica e incentivos para desarrollarla”, agregó.
Por último, Devia mencionó la complejidad de los aparatos importados que no especifican la calidad de sus insumos, que diseñados con un criterio de “obsolescencia programada”, dificultan la sistematización de su tratamiento y disposición final.
La importancia de esta ley. Hasta ahora, la gestión de RAEE es voluntaria e incipiente. Gustavo Protomastro, gerente de Servicios y Tratamientos Ambientales en Grupo Pelco (uno de los pocos operadores habilitados en el país), aquejó que “hace año y medio que no se exportan plaquetas en el mercado formal” y propuso que las máximas autoridades ambientales y tributarias propicien las reglas para un mercado de RAEE que podría equiparar las divisas que genera la minera Barrick Gold.
“CICOMRA acompañará cualquier plan razonable de gestión de RAEE”, repitió Capellán. Devia señaló que los temas discutidos "se tendrían que resolver en la reglamentación" y que la sanción de esta ley nacional es “la posibilidad de fortalecer el sistema” que por ahora tiene solo seis empresas habilitadas para operar estos residuos y muchas cooperativas informales que el INTI asesora para mejorar sus prácticas.
Mauro Albornoz del programa GIRSU del INTI aclaró la importancia de este circuito de la producción que es la recuperación. El potencial es alto porque esta actividad ya “genera inclusión social mediante muchas fuentes de empleo, recupera piezas para su exportación a granel, revaloriza aparatos en desuso para educación y evita la contaminación ambiental”.
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Basura electrónica: la opinión del INTI (13/9/2010)
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| "Pila bomba" y cuenta regresiva para la Argentina. Foto: Greenpeace. |
El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la gestión de RAEE sancionado en el Senado en mayo de 2011, está trabado en la Cámara de Diputados. Si no se trata en lo que queda del año, perderá estado parlamentario y volverá a “foja cero”, advirtió Greenpeace.
El mes pasado había intención de dar dictamen conjunto entre las comisiones de Recursos Naturales, Industria y Presupuesto pero un ala del Frente para la Victoria encarnado en el diputado Roberto Feletti parece tener la orden de no dar quórum, según dijo a ComAmbiental su par Juan Casañas (UCR), presidente de la comisión de RRNN.
¿Cuáles son los puntos más cuestionados del proyecto de ley? Las claves de la discusión fueron expuestas en una jornada organizada por el área de Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la Universidad Isalud hace quince días.
Un tema es la definición de los RAEE ya que abarca desde grandes artefactos hasta pilas y baterías. Leila Devia, coordinadora de Regulaciones Ambientales del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), explicó que algunos están incluidos en la Ley 24.051 de residuos peligrosos, lo que dificulta la posibilidad de su transporte y su reciclado. Por ello sugirió que se los considere “residuos domiciliarios universales con tratamiento especial”. Para la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), en boca de su presidente Norberto Capellán, lo ideal sería que sean clasificados según la normativa internacional RoHS ya que la mayoría de los productos “son diseñados y manufacturados globalmente”.
Otra fuerte disputa se centra en la figura del Ente Nacional de Gestión que -aunque será multisectorial y representará los intereses públicos y privados- administrará un fondo aportado de manera diferenciada por los productores de RAEE, es decir fabricantes, ensambladores y comercializadores de aparatos que funcionen a energía. En ese sentido, Capellán señaló las dudas del sector empresario sobre cómo se instrumentará ese fondo. “No vemos la industria de reciclado suficiente para procesar los volúmenes que el proyecto de ley propone; debe asegurarse que haya competencia abierta, innovación tecnológica e incentivos para desarrollarla”, agregó.
Por último, Devia mencionó la complejidad de los aparatos importados que no especifican la calidad de sus insumos, que diseñados con un criterio de “obsolescencia programada”, dificultan la sistematización de su tratamiento y disposición final.
La importancia de esta ley. Hasta ahora, la gestión de RAEE es voluntaria e incipiente. Gustavo Protomastro, gerente de Servicios y Tratamientos Ambientales en Grupo Pelco (uno de los pocos operadores habilitados en el país), aquejó que “hace año y medio que no se exportan plaquetas en el mercado formal” y propuso que las máximas autoridades ambientales y tributarias propicien las reglas para un mercado de RAEE que podría equiparar las divisas que genera la minera Barrick Gold.
“CICOMRA acompañará cualquier plan razonable de gestión de RAEE”, repitió Capellán. Devia señaló que los temas discutidos "se tendrían que resolver en la reglamentación" y que la sanción de esta ley nacional es “la posibilidad de fortalecer el sistema” que por ahora tiene solo seis empresas habilitadas para operar estos residuos y muchas cooperativas informales que el INTI asesora para mejorar sus prácticas.
Mauro Albornoz del programa GIRSU del INTI aclaró la importancia de este circuito de la producción que es la recuperación. El potencial es alto porque esta actividad ya “genera inclusión social mediante muchas fuentes de empleo, recupera piezas para su exportación a granel, revaloriza aparatos en desuso para educación y evita la contaminación ambiental”.
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