Pasaron ya dos meses de las denuncias públicas contra el Juez Luis Armella, a cargo del cumplimiento del fallo, que implican también al Secretario de Ambiente de la Nación Juan José Mussi. En este contexto, para la audiencia de ayer estaban convocadas dos instituciones relevantes: la CEAMSE, que emitió la mayoría de los contratos sospechados, y la AGN, encargada de analizar los términos de la denuncia contra Armella. Sin embargo, ambos testimonios quedaron nuevamente postergados, aunque la Corte ya interrogó a Mussi y otros actores involucrados.
Se sabe y se repite que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó el saneamiento del Riachuelo constituye un hito en la historia ambiental del país. Del mismo modo, la institución jurídica innovó en la manera de llevar adelante la sentencia. Sin embargo ahora, de comprobarse las denuncias, la Corte debe enfrentar “el problema” que generó la propia decisión al concentrar el poder en un único Juez Federal. Según el periodista denunciante Horacio Verbitsky, se repartiría la tarea en dos o tres juzgados y “ya renunciaron a la ACUMAR dos protegidos del juez”.
A esto se suma la controversia surgida fuera del fallo, sobre la continuidad del titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, a cargo de cotejar la denuncia con la documentación remitida por Armella. Luego de ser ratificado en el cargo, expresó en Página 12 que fue “un paso atrás del oficialismo, que procuró mi destitución”.
¿Contrataciones monopólicas? La Corte, no obstante, inquirió sobre cuestiones mencionadas en la denuncia, a los funcionarios que sí expusieron. El 11 de octubre, en la primera parte de la audiencia, Juan José Mussi –secretario de Ambiente de la Nación, presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y exintendente reelecto de Berazategui (jurisdicción del juez Armella)- respondió sobre el cierre de tosqueras que habría beneficiado a empresas allegadas al juez.
Explicó que conforme al plan de reordenamiento territorial ambiental, “se clausuraron canteras en 2009 por orden de Armella”. Y opinó contradictoriamente: “Creo que debería levantarse la veda para hacer la obra de la autopista Presidente Perón. Eso compete a los dueños de las canteras o del Ministerio de Infraestructura. De hecho hay algunas que se habilitaron cuando cumplieron con los requisitos”.
En tanto ayer Carlos Ben, presidente de AySA, contó que “en el último año desarrollamos más de 600 obras, de las cuales el 70% corresponde a la cuenca”. Así explicó que hay tres formas diferentes de contrataciones: por licitación pública para obras de más de $15 millones, con el control de una comisión interna y la AGN; por concurso privado entre cinco o seis empresas, elegidas rotativamente por orden en las listas públicas de inscriptos para tal fin (actualmente operan con unas 80 empresas, dijo Ben), o por contratación directa para trabajos específicos que no realiza AySA. En todos los casos, reiteró que la rendición de cuentas es bimestral.
La Corte indagó entonces en base a un informe de la AGN que expone que "se repiten los socios de las empresas” y que por ejemplo la constructora M&T fue adjudicada con un trabajo por $35 millones por concurso privado, a lo que Ben aclaró que se trata de “la planta depuradora de Bernal, fuera de la cuenca”. El titular de AySA también se excusó: “es muy difícil saber quiénes son los socios”. Y recalcó que si bien en las obras de Jagüel “el juez Armella pidió ser expeditivos porque es responsable de la ejecución, no cambiamos los mecanismos de contratación”. Sin embargo, desde la AGN apuntan a que también estos contratos podrían ser parte de la misma maniobra de manejos turbios.
Claroscuros. La Corte inauguró la audiencia diciendo que “hay un alto nivel de cumplimiento en el plan” pero luego señaló que “los números no coinciden dentro del propio informe” presentado por los integrantes de ACUMAR y pidió aclaraciones.
Mussi dijo que hay 22.500 empresas empadronadas, la mitad son industrias de las cuales 1.410 son agentes contaminantes. En lo que va del año 50 de éstas ya adecuaron su tecnología alcanzando un total de 192 industrias reconvertidas, una proporción baja en opinión de las organizaciones sociales que siguen el fallo. Otras 783 tienen sus planes de reconversión industrial (PRI) aprobados, 206 están en análisis y 186 fueron clausuradas (80% de éstas son pymes) a pesar del ofrecimiento de subsidios nacionales por $50 millones, agregó Mussi. Por otro lado, “se firmó convenio con 40 empresas que aportarán $ 27 millones para construir la planta de tratamiento de efluentes industriales ACUBA”.
Llamó la atención de la Corte que de las diez mil industrias controladas por ACUMAR "el 40% no vuelca efluentes al río", por lo cual le pidió a Mussi esclarecer cómo destina los recursos de inspección. Relacionado, el presidente de ACUMAR indicó “nos quedaríamos sin presupuesto para funcionar” porque “el gobierno de la Ciudad debería aportar 160 millones de pesos pero destinó solo 25 millones”, mientras que la Provincia incluyó lo correspondiente en su presupuesto “pero no aportó”.
Alto cumplimiento ¿para metas bajas? La Corte también pidió elevar los parámetros para el uso del río y la calidad del agua y el aire. La Asociación Vecinos de la Boca presentó un informe técnico independiente en el que critica “la visión poco optimista” de ACUMAR.
Al respecto, Raúl Estrada Oyuela, presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, opinó en Página 12 que “este río va a seguir contaminado porque los efluentes que están permitidos descargar son altamente contaminantes y porque el objetivo es que éste sea un río sucio”.
En materia de liquidos cloacales, Ben aclaró que las demoras en las obras se debieron a requerimientos extra solicitados por el BID, principal financiador.
Respecto de los basurales, todos coincidieron en la limpieza de las márgenes y Mussi agregó que "se erradicó el 68% de los basurales" ilegales, es decir 184 sitios. Sólo en el municipio de Almirante Brown, esto representó un aumento del 60% del envío de residuos al CEAMSE y de un 93% de camiones para su transporte, explicó el funcionario Máximo Lanzetta.
Estos residuos forman un negocio polémico vinculado a la extensión de la vida útil del relleno sanitario Norte III y a contrataciones también sospechadas en la denuncia de Verbitsky, que deberán ser aclaradas por CEAMSE el próximo jueves 1 de noviembre, junto a AGN y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Ver también:
Verbitsky denuncia a Armella y apunta a Mussi (26/8/2012)
Mussi solo recibió un llamado de atención de CFK (9/9/2012)
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| Riachuelo frente a la Corte Suprema de Justicia. Foto: CIJ. |
Se sabe y se repite que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó el saneamiento del Riachuelo constituye un hito en la historia ambiental del país. Del mismo modo, la institución jurídica innovó en la manera de llevar adelante la sentencia. Sin embargo ahora, de comprobarse las denuncias, la Corte debe enfrentar “el problema” que generó la propia decisión al concentrar el poder en un único Juez Federal. Según el periodista denunciante Horacio Verbitsky, se repartiría la tarea en dos o tres juzgados y “ya renunciaron a la ACUMAR dos protegidos del juez”.
A esto se suma la controversia surgida fuera del fallo, sobre la continuidad del titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, a cargo de cotejar la denuncia con la documentación remitida por Armella. Luego de ser ratificado en el cargo, expresó en Página 12 que fue “un paso atrás del oficialismo, que procuró mi destitución”.
¿Contrataciones monopólicas? La Corte, no obstante, inquirió sobre cuestiones mencionadas en la denuncia, a los funcionarios que sí expusieron. El 11 de octubre, en la primera parte de la audiencia, Juan José Mussi –secretario de Ambiente de la Nación, presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) y exintendente reelecto de Berazategui (jurisdicción del juez Armella)- respondió sobre el cierre de tosqueras que habría beneficiado a empresas allegadas al juez.
Explicó que conforme al plan de reordenamiento territorial ambiental, “se clausuraron canteras en 2009 por orden de Armella”. Y opinó contradictoriamente: “Creo que debería levantarse la veda para hacer la obra de la autopista Presidente Perón. Eso compete a los dueños de las canteras o del Ministerio de Infraestructura. De hecho hay algunas que se habilitaron cuando cumplieron con los requisitos”.
En tanto ayer Carlos Ben, presidente de AySA, contó que “en el último año desarrollamos más de 600 obras, de las cuales el 70% corresponde a la cuenca”. Así explicó que hay tres formas diferentes de contrataciones: por licitación pública para obras de más de $15 millones, con el control de una comisión interna y la AGN; por concurso privado entre cinco o seis empresas, elegidas rotativamente por orden en las listas públicas de inscriptos para tal fin (actualmente operan con unas 80 empresas, dijo Ben), o por contratación directa para trabajos específicos que no realiza AySA. En todos los casos, reiteró que la rendición de cuentas es bimestral.
La Corte indagó entonces en base a un informe de la AGN que expone que "se repiten los socios de las empresas” y que por ejemplo la constructora M&T fue adjudicada con un trabajo por $35 millones por concurso privado, a lo que Ben aclaró que se trata de “la planta depuradora de Bernal, fuera de la cuenca”. El titular de AySA también se excusó: “es muy difícil saber quiénes son los socios”. Y recalcó que si bien en las obras de Jagüel “el juez Armella pidió ser expeditivos porque es responsable de la ejecución, no cambiamos los mecanismos de contratación”. Sin embargo, desde la AGN apuntan a que también estos contratos podrían ser parte de la misma maniobra de manejos turbios.
Claroscuros. La Corte inauguró la audiencia diciendo que “hay un alto nivel de cumplimiento en el plan” pero luego señaló que “los números no coinciden dentro del propio informe” presentado por los integrantes de ACUMAR y pidió aclaraciones.
Mussi dijo que hay 22.500 empresas empadronadas, la mitad son industrias de las cuales 1.410 son agentes contaminantes. En lo que va del año 50 de éstas ya adecuaron su tecnología alcanzando un total de 192 industrias reconvertidas, una proporción baja en opinión de las organizaciones sociales que siguen el fallo. Otras 783 tienen sus planes de reconversión industrial (PRI) aprobados, 206 están en análisis y 186 fueron clausuradas (80% de éstas son pymes) a pesar del ofrecimiento de subsidios nacionales por $50 millones, agregó Mussi. Por otro lado, “se firmó convenio con 40 empresas que aportarán $ 27 millones para construir la planta de tratamiento de efluentes industriales ACUBA”.
Llamó la atención de la Corte que de las diez mil industrias controladas por ACUMAR "el 40% no vuelca efluentes al río", por lo cual le pidió a Mussi esclarecer cómo destina los recursos de inspección. Relacionado, el presidente de ACUMAR indicó “nos quedaríamos sin presupuesto para funcionar” porque “el gobierno de la Ciudad debería aportar 160 millones de pesos pero destinó solo 25 millones”, mientras que la Provincia incluyó lo correspondiente en su presupuesto “pero no aportó”.
Alto cumplimiento ¿para metas bajas? La Corte también pidió elevar los parámetros para el uso del río y la calidad del agua y el aire. La Asociación Vecinos de la Boca presentó un informe técnico independiente en el que critica “la visión poco optimista” de ACUMAR.
Al respecto, Raúl Estrada Oyuela, presidente de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, opinó en Página 12 que “este río va a seguir contaminado porque los efluentes que están permitidos descargar son altamente contaminantes y porque el objetivo es que éste sea un río sucio”.
En materia de liquidos cloacales, Ben aclaró que las demoras en las obras se debieron a requerimientos extra solicitados por el BID, principal financiador.
Respecto de los basurales, todos coincidieron en la limpieza de las márgenes y Mussi agregó que "se erradicó el 68% de los basurales" ilegales, es decir 184 sitios. Sólo en el municipio de Almirante Brown, esto representó un aumento del 60% del envío de residuos al CEAMSE y de un 93% de camiones para su transporte, explicó el funcionario Máximo Lanzetta.
Estos residuos forman un negocio polémico vinculado a la extensión de la vida útil del relleno sanitario Norte III y a contrataciones también sospechadas en la denuncia de Verbitsky, que deberán ser aclaradas por CEAMSE el próximo jueves 1 de noviembre, junto a AGN y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Ver también:
Verbitsky denuncia a Armella y apunta a Mussi (26/8/2012)
Mussi solo recibió un llamado de atención de CFK (9/9/2012)
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