La Secretaría de Ambiente de la Nación relevó (y reveló) la continuidad de la deforestación en Argentina. Aún con la vigencia de la Ley de protección de Bosques Nativos en noviembre de 2007, se perdieron más de un millón de hectáreas en casi cuatro años. "Se hace evidente que el desfinanciamiento de la Ley 26.331 y la debilidad en su implementación obedece a un objetivo superior que es elevar la producción de materias primas de origen agropecuario para exportación", es una de las conclusiones de la organización Los Verdes, que analizó el informe oficial.
La Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques (Secretaría de Ambiente de la Nación) habría presentado el informe "Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina. Periodo 2006-2011", ya en junio del 2012. Sin embargo, sus resultados no se difundieron como hubiese sido conveniente por su importancia, tal vez porque choca con otros intereses actuales del gobierno nacional. Según el Monitoreo: "los procesos de pérdida de superficie de bosque nativo fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria -señalan- que en varias oportunidades corresponde a la soja". El ritmo de deforestación se mantuvo casi igual que el quinquenio anterior, considerado del 2002 al 2006.
Según pudo constatar ComAmbiental, Salta y Santiago del Estero son las provincias que lideran los desmontes ilegales, ya que se produjeron luego de haber elaborado su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en zonas con "categoría roja", que tiene la más alta protección por su función ecosistémica. Entre ambas se contabilizaron 13 mil hectáreas deforestadas de un total de 16 mil hectáreas de bosques que debieron ser protegidos según el ordenamiento que realizó la propia provincia. Por otra parte, la mitad de la superficie perdida fue de categoría amarilla, que la Ley reserva para un uso sustentable, con 259 mil hectáreas menos. Y la categoría verde, la única sujeta a posible desmonte con el permiso correspondiente, aportó 185 mil hectáreas, el 36 por ciento.
Otro dato importante es que las provincia donde más superficie provincial se desmontó en el periodo 2006-2011 fueron Santiago del Estero (2,31%), Salta (1,31%), San Luis (1,50%), Córdoba (1,16%) y Formosa (1,04%). De estas jurisdicciones, San Luis tiene un porcentaje alto pero la superficie es la menor, con12 mil hectáreas. Por su parte, Santiago del Estero es una de las provincias más amenazada en todos lo rubros, y la más deforestada, con 619 mil hectáreas en total, de las cuales 154 se produjeron cuando regía la moratoria impuesta por la Ley (luego de su sanción y antes del OTBN). Por ello no resulta extraño que sea una de las provincias donde se observa mayor conflictividad, como evidencia las denuncias del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero).
Esto es lo que señaló justamente una carta elaborada por investigadores universitarios, a raíz de los diversos asesinatos a indígenas en Formosa y Chaco: "Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y, en menor medida, el turismo”. Al mismo tiempo, la carta recuerda otros asesinatos a campesinos. La mayoría ocurrió en Santiago del Estero: "Sandra Juárez, fallecida de un paro cardíaco frente a las topadoras el 13 de marzo de 2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio, asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 años; y Miguel Galván, campesino lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012".
Frente a este panorama, la organización Los Verdes presentó su análisis esta semana: "La destrucción no se detiene", se titula. “Resulta auspicioso que la Secretaría de Ambiente asuma el avance de la deforestación como un problema. Pero el informe oficial presentado carece de valor si, como Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley de Bosques no denuncia en la justicia las evidentes transgresiones detectadas. Los responsables deben ser sancionados. Por otro lado, si estas cifras no sirven de alerta para modificar las políticas macroeconómicas que están empujando hacia la destrucción de los bosques nativos y la creciente conflictividad social con las poblaciones que habitan en las áreas de bosque, el trabajo realizado solo habrá sido testimonial”, evaluó Juan Carlos Villalonga.
Sin embargo, más importante aún es el panorama sombrío que se aplica al considerar la incompatibilidad de la Ley de Bosques, votada por el Congreso de la Nación, con el denominado Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), lanzado el año pasado por el Poder Ejecutivo. Según argumenta el informe de Los Verdes: "El PEA propone alcanzar una producción de alrededor de 150 millones de toneladas de granos (cereales y oleaginosas) en ocho años". Con estos datos, la conclusión es preocupante: "Ese aumento en la producción representa, en cualquier escenario, una expansión de la superficie sembrada. Bajos diferentes hipótesis, esa expansión oscila entre las 9 y 20 millones de hectáreas, entre el 50% y el 100% del área remanente de bosques nativos".
Desde ComAmbiental, difundimos hace un año las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre la falta de aplicación de la Ley con respecto al Fondo de Protección de Bosques. En la misma nota, recordamos que desde la Secretaría de Ambiente se había justificado al decir que no existe "capacidad institucional" para girar los fondos. En el informe comentado, se reitera este argumento y se concluye al decir que "cuando las autoridades cuenten con sus capacidades (control de actividades forestales) se comenzarán a ver los logros de la norma". Mientras tanto, la Ley de Bosques es una Ley de Papel, que no se aplica, y sirve sólo para que se presente en foros internacionales, como los de cambio climático. Y, tal vez, para que comunidades campesínas- indígenas tengan otra herramienta de lucha.
Ver también:
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| Desmontes por Sojización, una problemática grave. Foto: Greenpeace. |
La Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques (Secretaría de Ambiente de la Nación) habría presentado el informe "Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina. Periodo 2006-2011", ya en junio del 2012. Sin embargo, sus resultados no se difundieron como hubiese sido conveniente por su importancia, tal vez porque choca con otros intereses actuales del gobierno nacional. Según el Monitoreo: "los procesos de pérdida de superficie de bosque nativo fueron causados principalmente por el avance de la frontera agropecuaria -señalan- que en varias oportunidades corresponde a la soja". El ritmo de deforestación se mantuvo casi igual que el quinquenio anterior, considerado del 2002 al 2006.
Según pudo constatar ComAmbiental, Salta y Santiago del Estero son las provincias que lideran los desmontes ilegales, ya que se produjeron luego de haber elaborado su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en zonas con "categoría roja", que tiene la más alta protección por su función ecosistémica. Entre ambas se contabilizaron 13 mil hectáreas deforestadas de un total de 16 mil hectáreas de bosques que debieron ser protegidos según el ordenamiento que realizó la propia provincia. Por otra parte, la mitad de la superficie perdida fue de categoría amarilla, que la Ley reserva para un uso sustentable, con 259 mil hectáreas menos. Y la categoría verde, la única sujeta a posible desmonte con el permiso correspondiente, aportó 185 mil hectáreas, el 36 por ciento.
Otro dato importante es que las provincia donde más superficie provincial se desmontó en el periodo 2006-2011 fueron Santiago del Estero (2,31%), Salta (1,31%), San Luis (1,50%), Córdoba (1,16%) y Formosa (1,04%). De estas jurisdicciones, San Luis tiene un porcentaje alto pero la superficie es la menor, con12 mil hectáreas. Por su parte, Santiago del Estero es una de las provincias más amenazada en todos lo rubros, y la más deforestada, con 619 mil hectáreas en total, de las cuales 154 se produjeron cuando regía la moratoria impuesta por la Ley (luego de su sanción y antes del OTBN). Por ello no resulta extraño que sea una de las provincias donde se observa mayor conflictividad, como evidencia las denuncias del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero).
Esto es lo que señaló justamente una carta elaborada por investigadores universitarios, a raíz de los diversos asesinatos a indígenas en Formosa y Chaco: "Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y, en menor medida, el turismo”. Al mismo tiempo, la carta recuerda otros asesinatos a campesinos. La mayoría ocurrió en Santiago del Estero: "Sandra Juárez, fallecida de un paro cardíaco frente a las topadoras el 13 de marzo de 2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio, asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 años; y Miguel Galván, campesino lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012".
Frente a este panorama, la organización Los Verdes presentó su análisis esta semana: "La destrucción no se detiene", se titula. “Resulta auspicioso que la Secretaría de Ambiente asuma el avance de la deforestación como un problema. Pero el informe oficial presentado carece de valor si, como Autoridad Nacional de Aplicación de la Ley de Bosques no denuncia en la justicia las evidentes transgresiones detectadas. Los responsables deben ser sancionados. Por otro lado, si estas cifras no sirven de alerta para modificar las políticas macroeconómicas que están empujando hacia la destrucción de los bosques nativos y la creciente conflictividad social con las poblaciones que habitan en las áreas de bosque, el trabajo realizado solo habrá sido testimonial”, evaluó Juan Carlos Villalonga.
Sin embargo, más importante aún es el panorama sombrío que se aplica al considerar la incompatibilidad de la Ley de Bosques, votada por el Congreso de la Nación, con el denominado Plan Estratégico Agroalimentario (PEA), lanzado el año pasado por el Poder Ejecutivo. Según argumenta el informe de Los Verdes: "El PEA propone alcanzar una producción de alrededor de 150 millones de toneladas de granos (cereales y oleaginosas) en ocho años". Con estos datos, la conclusión es preocupante: "Ese aumento en la producción representa, en cualquier escenario, una expansión de la superficie sembrada. Bajos diferentes hipótesis, esa expansión oscila entre las 9 y 20 millones de hectáreas, entre el 50% y el 100% del área remanente de bosques nativos".
Desde ComAmbiental, difundimos hace un año las denuncias de organizaciones ambientalistas sobre la falta de aplicación de la Ley con respecto al Fondo de Protección de Bosques. En la misma nota, recordamos que desde la Secretaría de Ambiente se había justificado al decir que no existe "capacidad institucional" para girar los fondos. En el informe comentado, se reitera este argumento y se concluye al decir que "cuando las autoridades cuenten con sus capacidades (control de actividades forestales) se comenzarán a ver los logros de la norma". Mientras tanto, la Ley de Bosques es una Ley de Papel, que no se aplica, y sirve sólo para que se presente en foros internacionales, como los de cambio climático. Y, tal vez, para que comunidades campesínas- indígenas tengan otra herramienta de lucha.
Observatorio. La noticia se difundió ayer en un artículo de Clarín, como una nota de tapa, titulada: "En sólo dos años se perdieron más de un millón de hectáreas". Aunque el énfasis está puesto en la pérdida de bosques, también se señala las causas: "en la Argentina se continúan desmontando superficies (con especies en peligro incluidas) para luego `alfombrar´, sobre todo, con soja". La nota valió una "desmentida" publicada en Telam, cuyo sustento se desconoce. Por nuestra parte, diremos que la publicación de la noticia tiene dos lecturas. Desde el punto de vista del medio, que se elige privilegiar la posición crítica al accionar gubernamental, por sobre los intereses económicos del Multimedios (asociado al agronegocios). La otra es que se trata más bien de la iniciativa de un buen periodista (similar a lo que ocurre con Darío Aranda en Página/12) por sobre la línea principal del medio. Este puede ser el caso, ya que el autor Gonzalo Sánches publicó libros sobre la situación de la tierra en la Patagonia, presentados por Enrique Viale y Norma Giarracca.ACTUALIZACIÓN: El título de Clarín es incorrecto porque no se perdieron un millón de hectáreas en dos años, sino en un periodo de tiempo más cercano a los cuatro años. Es decir, desde noviembre de 2007 hasta el 2011 (el informe no especifica el mes sino que parece variar según cada provincia).
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Comentarios
1) Tal vez ciertos militantes deciden ignorar que justamente la Constitución prevé realizar Leyes de Presupuestos Mínimos en materia ambiental, para limitar justamente la cuestión del "dominio originario" de los recursos naturales. Y seguramente saben, o tal vez no, que la Ley de Bosques es una de esas leyes.
2) De todos modos, la gran mayoría de los gobiernos provinciales (incluyendo donde hubo grandes avances de la deforestación), son del mismo signo político que el gobierno nacional. Si en las elecciones van con la misma lista, pero luego no se responsabilizan al menos de sus políticas (como partido nacional) entonces hay algo que no funciona.
3) Reitero de nuevo "ciertos militantes", porque observamos otros (oficialistas) que se preocuparon ante esta situación. Y no alcanza con comunicar, relatar el proceso de pérdida de bosques nativos, con lo que ello significa, sino actuar en consecuencia.
4) La nota no dio relevancia al tema del financiamiento en sí.
5) La cuestión central si es lo señalado acerca de la contradicción que se da entre cumplir la Ley de Bosques y las metas de exportación de granos del PEAA hecho por... el gobierno nacional. Parece que no puede hacerse responsable por la Ley de Bosques, pero sí de establecer metas nacionales para que crezca el cultivo de soja transgénica en el país..