En un caso preocupante de judicialización, la Minera San Jorge presentó una demanda por "calumnias e injurias" contra Eduardo Sosa, presidente de la organización OIKOS de Mendoza. Importantes entidades ambientalistas de Argentina se presentaron en su defensa ante el tribunal. Por su parte, la Asamblea Popular por el Agua y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata también mostraron su total repudio a la acción y solidaridad con el afectado. El sábado que viene, será uno de los reclamos en la marcha del Currusel Vendimial. ComAmbiental entrevistó a Eduardo Sosa, quien afirmó que su juicio se inscribe dentro de la criminalización de la protesta social.
La semana pasada, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con otras entidades como Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Greenpeace, Los Verdes-FEP y Fundación M´biguá, formalizaron su presentación con la figura de “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae) en la causa iniciada por calumnias e injurias. En el comunicado, se destaca "el rol clave que juegan las organizaciones de la sociedad civil, tal como OIKOS, en la promoción y defensa de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en el monitoreo del accionar de la administración pública y la vigencia del Estado de Derecho". Y afirman: "Para que este rol no se vea cercenado, la libertad de expresión es un derecho que debe ser plenamente garantizado, ya que es elemental para el debate público de ideas".
"¿No causaron suficiente daño moral cuando extorsionaron a toda una población, mintiendo, dividiendo familias?", se preguntaron desde la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza sobre el accionar de la minera Coro Mining Corp, autodenominada "San Jorge". En la misma línea, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata remarcaron que las acciones de Eduardo Sosa no fueron en su nombre, sino "un reflejo paralelo a las acciones de nuestra Asamblea. Las mismas evidenciaban un manejo inescrupuloso de la información por parte de la empresa que, a menudo trataba de disfrazar, tergiversar y ocultar las irregularidades del proyecto". Del mismo modo, destacan que "sin el apoyo legal proporcionados pos OIKOS Red Ambiental, nada podrían haber hecho los vecinos de Uspallata que fueron injustamente judicializados por manifestarse en reclamo de sus derechos".
El proyecto "San Jorge" fue rechazado por la Legislatura de Mendoza en agosto del 2011. Es por ello que también la Asamblea Popular por el Agua plantea que los empresarios "decidieron tomar represalias contra el pueblo. Para ello, utilizaron la acusación de calumnias, injurias y daño moral contra uno de los tantos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra ese proyecto megaminero". No es solamente esto, sino que la empresa desde el año pasado intenta una nueva estrategia, que consiste en extraer el material en San Jorge y luego separar el metal en San Juan para evitar la Ley 7.722 de Mendoza que prohíbe el uso de químicos para esta minería. En este contexto, la Asamblea advirtió que una condena al ecologista "representaría un grave atentado contra la libertad de expresión y un mal antecedente respecto de la capacidad que tienen las corporaciones mineras para influir en la Justicia".
"Carrusel Vendimial". En la misma declaración de solidaridad con Eduardo Sosa, la Asamblea de Uspallata menciona: "Nos parece de suma importancia remarcar la realidad socio-cultural de Mendoza, la cual se basa en el cuidado y la distribución del agua transmitidos de generación en generación, y que han hecho posible la vida en este desierto. Bastaría observar las numerosas movilizaciones que el pueblo de Mendoza ha realizado durante cada año de Vendimia, pues, las mismas demuestran que no es sólo una organización o un sector el que se moviliza, sino que es el mismo pueblo el que sale a la calle y es aplaudido por los que están en las veredas o en sus casas". Este sábado por la mañana en la Plaza Italia, será una nueva oportunidad para que este reclamo salga a las calles.
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| El rechazo a Minera San Jorge no es de una sola persona sino del pueblo. |
La semana pasada, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con otras entidades como Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), Greenpeace, Los Verdes-FEP y Fundación M´biguá, formalizaron su presentación con la figura de “Amigos del Tribunal” (Amicus Curiae) en la causa iniciada por calumnias e injurias. En el comunicado, se destaca "el rol clave que juegan las organizaciones de la sociedad civil, tal como OIKOS, en la promoción y defensa de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, en el monitoreo del accionar de la administración pública y la vigencia del Estado de Derecho". Y afirman: "Para que este rol no se vea cercenado, la libertad de expresión es un derecho que debe ser plenamente garantizado, ya que es elemental para el debate público de ideas".
"¿No causaron suficiente daño moral cuando extorsionaron a toda una población, mintiendo, dividiendo familias?", se preguntaron desde la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza sobre el accionar de la minera Coro Mining Corp, autodenominada "San Jorge". En la misma línea, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata remarcaron que las acciones de Eduardo Sosa no fueron en su nombre, sino "un reflejo paralelo a las acciones de nuestra Asamblea. Las mismas evidenciaban un manejo inescrupuloso de la información por parte de la empresa que, a menudo trataba de disfrazar, tergiversar y ocultar las irregularidades del proyecto". Del mismo modo, destacan que "sin el apoyo legal proporcionados pos OIKOS Red Ambiental, nada podrían haber hecho los vecinos de Uspallata que fueron injustamente judicializados por manifestarse en reclamo de sus derechos".
El proyecto "San Jorge" fue rechazado por la Legislatura de Mendoza en agosto del 2011. Es por ello que también la Asamblea Popular por el Agua plantea que los empresarios "decidieron tomar represalias contra el pueblo. Para ello, utilizaron la acusación de calumnias, injurias y daño moral contra uno de los tantos ciudadanos que se manifestaron pacíficamente contra ese proyecto megaminero". No es solamente esto, sino que la empresa desde el año pasado intenta una nueva estrategia, que consiste en extraer el material en San Jorge y luego separar el metal en San Juan para evitar la Ley 7.722 de Mendoza que prohíbe el uso de químicos para esta minería. En este contexto, la Asamblea advirtió que una condena al ecologista "representaría un grave atentado contra la libertad de expresión y un mal antecedente respecto de la capacidad que tienen las corporaciones mineras para influir en la Justicia".
Entrevista a Eduardo Sosa: "Es un caso más de la criminalización de la protesta".
ComAmbiental: ¿Cómo caracteriza el conflicto que causa la mega-minería en Mendoza? ¿Hubo algún cambio en la actitud del gobierno?
Eduardo Sosa: A lo largo del conflicto el Gobierno Provincial fue cambiando su postura, desde una férrea defensa de la minería y del proyecto minero, a manifestar que “no habrá minería por el momento ya que no hay aceptación social”. Esto se debió fundamentalmente a la presión social y a desavenencias en el seno del gobierno provincial.
-La minera San Jorge expresa que usted inició acciones por "falsedad ideológica", que la Justicia no probó, y que esta es la causa de su acusación...
-No, fue OIKOS quien inició una denuncia penal por falsedad ideológica a los directivos de la empresa minera, junto con funcionarios provinciales. La Fiscalía de Delitos Complejos no encontró delito y la causa se archivó. OIKOS decidió no apelar y fue entonces que los directivos de la minera me iniciaron querella. Actualmente se está tramitando el juicio en el Primer Juzgado Correccional, a cargo del Doctor Orlando Vargas.
-Distintas organizaciones ambientalistas expresaron su apoyo. ¿Cree que puede tratarse de un caso paradigmático en el ataque de corporaciones a ONGs?
-Pienso que es un caso más dentro de la llamada criminalización de la protesta social en el marco de la conflictividad ambiental-minera, que incluye desde la represión de los manifestantes hasta el encarcelamiento, el endurecimiento de los códigos contravencionales y la judicialización misma. Como Mendoza posee una institucionalidad más diversa y democrática que en otras regiones, la judicialización parece ser la experiencia más ensayada. Lo notable de este caso es que la empresa minera a través de sus directivos pida resarcimiento económico por el daño moral que el proceso le ha provocado. Se convertiría en paradigmático dependiendo de la sentencia judicial.
"Carrusel Vendimial". En la misma declaración de solidaridad con Eduardo Sosa, la Asamblea de Uspallata menciona: "Nos parece de suma importancia remarcar la realidad socio-cultural de Mendoza, la cual se basa en el cuidado y la distribución del agua transmitidos de generación en generación, y que han hecho posible la vida en este desierto. Bastaría observar las numerosas movilizaciones que el pueblo de Mendoza ha realizado durante cada año de Vendimia, pues, las mismas demuestran que no es sólo una organización o un sector el que se moviliza, sino que es el mismo pueblo el que sale a la calle y es aplaudido por los que están en las veredas o en sus casas". Este sábado por la mañana en la Plaza Italia, será una nueva oportunidad para que este reclamo salga a las calles.
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