Organizaciones cordobesas denunciaron la organización de una Jornada de Capacitación para fiscales sobre el uso de agroquímicos. Fue realizada este viernes a metros del predio donde Monsanto intenta construir su planta en la localidad de Malvinas Argentinas. La misma planta que fue suspendida por la Justicia ante la acción de amparo tramitada por los vecinos, pero donde se siguieron registrando movimientos de camiones en los últimos días.
Las entidades Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Ituzaingo, Red de Médicos de Pueblos Fumigados y Asamblea Colectiva de Organizaciones Sociales de Córdoba expresaron en una carta: "Resulta incalificable que mientras proliferan en el país, desde hace mas de una década, los reclamos de infinidad de poblaciones por la contaminación de sus tierras, enfermedades y muertes que padecen a causa del modelo de producción agropecuaria, y a escasos meses de la primera condena penal a productores por contaminación ambiental, se haya decidido `brindar capacitación a todos los funcionarios del Ministerio Público´, con la colaboración de dos organismos que, uno por oscura omisión y connivencia (Ministerio de Agricultura de la Pcia.) y otro por su aporte cómplice de conocimientos (Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cba.), han promovido ese tipo de prácticas perversas"
Denuncia por obras. "Monsanto SAIC sigue construyendo su planta en la ruta A188, a pesar de la resolución de la justicia del 22 de febrero pasado, donde le informan al Municipio de Malvinas que deben frenar todas las obras de la Multinacional", informó Ecos de Córdoba. Y agrega: "Las consecuencia de la amenaza del daño a la salud y el ambiente que reciben lxs vecinxs ante la demora del cumplimiento de parar las obras, es provocada por el abogado de Malvinas Argentinas Gustavo Asís y el Intendente Daniel Arzani, ambos responsables de la devolución del expediente a su lugar de origen, la Cámara 1 en lo laboral que trata el amparo presentado por Fedérico Macciocchi abogado de los vecinxs".
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| Protesta contra la jornada de capacitación. Foto: Ecos Córdoba. |
Las entidades Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Ituzaingo, Red de Médicos de Pueblos Fumigados y Asamblea Colectiva de Organizaciones Sociales de Córdoba expresaron en una carta: "Resulta incalificable que mientras proliferan en el país, desde hace mas de una década, los reclamos de infinidad de poblaciones por la contaminación de sus tierras, enfermedades y muertes que padecen a causa del modelo de producción agropecuaria, y a escasos meses de la primera condena penal a productores por contaminación ambiental, se haya decidido `brindar capacitación a todos los funcionarios del Ministerio Público´, con la colaboración de dos organismos que, uno por oscura omisión y connivencia (Ministerio de Agricultura de la Pcia.) y otro por su aporte cómplice de conocimientos (Colegio de Ingenieros Agrónomos de Cba.), han promovido ese tipo de prácticas perversas"
ComAmbiental encontró en la página de una de estas instituciones cuál fue la visión sobre el juicio del año pasado. Allí se lee: "El Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, exhorta a una justa ponderación de los intereses y valores en juego por cuanto los productos fitosanitarios, usados de manera prudente y responsable, en forma debidamente regulada y fiscalizada, contribuyen al logro de la producción agropecuaria". Y a continuación: "Esa exhortación se extiende particularmente a los matriculados a fin de que, cumpliendo con la responsabilidad social que su condición profesional les exige, respeten y hagan respetar las normas legales referidas al uso de productos químicos y biológicos de uso agropecuario, recomendándoles, a la vez, la difusión y utilización de medios alternativos de optimización de la producción toda vez que sea conveniente".
En la carta de las organizaciones sociales, sin embargo, se presenta otra caracterización ajena a una visión "alternativa" al modelo de los agronegocios. Así, continúa la denuncia: "Para mayor escándalo, no solo se ha invitado como ` apacitadores´ a profesionales que han explicitado públicamente su adhesión y compromiso con tales formas de producir y que pertenecen a organizaciones directamente integradas por productores agropecuarios (ej.: AACREA), sino que se ha elegido –vaya casualidad- para la realización de estas `jornadas´ un campo ubicado en proximidades de aquel que la multinacional Monsanto pretende destinar a una planta de semillas de maíz transgénico". El campo se llama "Santa Julia" y pertenece a la Universidad Católica de Córdoba. Allí confluyeron vecinos el pasado viernes para protestar por la realización de la Jornada organizada por al Fiscalía General de Córdoba.
Además de la protesta, las organizaciones lograron reunirse con autoridades judiciales. No se logró aplazar la Jornada, y se rechazó incluir a un profesional crítico, por el poco tiempo de anticipación. Sin embargo, las negociaciones avanzaron: "la Fiscalía de Estado nos propuso recibirnos en el transcurso de la semana entrante para que podamos acercar propuestas de acción y de profesionales para llevar adelante estas instancias formativas. Esta nueva propuesta si la hemos aceptado. Hemos dado otro paso importante como asamblea y como conjunto de organizaciones. Hemos conseguido entrevistarnos con las máximas autoridades judiciales de la provincia, dialogar y hacer propuestas de trabajo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia se comprometió a realizar módulos formativos con la misma formalidad que los dos primeros en donde nosotros podamos tener participación".
Hoy volvió a tener repercusión el caso de un agricultor canadiense demandado por Monsanto, porque una entrevista fue publicada en Página/12. Desde ComAmbiental también retratamos su historia hace semanas, en la que finalmente se aplicó el principio "el que contamina, paga". En los últimos días, se discutió la forma de "democratizar la Justicia", en la cual un objetivo compartido es alejar la influencia de las corporaciones, aunque está en discusión el papel que ocuparía el poder político. "Las grandes corporaciones internacionales presionan sobre los gobiernos para explotar los recursos naturales, y hay un claro retroceso", expresó el Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti. El pedido de "Justicia Ambiental" en Argentina está representado por las asambleas que luchan, como medida básica, para que los impactos de "el modelo" no vayan siempre a los sectores populares.
En la carta de las organizaciones sociales, sin embargo, se presenta otra caracterización ajena a una visión "alternativa" al modelo de los agronegocios. Así, continúa la denuncia: "Para mayor escándalo, no solo se ha invitado como ` apacitadores´ a profesionales que han explicitado públicamente su adhesión y compromiso con tales formas de producir y que pertenecen a organizaciones directamente integradas por productores agropecuarios (ej.: AACREA), sino que se ha elegido –vaya casualidad- para la realización de estas `jornadas´ un campo ubicado en proximidades de aquel que la multinacional Monsanto pretende destinar a una planta de semillas de maíz transgénico". El campo se llama "Santa Julia" y pertenece a la Universidad Católica de Córdoba. Allí confluyeron vecinos el pasado viernes para protestar por la realización de la Jornada organizada por al Fiscalía General de Córdoba.
Además de la protesta, las organizaciones lograron reunirse con autoridades judiciales. No se logró aplazar la Jornada, y se rechazó incluir a un profesional crítico, por el poco tiempo de anticipación. Sin embargo, las negociaciones avanzaron: "la Fiscalía de Estado nos propuso recibirnos en el transcurso de la semana entrante para que podamos acercar propuestas de acción y de profesionales para llevar adelante estas instancias formativas. Esta nueva propuesta si la hemos aceptado. Hemos dado otro paso importante como asamblea y como conjunto de organizaciones. Hemos conseguido entrevistarnos con las máximas autoridades judiciales de la provincia, dialogar y hacer propuestas de trabajo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia se comprometió a realizar módulos formativos con la misma formalidad que los dos primeros en donde nosotros podamos tener participación".
Hoy volvió a tener repercusión el caso de un agricultor canadiense demandado por Monsanto, porque una entrevista fue publicada en Página/12. Desde ComAmbiental también retratamos su historia hace semanas, en la que finalmente se aplicó el principio "el que contamina, paga". En los últimos días, se discutió la forma de "democratizar la Justicia", en la cual un objetivo compartido es alejar la influencia de las corporaciones, aunque está en discusión el papel que ocuparía el poder político. "Las grandes corporaciones internacionales presionan sobre los gobiernos para explotar los recursos naturales, y hay un claro retroceso", expresó el Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti. El pedido de "Justicia Ambiental" en Argentina está representado por las asambleas que luchan, como medida básica, para que los impactos de "el modelo" no vayan siempre a los sectores populares.
Ver también.
ComAmbiental: "Los límites de la justicia. Sentencia ambigua por el juicio de las fumigaciones" (21/8/2012).
ComAmbiental: "¿Podrá la Justicia del Estado llegar a los Qom?" (27/2/2012)
ComAmbiental: "Agrotóxicos: Lo que se esconde en Córdoba" (8/9/2012)
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