Hoy en Argentina recibimos una gran noticia desde el otro lado de la Cordillera de los Andes. La Corte de Apelaciones de Copiapó, en Chile, suspendió al fin el proyecto minero "bi-nacional" Pascua Lama, de la corporación canadiense Barrick Gold. Fue presentada por comunidades diaguitas, aunque otras tienen una posición aún más crítica. Mientras tanto, en nuestro país la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) todavía no se expide sobre el tema de fondo, sobre las medidas cautelares a favor y en contra de la aplicación de la Ley de Glaciares. Todo sucede justo en el momento que se discute esta herramienta judicial por proyecto oficial para la "democratización de la Justicia".
Una causa compleja. La buena noticia llegó desde Chile, a través de la demanda del abogado Lorenzo Soto, en representación de 7 comunidades diaguitas. La corporación mega-minera estaba al tanto del tema y por ello desde el 2005 busca ganarse la simpatía de este pueblo originario, que también vive en Argentina. En la página "Sin Fronteras. Revista de Barrick sobre minería responsable", informaban de la comunidad que vive a 45 kilómetros del proyecto. Entre las actividades de "responsabilidad social empresarial", elaboraron el libro "Etnia Diaguita". Sin embargo, la estrategia no ha dado resultado, por la resistencia que han elaborado distintas comunidades del Valle de Huasco.
Solange Bordones, presidenta del consejo regional diaguita que presentó la demanda judicial, indicó que el recurso buscaba asegurar el recurso hídrico para la cuenca y que tuvieron que acudir a la vía judicial por la falta de respuestas. Días atrás, el Servició de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama había multado con 1.000 UTM a Barrick por incumplimientos en su plan de monitoreo de los glaciares en el proyecto. Como informó la prensa chilena, a su vez informes de la Dirección General de Aguas indicaron de la presencia de altas concentraciones de contaminantes de diverso impacto, como arsénico, aluminio, cobre y sulfatos en aguas subterráneas. El drenaje ácido sería la causa.
Aún así, otras organizaciones del Valle de Huasco con diez años de trabajo, incluyendo también otras comunidades diaguitas, celebraron la medida pero puntualizaron también aspectos relevantes no difundidos por los medios masivos. Aunque expresaron que es "motivo de alegría" la resolución, señalaron que "demuestra la falta de rigurosidad" de la institucionalidad ambiental en Chile. Por lo tanto, se pronunciaron también: "Exigimos la revocación definitiva del permiso ambiental de Pascua Lama, debido a la enorme cantidad de antecedentes nefastos que acumula este proyecto, que pone en cuestión la sustentabilidad de nuestra cuenca y de la cuenca de San Juan por el lado argentino".
Asimismo, como otro elemento relevante, difundieron: "Alertamos a la comunidad nacional e internacional que el abogado Lorenzo Soto, titular de la orden de no innovar que ha paralizado total y temporalmente la construcción del proyecto, ya ha intervenido en otros conflictos socioambientales en nuestro valle promoviendo la negociación. Si sus acciones pretenden conducir hacia compensaciones económicas, reiteramos que para nosotros el agua vale más que el oro, y que no estamos dispuestos a negociar la afectación de nuestras reservas hídricas". La cuestión se sostiene porque no es una medida de fondo. Entre los firmantes está el Observatorio Lationamericano de Conflictos Ambientales.
Por su parte, el abogado Soto indicó al portal ADN que este último fallo es resultado de una acción cautelar, que se sostuvo con los propiso informes oficiales sobre contaminación, tanto de la Dirección de Aguas como del Servicio Nacional de Geología y Minería. Por lo cual, en el futuro cercano se debe esperar a que se realicen informes de tres áreas gubernamentales, incluidas dos de Ambiente y una de Salud. Así, luego de cotejar estos antecedentes la Corte de Apelaciones escuchará a las partes y dictará la sentencia final. “Probablemente con posterioridad el tema llegará a la Corte Suprema y es ella quien adoptará una decisión final respecto de la paralización solicitada”, explicó.
Cauteleras en Argentina. Si Barrick contamina en Chile, también contamina en Argentina. Esta fue la lectura principal de distintas organizaciones ambientalistas locales. De este lado de la Cordillera, la última buena noticia había ocurrido hace casi un año, cuando la CSJN anunció que suspendía las medidas cautelares contra la aplicación de la Ley de Glaciares en San Juan. Sin embargo, todavía queda por resolver la cuestión de fondo. Y a pesar de la medida, aún no se inició con la auditoría a Barrick Gold, porque el inventario de glaciares está controlado por la Provincia de San Juan. Al mismo tiempo, tampoco se pronunció la Corte sobre una medida cautelar contra Barrick.
Justamente hoy, la Presidente Cristina Fernández publicó en las redes unas apreciaciones sobre la Ley de Regulación de Medidas Cautelares contra el Estado y sus Entes Descentralizados. Según dijo: "Se busca proteger el interés público. Para que proceda una medida cautelar contra el Estado, el particular tiene que demostrar que el perjuicio no es reparable. El tribunal tendrá que dar vista previa al Estado para que informe en torno al interés público comprometido. Se asegura el derecho del Estado a ser oído. La medida cautelar no puede superar los 6 meses como plazo razonable para llegar al dictado de la medida de fondo". El proyecto comenzó hoy su debate en el Congreso junto a otras 5 leyes.
Cuando había hecho la primera presentación, la Presidente había mencionado que la cuestión ambiental no estaría incluida, porque sus daños no son fácilmente resarcidos. Sin embargo, para Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Presidente olvidó aquellas palabras. A través de twitter, sostuvo: "La limitación de las medidas cautelares es casi una herida mortal a la justicia ambiental. Son su columna vertebral. Están basadas fundamentalmente en los principios preventivo y precautorio". Y como ejemplo del día, expresó: "Con una medida cautelar ante la CSJN pretendemos parar la destrucción de glaciares y ambiente periglacial por parte de Barrick en Pascua-Lama".
Ver también:
ComAmbiental: "Ley de Glaciares: Apareció la Corte y congeló las cautelares de la Barrick" (julio de 2012)
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| "No a Pascua Lama". Fuente: El Ciudadano. |
Una causa compleja. La buena noticia llegó desde Chile, a través de la demanda del abogado Lorenzo Soto, en representación de 7 comunidades diaguitas. La corporación mega-minera estaba al tanto del tema y por ello desde el 2005 busca ganarse la simpatía de este pueblo originario, que también vive en Argentina. En la página "Sin Fronteras. Revista de Barrick sobre minería responsable", informaban de la comunidad que vive a 45 kilómetros del proyecto. Entre las actividades de "responsabilidad social empresarial", elaboraron el libro "Etnia Diaguita". Sin embargo, la estrategia no ha dado resultado, por la resistencia que han elaborado distintas comunidades del Valle de Huasco.
Solange Bordones, presidenta del consejo regional diaguita que presentó la demanda judicial, indicó que el recurso buscaba asegurar el recurso hídrico para la cuenca y que tuvieron que acudir a la vía judicial por la falta de respuestas. Días atrás, el Servició de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama había multado con 1.000 UTM a Barrick por incumplimientos en su plan de monitoreo de los glaciares en el proyecto. Como informó la prensa chilena, a su vez informes de la Dirección General de Aguas indicaron de la presencia de altas concentraciones de contaminantes de diverso impacto, como arsénico, aluminio, cobre y sulfatos en aguas subterráneas. El drenaje ácido sería la causa.
Aún así, otras organizaciones del Valle de Huasco con diez años de trabajo, incluyendo también otras comunidades diaguitas, celebraron la medida pero puntualizaron también aspectos relevantes no difundidos por los medios masivos. Aunque expresaron que es "motivo de alegría" la resolución, señalaron que "demuestra la falta de rigurosidad" de la institucionalidad ambiental en Chile. Por lo tanto, se pronunciaron también: "Exigimos la revocación definitiva del permiso ambiental de Pascua Lama, debido a la enorme cantidad de antecedentes nefastos que acumula este proyecto, que pone en cuestión la sustentabilidad de nuestra cuenca y de la cuenca de San Juan por el lado argentino".
Asimismo, como otro elemento relevante, difundieron: "Alertamos a la comunidad nacional e internacional que el abogado Lorenzo Soto, titular de la orden de no innovar que ha paralizado total y temporalmente la construcción del proyecto, ya ha intervenido en otros conflictos socioambientales en nuestro valle promoviendo la negociación. Si sus acciones pretenden conducir hacia compensaciones económicas, reiteramos que para nosotros el agua vale más que el oro, y que no estamos dispuestos a negociar la afectación de nuestras reservas hídricas". La cuestión se sostiene porque no es una medida de fondo. Entre los firmantes está el Observatorio Lationamericano de Conflictos Ambientales.
Por su parte, el abogado Soto indicó al portal ADN que este último fallo es resultado de una acción cautelar, que se sostuvo con los propiso informes oficiales sobre contaminación, tanto de la Dirección de Aguas como del Servicio Nacional de Geología y Minería. Por lo cual, en el futuro cercano se debe esperar a que se realicen informes de tres áreas gubernamentales, incluidas dos de Ambiente y una de Salud. Así, luego de cotejar estos antecedentes la Corte de Apelaciones escuchará a las partes y dictará la sentencia final. “Probablemente con posterioridad el tema llegará a la Corte Suprema y es ella quien adoptará una decisión final respecto de la paralización solicitada”, explicó.
Cauteleras en Argentina. Si Barrick contamina en Chile, también contamina en Argentina. Esta fue la lectura principal de distintas organizaciones ambientalistas locales. De este lado de la Cordillera, la última buena noticia había ocurrido hace casi un año, cuando la CSJN anunció que suspendía las medidas cautelares contra la aplicación de la Ley de Glaciares en San Juan. Sin embargo, todavía queda por resolver la cuestión de fondo. Y a pesar de la medida, aún no se inició con la auditoría a Barrick Gold, porque el inventario de glaciares está controlado por la Provincia de San Juan. Al mismo tiempo, tampoco se pronunció la Corte sobre una medida cautelar contra Barrick.
Justamente hoy, la Presidente Cristina Fernández publicó en las redes unas apreciaciones sobre la Ley de Regulación de Medidas Cautelares contra el Estado y sus Entes Descentralizados. Según dijo: "Se busca proteger el interés público. Para que proceda una medida cautelar contra el Estado, el particular tiene que demostrar que el perjuicio no es reparable. El tribunal tendrá que dar vista previa al Estado para que informe en torno al interés público comprometido. Se asegura el derecho del Estado a ser oído. La medida cautelar no puede superar los 6 meses como plazo razonable para llegar al dictado de la medida de fondo". El proyecto comenzó hoy su debate en el Congreso junto a otras 5 leyes.
Cuando había hecho la primera presentación, la Presidente había mencionado que la cuestión ambiental no estaría incluida, porque sus daños no son fácilmente resarcidos. Sin embargo, para Enrique Viale, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Presidente olvidó aquellas palabras. A través de twitter, sostuvo: "La limitación de las medidas cautelares es casi una herida mortal a la justicia ambiental. Son su columna vertebral. Están basadas fundamentalmente en los principios preventivo y precautorio". Y como ejemplo del día, expresó: "Con una medida cautelar ante la CSJN pretendemos parar la destrucción de glaciares y ambiente periglacial por parte de Barrick en Pascua-Lama".
Ver también:
ComAmbiental: "Ley de Glaciares: Apareció la Corte y congeló las cautelares de la Barrick" (julio de 2012)
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