El conflicto por el barrio "Papa Francisco" en el sudoeste de la Ciudad de Buenos Aires es un caso ejemplar de la injusticia a nivel territorial. Se trata de tierras contaminadas que son ocupadas por aquellos que no tienen en dónde vivir, más allá de quienes también especulan con esta situación. El 35 por ciento de los niños presenta altos niveles de plomo en sangre, como también ocurre con aquellos que deben vivir en las margenes del Riachuelo. En este artículo, los autores presentan las falencias del estudio de la Fundación Green Cross Argentina que encargó el gobierno porteño por un millón de pesos. Y en base a esto, se señala el cinismo que presentan las promesas de urbanización y de construcción de una Ciudad Verde para Buenos Aires.
Barrio Papa Francisco: el lado oscuro de la "Ciudad Verde"
En Abril del 2013 el Gobierno de la Ciudad de Buenos (GCBA) pagó a la Fundación Green Cross Argentina la suma de $ 1.370.000 para que elabore un informe sobre el estado de contaminación del suelo del predio ubicado entre las calles Pola, Av. Fernández de la Cruz y Av. Escalada y que tiene una superficie de alrededor de 12 ha. Según el Gobierno, este estudio era vital para comenzar el proceso de descontaminación del predio y la posterior urbanización de éste en cumplimiento de la ley N° 1770 de urbanización de la Villa 20 del año 2005. El predio en cuestión fue ocupado en febrero de este año dando origen al Barrio Papa Francisco. Las familias que allí habitaban fueron desalojadas violentamente el 23 y 29 de Agosto en un operativo conjunto de la policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional.
El cementerio de autos
Desde los ochenta, en este predio funcionó un depósito de autos incautados pertenecientes a la Policía Federal, mejor conocido como el cementerio de autos de Lugano. La exposición de los aproximados 7.000 vehículos apilados a la intemperie contaminó gravemente, por proceso de lixiviación, la tierra de este predio y a la población lindante de la villa 20. Diversos estudios epidemiológicos de distintas instituciones públicas demostraron que el 35% de los niños de entre 2 a 5 años que habitan la villa 20 presentaban en su sangre altos niveles de plomo, entre otras afecciones, según releva un informe de la Defensoría del Pueblo. Importante aclarar que los metales pesados en organismos vulnerables son más proclives a afectar su normal desarrollo psicomotriz futuro.
En el año 2006, el Juez Gallardo intimó al Estado Nacional y al GCBA a que remuevan los autos y se ocupen de los pasivos ambientales, pero las acciones se fueron retrasando en el tiempo por un lento “juego del bonete” entre ambas jurisdicciones. En el año 2009 comienzan a realizarse los trabajos de remoción y compactación de los automóviles. Alrededor de 4.000 vehículos son retirados del playón, pero la decisión de comenzar el estudio para determinar la contaminación de suelo por parte de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), máxima autoridad ambiental del GCBA, fue producto de un embargo de $ 29 millones efectuado por la jueza Liberatori a mediados del 2012.
Por Jonatan Baldiviezo y Félix Cariboni
Observatorio del derecho a la ciudad
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| Una imagen como forma de protesta. Fuente: LPT. |
En Abril del 2013 el Gobierno de la Ciudad de Buenos (GCBA) pagó a la Fundación Green Cross Argentina la suma de $ 1.370.000 para que elabore un informe sobre el estado de contaminación del suelo del predio ubicado entre las calles Pola, Av. Fernández de la Cruz y Av. Escalada y que tiene una superficie de alrededor de 12 ha. Según el Gobierno, este estudio era vital para comenzar el proceso de descontaminación del predio y la posterior urbanización de éste en cumplimiento de la ley N° 1770 de urbanización de la Villa 20 del año 2005. El predio en cuestión fue ocupado en febrero de este año dando origen al Barrio Papa Francisco. Las familias que allí habitaban fueron desalojadas violentamente el 23 y 29 de Agosto en un operativo conjunto de la policía Metropolitana y la Gendarmería Nacional.
El cementerio de autos
Desde los ochenta, en este predio funcionó un depósito de autos incautados pertenecientes a la Policía Federal, mejor conocido como el cementerio de autos de Lugano. La exposición de los aproximados 7.000 vehículos apilados a la intemperie contaminó gravemente, por proceso de lixiviación, la tierra de este predio y a la población lindante de la villa 20. Diversos estudios epidemiológicos de distintas instituciones públicas demostraron que el 35% de los niños de entre 2 a 5 años que habitan la villa 20 presentaban en su sangre altos niveles de plomo, entre otras afecciones, según releva un informe de la Defensoría del Pueblo. Importante aclarar que los metales pesados en organismos vulnerables son más proclives a afectar su normal desarrollo psicomotriz futuro.
En el año 2006, el Juez Gallardo intimó al Estado Nacional y al GCBA a que remuevan los autos y se ocupen de los pasivos ambientales, pero las acciones se fueron retrasando en el tiempo por un lento “juego del bonete” entre ambas jurisdicciones. En el año 2009 comienzan a realizarse los trabajos de remoción y compactación de los automóviles. Alrededor de 4.000 vehículos son retirados del playón, pero la decisión de comenzar el estudio para determinar la contaminación de suelo por parte de la Agencia de Protección Ambiental (APrA), máxima autoridad ambiental del GCBA, fue producto de un embargo de $ 29 millones efectuado por la jueza Liberatori a mediados del 2012.
En el mismo año, el macrismo pretendió destinar este predio a la venta a través de la presentación de un proyecto de ley conocido con el nombre de "Plan Maestro de la Comuna 8". La venta se hacía a través de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. Es decir, los vecinos de villa 20 soportaron el predio con autos y la contaminación por décadas con la promesa de la ley y del GCBA de que ese espacio estaba destinado para iniciar el proceso de urbanización de la Villa 20. En cambio, las autoridades de la Ciudad una vez despejados los obstáculos de su uso proyectaron ofrecerlo -sin éxito- al mercado inmobiliario.
Fruto de las dilaciones y quebranto de promesas, del eterno incumplimiento de la urbanización, de la crisis habitacional, de la presión del mercado sobre las familias -que son inquilinos del sistema de alquileres informales de villas- y del incremento de la población intergeneracional de la villa 20, el predio termina siendo ocupado en febrero del 2014. La contaminación del sitio fue la excusa esgrimida, desde el primer día, por el Gobierno de la Ciudad para desalojar a la gente que realizaba la toma del terreno. Desalojo que fue pospuesto por una misiva papal que comunicaba que "antes no querían desalojar autos y ahora se apuran a desalojar personas". A partir de este hecho, el barrio –en construcción colectiva- se llamó Papa Francisco.
El informe de Green Cross
La APrA, la máxima autoridad ambiental del GCBA, contrató a la Fundación Green Cross para la realización de un estudio de suelos en el predio en el año 2013 (Resolución N° 96/2013). Por la realización de este estudio pagó $1.370.000. El pago de este estudio se realizó mediante los mecanismos que otorga el decreto nº 556/10 (y modificatorio 752/2010) que permite al Ejecutivo a autorizar una serie de operaciones financieras cuando estos gastos son de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales y por la celeridad con que deben llevarse a cabo.
El informe final fue presentado en Septiembre del 2013. El informe presentado fue evaluado por la Dirección General de Evaluación Técnica y por el Departamento de Sitios Contaminados de la APrA quien brindó su conformidad técnica. La consultora realizó una serie de recomendaciones en el susodicho informe que los técnicos del Departamento de Sitios Contaminados encontraron importantes y oportunas realizar.
Las recomendaciones estaban relacionadas con la necesidad de hacer estudios que analicen otros elementos químicos como los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos), hidrocarburos aromáticos polinucleares discriminados y metales pesados como el mercurio. También con la ejecución de un monitoreo adicional de agua subterráneas.
La conveniencia, la conformidad técnica y la celeridad del informe están siendo cuestionadas por la administración actual de la APrA, que evalúa que este informe es incompleto, porque no se analizaron todos los metales pesados, no se hicieron suficientes muestras de suelo, como tampoco se evaluó el estado de la contaminación de las napas. Sin embargo, como se expresó, en las recomendaciones del informe final de la consultora presentado en Septiembre del 2013, se encuentran esas mismas recomendaciones que un técnico del Departamento de Sitios Contaminados de APrA -ni lerdo ni perezoso y con bastante astucia en cuestiones de burocracia estatal- encontró importante realizar y dejar asentado en una comunicación interna de fecha 11 Octubre de ese año.
En definitiva, el APrA contrató de tal forma que el estudio tendría como resultado un diagnóstico inútil e insuficiente para iniciar la remediación inmediata de los suelos. No sólo se malgastó más de un millón de pesos sino que también se perdieron meses que implican que se demore el acceso a la vivienda a las personas desalojadas.
El GCBA omitió adrede contemplar los parámetros y muestreos que estas recomendaciones disponen cuando contrataron el estudio y que resultan evidentes de acuerdo a la ubicación y contexto del predio por haber sido un cementerio de autos. Esto a fin de dilatar más el proceso de remediación de los suelos del predio en cuestión, porque un estudio que en principio se contrata para que sea parcial necesariamente implicará la necesidad de realizar un estudio integral cuando se quiere realmente remediar el suelo, y de esta forma demorar más meses sin iniciar la urbanización.
El APrA sabía que este estudio realizado por Green Cross era insuficiente, así lo manifestaron en marzo a la justicia pero no lo comunicaron públicamente ni realizaron en forma inmediata el nuevo estudio mientras el predio estuvo libre el año pasado. Esto fue evidente cuando el GCBA presentó el Plan de Remediación elaborado por el APrA, en el marco de la causa judicial, autos caratulados "Asesoría Tutelar c/ GCBA s/ otros procesos incidentales", Expte. N° 12975/5.
Por otra parte, el presidente del APrA, afirmó que este nuevo diagnóstico va a estar completo en 90 días pero, de acuerdo al tiempo de ejecución del Plan de Remediación presentado en la justicia, el diagnóstico completo va a estar en 6 meses y todo el trabajo de remediación en 18 meses. Villalonga no salió a explicar por qué el APrA contrató la realización de un estudio cuyo resultado es inútil ni hizo referencia a estar investigando los responsables de esta defraudación a la administración pública.
Mientras el actual presidente del APrA responsabiliza -de pasillo- a su antecesor por haber requerido un informe incompleto a esta consultora y sobreactúa en redes sociales mostrando a los equipos paseando en el predio, los habitantes del Barrio Papa Francisco -cientos hoy en situación de calle- seguirán esperando que el APrA vuelva a realizar un nuevo informe, para comenzar la remediación y la urbanización. Sin embargo, el GCBA apeló el último fallo de la Jueza Liberatori que ordenó que la Villa 20 debe estar urbanizada antes del 10 de Diciembre de 2015, completando las retahílas de cinismo acostumbrado.
Fruto de las dilaciones y quebranto de promesas, del eterno incumplimiento de la urbanización, de la crisis habitacional, de la presión del mercado sobre las familias -que son inquilinos del sistema de alquileres informales de villas- y del incremento de la población intergeneracional de la villa 20, el predio termina siendo ocupado en febrero del 2014. La contaminación del sitio fue la excusa esgrimida, desde el primer día, por el Gobierno de la Ciudad para desalojar a la gente que realizaba la toma del terreno. Desalojo que fue pospuesto por una misiva papal que comunicaba que "antes no querían desalojar autos y ahora se apuran a desalojar personas". A partir de este hecho, el barrio –en construcción colectiva- se llamó Papa Francisco.
El informe de Green Cross
La APrA, la máxima autoridad ambiental del GCBA, contrató a la Fundación Green Cross para la realización de un estudio de suelos en el predio en el año 2013 (Resolución N° 96/2013). Por la realización de este estudio pagó $1.370.000. El pago de este estudio se realizó mediante los mecanismos que otorga el decreto nº 556/10 (y modificatorio 752/2010) que permite al Ejecutivo a autorizar una serie de operaciones financieras cuando estos gastos son de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales y por la celeridad con que deben llevarse a cabo.
El informe final fue presentado en Septiembre del 2013. El informe presentado fue evaluado por la Dirección General de Evaluación Técnica y por el Departamento de Sitios Contaminados de la APrA quien brindó su conformidad técnica. La consultora realizó una serie de recomendaciones en el susodicho informe que los técnicos del Departamento de Sitios Contaminados encontraron importantes y oportunas realizar.
Las recomendaciones estaban relacionadas con la necesidad de hacer estudios que analicen otros elementos químicos como los BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos), hidrocarburos aromáticos polinucleares discriminados y metales pesados como el mercurio. También con la ejecución de un monitoreo adicional de agua subterráneas.
La conveniencia, la conformidad técnica y la celeridad del informe están siendo cuestionadas por la administración actual de la APrA, que evalúa que este informe es incompleto, porque no se analizaron todos los metales pesados, no se hicieron suficientes muestras de suelo, como tampoco se evaluó el estado de la contaminación de las napas. Sin embargo, como se expresó, en las recomendaciones del informe final de la consultora presentado en Septiembre del 2013, se encuentran esas mismas recomendaciones que un técnico del Departamento de Sitios Contaminados de APrA -ni lerdo ni perezoso y con bastante astucia en cuestiones de burocracia estatal- encontró importante realizar y dejar asentado en una comunicación interna de fecha 11 Octubre de ese año.
En definitiva, el APrA contrató de tal forma que el estudio tendría como resultado un diagnóstico inútil e insuficiente para iniciar la remediación inmediata de los suelos. No sólo se malgastó más de un millón de pesos sino que también se perdieron meses que implican que se demore el acceso a la vivienda a las personas desalojadas.
El GCBA omitió adrede contemplar los parámetros y muestreos que estas recomendaciones disponen cuando contrataron el estudio y que resultan evidentes de acuerdo a la ubicación y contexto del predio por haber sido un cementerio de autos. Esto a fin de dilatar más el proceso de remediación de los suelos del predio en cuestión, porque un estudio que en principio se contrata para que sea parcial necesariamente implicará la necesidad de realizar un estudio integral cuando se quiere realmente remediar el suelo, y de esta forma demorar más meses sin iniciar la urbanización.
El APrA sabía que este estudio realizado por Green Cross era insuficiente, así lo manifestaron en marzo a la justicia pero no lo comunicaron públicamente ni realizaron en forma inmediata el nuevo estudio mientras el predio estuvo libre el año pasado. Esto fue evidente cuando el GCBA presentó el Plan de Remediación elaborado por el APrA, en el marco de la causa judicial, autos caratulados "Asesoría Tutelar c/ GCBA s/ otros procesos incidentales", Expte. N° 12975/5.
Por otra parte, el presidente del APrA, afirmó que este nuevo diagnóstico va a estar completo en 90 días pero, de acuerdo al tiempo de ejecución del Plan de Remediación presentado en la justicia, el diagnóstico completo va a estar en 6 meses y todo el trabajo de remediación en 18 meses. Villalonga no salió a explicar por qué el APrA contrató la realización de un estudio cuyo resultado es inútil ni hizo referencia a estar investigando los responsables de esta defraudación a la administración pública.
Mientras el actual presidente del APrA responsabiliza -de pasillo- a su antecesor por haber requerido un informe incompleto a esta consultora y sobreactúa en redes sociales mostrando a los equipos paseando en el predio, los habitantes del Barrio Papa Francisco -cientos hoy en situación de calle- seguirán esperando que el APrA vuelva a realizar un nuevo informe, para comenzar la remediación y la urbanización. Sin embargo, el GCBA apeló el último fallo de la Jueza Liberatori que ordenó que la Villa 20 debe estar urbanizada antes del 10 de Diciembre de 2015, completando las retahílas de cinismo acostumbrado.
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