La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó hoy el proyecto que crea la llamada "Agencia de Bienes". Se trata de un instrumento público que favorecerá la privatización del espacio urbano, profundizando la tendencia de la especulación inmobiliaria. Impulsado por el gobierno porteño, contó con el apoyo de parte de la oposición para llegar a 42 votos positivos contra 16 negativos
El proyecto de creación de la Agencia de Bienes presentado por el bloque del PRO había sido objeto de crítica por los partidos de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos días, sin embargo, existieron negociaciones para modificar los aspectos más controvertidos del proyecto, referidos sobre todo al artículo 5 que regula la transferencia de inmuebles. El discurso oficial hablaba de consolidar "el crecimiento de la ciudad" y que los fondos recaudados se utilizarían en la urbanizaciones de las villas 30 y 31.
La principal fuerza de la oposición que acompañó el proyecto fue el bloque SUMA+, cuyo referente es Martín Lousteau, ex candidato a Jefe de Gobierno en el último balotaje. El legislador Hernán Rossi justificó la posición al decir que “somos conscientes de que la ciudadanía nos votó para ponerle freno al gobierno, pero no para obstaculizar la gestión”. Del mismo modo, expresó que se garantiza la constitucionalidad de la ley, aunque no consideran que la Agencia debiera ser una prioridad para la Ciudad.
Por su parte, el legislador del Partido Socialista, Roy Cortinas, enumeró que las críticas al proyecto tenían tres dimensiones. Primero su carácter inconstitucional, luego la afectación del predio de Tiro Federal y por último la especulación inmobiliaria. Éste último se trata del más importante, en tanto que implica "un modelo de Ciudad que confunde desarrollo urbano con emprendimiento inmobiliario". "El fin de esta Agencia de Bienes es la venta masiva de tierras del Estado", agregó.
En efecto, la noticia fue mayormente tratada por las denuncias sobre la inconstitucionalidad de la norma, referida a que la Legislatura está transfiriendo una potestad que le corresponde sobre la administración del uso del espacio. En un sentido similar, también se destacó que el proyecto se aplicaría concretamente sobre los predios donde funciona el club Tiro Federal, en el barrio de Núñez, pero no existe precisión sobre otras operaciones posibles que afecten a terrenos de la Ciudad.
En este sentido, el legislador Gustavo Vera, en representación -justamente- del bloque Bien Común, denunció que "desde que asumió el PRO se han privatizado más de 170 hectáreas de tierra pública" y que ahora se aprestan a "vender las joyas de la abuela como en los noventa". Por eso mismo, advirtió que "la política de venta de tierras afecta a todos los ciudadanos y a las generaciones futuras". La "Agencia de Bienes", así, debe entenderse como el gerenciamiento de los bienes comunes.
Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ): "los bienes del Estado de la Ciudad deberían tener como fin garantizar los derechos de sus habitantes". Por ello criticó que "el proyecto es regresivo en tanto limita las herramientas del Estado para implementar políticas públicas tendientes a revertir las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales de los/as habitantes de la Ciudad". Esto se observa, por ejemplo, en las problemáticas de déficit habitacional y de infraestructura escolar.
El abogado ambientalista Enrique Viale sistematizó el uso de la expresión "extractivismo urbano" para referirse al proceso por el cual la especulación inmobiliaria "expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio, se apropia de lo público". En diálogo con ComAmbiental, se refirió al proyecto aprobado como "extractivismo urbano en su máxima expresión". Involucra un negocio de 1.500 millones de pesos y estarían en juego al menos 200 hectáreas de espacio urbano.
Leer también:
Enrique Viale en ComAmbiental: "El extractivismo urbano" (2013).
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| Los votos de la oposición vinieron sobre todo del bloque Suma+. |
El proyecto de creación de la Agencia de Bienes presentado por el bloque del PRO había sido objeto de crítica por los partidos de la oposición en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos días, sin embargo, existieron negociaciones para modificar los aspectos más controvertidos del proyecto, referidos sobre todo al artículo 5 que regula la transferencia de inmuebles. El discurso oficial hablaba de consolidar "el crecimiento de la ciudad" y que los fondos recaudados se utilizarían en la urbanizaciones de las villas 30 y 31.
La principal fuerza de la oposición que acompañó el proyecto fue el bloque SUMA+, cuyo referente es Martín Lousteau, ex candidato a Jefe de Gobierno en el último balotaje. El legislador Hernán Rossi justificó la posición al decir que “somos conscientes de que la ciudadanía nos votó para ponerle freno al gobierno, pero no para obstaculizar la gestión”. Del mismo modo, expresó que se garantiza la constitucionalidad de la ley, aunque no consideran que la Agencia debiera ser una prioridad para la Ciudad.
Por su parte, el legislador del Partido Socialista, Roy Cortinas, enumeró que las críticas al proyecto tenían tres dimensiones. Primero su carácter inconstitucional, luego la afectación del predio de Tiro Federal y por último la especulación inmobiliaria. Éste último se trata del más importante, en tanto que implica "un modelo de Ciudad que confunde desarrollo urbano con emprendimiento inmobiliario". "El fin de esta Agencia de Bienes es la venta masiva de tierras del Estado", agregó.
En efecto, la noticia fue mayormente tratada por las denuncias sobre la inconstitucionalidad de la norma, referida a que la Legislatura está transfiriendo una potestad que le corresponde sobre la administración del uso del espacio. En un sentido similar, también se destacó que el proyecto se aplicaría concretamente sobre los predios donde funciona el club Tiro Federal, en el barrio de Núñez, pero no existe precisión sobre otras operaciones posibles que afecten a terrenos de la Ciudad.
En este sentido, el legislador Gustavo Vera, en representación -justamente- del bloque Bien Común, denunció que "desde que asumió el PRO se han privatizado más de 170 hectáreas de tierra pública" y que ahora se aprestan a "vender las joyas de la abuela como en los noventa". Por eso mismo, advirtió que "la política de venta de tierras afecta a todos los ciudadanos y a las generaciones futuras". La "Agencia de Bienes", así, debe entenderse como el gerenciamiento de los bienes comunes.
Para la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ): "los bienes del Estado de la Ciudad deberían tener como fin garantizar los derechos de sus habitantes". Por ello criticó que "el proyecto es regresivo en tanto limita las herramientas del Estado para implementar políticas públicas tendientes a revertir las violaciones de derechos económicos, sociales y culturales de los/as habitantes de la Ciudad". Esto se observa, por ejemplo, en las problemáticas de déficit habitacional y de infraestructura escolar.
El abogado ambientalista Enrique Viale sistematizó el uso de la expresión "extractivismo urbano" para referirse al proceso por el cual la especulación inmobiliaria "expulsa y provoca desplazamientos de población, aglutina riqueza y territorio, se apropia de lo público". En diálogo con ComAmbiental, se refirió al proyecto aprobado como "extractivismo urbano en su máxima expresión". Involucra un negocio de 1.500 millones de pesos y estarían en juego al menos 200 hectáreas de espacio urbano.
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Enrique Viale en ComAmbiental: "El extractivismo urbano" (2013).
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