La semana pasada, miembros de Greenpeace aparecieron en El Calafate con carteles que protestaban "Carbón o Glaciares". Lo hicieron cuando la Presidenta de la Nación participaba de la apertura de sobres para la construcción de la línea de transporte eléctrico de alta tensión Pico Truncado-Río Gallegos-Río Turbio.
Esta obra es la que justamente acompaña la polémica megausina de carbón que se está construyendo en Santa Cruz. Se la fomenta a contramano de las tendencias mundiales que promueven las energías limpias a fin de disminuir los gases que generan el cambio climático.
Además de los activistas in situ, Greenpeace convoca a juntar firmas a través de una cyber campaña que advierte sobre el riesgo que corren los glaciares -principales reservorios de agua dulce- frente a un doble peligro: más emisión de carbono que contribuye a su derretimiento y la estela del veto presidencial al proyecto de ley que fomentaba el estudio y la protección de los ecosistemas glaciares, marcando un claro guiño a favor de los grandes negociados mineros.
Según Clarin, la Presidenta "aseguró que 'nadie' había hecho más por los glaciares que ella y su marido" y defendió el proyecto justificando que usará la última tecnología aplicada en Europa con "impacto ambiental cero". Frase falaz.
La mina de Río Turbio por sí misma lleva antecendentes indeseables en sus más de 60 años de actividad. Según expresa un informe de Greenpeace del año pasado, hubo accidentes por explosiones e incendios que mataron a más de una veintena de mineros. Al mismo tiempo, la propia Evaluación de Impacto Ambiental encargada oficialmente advierte que un indebido manejo de los residuos podría contaminar la única fuente de agua potable de 120.000 habitantes de 28 de Noviembre y Río Gallegos, y reconoce que la mina debería quintuplicar su actividad actual para abastecer la nueva central térmica.
Fondo turbio. El año pasado la megausina tuvo su capítulo escandaloso por sospecha de sobreprecios. En Página/12, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, tuvo que aclarar que el aumento del presupuesto se debía a la incorporación de tecnología de “lecho fluidizado”, amigable con el ambiente, que incluye refrigeración con aire en lugar de agua.
Sin embargo, para organizaciones como la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos todavía no está aclarado cómo se tratarán o dónde se dispondrán toneladas de cenizas y gases que podrían impactar seis veces el efecto de la pastera Botnia. En contraposición, proponen "un sistema integral de gasificación, producción de electricidad y calor, cemento y combustible de hidrógeno" que permita aumentar la eficiencia energética tanto para el consumo doméstico como la industria, contribuyendo al desarrollo sustentable en el ámbito local y regional.
Greenpeace sugiere que la participación del carbón en la matriz energética argentina (0,5%) debería destinarse progresivamente a equipos CHP (generación de electricidad y calor para usos industriales) hasta llegar a su completo abandono pasado el año 2030, conforme a los niveles de emisión de gases de efecto invernadero que el país debería alcanzar para el año 2050. También recuerda que la Ley 26.190 establece que se deberían promover las energías renovables para alcanzar el 8% en 2016.
Ni Greenpeace ni a la Asamblea están en contra de la mina de Río Turbio, considerando que es un emprendimiento celebrado especialmente por los vecinos de dicha localidad. Los ambientalistas reclaman las debidas condiciones de seguridad para sus trabajadores y que el aprovechamiento del recurso tenga un manejo sustentable en lugar de una explotación extractiva y contaminante.
Foto: Greenpeace
Esta obra es la que justamente acompaña la polémica megausina de carbón que se está construyendo en Santa Cruz. Se la fomenta a contramano de las tendencias mundiales que promueven las energías limpias a fin de disminuir los gases que generan el cambio climático.
Además de los activistas in situ, Greenpeace convoca a juntar firmas a través de una cyber campaña que advierte sobre el riesgo que corren los glaciares -principales reservorios de agua dulce- frente a un doble peligro: más emisión de carbono que contribuye a su derretimiento y la estela del veto presidencial al proyecto de ley que fomentaba el estudio y la protección de los ecosistemas glaciares, marcando un claro guiño a favor de los grandes negociados mineros.
Según Clarin, la Presidenta "aseguró que 'nadie' había hecho más por los glaciares que ella y su marido" y defendió el proyecto justificando que usará la última tecnología aplicada en Europa con "impacto ambiental cero". Frase falaz.
La mina de Río Turbio por sí misma lleva antecendentes indeseables en sus más de 60 años de actividad. Según expresa un informe de Greenpeace del año pasado, hubo accidentes por explosiones e incendios que mataron a más de una veintena de mineros. Al mismo tiempo, la propia Evaluación de Impacto Ambiental encargada oficialmente advierte que un indebido manejo de los residuos podría contaminar la única fuente de agua potable de 120.000 habitantes de 28 de Noviembre y Río Gallegos, y reconoce que la mina debería quintuplicar su actividad actual para abastecer la nueva central térmica.
Fondo turbio. El año pasado la megausina tuvo su capítulo escandaloso por sospecha de sobreprecios. En Página/12, el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, tuvo que aclarar que el aumento del presupuesto se debía a la incorporación de tecnología de “lecho fluidizado”, amigable con el ambiente, que incluye refrigeración con aire en lugar de agua.
Sin embargo, para organizaciones como la Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos todavía no está aclarado cómo se tratarán o dónde se dispondrán toneladas de cenizas y gases que podrían impactar seis veces el efecto de la pastera Botnia. En contraposición, proponen "un sistema integral de gasificación, producción de electricidad y calor, cemento y combustible de hidrógeno" que permita aumentar la eficiencia energética tanto para el consumo doméstico como la industria, contribuyendo al desarrollo sustentable en el ámbito local y regional.
Greenpeace sugiere que la participación del carbón en la matriz energética argentina (0,5%) debería destinarse progresivamente a equipos CHP (generación de electricidad y calor para usos industriales) hasta llegar a su completo abandono pasado el año 2030, conforme a los niveles de emisión de gases de efecto invernadero que el país debería alcanzar para el año 2050. También recuerda que la Ley 26.190 establece que se deberían promover las energías renovables para alcanzar el 8% en 2016.
Ni Greenpeace ni a la Asamblea están en contra de la mina de Río Turbio, considerando que es un emprendimiento celebrado especialmente por los vecinos de dicha localidad. Los ambientalistas reclaman las debidas condiciones de seguridad para sus trabajadores y que el aprovechamiento del recurso tenga un manejo sustentable en lugar de una explotación extractiva y contaminante.
Foto: Greenpeace
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