Fueron diez horas de espera, que se sumaron a la década de injusticia que debieron sufrir las Madres de Ituzaingó Anexo. Y finalmente la sentencia, leída pasadas las 19 horas de hoy, no alcanzó para reparar tanto sufrimiento: dos de los tres acusados fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, con trabajos comunitarios. Desde la organización Paren de Fumigar resaltaron el aspecto positivo, que se haya confirmado que es un delito fumigar a los pueblos.
La síntesis de la sentencia dada por el tribunal fue publicada por la página del Juicio a la Fumigación, que informó desde el inicio sobre el proceso. El productor Francisco Rafael Parra fue declarado como autor responsable del delito de contaminación continuada bajo la Ley de Residuos Peligrosos, por lo que recibió tres años de prisión condicional. Una pena igual recibió el aeroaplicador Edgardo Pancello, por ser declarado coautor responsable. Como ya estaba previsto, porque la fiscalía no había pedido condenas, fue absuelto el productor Jorge Alberto Gabrielli.
"Nunca, jamás, se aplicaron agroquímicos que estuvieran prohibidos", dijo Parra en sus últimas palabras, antes de esperar por la sentencia. El problema más grave es que esto puede ser cierto, en el sentido estricto de los términos. Es decir, aunque su crimen fue sin dudas esparcir agrotóxicos sobre los pueblos, algo que también fue negado por el productor, es el propio sistema legal el que está en falta. Un modelo de los agronegocios que permite la liberación masiva de sustancias contaminantes, como el glifosato y el endosulfán. Éste último solamente entró en proceso de prohibición por pedido de la ONU que se haría efectivo recién desde el año próximo.
Un día antes de comenzar el juicio, Darío Aranda escribió un artículo donde enfatizó la importancia del juicio: "El modelo agropecuario al banquillo". Allí destacó la palabra de Sofía Gatica, referente de las Madres: "Este juicio crea un precedente para Córdoba y para la Argentina. Tenemos el apoyo de muchas personas que nos acompañan, pero también sabemos que enfrente hay mucha gente que no quiere justicia porque se les pueden arruinar sus negocios. Enfrente están los sojeros, pero por sobre todo están los gobiernos provinciales y el Nacional, que son cómplices de las multinacionales”.
Modelo Monsanto. La frase fue confirmada sólo días después, cuando la Presidente de la Nación Cristina Fernández anunciaba con orgullo, desde Estados Unidos, las nuevas "inversiones" en Argentina de Monsanto. Más aún, casi como hecho a propósito para las circunstancias, las novedades se centraban en la provincia de Córdoba, donde la corporación planea instalar una semillera y un campo experimental. Todavía más, en otro hecho que debe ser leído con la intencionalidad política que tiene, el Ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, participó hoy mismo del lanzamiento de una nueva patente de soja de Monsanto, "Intacta RR2".
En las últimas horas, las Madres de Ituzaingó y el colectivo Paren de Fumigar habían publicado un documento conjunto. Allí decían: "Desde hace más de 10 años ciudadanos del interior del país denuncian que las fumigaciones los enferman; a la par que el agronegocio se expande más y más sobre la base de un modelo de agricultura tóxica con semillas transgénicas, un sistema que consume cantidades crecientes de venenos" Y a continuación: "El gobierno nacional y los gobiernos de muchas de las provincias del país, impulsan con entusiasmo este modelo, negando sus efectos tóxicos, a pesar de contar, ante sus propios ojos, con la evidencia de las consecuencias que producen sobre la vida y la salud de su población".
Dos lecturas. Luego de la lectura de la sentencia, la reacción fue naturalmente diferente por la mirada de los dos actores sociales principales. Para las Madres, que salieron de la sala con llantos, la sentencia no alcanzó para reparar el dolor causado por muertes y enfermedades de hijos y familiares. "Lo vamos a llevar a organismos internacionales. Si acá no hay justicia la vamos a buscar en otro lado", fue una de las primeras declaraciones de Sofía Gatica. Agregó que la lucha sigue en la calle, al igual que María Godoy, otra de las Madres, quien afirmó que ahora encausarán sus esfuerzos contra la instalación de Monsanto en Córdoba.
Este último punto fue también resaltado por el colectivo Paren de Fumigar. Pablo Riveros, también en diálogo con Jucio a la Fumigación opinó que "dentro de la coyuntura es un éxito". Y aclaró: "No es lo que esperábamos pero hubo culpables". En el mismo sentido se pronunció Medardo Avila Vázquez, iniciador y querellante de la causa y referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. "En los próximos días vamos a lanzar una lluvia de demandas" utilizando el precedente de hoy, adelantó. También el abogado querellante Darío Avala destacó: "Las fumigaciones son por fin reconocidas como delitos cuando afectan la salud de la población. Condena a la fuerza aérea sojera".
¿Juicio Histórico? Por un lado, sobre todo por la empatía que genera la gesta de las Madres de Ituzaingó, comparable con otras luchas históricas por los derechos humanos, no deja de ser una vergüenza que los culpables no cumplan prisión efectiva. En este sentido, las palabras de Adolfo Pérez Esquivel para declarar las fumigaciones sobre personas como delito de lesa humanidad señalan un punto importante. Hoy estuvo presente el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien pidió prohibir las fumigaciones áreas y las cercanas a los pueblos. Hace unos días, el Secretario de Ambiente, Juan José Mussi, expresó que "no podemos oponernos a la soja porque es una actividad muy importante para el país”.
Por otro lado, si plantemos una visión más general, es cierto que el precedente puede ser utilizado de forma favorable para otros pueblos fumigados. Es decir, el camino judicial es una de las vías para la Justicia, sobre todo para intentar dar respuesta a las familias que hoy están en peligro en diversos puntos del país. Sin embargo, esta estrategia encuentra claros límites en el actual sistema legal que responde al modelo económico de los agronegocios, donde la renta va por delante de la salud. La balanza comercial figura arriba de los derechos humanos de los pueblos del presente. A pesar de la retórica oficialista.
Actualización: Uno de los abogados expresó que estos acusados, los productores locales, son el eslabón débil de la cadena, porque los máximos responsables son las corporaciones. Pero para llegar a esa instancia la vía judicial también tiene sus límites, por lo dicho del sistema legal, y por el modelo económico. En definitiva, toda fumigación es política.
Ver también:
Darío Aranda para ComAmbiental: "El modelo agropecuario al banquillo" (10/6/2012).
Eduardo Soler para ComAmbiental: "Agrobierno: de la 125 al abrazo con Monsanto" (34/7/2012).
Por Eduardo Soler
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| Cuando la Justicia no es Justicia, un reclamo ahogado. Foto: Juicio a la Fumigación. |
La síntesis de la sentencia dada por el tribunal fue publicada por la página del Juicio a la Fumigación, que informó desde el inicio sobre el proceso. El productor Francisco Rafael Parra fue declarado como autor responsable del delito de contaminación continuada bajo la Ley de Residuos Peligrosos, por lo que recibió tres años de prisión condicional. Una pena igual recibió el aeroaplicador Edgardo Pancello, por ser declarado coautor responsable. Como ya estaba previsto, porque la fiscalía no había pedido condenas, fue absuelto el productor Jorge Alberto Gabrielli.
"Nunca, jamás, se aplicaron agroquímicos que estuvieran prohibidos", dijo Parra en sus últimas palabras, antes de esperar por la sentencia. El problema más grave es que esto puede ser cierto, en el sentido estricto de los términos. Es decir, aunque su crimen fue sin dudas esparcir agrotóxicos sobre los pueblos, algo que también fue negado por el productor, es el propio sistema legal el que está en falta. Un modelo de los agronegocios que permite la liberación masiva de sustancias contaminantes, como el glifosato y el endosulfán. Éste último solamente entró en proceso de prohibición por pedido de la ONU que se haría efectivo recién desde el año próximo.
Un día antes de comenzar el juicio, Darío Aranda escribió un artículo donde enfatizó la importancia del juicio: "El modelo agropecuario al banquillo". Allí destacó la palabra de Sofía Gatica, referente de las Madres: "Este juicio crea un precedente para Córdoba y para la Argentina. Tenemos el apoyo de muchas personas que nos acompañan, pero también sabemos que enfrente hay mucha gente que no quiere justicia porque se les pueden arruinar sus negocios. Enfrente están los sojeros, pero por sobre todo están los gobiernos provinciales y el Nacional, que son cómplices de las multinacionales”.
Modelo Monsanto. La frase fue confirmada sólo días después, cuando la Presidente de la Nación Cristina Fernández anunciaba con orgullo, desde Estados Unidos, las nuevas "inversiones" en Argentina de Monsanto. Más aún, casi como hecho a propósito para las circunstancias, las novedades se centraban en la provincia de Córdoba, donde la corporación planea instalar una semillera y un campo experimental. Todavía más, en otro hecho que debe ser leído con la intencionalidad política que tiene, el Ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, participó hoy mismo del lanzamiento de una nueva patente de soja de Monsanto, "Intacta RR2".
En las últimas horas, las Madres de Ituzaingó y el colectivo Paren de Fumigar habían publicado un documento conjunto. Allí decían: "Desde hace más de 10 años ciudadanos del interior del país denuncian que las fumigaciones los enferman; a la par que el agronegocio se expande más y más sobre la base de un modelo de agricultura tóxica con semillas transgénicas, un sistema que consume cantidades crecientes de venenos" Y a continuación: "El gobierno nacional y los gobiernos de muchas de las provincias del país, impulsan con entusiasmo este modelo, negando sus efectos tóxicos, a pesar de contar, ante sus propios ojos, con la evidencia de las consecuencias que producen sobre la vida y la salud de su población".
Dos lecturas. Luego de la lectura de la sentencia, la reacción fue naturalmente diferente por la mirada de los dos actores sociales principales. Para las Madres, que salieron de la sala con llantos, la sentencia no alcanzó para reparar el dolor causado por muertes y enfermedades de hijos y familiares. "Lo vamos a llevar a organismos internacionales. Si acá no hay justicia la vamos a buscar en otro lado", fue una de las primeras declaraciones de Sofía Gatica. Agregó que la lucha sigue en la calle, al igual que María Godoy, otra de las Madres, quien afirmó que ahora encausarán sus esfuerzos contra la instalación de Monsanto en Córdoba.
Este último punto fue también resaltado por el colectivo Paren de Fumigar. Pablo Riveros, también en diálogo con Jucio a la Fumigación opinó que "dentro de la coyuntura es un éxito". Y aclaró: "No es lo que esperábamos pero hubo culpables". En el mismo sentido se pronunció Medardo Avila Vázquez, iniciador y querellante de la causa y referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. "En los próximos días vamos a lanzar una lluvia de demandas" utilizando el precedente de hoy, adelantó. También el abogado querellante Darío Avala destacó: "Las fumigaciones son por fin reconocidas como delitos cuando afectan la salud de la población. Condena a la fuerza aérea sojera".
¿Juicio Histórico? Por un lado, sobre todo por la empatía que genera la gesta de las Madres de Ituzaingó, comparable con otras luchas históricas por los derechos humanos, no deja de ser una vergüenza que los culpables no cumplan prisión efectiva. En este sentido, las palabras de Adolfo Pérez Esquivel para declarar las fumigaciones sobre personas como delito de lesa humanidad señalan un punto importante. Hoy estuvo presente el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, quien pidió prohibir las fumigaciones áreas y las cercanas a los pueblos. Hace unos días, el Secretario de Ambiente, Juan José Mussi, expresó que "no podemos oponernos a la soja porque es una actividad muy importante para el país”.
Por otro lado, si plantemos una visión más general, es cierto que el precedente puede ser utilizado de forma favorable para otros pueblos fumigados. Es decir, el camino judicial es una de las vías para la Justicia, sobre todo para intentar dar respuesta a las familias que hoy están en peligro en diversos puntos del país. Sin embargo, esta estrategia encuentra claros límites en el actual sistema legal que responde al modelo económico de los agronegocios, donde la renta va por delante de la salud. La balanza comercial figura arriba de los derechos humanos de los pueblos del presente. A pesar de la retórica oficialista.
Actualización: Uno de los abogados expresó que estos acusados, los productores locales, son el eslabón débil de la cadena, porque los máximos responsables son las corporaciones. Pero para llegar a esa instancia la vía judicial también tiene sus límites, por lo dicho del sistema legal, y por el modelo económico. En definitiva, toda fumigación es política.
Ver también:
Darío Aranda para ComAmbiental: "El modelo agropecuario al banquillo" (10/6/2012).
Eduardo Soler para ComAmbiental: "Agrobierno: de la 125 al abrazo con Monsanto" (34/7/2012).
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