Artículo editorial
A cinco días de haberse cumplido un año del corte ininterrumpido de la ruta que lleva al Puente General San Martín: ¿De qué sirvió la medida tomada por la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú? ¿A quiénes benefició y a quiénes perjudicó? La discusión en este artículo se centra en los puentes trasnacionales que se cerraron cuando se interrumpió la comunicación con Fray Bentos, en una estrategia que ya lleva un año sin cortes.
¿A quién se dirige el corte de ruta? Para Ricardo Gutiérrez, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), uno de los anfitriones del Seminario Políticas y Pasteras, el interpelado fue el gobierno argentino. Desde esta perspectiva, la Asamblea le reclamó al presidente Néstor Kirchner que tome su problema como una causa nacional, a través de una protesta que llamó la atención de las cámaras, y que cumplió su objetivo en aquel acto junto a los gobernadores. Sin embargo, ¿hubo resultados verdaderos?
Los vecinos de Gualeguaychú pueden exhibir uno: el traslado de la pastera que iba a construir la española Ence. Este acontecimiento, para Daniel Buquet, de la Universidad de la República de Uruguay, tendría que haber sido utilizado como "moneda de cambio" para negociar con Argentina. Por el contrario, Tabaré Vazquez se desligó del hecho y siguió firme en su discurso de que en su país se respetaban las reglas de juego para atraer la inversión, que para el académico es una buena política, porque ahora se pasó del capital financiero al productivo.
Ana María Vara (UNSAM) plantea por su parte una "perspectiva trasnacional" donde hay "dos motores principales": una empresa multinacional de origen finlandés, como lo es Botnia, y una agrupación, la Asamblea de Gualeguaychú, foro de resistencia ante este proyecto. En este "modelo de actores" que puede pensarse con la estructura de un cuento, hay también "ayudantes" de cada lado, entre los que se encuentran los estados y las ONGs, entre otros, del protagonista o antagonista, según se lo mire.
Siguiendo un enfoque similar, Gonzalo Sozzo, de la Universidad Nacional del Litoral, argumentó que estamos ante un proceso de "globalización de los riesgos" donde las empresas sucias se relocalizan desde el mundo "desarrollado" hacia el nuestro. "El esquema de los dos Estados soberanos en conflicto no lleva a ningún lado", expresó el investigador, para explicar que la empresa es un actor poderoso que va más allá de este concepto, por lo que "el derecho internacional público no puede dar cuenta de este tipo de problemas.
Si se lo entiende así, el corte es recibido tanto por el estado argentino, como en última instancia por el uruguayo, aludidos ante esta forma de presión al poder político, pero no por Botnia. Así, siguió una lógica de las autoridades nacionales que dejaron en segundo plano otras formas de resolución de conflicto. "Las ONGs uruguayas pidieron a la Asamblea de Gualeguaychú el no corte ininterrumpido", recordó Jorge Daneri, de la Fundación M´Biguá. Hoy, la mayoría de las encuestas mencionan un apoyo de la población uruguaya a Botnia.
Enfocados en generar la atención de los gobiernos, se descuidó el diálogo profundo entre los pueblos, simbolizado en el corte de una vía de comunicación, que generó recelos y provocó lo impensado: las familias separadas a un lado y otro del río. Para Sozzo, para superarse esto debería generarse un diseño institucional alternativo basado en el trabajo en red, que construya la base de un nuevo derecho trasnacional. Para él, la Corte de La Haya es parte del sistema internacional hegemónico que adhiere a la idea de la globalización de los riesgos.
A un año, si de algo nos sirve la experiencia de lucha de Gualeguaychú, es elogiar su ejemplo de compromiso en la causa. Sin embargo, no podemos admitir que el fin justifique los medios, ni que aparecer en los medios de comunicación justifique el medio del corte. Si se continúa por esta senda, parece que los gobiernos nacionales no están interesados en buscar una verdadera salida, sino que ambos sacrifican la relación internacional por proteger los intereses de cada lado de la frontera (y la reacción uruguaya de cerrar por su parte los puentes es parte de la misma lógica).
Mencionamos una vez que el derecho ambiental debe ser trasnacional. Con la misma convicción, alentamos a que el diálogo se retome al nivel popular, una comunicación silenciosa sin grandes anuncios pero con entendimientos progresivos. Porque solo una acción en conjunto de ambos lados del río puede dirigir la política ambiental de la región. De no ser así, no habrá resolución del conflicto en paz, no habrá amistades que se reencuentren, no habrá nunca una verdadera calidad de vida.
A cinco días de haberse cumplido un año del corte ininterrumpido de la ruta que lleva al Puente General San Martín: ¿De qué sirvió la medida tomada por la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú? ¿A quiénes benefició y a quiénes perjudicó? La discusión en este artículo se centra en los puentes trasnacionales que se cerraron cuando se interrumpió la comunicación con Fray Bentos, en una estrategia que ya lleva un año sin cortes.
¿A quién se dirige el corte de ruta? Para Ricardo Gutiérrez, de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), uno de los anfitriones del Seminario Políticas y Pasteras, el interpelado fue el gobierno argentino. Desde esta perspectiva, la Asamblea le reclamó al presidente Néstor Kirchner que tome su problema como una causa nacional, a través de una protesta que llamó la atención de las cámaras, y que cumplió su objetivo en aquel acto junto a los gobernadores. Sin embargo, ¿hubo resultados verdaderos?
Los vecinos de Gualeguaychú pueden exhibir uno: el traslado de la pastera que iba a construir la española Ence. Este acontecimiento, para Daniel Buquet, de la Universidad de la República de Uruguay, tendría que haber sido utilizado como "moneda de cambio" para negociar con Argentina. Por el contrario, Tabaré Vazquez se desligó del hecho y siguió firme en su discurso de que en su país se respetaban las reglas de juego para atraer la inversión, que para el académico es una buena política, porque ahora se pasó del capital financiero al productivo.
Ana María Vara (UNSAM) plantea por su parte una "perspectiva trasnacional" donde hay "dos motores principales": una empresa multinacional de origen finlandés, como lo es Botnia, y una agrupación, la Asamblea de Gualeguaychú, foro de resistencia ante este proyecto. En este "modelo de actores" que puede pensarse con la estructura de un cuento, hay también "ayudantes" de cada lado, entre los que se encuentran los estados y las ONGs, entre otros, del protagonista o antagonista, según se lo mire.
Siguiendo un enfoque similar, Gonzalo Sozzo, de la Universidad Nacional del Litoral, argumentó que estamos ante un proceso de "globalización de los riesgos" donde las empresas sucias se relocalizan desde el mundo "desarrollado" hacia el nuestro. "El esquema de los dos Estados soberanos en conflicto no lleva a ningún lado", expresó el investigador, para explicar que la empresa es un actor poderoso que va más allá de este concepto, por lo que "el derecho internacional público no puede dar cuenta de este tipo de problemas.
Si se lo entiende así, el corte es recibido tanto por el estado argentino, como en última instancia por el uruguayo, aludidos ante esta forma de presión al poder político, pero no por Botnia. Así, siguió una lógica de las autoridades nacionales que dejaron en segundo plano otras formas de resolución de conflicto. "Las ONGs uruguayas pidieron a la Asamblea de Gualeguaychú el no corte ininterrumpido", recordó Jorge Daneri, de la Fundación M´Biguá. Hoy, la mayoría de las encuestas mencionan un apoyo de la población uruguaya a Botnia.
Enfocados en generar la atención de los gobiernos, se descuidó el diálogo profundo entre los pueblos, simbolizado en el corte de una vía de comunicación, que generó recelos y provocó lo impensado: las familias separadas a un lado y otro del río. Para Sozzo, para superarse esto debería generarse un diseño institucional alternativo basado en el trabajo en red, que construya la base de un nuevo derecho trasnacional. Para él, la Corte de La Haya es parte del sistema internacional hegemónico que adhiere a la idea de la globalización de los riesgos.
A un año, si de algo nos sirve la experiencia de lucha de Gualeguaychú, es elogiar su ejemplo de compromiso en la causa. Sin embargo, no podemos admitir que el fin justifique los medios, ni que aparecer en los medios de comunicación justifique el medio del corte. Si se continúa por esta senda, parece que los gobiernos nacionales no están interesados en buscar una verdadera salida, sino que ambos sacrifican la relación internacional por proteger los intereses de cada lado de la frontera (y la reacción uruguaya de cerrar por su parte los puentes es parte de la misma lógica).
Mencionamos una vez que el derecho ambiental debe ser trasnacional. Con la misma convicción, alentamos a que el diálogo se retome al nivel popular, una comunicación silenciosa sin grandes anuncios pero con entendimientos progresivos. Porque solo una acción en conjunto de ambos lados del río puede dirigir la política ambiental de la región. De no ser así, no habrá resolución del conflicto en paz, no habrá amistades que se reencuentren, no habrá nunca una verdadera calidad de vida.
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