A fines de julio, el gobernador de San Luis promulgó la ley sancionada por la legislatura puntana para expropiar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas y entregar el territorio a la comunidad originaria huarpe. La decisión despertó fuertes críticas desde el punto de vista de la conservación y también de la institucionalidad.
Hoy, justamente en el Día de las Poblaciones Indígenas, es necesario reflexionar sobre esta problemática, ya que en la discusión se entrecruzan los reclamos legítimos de las comunidades originarias con pujas político-partidarias. En medio del tironeo queda un área protegida, patrimonio de todos los argentinos.
ComAmbiental ya había informado sobre la posibilidad de que se afecten áreas protegidas para restituir tierras a los pueblos originarios. Ante la noticia de que el Parque Nacional Sierra de las Quijadas es una de ellas, Página 12 fue el único medio por el que trascendió una respuesta de la Administración de Parques Nacionales (APN). “Iremos a la Corte Suprema de Justicia y solicitaremos una medida cautelar”, anunció en su momento el jefe de Gabinete, José Manuel Ubeira.
El principal sustento legal a favor de Parques Nacionales es que la provincia no puede expropiar algo que es nacional. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) explicó: "la ley provincial resulta violatoria de la jerarquía normativa dispuesta por el Artículo 31 de la Constitución Nacional, en tanto el Parque ha sido creado por una ley nacional (24.015/91) que se encuentra plenamente vigente."
Al respecto, la Fundación Argentina del Medio Ambiente depositó su confianza en que "la Corte Suprema saldrá a apoyar una vez más a la APN y pondrá fin a este conflicto superfluo en la mayor brevedad posible".
Otra historia. ComAmbiental habló con Juan Carlos Chébez que fue funcionario de la Administración de Parques Nacionales cuando se creó el parque en cuestión. "San Luis fue una provincia que de motus propio entendió que tenía que tener un parque nacional y cogestionó el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, cediendo la jurisdicción y el dominio", recordó. Esta acción le valió al entonces gobernador Adolfo Rodríguez Saa el premio Conservar el Futuro, distinción nacional en la que Chébez estuvo orgulloso de participar como jurado. Ahora admitió sentirse decepcionado porque el hermano del exmandatario esté haciendo todo lo contrario.
Para comprender los motivos, Fundación Vida Silvestre fue más radical y acusó que "el tema que subyace a esta situación es un conflicto político y económico: el reclamo de deudas que el gobierno nacional contrajo con la provincia de San Luis". Asimismo, los detractores de la expropiación alertan la necesidad de velar que no se inmiscuyan intereses oportunistas sobre la tierra, a costa del legítimo derecho que tienen las comunidades huarpes a la reparación histórica y del derecho de todos los argentinos a gozar de este patrimonio natural y cultural.
¿De qué se está hablando? Catorce ONGs se manifestaron preocupadas por la ley puntana, a través de un comunicado del Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Por empezar, las 150.000 hectáreas del Parque Nacional Sierra de las Quijadas constituyen una muestra representativa de la ecorregión del Monte que "se encuentra escasamente protegida (sólo un 4,17% de su superficie), lejos del 10% propuesto por la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica".
Su importancia redunda en que "las áreas protegidas (Parques Nacionales, Reservas Provinciales y Municipales, etc.) son la principal herramienta para la protección de los recursos naturales", fundamenta la Fundación Vida Silvestre. Esto no significa que deban ser reservas estrictas en su totalidad.
Desde dicha fundación, el Director de Conservación Pablo Herrera recordó a ComAmbiental que actualmente en la Argentina hay áreas protegidas cogestionadas con pueblos originarios como la Reserva de Biósfera de las Yungas y el Parque Nacional Lanín. En tanto el Director General Diego Moreno insinuó afectar tierras fiscales, fuera de las áreas protegidas, citando antecedes como la entrega de 140.000 hectáreas a 26 comunidades Tobas en el Chaco y más de medio millón de hectáreas a cinco etnias en Salta.
Afín a esa línea, Chébez lanzó una propuesta. "Lo que hay que hacer es sumarle al Parque Nacional Sierra de las Quijadas como estaba previsto en su proyecto original, un territorio vecino de gran tamaño que por supuesto hay que expropiarlo y ahí dárselo a la comunidad (huarpe) para que armen una zona de amortiguación del parque nacional".
La UICN ofreció su colaboración e instó a las autoridades nacionales y provinciales a "encontrar alternativas de solución que aseguren tanto el sostenimiento del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, como el correcto reconocimiento de los derechos de los pueblos Huarpes".
Reinvidación histórica. Es importante recordar también que en el marco del Bicentenario de la Argentina, se realizaron diferentes manifestaciones por los derechos de las comunidades indígenas, en donde el acceso al territorio es fundamental. Una corriente fue más afín al gobierno y culminó con un acto en la Casa Rosada, y la otra tuvo un discurso más confrontativo con el lema del Otro Bicentenario.
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| Foto: Blog Para Conocer |
ComAmbiental ya había informado sobre la posibilidad de que se afecten áreas protegidas para restituir tierras a los pueblos originarios. Ante la noticia de que el Parque Nacional Sierra de las Quijadas es una de ellas, Página 12 fue el único medio por el que trascendió una respuesta de la Administración de Parques Nacionales (APN). “Iremos a la Corte Suprema de Justicia y solicitaremos una medida cautelar”, anunció en su momento el jefe de Gabinete, José Manuel Ubeira.
El principal sustento legal a favor de Parques Nacionales es que la provincia no puede expropiar algo que es nacional. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) explicó: "la ley provincial resulta violatoria de la jerarquía normativa dispuesta por el Artículo 31 de la Constitución Nacional, en tanto el Parque ha sido creado por una ley nacional (24.015/91) que se encuentra plenamente vigente."
Al respecto, la Fundación Argentina del Medio Ambiente depositó su confianza en que "la Corte Suprema saldrá a apoyar una vez más a la APN y pondrá fin a este conflicto superfluo en la mayor brevedad posible".
Otra historia. ComAmbiental habló con Juan Carlos Chébez que fue funcionario de la Administración de Parques Nacionales cuando se creó el parque en cuestión. "San Luis fue una provincia que de motus propio entendió que tenía que tener un parque nacional y cogestionó el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, cediendo la jurisdicción y el dominio", recordó. Esta acción le valió al entonces gobernador Adolfo Rodríguez Saa el premio Conservar el Futuro, distinción nacional en la que Chébez estuvo orgulloso de participar como jurado. Ahora admitió sentirse decepcionado porque el hermano del exmandatario esté haciendo todo lo contrario.
Para comprender los motivos, Fundación Vida Silvestre fue más radical y acusó que "el tema que subyace a esta situación es un conflicto político y económico: el reclamo de deudas que el gobierno nacional contrajo con la provincia de San Luis". Asimismo, los detractores de la expropiación alertan la necesidad de velar que no se inmiscuyan intereses oportunistas sobre la tierra, a costa del legítimo derecho que tienen las comunidades huarpes a la reparación histórica y del derecho de todos los argentinos a gozar de este patrimonio natural y cultural.
¿De qué se está hablando? Catorce ONGs se manifestaron preocupadas por la ley puntana, a través de un comunicado del Comité Argentino de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Por empezar, las 150.000 hectáreas del Parque Nacional Sierra de las Quijadas constituyen una muestra representativa de la ecorregión del Monte que "se encuentra escasamente protegida (sólo un 4,17% de su superficie), lejos del 10% propuesto por la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica".
Su importancia redunda en que "las áreas protegidas (Parques Nacionales, Reservas Provinciales y Municipales, etc.) son la principal herramienta para la protección de los recursos naturales", fundamenta la Fundación Vida Silvestre. Esto no significa que deban ser reservas estrictas en su totalidad.
Desde dicha fundación, el Director de Conservación Pablo Herrera recordó a ComAmbiental que actualmente en la Argentina hay áreas protegidas cogestionadas con pueblos originarios como la Reserva de Biósfera de las Yungas y el Parque Nacional Lanín. En tanto el Director General Diego Moreno insinuó afectar tierras fiscales, fuera de las áreas protegidas, citando antecedes como la entrega de 140.000 hectáreas a 26 comunidades Tobas en el Chaco y más de medio millón de hectáreas a cinco etnias en Salta.
Afín a esa línea, Chébez lanzó una propuesta. "Lo que hay que hacer es sumarle al Parque Nacional Sierra de las Quijadas como estaba previsto en su proyecto original, un territorio vecino de gran tamaño que por supuesto hay que expropiarlo y ahí dárselo a la comunidad (huarpe) para que armen una zona de amortiguación del parque nacional".
La UICN ofreció su colaboración e instó a las autoridades nacionales y provinciales a "encontrar alternativas de solución que aseguren tanto el sostenimiento del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, como el correcto reconocimiento de los derechos de los pueblos Huarpes".
Reinvidación histórica. Es importante recordar también que en el marco del Bicentenario de la Argentina, se realizaron diferentes manifestaciones por los derechos de las comunidades indígenas, en donde el acceso al territorio es fundamental. Una corriente fue más afín al gobierno y culminó con un acto en la Casa Rosada, y la otra tuvo un discurso más confrontativo con el lema del Otro Bicentenario.
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